Armando Ayala Alvarez

Expediente 128/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 34 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
128/2017
Año
2017
Actuaciones
34
Última actuación
09/04/2018

Partes del expediente

  • Armando Ayala Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    El nueve de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 7275.-Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite la presidenta de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso 11218/2018 por el que le fueron devueltas las constancias que en su momento remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    El cuatro de abril de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA: a) Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del nueve al veintiséis de marzo del presente año, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. b) Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. c) De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión definitiva, que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino; así como que no existe recurso de revisión pendiente de resolver en el referido incidente. d) Que existen cuatro tomos de pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, así como con el estado de autos. Conste. EL Secretario. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, la que sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Al haberse negado la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de destrucción en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General; toda vez que ya transcurrieron los seis meses a que se refiere el aludido apartado se ordena su destrucción. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. En otro aspecto, devuélvanse a la autoridad responsable Segunda Sala Civil y de lo Familiar del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 128/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Armando Ayala Álvarez, a través Erika Bravo Olvera, de quien se ostentó como su abogada patrono y mandataria judicial, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Congreso del Estado de Zacatecas. Gobernador del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Actos reclamados: La expedición, aprobación, promulgación, refrendo y orden de publicación del Decreto 450, relativo al Código de Procedimientos Civiles, específicamente los artículos 378 y 385. Y como acto concreto de aplicación de los citados normativos se impugna el auto de trece de enero de dos mil diecisiete, dictado por la autoridad citada en último término, en el toca civil 786/2016, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, que resolvió el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido dentro del juicio oral de alimentos definitivos 662/2008. Derechos fundamentales que se consideran vulnerados. Los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos se turnó para su conocimiento a este juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de ocho de febrero de dos mil diecisiete se registró con el consecutivo 128/2017 y se previno a la promovente para que exhibiera documento idóneo con el que acreditara su designación como abogado patrono y mandatario judicial de Armando Ayala Álvarez y si tiene amplias facultades para promover el juicio de amparo en su favor (fojas 31-33). En cumplimiento a lo anterior, en escrito recibido en este juzgado el día veintiuno del mes y año citados, compareció el quejoso manifestando hacer suya y ratificar la demanda de amparo promovida por Erika Bravo Olvera, como su abogada patrono y mandataria judicial (foja 35); no obstante, en proveído dictado al día siguiente se desechó de plano la misma por considerar que la acción constitucional se ejerció de manera extemporánea (fojas 36-39). TERCERO. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de queja; y una vez sustanciado, en ejecutoria de treinta de marzo de dos mil diecisiete, por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, en el expediente relativo al recurso de queja administrativo 33/2017-3, se declaró fundado ese medio de impugnación, por lo que se ordenó a este juzgado de Distrito ".analice si con el escrito presentado por el quejoso dio cumplimiento a la prevención, prescindiendo de su consideración de que la demanda resulta extemporánea y en caso afirmativo, de no existir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, admita a trámite la demanda, resolviendo en su oportunidad lo que en derecho proceda." (foja 62). CUARTO. En cumplimiento a lo anterior, en auto de abril de dos mil diecisiete, por una parte se desechó la demanda respecto del Secretario General de Gobierno y por la demás autoridades y actos señalados en el escrito inicial se admitió a trámite, por lo que se solicitó su informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de adscrita y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en razón de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: La expedición, aprobación, promulgación, refrendo y orden de publicación del Decreto 450, relativo al Código de Procedimientos Civiles, específicamente los artículos 378 y 385. Como acto concreto de aplicación de los citados normativos se impugna el auto de trece de enero de dos mil diecisiete, dictado por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil 786/2016. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Zacatecas; y la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, toda vez que así lo reconocieron expresamente en su respectivo informe justificados (fojas 77, 81-85 y 87 a 96). Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, Tomo XII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Y por cuanto a la existencia del acto reclamado a la Segunda Sala Civil y Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se corrobora con las constancias que integran el toca civil 786/2016; documentales que revisten pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Procedencia del juicio de amparo. De conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes. En ese sentido, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales se denominan causas de improcedencia. Luego, la improcedencia es una institución jurídica por la que, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide analizar en cuanto al fondo el asunto de que se trate; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa, no sería legalmente posible el examen de la litis constitucional planteada. Es aplicable al tema la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente asunto, este resolutor advierte de manera oficiosa que con relación al acto concreto de aplicación del normativo impugnado, que consiste en el auto de trece de enero de dos mil diecisiete, dictado por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil 786/2016, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, que resolvió el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido dentro del juicio oral de alimentos definitivos 662/2008, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Conforme a los normativos reproducidos, el juicio de amparo indirecto por regla general procede en contra de resoluciones dictadas fuera y después de concluido el juicio, o bien, emitidas durante el curso de éste, siempre y cuando su ejecución resulte de imposible reparación, entendida como aquella situación que afecte de manera inmediata y directa los derechos sustantivos de la parte quejosa contemplados en la Carta Magna, así como los tratados internaciones en materia de derechos humanos celebrados por el Estado mexicano. No obstante lo anterior, de acuerdo con los numerales transcritos, previo a la promoción del juicio de amparo, se establece como exigencia el deber de agotar el recurso o medio de defensa contemplado en la ley ordinaria, ya que con su interposición sería factible revocar, nulificar o modificar la determinación reclamada. Ahora, como excepción a la regla descrita, el legislador dispuso como no exigible ese deber siempre y cuando se trate de algún acto que importe peligro de privación de la vida del quejoso, afecte su libertad personal fuera de procedimiento, implique incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición o desaparición forzada, así como alguno de los proscritos en numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también, cuando el acto reclamado implique por sí afectación a la libertad personal del solicitante de amparo, como lo son: órdenes de aprehensión, de detención, de arraigo, resolución que niegue su libertad personal bajo caución, entre otras. Diversa regla de excepción se actualiza cuando el acto reclamado sea impugnado en la vía indirecta, por quien se ostente como persona extraña al procedimiento jurisdiccional del cual emanó. En ese sentido, los anteriores supuestos señalados en el último de los numerales reproducidos, constituyen circunstancias particulares que eximen al gobernado de atender al principio de definitividad, antes de ejercer la acción de amparo; excepciones que en el presente asunto no se actualizan. Por su parte, el numeral 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, consigna: "Artículo 369. Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior.". En efecto, atendiendo a la interpretación del invocado numeral 369, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al tener el quejoso el carácter de parte demandada dentro del citado expediente de origen del que emana el acto que aquí reclama, es evidente que se encontraba en aptitud de impugnar el proveído de trece de enero de dos mil diecisiete, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, que resolvió el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido dentro del juicio oral de alimentos definitivos 662/2008, a través del medio ordinario de defensa que al efecto establece la legislación instrumental en consulta, como en la especie lo es el recurso de reposición, dado que es el conducto legal por el cual la determinación que se combate puede ser modificada, revocada o nulificada; y en ese contexto, al no haber hecho valer el indicado medio de impugnación, previamente a la interposición del juicio constitucional, deviene improcedente el amparo que en esta vía indirecta promueve, en razón de que no se agotó el principio de definitividad que lo rige. Sirve de apoyo al respecto la Jurisprudencia 8/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja once, del tomo XV, Marzo de 2002, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal.". En las relatadas condiciones, al actualizarse en el presente asunto la causa de improcedencia prevista en el prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación que consistió en el auto dictado el trece de enero de dos mil diecisiete, por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de esa propia legislación, procede sobreseer en este juicio constitucional. En el entendido de que la misma determinación procede hacer respecto de los actos reclamados al Congreso y Gobernador del Estado de Zacatecas, relativos a la expedición, aprobación, promulgación y orden de publicación del Decreto 450, relativo al Código de Procedimientos Civiles, específicamente los artículos 378 y 385, que también se impugnan, en razón de que no es jurídicamente posible desvincular el estudio de las disposiciones legales impugnadas del que concierne a su acto de aplicación; de tal manera que, en principio, se debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado y si en relación con el mismo se actualiza una diversa causa de improcedencia, pues de acontecer así, procederá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y en caso de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el evento de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación planteados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 235, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". No se soslayan los criterios que en torno a este tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que procede el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, lo que constituye una excepción al principio de definitividad; empero, en el caso concreto, atendiendo a la naturaleza del que aquí se impugna como acto concreto de aplicación de los normativos referidos, que consiste en el auto de trece de enero de dos mil diecisiete, por el que la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, que resolvió el incidente de reducción de pensión alimenticia, es palmario que se trata de una determinación de carácter procesal que no es de ejecución irreparable; por tanto, al no aperar la apuntada excepción a dicho principio, el quejoso debió agotar el precitado recurso de reposición que establece el numeral 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, previo a la promoción de este juicio constitucional; por lo que al no haber cumplido con ese imperativo legal, se torna improcedente la acción de amparo que se ejerce. Es ilustrativa de lo anterior, por no oponerse a la actual Ley de Amparo, la Jurisprudencia P./J. 78/2007, publicada en la página 5 del Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad.". Corolario de lo anterior, al sobreseerse en el presente juicio, esa determinación impide el estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo 128/2017, promovido por Armando Ayala Álvarez, contra los actos reclamados al Congreso y Gobernador del Estado de Zacatecas; y la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por las razones vertidas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de José de Jesús Martínez Torres, secretario con quien actúa, hoy uno de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ERIKA BRAVO OLVERA ABOGADO DE ARMANDO AYALA ÁLVAREZ, LA DETERMINACIÓN DE UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 128/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Armando Ayala Álvarez, a través Erika Bravo Olvera, de quien se ostentó como su abogada patrono y mandataria judicial, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Congreso del Estado de Zacatecas. Gobernador del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Actos reclamados: La expedición, aprobación, promulgación, refrendo y orden de publicación del Decreto 450, relativo al Código de Procedimientos Civiles, específicamente los artículos 378 y 385. Y como acto concreto de aplicación de los citados normativos se impugna el auto de trece de enero de dos mil diecisiete, dictado por la autoridad citada en último término, en el toca civil 786/2016, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, que resolvió el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido dentro del juicio oral de alimentos definitivos 662/2008. Derechos fundamentales que se consideran vulnerados. Los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos se turnó para su conocimiento a este juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de ocho de febrero de dos mil diecisiete se registró con el consecutivo 128/2017 y se previno a la promovente para que exhibiera documento idóneo con el que acreditara su designación como abogado patrono y mandatario judicial de Armando Ayala Álvarez y si tiene amplias facultades para promover el juicio de amparo en su favor (fojas 31-33). En cumplimiento a lo anterior, en escrito recibido en este juzgado el día veintiuno del mes y año citados, compareció el quejoso manifestando hacer suya y ratificar la demanda de amparo promovida por Erika Bravo Olvera, como su abogada patrono y mandataria judicial (foja 35); no obstante, en proveído dictado al día siguiente se desechó de plano la misma por considerar que la acción constitucional se ejerció de manera extemporánea (fojas 36-39). TERCERO. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de queja; y una vez sustanciado, en ejecutoria de treinta de marzo de dos mil diecisiete, por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, en el expediente relativo al recurso de queja administrativo 33/2017-3, se declaró fundado ese medio de impugnación, por lo que se ordenó a este juzgado de Distrito ".analice si con el escrito presentado por el quejoso dio cumplimiento a la prevención, prescindiendo de su consideración de que la demanda resulta extemporánea y en caso afirmativo, de no existir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, admita a trámite la demanda, resolviendo en su oportunidad lo que en derecho proceda." (foja 62). CUARTO. En cumplimiento a lo anterior, en auto de abril de dos mil diecisiete, por una parte se desechó la demanda respecto del Secretario General de Gobierno y por la demás autoridades y actos señalados en el escrito inicial se admitió a trámite, por lo que se solicitó su informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de adscrita y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en razón de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: La expedición, aprobación, promulgación, refrendo y orden de publicación del Decreto 450, relativo al Código de Procedimientos Civiles, específicamente los artículos 378 y 385. Como acto concreto de aplicación de los citados normativos se impugna el auto de trece de enero de dos mil diecisiete, dictado por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil 786/2016. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Zacatecas; y la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, toda vez que así lo reconocieron expresamente en su respectivo informe justificados (fojas 77, 81-85 y 87 a 96). Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, Tomo XII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Y por cuanto a la existencia del acto reclamado a la Segunda Sala Civil y Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se corrobora con las constancias que integran el toca civil 786/2016; documentales que revisten pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Procedencia del juicio de amparo. De conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes. En ese sentido, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales se denominan causas de improcedencia. Luego, la improcedencia es una institución jurídica por la que, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide analizar en cuanto al fondo el asunto de que se trate; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa, no sería legalmente posible el examen de la litis constitucional planteada. Es aplicable al tema la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente asunto, este resolutor advierte de manera oficiosa que con relación al acto concreto de aplicación del normativo impugnado, que consiste en el auto de trece de enero de dos mil diecisiete, dictado por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil 786/2016, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, que resolvió el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido dentro del juicio oral de alimentos definitivos 662/2008, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Conforme a los normativos reproducidos, el juicio de amparo indirecto por regla general procede en contra de resoluciones dictadas fuera y después de concluido el juicio, o bien, emitidas durante el curso de éste, siempre y cuando su ejecución resulte de imposible reparación, entendida como aquella situación que afecte de manera inmediata y directa los derechos sustantivos de la parte quejosa contemplados en la Carta Magna, así como los tratados internaciones en materia de derechos humanos celebrados por el Estado mexicano. No obstante lo anterior, de acuerdo con los numerales transcritos, previo a la promoción del juicio de amparo, se establece como exigencia el deber de agotar el recurso o medio de defensa contemplado en la ley ordinaria, ya que con su interposición sería factible revocar, nulificar o modificar la determinación reclamada. Ahora, como excepción a la regla descrita, el legislador dispuso como no exigible ese deber siempre y cuando se trate de algún acto que importe peligro de privación de la vida del quejoso, afecte su libertad personal fuera de procedimiento, implique incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición o desaparición forzada, así como alguno de los proscritos en numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también, cuando el acto reclamado implique por sí afectación a la libertad personal del solicitante de amparo, como lo son: órdenes de aprehensión, de detención, de arraigo, resolución que niegue su libertad personal bajo caución, entre otras. Diversa regla de excepción se actualiza cuando el acto reclamado sea impugnado en la vía indirecta, por quien se ostente como persona extraña al procedimiento jurisdiccional del cual emanó. En ese sentido, los anteriores supuestos señalados en el último de los numerales reproducidos, constituyen circunstancias particulares que eximen al gobernado de atender al principio de definitividad, antes de ejercer la acción de amparo; excepciones que en el presente asunto no se actualizan. Por su parte, el numeral 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, consigna: "Artículo 369. Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior.". En efecto, atendiendo a la interpretación del invocado numeral 369, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al tener el quejoso el carácter de parte demandada dentro del citado expediente de origen del que emana el acto que aquí reclama, es evidente que se encontraba en aptitud de impugnar el proveído de trece de enero de dos mil diecisiete, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, que resolvió el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido dentro del juicio oral de alimentos definitivos 662/2008, a través del medio ordinario de defensa que al efecto establece la legislación instrumental en consulta, como en la especie lo es el recurso de reposición, dado que es el conducto legal por el cual la determinación que se combate puede ser modificada, revocada o nulificada; y en ese contexto, al no haber hecho valer el indicado medio de impugnación, previamente a la interposición del juicio constitucional, deviene improcedente el amparo que en esta vía indirecta promueve, en razón de que no se agotó el principio de definitividad que lo rige. Sirve de apoyo al respecto la Jurisprudencia 8/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja once, del tomo XV, Marzo de 2002, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal.". En las relatadas condiciones, al actualizarse en el presente asunto la causa de improcedencia prevista en el prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación que consistió en el auto dictado el trece de enero de dos mil diecisiete, por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de esa propia legislación, procede sobreseer en este juicio constitucional. En el entendido de que la misma determinación procede hacer respecto de los actos reclamados al Congreso y Gobernador del Estado de Zacatecas, relativos a la expedición, aprobación, promulgación y orden de publicación del Decreto 450, relativo al Código de Procedimientos Civiles, específicamente los artículos 378 y 385, que también se impugnan, en razón de que no es jurídicamente posible desvincular el estudio de las disposiciones legales impugnadas del que concierne a su acto de aplicación; de tal manera que, en principio, se debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado y si en relación con el mismo se actualiza una diversa causa de improcedencia, pues de acontecer así, procederá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y en caso de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el evento de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación planteados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 235, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". No se soslayan los criterios que en torno a este tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que procede el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, lo que constituye una excepción al principio de definitividad; empero, en el caso concreto, atendiendo a la naturaleza del que aquí se impugna como acto concreto de aplicación de los normativos referidos, que consiste en el auto de trece de enero de dos mil diecisiete, por el que la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, que resolvió el incidente de reducción de pensión alimenticia, es palmario que se trata de una determinación de carácter procesal que no es de ejecución irreparable; por tanto, al no aperar la apuntada excepción a dicho principio, el quejoso debió agotar el precitado recurso de reposición que establece el numeral 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, previo a la promoción de este juicio constitucional; por lo que al no haber cumplido con ese imperativo legal, se torna improcedente la acción de amparo que se ejerce. Es ilustrativa de lo anterior, por no oponerse a la actual Ley de Amparo, la Jurisprudencia P./J. 78/2007, publicada en la página 5 del Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad.". Corolario de lo anterior, al sobreseerse en el presente juicio, esa determinación impide el estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo 128/2017, promovido por Armando Ayala Álvarez, contra los actos reclamados al Congreso y Gobernador del Estado de Zacatecas; y la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por las razones vertidas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes. "

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