Arely Lizbeth García Villagrana

Expediente 813/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
813/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
31/10/2019

Partes del expediente

  • Arely Lizbeth García Villagrana

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el diez de octubre de la presente anualidad en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales o copia certificada exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por Jesús Alejandra Villagrana Guevara, en representación de su menor hija Arely Lisbeth García Villagrana, contra actos del Juez Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, por considerar que se transgreden los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acuerda. Fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 813/2019-III, que por su orden le corresponde. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano (.)" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así, analizada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como acto reclamado, el auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, en el juicio oral de alimentos número 389/2019, en el que fijó una pensión alimenticia provisional en beneficio de la menor Arely Lisbeth García Villagrana, por el equivalente a media cuota de salario mínimo único en el país de manera diaria y que mensualmente se traduce en la cantidad de $1,565.87 (mil quinientos sesenta y cinco pesos 87/100 M.N.). Ahora, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del presente juicio, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De igual forma, del análisis de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes de los actos reclamados y que son: 1. Ante el Juzgado Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, se tramita el juicio oral de alimentos 389/2019, promovido por Jesús Alejandra Villagrana Guevara, en representación de su menor hija Arely Lisbeth García Villagrana, contra Miguel Ángel García Soto. 2. Radicado el juicio el diez de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar al demandado Miguel Ángel García Soto, y además se fijó una pensión alimenticia provisional en beneficio de la menor Arely Lisbeth García Villagrana, por el equivalente a media cuota de salario mínimo único en el país de manera diaria y que mensualmente se traduce en la cantidad de $1,565.87 (mil quinientos sesenta y cinco pesos 87/100 M.N.), lo que constituye el acto reclamado. En atención a lo anterior, se considera procedente desechar de plano la demanda de garantías, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Al respecto los artículos 374, fracción III, 711 y 712 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, disponen: "374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y;. Artículo 711.- En casos de urgente necesidad podrán decretarse alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos y contra quien deba pagarlos. En este caso debe acreditarse el título en cuya virtud se piden, las posibilidades de quien deba darlos y la urgencia de la medida. Cuando se pidan por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si se fundan en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que consten. Artículo 712.- Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, el juez fijará la suma en que deban consistir los alimentos, mandando abonarlos por meses o quincenas anticipados. Si se piden con medida provisional en un juicio de divorcio, se procederá en la forma prevista por el artículo 371 del Código Civil. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución. La resolución que niegue los alimentos es recurrible en queja ante el superior. La que los conceda es apelable en el efecto devolutivo." De los preceptos antes transcritos, se logra evidenciar que el artículo 374 del ordenamiento legal citado, en su fracción III, precisa que el recurso de apelación procede contra los autos, cuando expresamente lo disponga ese Código. A su vez, del análisis de los artículos 711 y 712 del Código en comento, se desprende que en casos de urgente necesidad se podrán decretar alimentos provisionales; y, en la parte final el artículo 712, dispone que la resolución que conceda alimentos será apelable en efecto devolutivo. Así las cosas, resulta claro que contra el proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, en el expediente 389/2019, relativo al juicio oral de alimentos promovido por Jesús Alejandra Villagrana Guevara, en representación de su menor hija Arely Lisbeth García Villagrana, en el que entre otras cosas, se fijó una pensión alimenticia provisional en beneficio de la menor Arely Lisbeth García Villagrana, por el equivalente a media cuota de salario mínimo único en el país de manera diaria y que mensualmente se traduce en la cantidad de $1,565.87 (mil quinientos sesenta y cinco pesos 87/100 M.N.), procede el recurso de apelación en efecto devolutivo a que se refiere el artículo 374, fracción III, en relación con el diverso 712, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Aunado a lo anterior, es claro y evidente que: Si la parte quejosa, afirmó que demandó juicio oral de alimentos, ante la autoridad que señaló como responsable en contra de Miguel Ángel García Soto, en el que se fijó una pensión alimenticia provisional en beneficio de su menor hija Arely Lisbeth García Villagrana, ello pone de manifiesto que no comparece en su calidad de tercero extraño, sino como parte procesal. Así las cosas, y tomando en consideración que la ahora quejosa, comparece a juicio en su calidad de representante de su menor hija y como parte procesal, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios correspondientes en contra del proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que, se encontraba obligada a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el recurso de apelación a que se refiere el artículo 374, fracción III, en relación con el diverso 712, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Sin que por otra parte, se actualice el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, en razón de que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o en su caso, algunos de los que se encuentran prohibidos por el numeral 22 Constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual forma, tampoco se actualiza la hipótesis prevista por el inciso b), del numeral citado, pues el acto reclamado no consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. Asimismo, de ningún modo se está en presencia de persona extraña al procedimiento, en términos de lo previsto por el inciso c), de la fracción XVIII, del artículo en estudio. Luego, como no se hizo valer el medio de impugnación de que se trata por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, conforme al cual cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificados o revocados por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento, aun cuando la parte interesada no lo hubiere hecho valer oportunamente. Es aplicable a este proceder, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: " AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley en comento; en consecuencia, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Alejandra Villagrana Guevara, en representación de su menor hija Arely Lisbeth García Villagrana. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Insurgentes número ciento treinta y cinco (135), Zona Centro, en esta ciudad de Zacatecas; asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados María del Carmen Bernal Lastiri, Luis Ricardo Martínez Arroyo y Jorge Arturo Bernal Tobón y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Miguel Castro López y Erick Enrique Roque Dávila.

  3. Principal

    se publica auto de diez de octubre de dos diecinueve, con efectos de notificar a la parte quejosa: Vista; la demanda de amparo promovida por Jesús Alejandra Villagrana Guevara, en representación de su menor hija Arely Lisbeth García Villagrana, contra actos del Juez Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, por considerar que se transgreden los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acuerda. Fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 813/2019-III, que por su orden le corresponde. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano (.)" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así, analizada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como acto reclamado, el auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, en el juicio oral de alimentos número 389/2019, en el que fijó una pensión alimenticia provisional en beneficio de la menor Arely Lisbeth García Villagrana, por el equivalente a media cuota de salario mínimo único en el país de manera diaria y que mensualmente se traduce en la cantidad de $1,565.87 (mil quinientos sesenta y cinco pesos 87/100 M.N.). Ahora, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del presente juicio, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De igual forma, del análisis de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes de los actos reclamados y que son: 1. Ante el Juzgado Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, se tramita el juicio oral de alimentos 389/2019, promovido por Jesús Alejandra Villagrana Guevara, en representación de su menor hija Arely Lisbeth García Villagrana, contra Miguel Ángel García Soto. 2. Radicado el juicio el diez de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar al demandado Miguel Ángel García Soto, y además se fijó una pensión alimenticia provisional en beneficio de la menor Arely Lisbeth García Villagrana, por el equivalente a media cuota de salario mínimo único en el país de manera diaria y que mensualmente se traduce en la cantidad de $1,565.87 (mil quinientos sesenta y cinco pesos 87/100 M.N.), lo que constituye el acto reclamado. En atención a lo anterior, se considera procedente desechar de plano la demanda de garantías, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Al respecto los artículos 374, fracción III, 711 y 712 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, disponen: "374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y;. Artículo 711.- En casos de urgente necesidad podrán decretarse alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos y contra quien deba pagarlos. En este caso debe acreditarse el título en cuya virtud se piden, las posibilidades de quien deba darlos y la urgencia de la medida. Cuando se pidan por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si se fundan en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que consten. Artículo 712.- Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, el juez fijará la suma en que deban consistir los alimentos, mandando abonarlos por meses o quincenas anticipados. Si se piden con medida provisional en un juicio de divorcio, se procederá en la forma prevista por el artículo 371 del Código Civil. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución. La resolución que niegue los alimentos es recurrible en queja ante el superior. La que los conceda es apelable en el efecto devolutivo." De los preceptos antes transcritos, se logra evidenciar que el artículo 374 del ordenamiento legal citado, en su fracción III, precisa que el recurso de apelación procede contra los autos, cuando expresamente lo disponga ese Código. A su vez, del análisis de los artículos 711 y 712 del Código en comento, se desprende que en casos de urgente necesidad se podrán decretar alimentos provisionales; y, en la parte final el artículo 712, dispone que la resolución que conceda alimentos será apelable en efecto devolutivo. Así las cosas, resulta claro que contra el proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, en el expediente 389/2019, relativo al juicio oral de alimentos promovido por Jesús Alejandra Villagrana Guevara, en representación de su menor hija Arely Lisbeth García Villagrana, en el que entre otras cosas, se fijó una pensión alimenticia provisional en beneficio de la menor Arely Lisbeth García Villagrana, por el equivalente a media cuota de salario mínimo único en el país de manera diaria y que mensualmente se traduce en la cantidad de $1,565.87 (mil quinientos sesenta y cinco pesos 87/100 M.N.), procede el recurso de apelación en efecto devolutivo a que se refiere el artículo 374, fracción III, en relación con el diverso 712, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Aunado a lo anterior, es claro y evidente que: Si la parte quejosa, afirmó que demandó juicio oral de alimentos, ante la autoridad que señaló como responsable en contra de Miguel Ángel García Soto, en el que se fijó una pensión alimenticia provisional en beneficio de su menor hija Arely Lisbeth García Villagrana, ello pone de manifiesto que no comparece en su calidad de tercero extraño, sino como parte procesal. Así las cosas, y tomando en consideración que la ahora quejosa, comparece a juicio en su calidad de representante de su menor hija y como parte procesal, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios correspondientes en contra del proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que, se encontraba obligada a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el recurso de apelación a que se refiere el artículo 374, fracción III, en relación con el diverso 712, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Sin que por otra parte, se actualice el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, en razón de que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o en su caso, algunos de los que se encuentran prohibidos por el numeral 22 Constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual forma, tampoco se actualiza la hipótesis prevista por el inciso b), del numeral citado, pues el acto reclamado no consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. Asimismo, de ningún modo se está en presencia de persona extraña al procedimiento, en términos de lo previsto por el inciso c), de la fracción XVIII, del artículo en estudio. Luego, como no se hizo valer el medio de impugnación de que se trata por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, conforme al cual cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificados o revocados por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento, aun cuando la parte interesada no lo hubiere hecho valer oportunamente. Es aplicable a este proceder, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: " AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley en comento; en consecuencia, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Alejandra Villagrana Guevara, en representación de su menor hija Arely Lisbeth García Villagrana. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Insurgentes número ciento treinta y cinco (135), Zona Centro, en esta ciudad de Zacatecas; asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados María del Carmen Bernal Lastiri, Luis Ricardo Martínez Arroyo y Jorge Arturo Bernal Tobón y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Miguel Castro López y Erick Enrique Roque Dávila.

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