Armando Álvarez González

Expediente 492/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
492/2015
Año
2015
Actuaciones
16
Última actuación
08/03/2016

Partes del expediente

  • Armando Álvarez González
  • Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad de Zacatecas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN: EL SUSCRITO LICENCIADO JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ, SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/455/2016, DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, INFORMÓ QUE EL PLENO EN SESIÓN CELEBRADA EL PROPIO DÍA, ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DE LA LICENCIADA ISAURA ROMERO MENA, COMO TITULAR DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS; LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE. EL SECRETARIO. LIC. JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ. En ocho de marzo de dos mil dieciséis, el licenciada Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el oficio registrado con el número 4871 y anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/455/2016, de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción de la licenciada ISAURA ROMERO MENA, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de marzo del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de la resolución pronunciada por ese Órgano Colegiado, el tres de marzo de dos mil dieciséis, en el amparo en revisión penal número 278/2015, los autos del juicio de amparo indirecto 492/2015, causa penal 510/2014, toca de apelación penal 15/2015 y doce discos compactos. Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes. Ahora bien, en atención a que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito confirmó la resolución dictada por este Juzgado en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En tales condiciones, al no requerir ejecución material el fallo de que se trata, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo General, se determina que tanto el expediente en que se actúa como el original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, y en lo relativo al incidente solo se conservarán las constancias relativas a la resolución interlocutoria, tomando en consideración en el primero se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados y en el segundo concedió la suspensión de los actos reclamados. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá transferirse el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al citado Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la Sala Penal responsable las citadas constancias, que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. cecy*

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a trece de agosto de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que la Superioridad admitió el recurso de revisión interpuesto por el licenciado Manuel Esparza González, en su carácter de defensor del quejoso Armando Ávalos González, en contra de la sentencia de trece de julio de dos mil quince, dictada por este Juzgado de Distrito, en el amparo indirecto 492/2015, quedando registrado como amparo en revisión penal 278/2015. NOTIFIQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretaria que autoriza licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra.- DOY FE.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de julio de dos mil quince. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el licenciado Manuel Esparza Flores, defensor particular del quejoso, por el que interpone recurso de revisión en contra de la resolución de fecha trece de julio del año en curso, en la que se negó el amparo y protección solicitados. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interponiendo el recurso de revisión en contra de la sentencia de mérito; distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo y copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado, así como el toca 15/2015, causa penal 510/2014 y doce DVD, que remitió la sala penal responsable en su informe justificado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE personalmente a la tercera interesada, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 492/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el siete de abril de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ARMANDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ, por conducto de su defensor particular, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad. Acto Reclamado "RESOLUCIÓN EMITIDA EL DÍA VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE DENTRO DE LOS AUTOS DEL TOCA PENAL ORAL MARCADO CON EL NÚMERO A.P.O. 15/2015, FORMADO CON MOTIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL DEFENSOR PARTICULAR DE ARMANDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE VINCULACIÓN DEL IMPUTADO A PROCESO DICTADA EN LA CAUSA 510/2014 QUE SE INSTRUYE EN SU CONTRA Y DE HUMBERTO RODRÍGUEZ DELGADO Y JOSÉ ULISES HIRALES PÉREZ POR EL HECHO SEÑALADO POR LA LEY COMO DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO Y LESIONES CALIFICADAS COMETIDO EN PERJUICIO DE ALEJANDRO MORALES LAMEGOS Y FELIPE DE JESÚS GÁLVEZ DUEÑAS, PRONUNCIADA EN AUDIENCIA DE PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE POR EL JUEZ DE CONTROL Y DE TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL LICENCIADO RODOLFO MORENO MURILLO." Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su titular, mediante proveído de ocho de abril de dos mil quince, ordenó su admisión y registro bajo expediente 492/2015; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó al tercero interesado y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que se ejecutaron en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II.- Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la Jurisprudencia P./J.40/2000, y la diversa P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: a). La resolución emitida el veinticinco de marzo de dos mil quince dentro del Toca Penal Oral número 15/2015, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del quejoso en contra de la resolución de vinculación del imputado a proceso dictada en la causa 510/2014, pronunciada en audiencia de primero de febrero de dos mil quince por el Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento oral del distrito judicial de la capital. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinados cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: La Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación reconoció la existencia de los actos que se le atribuyen, precisados en este considerando punto II.1. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de dichos actos se corrobora con el original del toca de apelación penal oral 15/2015, la causa penal 510/2014, así como de doce discos de audio y video que contienen la grabación de la audiencia de formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva, remitida por el Juez de Garantías y Tribunal de Juicio Oral, con residencia en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal. Resulta aplicable en relación a los discos ópticos referidos lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIÓN. CONSTITUYE UNA INSPECCIÓN OCULAR Y NO UNA DOCUMENTAL. La reproducción de las imágenes contenidas en un video constituye una inspección porque, para su desahogo, es necesaria la observación sensorial respecto de alguien o algo, así como la descripción que se haga de lo observado en tales videos con el objeto de constatarlo y describirlo en el acta que servirá para establecer en el juicio, la verdad que corresponda a los planteamientos jurídicos del quejoso en el juicio de garantías. Bajo esa perspectiva, el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, define que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, además, tal numeral prescribe que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso prevengan las leyes, de tal suerte que tales filmaciones no corresponden con lo que se entiende por documento, sino que, conforme a lo expuesto, se trata de una inspección ocular". En cuanto a los aludidos expedientes, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". En el capítulo de hechos de la demandada, se expresaron los conceptos de violación, que en su parte substancial sostienen lo siguiente: 1. Que no existe dato alguno que demuestre la probabilidad de la participación del quejoso en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas; 2. Agrega que la incapacidad técnica del defensor particular se hizo manifiesta y sistemática ya que en el escrito que presentó ofertando medios de prueba se refirió a testimonios y videograbación, los cuales no pueden ser medios de prueba en razón a que ya obran en el legajo de investigación; 3. Que el juez de control omitió garantizar una defensa técnica y adecuada al ahora quejoso incumpliendo la obligación contenida en los artículos 7 y 8 del código procesal penal del Estado de Zacatecas; 4. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige a los tribunales de justicia que sus resoluciones deberán estar fundadas y motivadas; 5. Dice que la responsable no se pronunció para tratar de hacer señalamientos o acciones de presumir culpabilidad que pusieran en peligro el principio fundamental consagrado en la Carta Magna de presunción de inocencia, debiendo ajustarse a un criterio objetivo y a una valoración de los medios de prueba bajo los parámetros de la sana crítica, las reglas de la lógica, conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, principio constitucional que no actualizó la responsable; 6. Refiere que carece de razón la responsable cuando señala que únicamente es necesario la existencia de datos que hagan presumir la existencia de un hecho que la ley señala como delito y de la probable participación; 7. Luego señaló que no se examinaron correctamente los elementos de los hechos considerados como delitos atribuidos a los medios de prueba existentes en la causa, así como la existencia de probabilidad del imputado en su comisión, ni los motivos que tuvo en consideración para emitir el auto de vinculación a proceso en su contra; 8. Refiere que el razonamiento del juez natural validado por la responsable para considerar la participación del ahora quejoso en la comisión del hecho considerado delito por la ley como coautor es inconstitucional y carece de toda objetividad, ya que los medios de prueba no se justipreciaron de conformidad con el artículo 22 del código procesal penal, ya que omite analizar los elementos que integran la coautoría, por lo que carece de fundamentación y motivación; 9. Posteriormente agrega que no existe la supuesta decisión conjunta basándose en lo expuesto por el diverso imputado José Andrés García Ramírez y Felipe de Jesús Gálvez Dueñas concluyendo que en el video aportado por el Centro de Comunicación y Confianza de Zacatecas (C4), se aprecia que tres sujetos se encuentran de un lado de la acera en que se ubica un teléfono público, los cuales están intercambiando golpes; en tanto que del lado opuesto se observa a dos personas, una sobre la otra que en apariencia los están golpeando; 10. Que para lesionar a Felipe de Jesús Gálvez y para privar de la vida a Gerardo Muñoz González, no existió un acuerdo en común por parte de los imputados; 11. Dice que si hubo intención de lesionar con las navajas a los referidos sujetos, fue únicamente por parte de Humberto Rodríguez Delgado y José Ulises Hirales Pérez y, en esa actualización no puede involucrarse al ahora quejoso, ya que no se advierte la existencia de un acuerdo previo; 12. Añade que no existe codominio funcional del hecho por parte del quejoso Armando Álvarez González en razón a que su actuar no fue determinante para lograr la consumación de la conducta y su resultado de homicidio calificado y lesiones calificadas; 13. Alega que el ahora quejoso en ningún momento facilitó que sus coimputados infirieran las lesiones que ocasionaron a Felipe de Jesús Gálvez Dueñas y las diversas que causaron la muerte de Gerardo Muñoz González; su actuar se limitó a prestar ayuda al taxista agredido ahuyentando a uno de sus agresores y, quienes estaban peleando con Alejandro Morales Lamegos eran Armando y el taxista; 14. Argumentó que era necesario analizar las conductas desplegadas por todos los individuos para determinar si la conducta del ahora quejoso se consumó o no, ya que de restarse la participación de Armando Álvarez González el resultado hubiera sido el mismo; 15. Tal afirmación la sustentó en que: 1) Como señaló Felipe, a él se le dejaron ir dos sujetos armados propinándole varias puñaladas, porque quedó tirado sin posibilidad de defenderse ni que lo defendieran en razón a que ni Gerardo ni Alejandro trataron de defenderlo y tampoco huyó del lugar; 2) El resultado ocasionado en la humanidad de Gerardo Muñoz González hubiera sido el mismo ya que para ese momento, uno de sus compañeros estaba imposibilitado para auxiliarlo al haber sido agredido físicamente; 16. Sostiene que Gerardo fue atacado por Humberto, quien lo derribó acertándole en el piso varias puñaladas, lo que no pudo haber evitado Alejandro Morales Lamegos; 17. Que éste último, al ver a los cuatro sujetos que se bajaron del vehículo dijo ver a dos con armas, indicando a sus amigos que se retiraran o huyeran, a lo que Felipe y Gerardo hicieron caso omiso, por lo que Alejandro se retiró; que ello significa que no tenía intención de auxiliar o defender a sus amigos, que se quedaron en el lugar, no obstante haber tenido la oportunidad de huir, lo que en su concepto hace improcedente la apreciación del Juez natural. Concluyendo que la participación de Armando Álvarez González no fue determinante, necesaria y suficiente para que se consumara la conducta y su resultado; 18. Expone que el quejoso en ningún momento tuvo contacto ni con el ahora occiso ni con Felipe, por lo que no se puede considerar la existencia de un aporte en el hecho en la parte ejecutiva del tipo por parte del mismo; 19. Asevera que la exposición efectuada por el ministerio público (sic) y la resolución hecha por el juez natural no satisfacen los elementos que integran la coautoría; que la responsable respecto de la coautoría no consideró la circunstancia de que ésta es una forma de participación que llevan a cabo dos o más personas con la finalidad' de realizar una conducta delictiva originada en la motivación de lesionar algún bien jurídico, para lo cual existe el acuerdo en común y la voluntad de llevar a cabo la conducta criminal; que la coautoría es un elemento perteneciente exclusivamente para efectuar conductas netamente criminales y, en el presente caso Ia finalidad de Armando Álvarez González no era llevar a cabo una conducta criminal, sino la necesidad de proteger un bien jurídico ajeno, que era prestar auxilio a Alfredo González Calvo y evitar que fuera lesionado en su persona o en su patrimonio; 20. Concluyó señalando que es Anticonstitucional el acto reclamado donde sostiene la responsable que la resolución de veinticinco de marzo de dos mil quince, dictada en el Toca Penal Oral 15/2015, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa del ahora quejoso Armando Álvarez González, en contra de la determinación de vinculación a proceso dictada en la causa penal 510/2014, que se instruye en contra de éste y otros, por el hecho señalado por la ley como delito de Homicidio Calificado y Lesiones Calificadas pronunciada el primero de febrero de dos mil quince, por el Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento Oral del distrito judicial de la capital; 21. Concluye el quejoso señalando que los anteriores argumentos carecen de toda objetividad, ya que la responsable no toma en cuenta que el acto reclamado lo es el auto de vinculación a proceso, que es un acto "de imposible reparación" que le afecta en alto grado, ya que se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva, que lo sujeta a la conclusión de la etapa de investigación, en su caso a la intermedia y a la de juicio oral. Los anteriores conceptos de violación resultan INFUNDADOS, por los motivos que a continuación se exponen: Se debe partir mencionado que en audiencia inicial de primero de febrero de dos mil quince, el Juez de garantía del Distrito Judicial de la Capital del Estado, con sede en esta ciudad, dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Armando Álvarez González y otros, en la causa 510/2014, que se instruye en su contra por el hecho señalado por la ley como delito de Homicidio calificado y Lesiones, calificadas que se dijo cometidos en perjuicio de Alejandro Morales Lamegos y Felipe de Jesús Gálvez Dueñas. En contra de dicha determinación, el quejoso Armando Álvarez González interpuso recurso de apelación. Dicho recurso, fue del conocimiento de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, radicado bajo el número de Toca Penal Oral 15/2015, cuya resolución data del veinticinco de marzo de dos mil quince, y sus puntos resolutivos fueron: "PRIMERO.- Se CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el AUTO DE VINCULACIÓN DEL IMPUTADO A PROCESO dictado el primero de febrero de dos mil quince por el licenciado Rodolfo Moreno Murillo Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la Capital, durante el desahogo de audiencia practicada en la causa 510/2014 que se instruye en contra del imputado ARMANDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ, coimputados HUMBERTO RODRÍGUEZ DELGADO y JOSÉ ULISES HIRALES PÉREZ por los hechos que la ley señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO cometido en perjuicio de quien en vida llevó el nombre GERARDO MUÑOZ GONZÁLEZ, y delito de LESIONES CALIFICADAS cometido en agravio de ALEJANDRO MORALES LAMEGOS Y FELIPE DE JESÚS GÁLVEZ DUEÑAS. SEGUNDO.- Hágase llegar copia certificada de esta resolución al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la Capital, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. TERCERO.- Notifíquese personalmente esta resolución a las partes en consideración a lo dispuesto en el artículo 50 in fine del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas". Esta resolución, es la que constituye el acto reclamado en el presente enjuiciamiento. Las consideraciones en las que apoyó su resolución la Sala responsable, fueron las siguientes. Señaló que el Juez de origen, satisfizo las exigencias del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 319 del Código Procesal Penal para emitir un auto de vinculación a proceso, es decir: a) Verificó que se cumplieran las exigencias Constitucionales que rigen el proceso penal, así como todos y cada uno de los requisitos previstos en la Sección Décima, Capítulo I, Titulo Séptimo del Código Procesal Penal vigente en el Estado; b) Que no se vulneró en perjuicio del quejoso Armando Álvarez González o victimas algún derecho humano; c) Que en la audiencia se le hizo saber al quejoso Armando Álvarez González -y coimputados- que en su favor opera la presunción de inocencia, de los derechos que le asisten para declarar o abstenerse de hacerlo respecto a los hechos imputados por el Ministerio Público; d) Le permitió comunicándose libremente con sus defensores, verificó que no hubiera sido víctima de incomunicación, intimidación o tortura, accediendo a una defensa adecuada por abogado; e) Los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público y argumentos esgrimidos por sus defensores permitieron al Juzgador natural establecer que se cometió el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado y el de lesiones calificadas; f) Que existía la probabilidad de que el quejoso Armando Álvarez González y coimputados lo cometieron o participaron en su comisión y; g) Que no fue demostrada más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. En relación a los agravios expresados por el quejoso, la responsable asentó lo siguiente: I. El primer agravio, lo centró únicamente en que no existe dato alguno que demuestre la probabilidad de participación del quejoso en los delitos de Homicidio calificado y Lesiones calificadas. Respecto de ese agravio, la Sala responsable consideró acertada la apreciación efectuada por el Juez natural, mediante la cual estableció que hasta esa etapa procesal se justificaba la probable intervención del ahora quejoso Armando Álvarez González, en la comisión de los delitos de homicidio calificado cometido en perjuicio de quien en vida llevó el nombre de Gerardo Muñoz González y, lesiones calificadas, cometido en agravio del menor Felipe de Jesús Gálvez Dueñas y Alejandro Morales Lamegos, ya que éste último refirió que por la madrugada del día tres de noviembre de dos mil catorce, al estar bajando a Gerardo Muñoz González del taxi 401 en frente al Congreso del Estado ubicado en la calle Fernando Villalpando de la ciudad de Zacatecas, se dio cuenta que aproximadamente a diez metros de donde se encontraban se detuvo un vehículo marca Volkswagen, línea Gol, color blanco, del que descendieron cuatro personas del sexo masculino, observando que la persona de estatura baja, cabello corto, que vestía playera gris y tenis blancos abría la navaja que traía en las manos, lo cual motivó que cruzara la banqueta y llegara hasta el teléfono público donde fue alcanzado por dos de las cuatro personas que descendieran del vehículo, identificando al primero de ellos como de estatura media que vestía ropa color oscuro y el otro de complexión robusta, estatura alta, piel blanca, cabello corto, color castaño, que vestía sudadera color rojo, pantalón de mezclilla y tenis blancos; sujetos que a la par de insultarlo le inferían golpes en diversas partes del cuerpo. Al mismo respecto, el menor ofendido Felipe de Jesús Gálvez Dueñas señaló que en el momento que su amigo Gerardo Muñoz González le lanzaba una botella de vino al conductor del taxi que los llevara a la tienda OXXO ubicada en la calle Fernando Villalpando de la ciudad de Zacatecas, se dio cuenta que a la altura de las escaleras del Congreso del Estado se detuvo un vehículo color blanco, del cual descendieron cuatro o cinco personas del sexo masculino, llegando hasta él quien vestía una sudadera color oscuro y otro de ellos una playera manga corta color oscuro, último de ellos que de inmediato le "tiro una puñada" en el pecho, sin embargo al meter la mano izquierda para cubrirse fue lesionado a la altura del dedo meñique y anular, recibiendo lesiones por parte de las dos personas en el abdomen y sentir una "puñalada" a la altura del hombro mientras permanecía en el suelo, dándose cuenta que Gerardo Muñoz González también permanecía postrado en la banqueta sin moverse. Consideró la Sala responsable que lo antes señalado, guarda relación con la inspección que realizara Salomón Fuentes Rodríguez, Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas, respecto al contenido de lo captado por la cámara de seguridad ubicada en el Congreso del Estado, de lo cual se desprende que: al ser las 02:23:34 horas se aprecia un vehículo color blanco sobre el callejón San Agustín con dirección a calle Fernando Villalpando, posteriormente dicho vehículo se incorpora a la calle deteniéndose a un costado del congreso, retrocede un poco y detiene su marcha a media calle con las luces encendidas, se aprecia la puerta del conductor y la trasera del lado derecho abiertas; posteriormente, a la altura de donde está un teléfono público hay tres personas discutiendo y peleando en momentos, en la acera de enfrente se aprecian tres personas una de ellas parada sobre dicha calle, y dos más forcejeando sobre la banqueta, alejándose del lugar dejando tirado sobre la banqueta a quien viste chamarra roja y pantalón negro, quien permanece inmóvil, las tres personas de la otra banqueta siguen al parecer discutiendo y posteriormente abordan el vehículo en que llegaron retirándose del lugar a las 02:25:48 horas. Posteriormente, dos personas se acercan a quien viste chamarra roja y pantalón negro que aun permanece tirado sobre la banqueta, y detrás del carro blanco se ve que se mueve un taxi en la misma dirección, una de las personas está hablando en el teléfono público, posteriormente una persona de sudadera blanca está junto a la persona de chamarra roja tirado sobre la banqueta, esta persona lo mueve y posteriormente se desvanece junto a quien viste la chamarra en color rojo, se aprecia también llega un taxi de reversa y se detiene junto a la persona que está junto al teléfono público; de este vehículo desciende una persona, quien camina hacia la parte trasera, se acercan las dos personas hacia las personas que están tirados en la banqueta y uno de ellos se queda tocando a quienes están inmóviles la otra persona camina rumbo al taxi lo aborda y el otro sujeto habla por teléfono. De la grabación se observa que en la parte posterior de la puerta delantera del vehículo tiene el número 401 y en ese momento dicho vehículo se retira del lugar, en ese momento la cámara hace un acercamiento y se aprecia que las dos personas tiradas sobre la banqueta siguen en la misma posición, la persona que viste sudadera blanca está en posición lateral sobre su lado izquierdo, pero se aprecia una mancha rojiza del brazo derecho, y la persona de sudadera roja, se observa en posición horizontal sobre su parte posterior, tiene un rastro por goteo sobre la banqueta que llega hasta su persona que parece ser liquido hemático. De lo que la Sala estuvo de acuerdo y concluyó: Lo anterior relacionado con la declaración rendida ante autoridad judicial por José Andrés García Ramírez, las precisiones de las víctimas menor: Felipe de Jesús Gálvez Dueña y Alejandro Morales Lamegos, así como lo comprendido en la videograbación registrada el tres de noviembre de dos mil catorce por la cámara de seguridad ubicada en el Congreso del Estado, le permitieron determinar acertadamente al Juzgador con aplicación estricta de las reglas de la sana critica, considerando las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y los conocimientos científicos en términos de lo establecido por los artículos 22 y 378 del Código Procesal para el Estado de Zacatecas, que al ser aproximadamente las 02:23:24 horas del día tres de noviembre de dos mil tres, al estar agrediendo Gerardo Muñoz González, Alejandro Morales Lamegos y el menor Felipe de Jesús Gálvez Dueñas al conductor del taxi, identificado con el número económico 401 de ésta ciudad, frente al edificio que ocupa el Congreso del Estado ubicado en la calle Fernando Villalpando, según refirió José Andrés García Ramírez al ir conduciendo el vehículo marca Volkswagen, línea Gol, color blanco, modelo dos mil trece, con placas de circulación ZHY6627 del Estado de Zacatecas, alguno de su acompañantes -Humberto Rodríguez Delgado, José Ulises Hirales Pérez o Armando Álvarez González- le indicaron que ".se detuviera para hacerle el paro al taxista.", por lo que al detener el automóvil a la mitad de la calle observó que mientras descendían sus acompañantes Ulises le daba una navaja a Humberto, dándose cuenta segundos después como Humberto estaba "picando" a dos personas que estaban tirados en la banqueta frente al OXXO, mientras Ulises realizaba movimientos de agacharse hacia las personas, sin darse cuenta si traía alguna de las dos navajas que regularmente porta, ya que con una lámpara los iluminaba; al no saber qué hacer, afirma se acercó a la acera de enfrente donde permanecía el conductor de un taxi y su amigo Armando golpeando a otra persona, siendo Humberto quien lo acompañara como copiloto en el vehículo referido y en tono de burla que "el ultimo ya no se movía" y ello era para "que se les quitara lo ratas" decidiendo de común acuerdo esconderse en la zona de tolerancia hasta el amanecer. Respecto a dicho agravio, la Sala responsable tuvo a bien considerarlo infundado, por las razones que a continuación se describen. - Convino con lo sostenido por el Juez natural respecto a que los medios de prueba en su totalidad ponen de manifiesto, que al observar José Andrés Díaz Ramírez, Humberto Rodríguez Delgado, José Ulises Hirales Pérez y Armando Álvarez González a las 02:23:24 horas del día tres de noviembre de dos mil catorce, que tres personas del sexo masculino agredían en la calle Fernando Villalpando, frente al edificio que ocupa el Congreso del Estado al conductor del taxi número económico 401 de la ciudad de Zacatecas, se actualizó la conexidad de voluntades exteriorizando su intención de participación o resolución delictiva común al indicarle alguno de los nombrados a José Andrés Díaz Ramírez detuviera el vehículo que conducía para "hacerle un paro al taxista"; - Que lo anterior hace por demás evidente la voluntad de participación del ahora quejoso Armando Álvarez González, en las conductas a desplegar indistintamente en contra de Gerardo Muñoz González, Alejandro Morales Lamegos y Felipe de Jesús Gálvez Dueñas quienes se dice agredían al conductor del taxi de nombre Alfredo González Calvo; - Esa actuación conjunta fue querida virtud a que cada coautor particular efectuó su aporte objetivo al servicio de la realización durante la perpetración del suceso, revelando los datos de investigación hasta ésta etapa procesal, que al descender Humberto Rodríguez Delgado del automóvil aceptó la navaja que le entregaba su amigo José Ulises Hirales Pérez dirigiéndose en su compañía hasta la banqueta, frente al OXXO, para lesionar con el objeto punzocortante al menor Felipe de Jesús Gálvez Dueñas y Gerardo Muñoz González; - De manera simultánea, mientras el ahora recurrente Armando Álvarez González (según se aprecia en la imagen captada por la cámara de seguridad ubicada en el Congreso del Estado) en el mismo plan que Humberto Rodríguez Delgado y José Ulises Hirales Pérez, cumplía con la función de lesionar y neutralizar junto a otra persona -desconociéndose si era Alfredo González Calvo y/o José Andrés Díaz Ramírez- la ayuda de Alejandro Morales Lamegos; - Esa actividad fue fundamental en el marco de cooperación bajo la forma de división del trabajo, lo cual permitió que se dominara el acontecer global en cooperación con los demás coautores. En atención a lo anterior, el suscrito considera que fue acertado el actuar de la Sala de mérito, al estimar que resultó infundado el agravio expuesto por el apelante, al señalar de manera concreta cual fue la forma en que el ahora quejoso participó en la comisión de los hechos considerados delitos por la ley, estableciendo que la misma se dio en grado de coautoría. II. El segundo y tercero de los agravios los relacionó el quejoso con el estudio que realizó la Sala responsable respecto de la incapacidad técnica del defensor que asistió al quejoso ante el Juez de origen. A tales aseveraciones, la responsable asentó lo siguiente; - Que desde las fases iniciales del procedimiento instruido en contra de Armando Álvarez González, en los términos que establece la Constitución y el Código Adjetivo de la materia, se permitió por el Juzgador que los defensores particulares continuaran con la defensa del ahora quejoso; - Que el derecho a una defensa adecuada contenido en la fracción VIII, apartado B, del artículo 20 Constitucional, en relación con lo dispuesto en los numerales 7, 8, 15 y fracción III del artículo 159 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, en relación con los diversos artículos 8, numeral 2, incisos d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, permite establecer que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho; - Que de la normativa internacional citada no se deriva la posibilidad de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en dicha materia y, por el contrario, permite inferir que la defensa que el Estado deba garantizar será lo más adecuada y efectiva posible, lo cual implica un elemento formal, consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho y, uno material, relativo a que, además de dicha acreditación actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del imputado compareciendo en todos los actos del proceso cuantas veces se le requiera; - Señaló que dichos elementos se integraron en la especie, puesto que los defensores particulares Juan Pablo Torres Frausto y Manuel Sergio González Márquez justificaron ser peritos en derecho, tener registradas sus cedulas profesionales que los acreditan como licenciado en derecho ante el Juzgado de origen; - No obstante, es función de los jueces preservar el principio de igualdad procesal y allanar los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten, dicha función no implica la carga de evaluar los métodos que el defensor particular de Armando Álvarez González empleó para lograr su cometido de representación, al ofrecer como medios de prueba el testimonio de José Andrés García Ramírez y la videograbación proporcionada por el C4; - Lo anterior, en razón a que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si dichos profesionistas efectivamente llevaron a cabo la estrategia más afín -de acuerdo a su teoría del caso- a los intereses del imputado; - Que los órganos jurisdiccionales no pueden so pretexto de garantizar la igualdad entre las partes, constituirse en Juez y parte para revisar la forma en que él o los defensores logran su cometido, pues ello excedería las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el proceso se garantice una adecuada defensa. En atención a lo anterior, el suscrito considera que fue acertado el actuar de la Sala de mérito, al estimar que resultó infundado el agravio expuesto por el apelante, al señalar que el juez de control debió de revocar en la defensa al profesional que designó el ahora quejoso, ya que si bien es verdad la legislación procesal de la materia faculta al juez de control para sustituir a un defensor cuando es manifiesta su incapacidad para asumir la defensa de un imputado; empero se comulga con lo expuesto por la citada responsable, en cuanto a que tal facultad no puede bajo la premisa de garantizar la igualdad entre las partes, revisar la forma en que él o los defensores deben conducirse para lograr su cometido, pues ello excedería las facultades legales de que dispone para vigilar que en el proceso se garantice una adecuada defensa. En cuanto al cuarto de los agravios expresados, que se centra en la falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada, la Sala responsable tuvo a bien considerarlos infundados, por las razones que a continuación se describen. - Del análisis realizado por la Sala responsable, consideró que la resolución reclamada por la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Armando Álvarez González por existir probabilidad que cometió los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado y de lesiones calificadas, consideró sí reúne los requisitos de fundamentación y motivación, en razón a que en dicho auto, el Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la Capital invocó los artículos 19 y 20 de la Constitución General de la República, los numerales 1º, 11 fracción II, 20 fracción I, 285, 286 fracciones I y II, 289, 293, 294, 299, 301 fracciones I y VI del Código Penal para el Estado de Zacatecas, 22, 319 y 378 del Código Procesal Penal para esta propia Entidad Federativa. - Señaló que se examinaron correctamente los elementos de los hechos considerados como delitos atribuidos al ahora quejoso y otros de acuerdo con los medios de prueba existentes en la causa, así como la existencia de probabilidad de la participación del imputado en su comisión; - Determinó el Juzgador de origen de manera específica cuál fue la conducta perpetrada por el ahora quejoso Armando Álvarez González en la actividad ilícita reprochada, los motivos que tuvo en consideración para dictar auto de vinculación a proceso en su contra por existir probabilidad que cometió o participó en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado y lesiones calificadas. Por lo que concluyó señalando que la resolución del Juez natural por la cual dictó auto de vinculación del ahora quejoso Armando Álvarez González, sí reúne los requisitos de fundamentación y motivación contemplados por el imperativo constitucional, ya que respecto del primero de ellos, que ha de expresarse con precisión, el precepto legal aplicable al caso y, por el segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; - Corroborando además adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, que el caso concreto se configure en la hipótesis normativa, lo que en la especie efectivamente acontece. Fundado en lo anterior, consideró inexacta la apreciación del defensor particular del hoy amparista, respecto de la existencia de violación de los artículos 14 y 16 Constitucionales; criterio que apoyó en la jurisprudencia por reiteración I.4o.A.J/43, Materia Común, pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, Mayo de 2006, página mil quinientos treinta y uno cuyos datos de publicación y rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN"... En atención a lo antes relatado, el suscrito considera que fue correcto el actuar de la Sala responsable, al estimar que resultó infundado el agravio expuesto por el apelante, al haber señalado de manera concreta, los preceptos legales aplicables al caso concreto, así como las circunstancias especiales y causas inmediatas que tuvo en consideración para resolver en la forma que lo hizo. Tocante al quinto de sus agravios, que hizo consistir en que la Sala de apelación no se pronunció respecto de señalamientos que expusieran en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de presunción de inocencia consagrado en la Constitución, la responsable tuvo a bien sostener que del examen y análisis de los registros electrónicos adjuntos a la carpeta administrativa remitida por el Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital al resolver la solicitud planteada pudieron advertir que estuvo atento a verificar: - Que se cumplieran las exigencias Constitucionales que rigen el proceso penal, así como todos y cada uno de los requisitos previstos en la Sección Décima, Capítulo I, Titulo Séptimo del Código Procesal Penal vigente en el Estado; Que no se vulneró en perjuicio del imputado Armando Álvarez González o victimas algún derecho humano, ya que en el desarrollo de las audiencias preliminares al juicio se le hizo saber al ahora quejoso que en su favor opera la presunción de inocencia; - Informado de los derechos que le asisten optó por no hacer declaración alguna respecto a los hechos imputados por el Ministerio Público tuvo comunicación libremente con sus defensores, no refiriendo ser víctima de incomunicación, intimidación o tortura; - tuvo acceso a un defensa adecuada ya que libremente eligió como defensores a los licenciados Juan Pablo Torres Frausto y Manuel Sergio González Márquez, los mismos estuvieron presentes en los actos del proceso requeridos; - Los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público y argumentos esgrimidos por sus defensores, permitieron al juzgador establecer que se cometió el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en perjuicio de quien en vida llevó el nombre de Gerardo Muñoz González, así como el de lesiones calificadas en agravio de Alejandro Morales Lamegos y Felipe de Jesús Gálvez Dueñas, existiendo la probabilidad de que el imputado Armando Álvarez González de manera conjunta con diversos sujetos lo cometieron o participaron en su comisión; - Sin que fuera demostrada más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación; fue precisada debidamente la fecha de su dictado, se cumplieron todas y cada una de las formalidades de ley con las que se asegura el pleno ejercicio de los derechos de las partes y se guardó observancia a las reglas del debido proceso. Se considera infundado dicho agravio, ya que de la resolución emitida por la responsable, se advierte sí se pronunció a ese respecto. El sexto de sus agravios lo hizo consistir en que es falso lo expuesto por la Sala Penal, en cuanto a que únicamente es necesaria la existencia de datos que hagan presumir la existencia de un hecho que la ley señala como delito y de la probable participación del imputado en su comisión, también es infundado, a ese respecto, la responsable puntualizó: - De una interpretación armónica y sistemática de las disposiciones constitucionales en cita, en relación con lo dispuesto en los numerales 317 y 319 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, la naturaleza de una resolución de vinculación del imputado a proceso, radica -entre otros aspectos, en el inicio de una investigación judicializada en donde el sujeto solo está sometido a una investigación; - Para llevarlo a juicio se requiere una acusación, la que en su oportunidad se sustenta con antecedentes de investigación cuya estimación es probable y no de manera plena; - Esa estimación de prueba carecerá de validez en la sentencia, de ahí que sus efectos radiquen en la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal, el inicio del plazo para el cierre de la investigación, y la perdida de la facultad del Ministerio Público de archivar provisionalmente la investigación. - En esta etapa procesal, no puede ni debe el Órgano Jurisdiccional verter estimación o decisión alguna sobre el valor probatorio pleno de aquellos antecedentes de investigación en los cuales sustente la resolución de vinculación del imputado a proceso, ya que la estimación que se hace de esos antecedentes es de manera probable y no plena; - Pues conforme a la estructura del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, dichos antecedentes deben ser valorados en la etapa de juicio; ello es así, ya que de acuerdo con el contenido del artículo 323 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, los antecedentes de investigación y elementos de convicción desahogados en audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por la ley. Este Juzgador comparte el criterio de la Sala responsable, en razón a que las apreciaciones vertidas por el defensor fueron cuestiones subjetivas que no gozan de razonabilidad y menos aún de sustento legal. Resulta orientador en relación a lo argumentado por el quejoso, el criterio sustentado en la siguiente Tesis: XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), con registro 160330, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, página 1942 del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. En relación al séptimo de los agravios expresados, en los que señaló que no se examinaron correctamente los elementos de los hechos considerados como delitos atribuidos a la luz de los medios de prueba existentes en la causa, así como la existencia de probabilidad del imputado en su comisión o participación en su comisión, la Sala responsable consideró que el Juzgador natural asentó cuál fue la conducta perpetrada por el ahora quejoso Armando Álvarez González que dio origen a la actividad ilícita reprochada; - Especificó los motivos que tuvo en consideración para dictar auto de vinculación a proceso en su contra, así como los medios de prueba que lo llevaron a tener por existente la probabilidad de que el quejoso cometió o participó en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado en perjuicio de Gerardo Muñoz González, así como de lesiones calificadas en agravio del menor Felipe de Jesús Gálvez Dueñas y Alejandro Morales Lamegos. Atento a lo anterior, el suscrito considera que fue acertado el actuar de la Sala referida, al estimar que resultó infundado el agravio expuesto por el apelante, al señalar de manera específica los medios de prueba existentes en la causa, la existencia de probabilidad del imputado de participación en su comisión, determinando el Juzgador concretamente cuál fue la conducta desplegada por el ahora quejoso Armando Álvarez González, en la actividad ilícita reprochada y los motivos que tuvo en consideración, para dictar auto de vinculación a proceso en su contra, por existir la probabilidad que cometió o participó en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado y lesiones calificadas. Respecto de los agravios que el quejoso expresó, indicados con arábigos del ocho al trece, éstos se enfocan en combatir la forma de comisión de los delitos determinada por el juez natural y validada por la Sala responsable resumidos de la siguiente manera: - Que la participación del quejoso en la comisión del hecho considerado delito por la ley como coautor es inconstitucional y carece de objetividad; - Refirió que no existió la decisión conjunta porque de lo expuesto por José Andrés García Ramírez y Felipe de Jesús Gálvez Dueñas, además en el video aportado por el C4, se aprecia que tres sujetos se encuentran de un lado de la acera donde se ubica un teléfono público intercambiando golpes y, del otro lado, se aprecia a dos personas, una sobre la otra que en apariencia los están golpeando; - Dice que no existió un acuerdo previo en común por parte de los ahora imputados; - Agrega que de haber existido intención de lesionar con las navajas a los citados sujetos, fue únicamente por parte de Humberto Rodríguez Delgado y José Ulises Hirales Pérez, en lo cual no puede involucrarse al quejoso; - Alegó que no existió codominio funcional del hecho por parte del quejoso y que su actuar no fue determinante para lograr la consumación de la conducta del reproche; - También dijo que el quejoso en ningún momento facilitó a sus coimputados infirieran las lesiones que ocasionaron a las víctimas y la muerte de otra; - Que se requería analizar las conductas desplegadas por todos los coimputados para determinar si la conducta del quejoso se consumo o no, y que de sustraer la participación del ahora quejoso el resultado hubiese sido el mismo; - Lo anterior lo sustentó en que Felipe dijo que a él se le fueron encima dos sujetos armados, propinándole varias puñaladas, que quedó tirado sin posibilidades de defenderse y que el resultado en la humanidad del ahora occiso hubiera sido el mismo; - Que Gerardo fue atacado por Humberto, quien lo derribó acertándole en el piso varias puñaladas, lo que no pudo haber evitado Alejandro Morales Lamegos: - Adicionó que Morales Lamegos, en relación a los cuatro sujetos que se bajaron del vehículo, dijo haber visto a dos con armas; - Mencionó que Armando Álvarez González en ningún momento tuvo contacto con el ahora occiso ni con Felipe, por lo que no puede considerarse que hubiera aportado en el hecho en la parte ejecutiva; - Concluye señalando que la exposición realizada por la fiscalía y la resolución del juez natural no satisfacen los elementos que integran la coautoría, ya que no consideró que esta es una forma de participación que realizan dos o más personas cuya finalidad es realizar una conducta delictiva con la finalidad de lesionar un bien jurídico; - Que la finalidad de Armando Álvarez González no era llevar a cabo una conducta criminal, sino proteger un bien jurídico ajeno, consistente en prestar auxilio a Alfredo González Calvo. A este respecto, la Sala Penal responsable fue extensa en sus razones legales para dejar claramente establecido que son infundados los agravios del defensor particular del ahora quejoso, en cuanto a que el Juzgador no justiprecio los medios de prueba que obran en la carpeta de investigación conforme lo establecen los numerales 22 y 378 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas. Pues expuso con claridad las razones por las que encuadró la conducta de Armando Álvarez González en la fracción II del artículo 11 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, por considerar que se realizó de manera conjunta con otros sujetos, esto es como coautor de la misma, al haber existido un codominio funcional del hecho con los coimputados. Especificó que bajo la teoría del dominio del hecho, puede definirse al autor de un hecho típico como aquel sujeto que con dominio y bajo cualquier forma de culpabilidad -dolo o culpa- realiza por si mismo los elementos del tipo; - Señaló que la figura de la coautoría referida, se actualiza cuando varias personas en consenso y con codominio del hecho, dividiéndose las acciones delictivas y mediante un plan acordado antes o durante la perpetración del suceso, concurren a la ejecución del hecho punible asumiendo por igual la responsabilidad de su realización; - Aseveró que el coautor es un autor y, por ello, la coautoría es una autoría que se singulariza por el dominio que sobre el hecho ejercen en común todos los autores, quienes intervienen de acuerdo en la ejecución del delito; que ello implica que el coautor estando en posesión de las condiciones personales del autor participa en la decisión común respecto del hecho delictivo. - Abundando sobre el tema señaló hay que distinguir que en la coautoría cada individuo domina el acontecer global en cooperación con los demás, es decir, el coautor no tiene por sí solo el dominio total del hecho, pero tampoco ejerce un dominio parcial, sino el dominio completo reside en las manos de varios. - La Sala Penal consideró acertada la apreciación del Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital al establecer que hasta esa etapa procesal se justificaba la probable intervención del imputado Armando Álvarez González en la comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, una vez que analizó la declaración rendida ante autoridad judicial por José Andrés García Ramírez, las precisiones de las victimas menor Felipe de Jesús Gálvez Dueña, Alejandro Morales Lamegos, complementándolo en la videograbación registrada el tres de noviembre de dos mil catorce por la cámara de seguridad ubicada en el Congreso del Estado. A ese respecto, dijo la Sala, le permitieron determinar acertadamente al Juzgador con aplicación estricta de las reglas de las sana critica, considerando las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y los conocimientos científicos en términos de lo establecido por los artículos 22 y 378 del Código Procesal para el Estado de Zacatecas, que al ser aproximadamente las 02:23:24 horas del día tres de noviembre de dos mil tres al estar agrediendo Gerardo Muñoz González, Alejandro Morales Lamegos y el menor Felipe de Jesús Gálvez Dueñas, al conductor del taxi identificado con el número económico 401 de ésta ciudad frente al edificio que ocupa el Congreso del Estado ubicado en la calle Fernando Villalpando, según refirió José Andrés García Ramírez al ir conduciendo el vehículo marca Volkswagen, línea Gol, color blanco, modelo dos mil trece, con placas de circulación ZHY6627 del Estado de Zacatecas, alguno de su acompañantes (Humberto Rodríguez Delgado, José Ulises Hirales Pérez o Armando Álvarez González) le indicaron que ".se detuviera para hacerle el paro al taxista.", por lo que al detener el automóvil a la mitad de la calle observó que mientras descendían sus acompañantes Ulises le daba una navaja a Humberto, dándose cuenta segundos después como Humberto estaba "picando" a dos personas que estaban tirados en la banqueta frente al OXXO, mientras Ulises realizaba movimientos de agacharse hacia las personas, sin darse cuenta si traía alguna de las dos navajas que regularmente porta, ya que con una lámpara los iluminaba; al no saber que hacer -afirma- se acercó a la acera de enfrente donde permanecía el conductor de un taxi y su amigo Armando golpeando a otra persona, siendo Humberto quien lo acompañara como copiloto en el vehículo referido en tono de burla que "el ultimo ya no se movía" y ello era para "que se les quitara lo ratas". Decidiendo de común acuerdo esconderse en la zona de tolerancia hasta el amanecer. La Sala Penal responsable coincidió con lo sostenido por el Juzgador en que los medios de prueba en su totalidad ponen de manifiesto: - Que al observar José Andrés Díaz Ramírez, Humberto Rodríguez Delgado, José Ulises Hirales Pérez y Armando Álvarez González a las 02:23:24 horas del día tres de noviembre de dos mil catorce, que tres personas del sexo masculino agredían en la calle Fernando Villalpando, frente al edificio que ocupa el Congreso del Estado al conductor del taxi número económico 401 de la ciudad de Zacatecas, se actualizó la conexidad de voluntades exteriorizando su intención de participación o resolución delictiva común al indicarle alguno de los nombrados a José Andrés Díaz Ramírez detuviera el vehículo que conducía para "hacerle un paro al taxista", lo cual hace por demás evidente la voluntad de participación del ahora quejoso Armando Álvarez González en las conductas a desplegar indistintamente en contra de Gerardo Muñoz González, Alejandro Morales Lamegos y Felipe de Jesús Gálvez Dueñas quienes se dice agredían al conductor del taxi de nombre, Alfredo González Calvo, actuación conjunta que sostuvieron fue querida virtud a que cada coautor particular efectuó su aporte objetivo al servicio de la realización durante la perpetración del suceso, revelando los datos de investigación hasta ésta etapa procesal que al descender Humberto Rodríguez Delgado del automóvil aceptó la navaja que le entregaba su amigo José Ulises Hirales Pérez dirigiéndose en su compañía hasta la banqueta frente al OXXO, para lesionar con el objeto punzocortante al menor Felipe de Jesús Gálvez Dueñas y Gerardo Muñoz González, mientras el ahora quejoso Armando Álvarez González (según se aprecia en la imagen captada por la cámara de seguridad ubicada en el Congreso del Estado) en el mismo plan que Humberto Rodríguez Delgado y José Ulises Hirales Pérez cumplía con la función de lesionar y neutralizar junto a otra persona -desconociéndose si era Alfredo González Calvo y/o José Andrés Díaz Ramírez- la ayuda de Alejandro Morales Lamegos; - Esa actividad la consideró la responsable fue fundamental en el marco de cooperación bajo la forma de división del trabajo, lo cual permitió que se dominara el acontecer global en cooperación con los demás coautores. Fundamentó lo argumentado con el criterio que ha sido definido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la tesis II.2º.P.22 (10a), en la jurisprudencia por reiteración localizable en la página 1291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Tomo XXXII, Noviembre de 2010 de la Décima Época cuyo rubro y texto son: "COAUTORÍA. SE ACTUALIZA CUANDO VARIAS PERSONAS, EN CONSENSO Y CON CODOMINIO CONJUNTO DEL HECHO, DIVIDIÉNDOSE LAS ACCIONES DELICTIVAS Y MEDIANTE UN PLAN COMÚN ACORDADO ANTES O DURANTE LA PERPETRACIÓN DEL SUCESO, CONCURREN A LA EJECUCIÓN DEL HECHO PUNIBLE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)". El suscrito resolutor considera que fue congruente el actuar de la Primera Sala Penal al estimar que resultaron infundados los agravios expuestos por el apelante en torno a la forma de comisión del delito, ya que al establecer con los fundamentos legales mencionados que se trataba de una coautoría, carecía de sentido analizar la comisión de los delitos a título de autor directo. Además, la Sala responsable adujo, que fue acertado el actuar del Juez de origen, pues éste, sí realizó un examen de los medios de prueba puestos a su consideración; primero, porque enunció cada uno; luego, debidamente destacó su pertinencia; y, finalmente arribó a una conclusión; por lo que, el Juez de mérito cumplió con la obligación de motivar y fundar, garantizando con ello, la racionalidad de su decisión en términos del artículo 16 Constitucional; por lo que, los motivos expuestos por el quejoso, no resultaron suficientes para combatir el fallo del Juez. En atención a todo lo anteriormente relatado, el suscrito comparte la consideración de los integrantes de la Sala responsable, relativa a que, al haber efectuado un estudio exhaustivo sobre el asunto puesto a su consideración; realizar la ponderación sobre los datos de investigación dados a conocer por parte del Ministerio Público; y, analizados los planteamientos que formaron de dichos motivos de disenso, se llegó a la conclusión de que el fallo recurrido que fue motivo, se encuentra jurídicamente correcta. En mérito de lo antes expuesto, ante lo infundado de los conceptos de violación aquí analizados y no existiendo deficiencia de la queja que suplir, de conformidad con fracción III, inciso b) del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL que solicita el quejoso Armando Álvarez González, respecto de los actos reclamados derivados de la resolución emitida por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ARMANDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ, contra los actos y autoridad señalados en el último considerando de esta sentencia, por los razonamientos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe, hoy trece de julio de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe. L`FRF

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