ARISBEHT HERNANDEZ ROSAS y Otros.

Expediente 1386/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 36 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1386/2017
Año
2017
Actuaciones
36
Última actuación
23/11/2018

Partes del expediente

  • Lenin Vazquez Lopez
  • ARISBEHT HERNANDEZ ROSAS y Otros.
  • LENIN VAZQUEZ LOPEZ y Otros.
  • Agentes Ministeriales Que Integran la Comandancia de la Fiscalía de Secuestros Y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) En el Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se aprecia que en acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho (fojas 516 y 517), se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido; sin embargo, en dicho auto no se proveyó sobre el destino de los cuadernos incidentales que derivan del presente controvertido constitucional. En consecuencia, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, en consecuencia de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida cautelar. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del tres al veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar los cuatro discos versátiles digitales (dvds) que remitió Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en san Andrés Cholula, Puebla, relativos a la causa penal 230/2017/CHOLULA, devuélvansele los mismos, debiéndose dejar hoja de sustitución en la foja sesenta y nueve, cuatrocientos sesenta y ocho y cuatrocientos setenta y cinco, respectivamente. Del mismo modo, se ordena devolver a Fátima Josefa Cuj Hernández, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la copia cotejada de la carpeta de investigación número CDI 221/2017/FISDAI, con la que se formó el anexo I. Sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que las autoridades responsables en mención se encuentran dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar los oficios respectivos, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dichas misivas, se haga constar la entrega de los documentos descritos. En diverso aspecto, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, la parte quejosa o alguno de sus autorizados deberán acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger el documento que adjuntó a su escrito inicial de demanda; apercibida que de no hacerlo éste podrá ser depurado junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUINETE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho (foja 483), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para desahogar dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 366 a 414), se concedió el amparo y protección a L. V. L. para el efecto de que Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se CONCEDE el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por Lenin Vázquez López, para que la 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: a. Deje sin efectos parcialmente la audiencia de dos de diciembre de dos mil diecisiete, así como la diversa del día siete de los citados mes y año, ambas celebradas en la causa penal 230/2017/CHOLULA; y en su lugar, reponga la audiencia inicial, a partir del momento en que el aquí quejoso manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales formuló imputación el Ministerio Público, para que así, en caso de considerarlo procedente, el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso, exponiendo los motivos por lo que considera que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado hubiera intervenido en su comisión; hecho lo cual, entonces, se explique y pregunte al imputado si se acoge o no al plazo constitucional o a su ampliación y se continúe con las siguientes etapas de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de procedimientos Penales. En el entendido de que tal reposición de procedimiento no implica que el agente del Ministerio Público pueda modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación. b. Con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica del hoy quejoso." En acuerdo de veintisiete de julio de dos mil dieciocho (fojas 444 a 445 bis), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio 3549/2018 de dos de agosto de dos mil dieciocho (foja 456), Karla Patricia Ambrosio Vargas, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro-Poniente, residente en San Andrés Cholula, Puebla, comunicó las gestiones realizadas para cumplir con la sentencia de amparo, pues informó que en acuerdo de esa fecha, dejó insubsistente la resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete (acto reclamado) únicamente respecto del quejoso con identidad reservada L. V. L.; así mismo, comunicó que, como la jueza de ejecución que emitió ese acto se encontraba disfrutando de su periodo vacacional, y como dicha juzgadora fue quien conoció de la imputación formulada contra el aquí quejoso, atendiendo al principio de inmediación, una vez que la citada servidora pública se reincorporara a sus labores, señalaría fecha para la continuación de la audiencia inicial en la causa penal 230/2017/CHOLULA de su índice. Por lo anterior, en acuerdo de seis de agosto de dos mil dieciocho (foja 458 y 459), se requirió a la jueza de control responsable para que, una vez que concluyera su periodo vacacional, cumpliera con la sentencia de amparo. Por oficio 3720 de quince de agosto de dos mil dieciocho (foja 463), la jueza responsable informó que señaló las nueve horas del veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho para la continuación de la audiencia inicial en la causa penal de origen; por lo que en acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (foja 464) se requirió a la autoridad responsable para que, una vez que resolviera la situación jurídica del aquí quejoso, lo comunicara a esta juzgado Federal. Mediante comunicado 3873/2018/CHOLULA de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (foja 467) Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, informó que en audiencia celebrada en esa data, el quejoso se acogió a la duplicidad del plazo constitucional para que resolviera su situación jurídica y envió el registro de audio y video generado con motivo de dicha audiencia (foja 468 -DVD 1-); además, hizo saber a esta autoridad que señaló las quince horas con treinta minutos del veintiocho de agosto de la presente anualidad para la continuación de la audiencia inicial en la causa penal de origen. En atención a ello, por auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (fojas 470 y 471), se requirió a la citada jueza de control para que una vez que resolviera la situación jurídica del quejoso lo comunicara a esta autoridad. En cumplimiento a lo anterior, por oficio sin número de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 473), la citada jueza de control responsable informó que en audiencia celebrada en la propia fecha, en la causa penal 230/2017/CHOLULA de su índice, resolvió la situación jurídica del quejoso con identidad reservada L. V. L. y remitió el registro de audio y video generado con motivo de dicha audiencia (foja 475 - DVD 2 -); pero como esta autoridad advirtió que la jueza responsable omitió pronunciarse respecto a lo establecido en el considerando noveno y resolutivo tercero de la sentencia de amparo; en acuerdo de treinta de agosto de la presente anualidad, ser requirió a la jueza responsable para que cumpliera con tal extremo, esto es: Ordenara: a) la realización de las diligencias que considere necesarias para estar en aptitud de determinar si existe algún dato de prueba que haya sido obtenido como consecuencia de actos de tortura; y, b) dar vista al Agente del Ministerio Público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa conforme a los estándares nacionales e internacionales, a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecer la denuncia sobre hechos con apariencia del referido delito de tortura realizada por el quejoso. Por oficio 4030/2018 de tres de septiembre de dos mil dieciocho (foja 842), Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla informó que en acuerdo de esa data ordenó realizar las diligencias necesarias para determinar si existe algún dato de prueba obtenido como consecuencia de acto de tortura, y dio vista al agente del Ministerio Público para que iniciara la investigación correspondiente. A las documentales referidas consistentes en los discos versátiles digitales y oficios remitidos por la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, pues de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicación, en cuanto a la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." De cuyo contenido se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la jueza responsable realizó lo siguiente: a) En audiencia celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, dejó sin efectos parcialmente las audiencias de dos y siete de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 230/2018/CHOLULA de su índice (10:34:29 DVD 1). b) En esa fecha, repuso parcialmente la audiencia inicial en la causa penal citada, a partir del momento en que el quejoso con identidad reservada L. V. L. manifestó su deseo de no declarar y concedió el uso de la voz a la fiscalía para que manifestara lo que estimara pertinente, la representante social solicitó oportunidad para exponer los datos de prueba y motivos para vincular a proceso al imputado (10:39:31 DVD 1). c) La fiscal expuso los motivos y datos de prueba que obran en la carpeta de investigación (10:40:02 a 11:41:03 DVD 1) y solicitó la vinculación a proceso del quejoso con identidad reservada L. V. L. por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso a, 10, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en relación con los diversos 7, fracción II, 9, primer párrafo, 13, fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de L.O.A. y F.G.A. (11:42:16 a 11:43:09 DVD 1). d) La jueza de control responsable, explicó al quejoso los diferentes plazos que establece la Constitución Federal para resolver su situación jurídica y lo cuestión sobe cuál de los plazos elegía (11:43:25 DVD 1). e) Después de sostener una breve conversación, el defensor del imputado solicitó la duplicidad del plazo constitucional (11:43:51 DVD 1); y posteriormente el aquí quejoso manifestó su conformidad con dicha solicitud (11:44:07 DVD 1). f) La jueza responsable señaló las quince horas con treinta minutos del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, para la continuación de la audiencia inicial (11:44:53 DVD 1). g) En audiencia celebrada el veintiocho de agosto de la presente anualidad la jueza de control responsable cuestionó a la defensa del imputado si tenía manifestaciones que realizar, en términos del artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales (16:19:37 DVDV 2). h) El defensor manifestó que por el momento no tiene manifestaciones que realizar ni material probatorio que desahogar (16:19:41 DVD 2); la jueza responsable precisó al defensor que estaba pendiente el ejercicio de contradicción respecto de lo manifestado por el Ministerio Público (16:19:57 DVD 1); el defensor del aquí quejoso expresó que por estrategia se reservó el ejercicio de contradicción para etapa posterior (16:20:06 DVD 2). i) La juez resolvió la situación jurídica del quejoso; previo análisis de las constancias que obran en la carpeta judicial administrativa de origen, expuso los motivos y fundamentos de su decisión (16:28:50 a 17:04:33 DVD 2) y dictó auto de vinculación a proceso (17:04:50 DVD 2) contra el quejoso con identidad reservada L. V. L., por considerar probable su participación en la comisión del el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso a, 10, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, cometido en agravio de L.O.A. y F.G.A. j) Ordenó la realización de las diligencias necesarias para determinar si existe algún dato de prueba que haya sido obtenido como consecuencia de actos de tortura; y, dio vista al agente del Ministerio Público para que iniciara una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa conforme a los estándares nacionales e internacionales, a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecer la denuncia sobre hechos con apariencia del delito de tortura realizada por el quejoso (foja 482). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO A TRAVÉS DE MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ MATEOS EL PROVEÍDO DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho (foja 483), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para desahogar dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 366 a 414), se concedió el amparo y protección a L. V. L. para el efecto de que Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se CONCEDE el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por Lenin Vázquez López, para que la 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: a. Deje sin efectos parcialmente la audiencia de dos de diciembre de dos mil diecisiete, así como la diversa del día siete de los citados mes y año, ambas celebradas en la causa penal 230/2017/CHOLULA; y en su lugar, reponga la audiencia inicial, a partir del momento en que el aquí quejoso manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales formuló imputación el Ministerio Público, para que así, en caso de considerarlo procedente, el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso, exponiendo los motivos por lo que considera que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado hubiera intervenido en su comisión; hecho lo cual, entonces, se explique y pregunte al imputado si se acoge o no al plazo constitucional o a su ampliación y se continúe con las siguientes etapas de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de procedimientos Penales. En el entendido de que tal reposición de procedimiento no implica que el agente del Ministerio Público pueda modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación. b. Con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica del hoy quejoso." En acuerdo de veintisiete de julio de dos mil dieciocho (fojas 444 a 445 bis), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio 3549/2018 de dos de agosto de dos mil dieciocho (foja 456), Karla Patricia Ambrosio Vargas, Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro-Poniente, residente en San Andrés Cholula, Puebla, comunicó las gestiones realizadas para cumplir con la sentencia de amparo, pues informó que en acuerdo de esa fecha, dejó insubsistente la resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete (acto reclamado) únicamente respecto del quejoso con identidad reservada L. V. L.; así mismo, comunicó que, como la jueza de ejecución que emitió ese acto se encontraba disfrutando de su periodo vacacional, y como dicha juzgadora fue quien conoció de la imputación formulada contra el aquí quejoso, atendiendo al principio de inmediación, una vez que la citada servidora pública se reincorporara a sus labores, señalaría fecha para la continuación de la audiencia inicial en la causa penal 230/2017/CHOLULA de su índice. Por lo anterior, en acuerdo de seis de agosto de dos mil dieciocho (foja 458 y 459), se requirió a la jueza de control responsable para que, una vez que concluyera su periodo vacacional, cumpliera con la sentencia de amparo. Por oficio 3720 de quince de agosto de dos mil dieciocho (foja 463), la jueza responsable informó que señaló las nueve horas del veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho para la continuación de la audiencia inicial en la causa penal de origen; por lo que en acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (foja 464) se requirió a la autoridad responsable para que, una vez que resolviera la situación jurídica del aquí quejoso, lo comunicara a esta juzgado Federal. Mediante comunicado 3873/2018/CHOLULA de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (foja 467) Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, informó que en audiencia celebrada en esa data, el quejoso se acogió a la duplicidad del plazo constitucional para que resolviera su situación jurídica y envió el registro de audio y video generado con motivo de dicha audiencia (foja 468 -DVD 1-); además, hizo saber a esta autoridad que señaló las quince horas con treinta minutos del veintiocho de agosto de la presente anualidad para la continuación de la audiencia inicial en la causa penal de origen. En atención a ello, por auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (fojas 470 y 471), se requirió a la citada jueza de control para que una vez que resolviera la situación jurídica del quejoso lo comunicara a esta autoridad. En cumplimiento a lo anterior, por oficio sin número de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 473), la citada jueza de control responsable informó que en audiencia celebrada en la propia fecha, en la causa penal 230/2017/CHOLULA de su índice, resolvió la situación jurídica del quejoso con identidad reservada L. V. L. y remitió el registro de audio y video generado con motivo de dicha audiencia (foja 475 - DVD 2 -); pero como esta autoridad advirtió que la jueza responsable omitió pronunciarse respecto a lo establecido en el considerando noveno y resolutivo tercero de la sentencia de amparo; en acuerdo de treinta de agosto de la presente anualidad, ser requirió a la jueza responsable para que cumpliera con tal extremo, esto es: Ordenara: a) la realización de las diligencias que considere necesarias para estar en aptitud de determinar si existe algún dato de prueba que haya sido obtenido como consecuencia de actos de tortura; y, b) dar vista al Agente del Ministerio Público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa conforme a los estándares nacionales e internacionales, a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecer la denuncia sobre hechos con apariencia del referido delito de tortura realizada por el quejoso. Por oficio 4030/2018 de tres de septiembre de dos mil dieciocho (foja 842), Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla informó que en acuerdo de esa data ordenó realizar las diligencias necesarias para determinar si existe algún dato de prueba obtenido como consecuencia de acto de tortura, y dio vista al agente del Ministerio Público para que iniciara la investigación correspondiente. A las documentales referidas consistentes en los discos versátiles digitales y oficios remitidos por la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, pues de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicación, en cuanto a la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." De cuyo contenido se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la jueza responsable realizó lo siguiente: a) En audiencia celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, dejó sin efectos parcialmente las audiencias de dos y siete de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 230/2018/CHOLULA de su índice (10:34:29 DVD 1). b) En esa fecha, repuso parcialmente la audiencia inicial en la causa penal citada, a partir del momento en que el quejoso con identidad reservada L. V. L. manifestó su deseo de no declarar y concedió el uso de la voz a la fiscalía para que manifestara lo que estimara pertinente, la representante social solicitó oportunidad para exponer los datos de prueba y motivos para vincular a proceso al imputado (10:39:31 DVD 1). c) La fiscal expuso los motivos y datos de prueba que obran en la carpeta de investigación (10:40:02 a 11:41:03 DVD 1) y solicitó la vinculación a proceso del quejoso con identidad reservada L. V. L. por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso a, 10, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en relación con los diversos 7, fracción II, 9, primer párrafo, 13, fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de L.O.A. y F.G.A. (11:42:16 a 11:43:09 DVD 1). d) La jueza de control responsable, explicó al quejoso los diferentes plazos que establece la Constitución Federal para resolver su situación jurídica y lo cuestión sobe cuál de los plazos elegía (11:43:25 DVD 1). e) Después de sostener una breve conversación, el defensor del imputado solicitó la duplicidad del plazo constitucional (11:43:51 DVD 1); y posteriormente el aquí quejoso manifestó su conformidad con dicha solicitud (11:44:07 DVD 1). f) La jueza responsable señaló las quince horas con treinta minutos del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, para la continuación de la audiencia inicial (11:44:53 DVD 1). g) En audiencia celebrada el veintiocho de agosto de la presente anualidad la jueza de control responsable cuestionó a la defensa del imputado si tenía manifestaciones que realizar, en términos del artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales (16:19:37 DVDV 2). h) El defensor manifestó que por el momento no tiene manifestaciones que realizar ni material probatorio que desahogar (16:19:41 DVD 2); la jueza responsable precisó al defensor que estaba pendiente el ejercicio de contradicción respecto de lo manifestado por el Ministerio Público (16:19:57 DVD 1); el defensor del aquí quejoso expresó que por estrategia se reservó el ejercicio de contradicción para etapa posterior (16:20:06 DVD 2). i) La juez resolvió la situación jurídica del quejoso; previo análisis de las constancias que obran en la carpeta judicial administrativa de origen, expuso los motivos y fundamentos de su decisión (16:28:50 a 17:04:33 DVD 2) y dictó auto de vinculación a proceso (17:04:50 DVD 2) contra el quejoso con identidad reservada L. V. L., por considerar probable su participación en la comisión del el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso a, 10, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, cometido en agravio de L.O.A. y F.G.A. j) Ordenó la realización de las diligencias necesarias para determinar si existe algún dato de prueba que haya sido obtenido como consecuencia de actos de tortura; y, dio vista al agente del Ministerio Público para que iniciara una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa conforme a los estándares nacionales e internacionales, a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecer la denuncia sobre hechos con apariencia del delito de tortura realizada por el quejoso (foja 482). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

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