Aristeo Abraham Huchim Rosales
Expediente 1782/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1782/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Aristeo Abraham Huchim Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda este expediente, se acuerda: agréguense a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio FGE/DJ/AMP/DIAT/2559/2023 y anexo que acompaña, signado por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, mediante el cual rinde su informe complementario en alcance al diverso con relación a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa; sin que sea el caso ponerlo a la vista de las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. Del informe de mérito, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, Rodrigo Jafed Zapata Sulub, promovió demanda de amparo en favor del directo quejoso Aristeo Abraham Huchin Rosales, reclamando de las autoridades responsables la incomunicación, malos tratos y privación de la libertad fuera de procedimiento (ilegal detención) en contra del directo quejoso, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 22 constitucionales. Sin embargo, del anexo relacionado en el proemio del presente proveído, se advierte que mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación FGE/NARCOMENUDEO/C.I.-157/2023, por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso; ya que dicha autoridad ministerial determinó por el momento, no ejercitar la acción penal en su contra, toda vez que el delito que se le pretende imputar, no merece prisión preventiva oficiosa, ni tampoco dicha autoridad solicitó como medida cautelar la prisión preventiva. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados. Lo anterior, se patentiza con las copias certificadas de las constancias relativas que adjuntó la responsable oficiante a la misiva de cuenta, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se causa agravio alguno a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, agréguese el informe justificado con número de oficio DEY/4570/2023, correspondiente al Delegado de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, sin que exista necesidad de emitir mayor pronunciamiento, en atención a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de los que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con la vista que se dio a las partes mediante proveído de catorce de noviembre en curso, de la prueba de inspección judicial que se llevó a cabo el diez de noviembre en curso. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: para los efectos legales condignos, agréguense a los presentes autos, los oficios DEY/4546/2023, SSP/SPEI/DPEI/JUR-AMP/2979/2023 y SSP/DJ/ME-54013/2023, correspondientes, respectivamente, a las autoridades responsables: Delegado de la Fiscalía General de la Republica; Policía Estatal de Investigación, y el último al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Director Jurídico y Comandante de Cuartel en turno, adscritos a dicha corporación, todos con sede en esta ciudad, mediante los cuales rinden informe con relación a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa en proveído de catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria, con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se efectuó a la parte tercero interesada el día ocho de noviembre del año en curso, sin que a la presente fecha hubiese desahogado la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Por sentencia firmada el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en sus puntos resolutivos primero y segundo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Magaly Abigail Panti Cruz, en contra de los actos que reclamó al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: "a) Prevenga a la parte actora en el juicio agrario TUA34-364/2021, para que amplíe su demanda en contra de la aquí quejosa Magaly Abigail Panti Cruz, siguiendo las reglas que para el emplazamiento prevé la Ley Agraria aplicable, a fin de que pueda comparecer al mismo a efecto de deducir los derechos que estime le corresponden, dado que forma parte del litisconsorcio pasivo necesario, al ser copropietaria de los demandados; sin perjuicio de que existan diversas personas que también tengan derecho de incorporarse al juicio, quienes en su caso podrán ser llamadas a fin de obviar subsecuentes reposiciones en el procedimiento de origen. b) Hecho lo cual podrá continuar con los trámites legales resolviendo con plenitud de jurisdicción a lo que en derecho proceda en el momento procesal oportuno." [.] "Deje insubsistente el auto diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio agrario 364/2021, únicamente respecto a la medida precautoria que acaeció en la parcela colectiva 128 Z-2 P1/1 del ejido de Conkal, municipio de Conkal, Yucatán; y hecho ello, dicte otra en la que determine que la medida decretada sólo opera respecto de los derechos de los demandados dejando a salvo todos aquellos de los que no han sido llamados a juicio a esa fecha." Por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo. Seguidos los trámites de ejecución, mediante los oficios con números TUA-34/UAJ/415/2023 y TUA-34/UAJ/545/2023 signados por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, con sede en esta ciudad; informó y acreditó que, por lo que toca al primer oficio, dejó insubsistente el punto quinto del acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en el juicio agrario 364/2021 únicamente en lo que se refiere a la concesión de la medida precautoria solicitada por la parte actora en el juicio de origen, sobre la parcela colectiva 128 Z-2 P1/1, del ejido de Conkal, municipio de Conkal, Yucatán. Por otra parte, en referencia a su segunda misiva, la responsable informó que derivado del escrito de la parte actora en el juicio de origen, mediante el cual manifestó su imposibilidad de indicar los domicilios de diferentes demandados, entre ellos la aquí quejosa, la responsable ordenó por acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, girar diversos oficios de búsqueda a diferentes autoridades para el efecto de que en el ámbito de sus funciones proporcionen al Tribunal responsable los domicilios de los diversos demandados en el juicio 364/2021 para proceder a su debido emplazamiento. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, se encontraba obligado, a que previniera a la parte actora en el juicio agrario TUA34-364/2021, para que amplíe su demanda en contra de la aquí quejosa Magaly Abigail Panti Cruz, siguiendo las reglas que para el emplazamiento previera la Ley Agraria aplicable, a fin de que puediera comparecer al mismo a efecto de deducir los derechos que estime le corresponden, dado que forma parte del litisconsorcio pasivo necesario, al ser copropietaria de los demandados; sin perjuicio de que existan diversas personas que también tengan derecho de incorporarse al juicio, quienes en su caso podrián ser llamadas a fin de obviar subsecuentes reposiciones en el procedimiento de origen. Hecho lo anterior podría continuar con los trámites legales resolviendo con plenitud de jurisdicción a lo que en derecho procediera en el momento procesal oportuno; también debía dejar insubsistente el auto diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio agrario 364/2021, únicamente respecto a la medida precautoria acaecida en la parcela colectiva 128 Z-2 P1/1 del ejido de Conkal, municipio de Conkal, Yucatán; y hecho ello, dictara otra en la que determine que la medida decretada sólo opera respecto de los derechos de los demandados dejando a salvo todos aquellos de los que no han sido llamados a esa fecha. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable, se desprende que la parte actora indicó la imposibilidad de proporcionar el domicilio de los demandados, entre ellos la aquí quejosa, y que ante ello se solicitó a diversas autoridades proporcionen los domicilios de los diversos demandados, empero, no se advierte el proveído en el cual la responsable hubiese prevenido a la parte actora para que amplíe su demanda en contra de Magaly Abigail Panti Cruz. Por tanto, al constituir dicho acuerdo en donde la responsable previno a la parte actora en el juicio de origen para que ampliara su demanda en contra la aquí quejosa uno de los efectos de la sentencia ejecutoria, resulta necesario sea remitido, a fin de tenerla por cumplida, ante ello, SE DECLARA QUE EL FALLO PROTECTOR NO HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase nuevamente a la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad, para que remita a este órgano jurisdiccional el acuerdo en donde previno a la parte actora para que ampliara su demanda en contra la impetrante del amparo; y por ende, cumpla cabalmente con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, correspondiente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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