Aristeo Arroyo Zúñiga

Expediente 819/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
819/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
13/11/2019

Partes del expediente

  • Aristeo Arroyo Zúñiga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta que suscribe el Director Local de la Comisión Nacional del Agua en Zacatecas, por el cual remite copia certificada de la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro del expediente ZAC-L-1269-05-06-19, de su índice, así como de la constancia de notificación practicada al quejoso de la citada determinación. Atento a lo anterior, es evidente que en el caso sobreviene de manera notoria, manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, considerando lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, es importante realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causal de improcedencia que se invoca. En principio, cabe precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en las páginas 2443, 731, 774 y 2161, de los Tomos XVIX, LXXXIX, XCIII y LVIII, del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, cuyos rubros y textos son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." "ACTOS RECLAMADOS, CESACIÓN DE LOS. Para que se pueda estimar que han cesado los efectos del acto reclamado, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido, y la revocación debe ser definitiva y no provisional." Del texto de las tesis reproducidas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que pueda ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se advierte que el quejoso Aristeo Arroyo Zúñiga, reclama la omisión de resolver la solicitud de una nueva concesión de aguas nacionales para uso agrícola dentro del expediente ZAC-L-1269-05-06-19. Luego, en el oficio de cuenta la autoridad responsable, informa que el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, fue emitida la resolución en la que declara improcedente autorizar la solicitud de trámite CNA-01-004, concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas y permiso para realizar obra, por un volumen de 150,000 metros cúbicos anuales, para uso agrícola, solicitado por el quejoso y adjuntó copia certificada de la misma, así como de la notificación que al efecto se realizó al quejoso, documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición de su ordinal 2°. Atento a lo anterior, queda de manifiesto que con el dictado de la determinación de veintitrés de octubre pasado por el Subdirector de Administración de Agua, de la Comisión Nacional del Agua en Zacatecas, con sede en Guadalupe, cesan los efectos del acto reclamado atribuidos por el quejoso. Sustenta lo anterior, tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: Entonces, toda vez que han cesado los efectos del citado acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En vista de lo anterior, y toda vez que se encuentran programadas las once horas con cincuenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, procede dejarla sin efectos, dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio constitucional; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    se publica auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, con efectos de notificar a la parte quejosa: Visto; agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta que suscribe el Director Local de la Comisión Nacional del Agua en Zacatecas, por el cual remite copia certificada de la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro del expediente ZAC-L-1269-05-06-19, de su índice, así como de la constancia de notificación practicada al quejoso de la citada determinación. Atento a lo anterior, es evidente que en el caso sobreviene de manera notoria, manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, considerando lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, es importante realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causal de improcedencia que se invoca. En principio, cabe precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en las páginas 2443, 731, 774 y 2161, de los Tomos XVIX, LXXXIX, XCIII y LVIII, del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, cuyos rubros y textos son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." "ACTOS RECLAMADOS, CESACIÓN DE LOS. Para que se pueda estimar que han cesado los efectos del acto reclamado, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido, y la revocación debe ser definitiva y no provisional." Del texto de las tesis reproducidas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que pueda ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se advierte que el quejoso Aristeo Arroyo Zúñiga, reclama la omisión de resolver la solicitud de una nueva concesión de aguas nacionales para uso agrícola dentro del expediente ZAC-L-1269-05-06-19. Luego, en el oficio de cuenta la autoridad responsable, informa que el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, fue emitida la resolución en la que declara improcedente autorizar la solicitud de trámite CNA-01-004, concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas y permiso para realizar obra, por un volumen de 150,000 metros cúbicos anuales, para uso agrícola, solicitado por el quejoso y adjuntó copia certificada de la misma, así como de la notificación que al efecto se realizó al quejoso, documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición de su ordinal 2°. Atento a lo anterior, queda de manifiesto que con el dictado de la determinación de veintitrés de octubre pasado por el Subdirector de Administración de Agua, de la Comisión Nacional del Agua en Zacatecas, con sede en Guadalupe, cesan los efectos del acto reclamado atribuidos por el quejoso. Sustenta lo anterior, tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: Entonces, toda vez que han cesado los efectos del citado acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En vista de lo anterior, y toda vez que se encuentran programadas las once horas con cincuenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, procede dejarla sin efectos, dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio constitucional; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que el informe justificado de la autoridad responsable, no se puso a la vista de las partes con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud que el auto en que se dio vista con su contenido, se notificó mediante diligencia de siete de noviembre de esta anualidad; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, para su celebración.

  4. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el informe justificado y anexo, que rinde la autoridad responsable. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con la prueba documental exhibida por la responsable como soporte de su informe justificado y la presuncional en su doble aspecto legal y humano que menciona, hágase nueva relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Se tienen como delegados de su parte, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que menciona.

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