Ariel Omar Herrera Flores
Expediente 417/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 417/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ariel Omar Herrera Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
LISTA DOS TERCERAS.Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de diecisiete de marzo del actual año, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la parte quejosa el veintitrés de marzo en curso y feneció el veinticinco siguiente, y en lo relativo a los terceros interesados: agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, transcurrió del veintitrés al veinticinco de marzo último; y por cuanto a Lenny Rosely Cob Ek y Dafne Rosseth May Cob, corrió del ocho al doce del presente mes. Sin que a la fecha, alguna de las partes, desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el diez de enero de dos mil veintidós, se concedió al quejoso Marcos Leonel May Kantún, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la audiencia inicial verificada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación 171/2021 y, en su lugar, repusiera el procedimiento en la que observara los siguientes lineamientos: Seguida la audiencia por sus fases legales, después de la solicitud de vinculación a proceso en que el Fiscal exponga los datos de prueba en que sustentara la petición, el juez debería instar al inculpado para que, previa consulta con su abogado, decidiera el momento en el que desea se resolviera su situación jurídica y procediera conforme a derecho. 2. En su momento, con libertad de jurisdicción y apegado a derecho, resolviera la situación jurídica del quejoso. Dicha determinación causó ejecutoria el dos de febrero del presente año, por lo que se requirió su cumplimiento a la Juez responsable. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio 888/2022, de diez de febrero citado, la Juez responsable, informó que la sentencia se encontraba en vías de cumplimiento, con motivo del diferimiento de la audiencia inicial. Lo que de nueva cuenta manifestó en sus misivas 919/2022 y 1029/2022, recepcionadas los días catorce y veintidós de febrero del año que transcurre, respectivamente. Asimismo, el ocho de marzo recién transcurrido, comunicó que en audiencia verificada en esa misma fecha, dejó insubsistente y sin efecto legal alguno, la audiencia inicial de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se había vinculado a proceso al quejoso Marcos Leonel May Kantún, y en consecuencia procedió a la reposición del procedimiento, celebrándose nuevamente en su totalidad la referida audiencia inicial, en la que una vez que la representación social formuló imputación al quejoso, y solicitó nuevamente que se le vinculara a proceso, el imputado previa consulta con su abogado, solicitó se resolviera su situación jurídica dentro de la ampliación del plazo constitucional. Lo cual se llevó a cabo el catorce de marzo siguiente, vinculándosele a proceso por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Tal como se advierte de la reproducción llevada a cabo de las referidas audiencias de ocho y catorce de marzo de dos mil veintidós. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, fracción I, se advierte que la autoridad responsable se encontraba constreñida no solamente a dejar insubsistente la audiencia inicial en la carpeta de origen y reponer el procedimiento, sino que además, en acatamiento a la sentencia firme, observó la formalidad de previa consulta que le asiste el inculpado y aquí quejoso del momento en que se resolvería su situación jurídica, lo cual aconteció dentro de la ampliación del plazo constitucional el catorce de marzo siguiente, acreditándolo fehacientemente con las documentales respectivas. De ahí que se considere destruido el acto que se le atribuyó y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Por tanto, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el citado ordinal 18, inciso a), del Acuerdo general relativo. Por lo cual, de conformidad con el aludido artículo 21, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el último párrafo del numeral 18 del Acuerdo normativo en comento. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico impreso como el incidental coinciden en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las nueve horas con veintinueve minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia incidental, sin contar con la asistencia de las partes ni sus representantes legítimos. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos e informa que no obran agregados en este cuaderno los informes previos de las autoridades responsables foráneas, no obstante hubiesen sido legalmente notificadas según se desprende de las constancias de notificación respectivas. En cuanto al Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación COVID-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca y Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Yucatán, ambos residentes en Yucalpetén, Yucatán, ya se tienen los acuses de recibo de los oficios relativos. En consecuencia, el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y se ordena celebrar la audiencia incidental en el presente asunto respecto de todas las autoridades responsables foráneas. Seguidamente, abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las documentales que adjuntó la parte quejosa a la demanda. A lo que el Juez acuerda, con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas dichas probanzas, en virtud de su propia naturaleza. Con ello, se declara cerrado el período de pruebas. Abierto el periodo de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, el Juez declara visto el incidente y procede a dictar la siguiente resolución: VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1949/2021-V-A, promovido por Gelen Karime Inurreta Borges, como representante de la menor de edad Mariana Gutiérrez Inurreta. RESULTANDO PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, Gelen Karime Inurreta Borges, como representante de la menor de edad Mariana Gutiérrez Inurreta, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó de las autoridades siguientes: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México. 2. Secretario de Salud del Gobierno de México, con sede en la Ciudad de México. 3. Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, con sede en la Ciudad de México. 4. Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México. 5. Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 6. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, con sede en esta ciudad. 7. Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 8. Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación VS. COVID-19 "Operativo Correcaminos", con sede en Yucalpetén, Yucatán. 9. Coordinador de Brigadas Especial del Estado de Yucatán, con sede en Yucalpetén, Yucatán. SEGUNDO. Formación de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado en el juicio principal el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Así mismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo el día veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, únicamente respecto de las autoridades responsables locales; señalándose nueva fecha para que tuviera verificativo la audiencia incidental respecto de las responsables foráneas, misma que previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos que la parte quejosa reclama, que como se asentaron en el auto de suspensión provisional, esencialmente son: La omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 a la menor de edad que representa, al encontrarse dentro del parámetro de los 12 a los 18 años, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto de dos mil veintiuno, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022; lo cual pone en riesgo la salud de los menores. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. Hasta el momento en que se resuelve el presente incidente, no se tiene conocimiento de que las autoridades responsables foráneas Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Secretaría de Salud, Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, todos con sede en la Ciudad de México; así como el Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca y Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Yucatán, ambos con sede en Yucalpetén, Yucatán, hayan rendido sus correspondientes informes previos, a pesar de haber sido debidamente notificados, según se aprecia de las constancias de notificación respectivas. En virtud de lo anterior, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, opera en su contra la presunción de certeza prevista en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317,630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERO. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados por la aquí parte quejosa, se advierte que su naturaleza es de carácter omisivo con efectos positivos, respecto de los cuales, es procedente conceder la medida cautelar instada bajo los siguientes términos, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la citada Ley de la materia, que son los siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario, como primer requisito que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Por otro lado, en relación con el derecho fundamental a la salud, tenemos que el artículo 4° de la Carta Magna, en su cuarto párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del Artículo 73 Constitucional. Además, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2° del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, etcétera. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4° constitucional, refiere que, por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. De lo anterior, se obtiene que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Y tomando en cuenta que a través del Estado debe garantizarse el acceso efectivo y oportuno a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, para aquellas personas que no cuenten con seguro médico, se estima que se satisfacen los requisitos enumerados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Asimismo, haciendo un análisis de la apariencia del buen derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, atendiendo al acto reclamado y las circunstancias que al momento prevalecen, en las que si bien es verdad que actualmente ya se encuentra abierto el registro de vacunación para los menores de edad entre 15 y 17 años; lo cierto es, que el regreso presencial al cien por ciento, dado el semáforo en que se encuentra la entidad, es más latente; y al no existir aún un lugar, fecha y hora determinada para que el menor quejoso, reciba la vacuna, el riesgo de contagio continúa vigente; y, por tanto, existe una mayor probabilidad que se conceda el amparo a que se niegue; pues el regreso presencial de todos los alumnos, que cursan los diversos grados escolares a las aulas, sin duda alguna los pone en un mayor riesgo a que continuara la impartición de clases a distancia; lo que hace necesario la mayor protección a la salud del mismo. Por ende, en términos de lo previsto en el numeral 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el numeral 4° cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se CONCEDE la suspensión definitiva de los actos reclamados para el efecto de que las responsables ordenen de inmediato la aplicación de la vacuna que por edad le corresponda a la menor quejosa, de no existir riesgo alguno a su salud. Considerando que en fechas recientes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aprobó la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. Tal y como se advierte del siguiente enlace de la página oficial del Gobierno Federal: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacion-a-la-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-pfizer-biontech-permitira-aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es Aplica al caso, la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 486, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2019358, que establece; "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." En la inteligencia de que las autoridades responsables señaladas deben acatar la suspensión otorgada, atendiendo a los términos y condiciones que aquí se señalan. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. SE CONCEDE la suspensión definitiva a la menor Mariana Gutiérrez Inurreta, solicitada por conducto de su representante Gelen Karime Inurreta Borges, de los actos que reclamó de las autoridades responsables foráneas Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Secretaría de Salud, Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, todos con sede en la Ciudad de México; así como el Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca y Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Yucatán, ambos con sede en Yucalpetén, Yucatán, precisadas en el considerando segundo de esta resolución incidental, en los términos expuestos en el considerando tercero de la misma. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes el informe justificado rendido por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta capital, junto con el anexo que acompaña. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 369/2022 signado por el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 37500/2021-V-A, así como del anexo consistente en el juicio ejecutivo mercantil 493/2021 de su índice. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Ariel Omar Herrera Flores1106/2022
- Ariel Omar Herrera Flores1841/2022
- Ariel Omar Herrera Flores1477/2021
- Ariel Omar Herrera Flores1251/2022
- Ariel Omar Herrera Flores1720/2023
- Ariel Omar Herrera Flores997/2020
- Ariel Román Novelo Méndez1285/2022
- Ariosto Peniche Rodriguez1433/2023
- Aristeo Abraham Huchim Rosales1782/2023
- Aristides Israel Rodriguez Cortes355/2022
- Armado Méndez Canché781/2021
- Armado Méndez Canché372/2023