ARIEL VIÑAS ZENTENO y Otros.
Expediente 720/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 720/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Lucio Villerias Rivera
- ARIEL VIÑAS ZENTENO y Otros.
- Ariel Viñas Zenteno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. No es obstáculo, que no obren los acuses de recibo de los oficios por los cuales se ordenó la notificación de la referida resolución a las autoridades responsables 1. ********************, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación, con sede en Iguala, Guerrero, 2. Fiscal General de la República y 3. Titular de la Policía Federal Ministerial, en razón que carecen de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; así como por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Raúl Bonilla Hernández, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por autorización contenida mediante oficio CCJ/ST/2537/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Maribel Pereda Corvera, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. RRL. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, diez de diciembre de dos mil veinte. Intégrese a sus autos, únicamente para que obre como corresponda, el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Correos de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación, que contiene el oficio 359.4, dirigido a la autoridad responsable que el quejoso denominó como 4. "Comisionado General de la Policía Federal", con el sello al reverso que dice: "REHUSADA LA AUTORIDAD ES INEXISTENTE (.)" En consecuencia, se tiene por inexistente dicha autoridad y se ordena suspender cualquier comunicación oficial con ella; sin perjuicio de lo que se acuerde en el expediente principal del que deriva la presente incidencia CÚMPLASE...
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 720/2020-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Ariel Viñas Zenteno, Lucio Villerías Rivera y Sotero Mendoza Martínez; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, mediante buzón judicial y remitida el cinco de octubre siguiente, en archivo digital a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; Ariel Viñas Zenteno, Lucio Villerías Rivera y Sotero Mendoza Martínez solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Manuel María Morteo Verdejo, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación, con sede en Iguala, Guerrero, y otras autoridades. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1,14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto admisorio. Por acuerdo dictado el seis de octubre del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 720/2020-C; asimismo, se admitió a trámite, y se aperturó incidente de suspensión por cuerda separada; requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Cita para audiencia. Mediante proveído de veinticinco de noviembre del actual, se fijaron las diez horas con cincuenta y seis minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos privativos de libertad, cuya ejecución se atribuye a autoridades federales con jurisdicción en toda la República. Además, conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, al no tener ejecución material los citatorios que se impugnan, es competente este órgano jurisdiccional en cuya jurisdicción se presentó la demanda de amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que los quejosos Ariel Viñas Zenteno, Lucio Villerías Rivera y Sotero Mendoza Martínez reclaman: ( La orden de comparecencia; ( La orden de presentación; ( La orden de detención: ( La orden de aprehensión; ( La ejecución de dichos mandamientos; y, ( Los citatorios contenidos en los oficios UNAI-IGUA-992/2020, UNAI-IGUA-993/2020, UNAI-IGUA-994/2020, y UNAI-IGUA-996/2020 de veintidós de septiembre de dos mil veinte, derivados de la carpeta de investigación FED/GRO/IGUA/0000857/2020. Tercero. Exclusión de autoridades de la litis. Previas vistas otorgadas a los quejosos por autos de veintiséis de octubre y cuatro de noviembre del presente año, sin que aquéllos las hayan desahogado, mediante diversos proveídos de nueve y dieciocho de noviembre del actual, se tuvieron por inexistentes a las autoridades que se denominaron como 4. Comisionado General de la Policía Federal, 5. Titular de la Coordinación Estatal en el Estado de Puebla de la Policía Federal y 6. Comisionado Estatal en el Estado de Puebla de la Policía Federal; por tanto, las referidas autoridades se excluyen de la materia de este juicio de amparo. Cuarto. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados- que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado ORDENADORA. 1 1. Manuel María Morteo Verdejo, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación, con sede en Iguala, Guerrero. Omitió y Aceptó. EJECUTORAS. 2 2. Fiscal General de la República, por conducto de su representante. Niega. 3 3. Titular de la Policía Federal Ministerial, por conducto de su representante Niega Apartado A. Inexistencia de los actos reclamados y sobreseimiento. La autoridad responsable ordenadora 1. Manuel María Morteo Verdejo, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación, con sede en Iguala, Guerrero omitió pronunciarse en relación con las órdenes de detención, aprehensión, comparecencia y presentación reclamadas; asimismo, aceptó la existencia de un citatorio dirigido al quejoso Lucio Villerías Rivera, para que compareciera a declarar en carácter de imputado. Sin embargo, tales circunstancias no impiden decretar el sobreseimiento por inexistencia de tales actos, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de la copia autorizada de la carpeta de investigación FED/GRO/IGUA/0000857/2020, que dicho fiscal remitió en complemento a su informe y la cual tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia -por tratarse de una documental pública-, no se advierte la existencia de las órdenes reclamadas ni de un citatorio dirigido al quejoso Lucio Villerías Rivera, aunado a que no existe diversa prueba que acredite su existencia. Por otro lado, las autoridades responsables ejecutoras 2. Fiscal General de la República y 3. Titular de la Policía Federal Ministerial negaron la existencia de ejecutar las órdenes reclamadas antes apuntadas, sin que exista probanza que desvirtúe sus negativas. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de las autoridades responsables y los citados actos reclamados. Apartado B. Existencia de los actos reclamados. En diverso sentido, el fiscal responsable aceptó la existencia de los citatorios dirigidos a los quejosos Ariel Viñas Zenteno y Sotero Mendoza Martínez, a fin de que comparecieran ante la representación social para el desahogo de una diligencia ministerial en carácter de imputadas, dentro de la carpeta de investigación FED/GRO/IGUA/0000857/2020. De ahí que se tengan por ciertos los aludidos actos. Certeza que se corrobora con la documental que el fiscal acompañó a su informe justificado, consistente en copia autorizada de la citada indagatoria, valorada en líneas precedentes. No ha lugar a desvirtuar las negativas de las autoridades responsables ejecutoras respecto a los citatorios reclamados, no obstante que por la naturaleza de sus funciones tienen el deber de auxiliar al agente del ministerio público en el cumplimiento de los actos de investigación que emite, ya que tales citaciones no conllevan una ejecución material, sino se trata de una comunicación a los interesados para que, simplemente, se enteren de la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial, sin el auxilio de la fuerza pública, a pesar de que contenga o pudiera contener un apercibimiento. Quinto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La carpeta de investigación de la que derivan los citatorios reclamados que se tuvieron por ciertos, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que le son aplicables las disposiciones que regulan a este nuevo sistema. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de tal acto se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. Sexto. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. A mayor abundamiento, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Por ende, este juzgado procede al estudio de las causales de improcedencia que se advierten de oficio. 1. Improcedencia por no existir un derecho fundamental que pueda ser violado con la emisión del acto reclamado. El suscrito considera que respecto de los citatorios reclamados, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del análisis del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 1°, fracción I, y con el precepto 107, fracción I, Constitucional. Se explica. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que será improcedente el juicio cuando su causal resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia ley. Por su parte, el artículo 1 de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos del gobernado y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. En tanto que el precepto Constitucional señalado, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, se colige que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que no exista un derecho fundamental que pueda ser violado con la emisión del acto reclamado. Sentado lo anterior, los quejosos Ariel Viñas Zenteno y Sotero Mendoza Martínez reclaman los citatorios contenidos en los oficios UNAI-IGUA-992/2020, UNAI-IGUA-993/2020, UNAI-IGUA-994/2020, y UNAI-IGUA-996/2020 de veintidós de septiembre de dos mil veinte -respectivamente-, derivados de la carpeta de investigación FED/GRO/IGUA/0000857/2020. En dichos citatorios se le hizo saber que debían comparecer para el desahogo de una diligencia ministerial, consistente en declarar en calidad de imputados, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondría una de las medidas de apremio previstas en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es oportuno señalar que la naturaleza de dichas citaciones, emitidas dentro de una carpeta de investigación, no se pueden considerar como actos que restrinjan la libertad personal, pues ese no es su objeto, sino lograr la comparecencia para la realización de un acto procesal. Lo anterior, en virtud de que el Ministerio Público, en ejercicio de su actividad de investigación, conforme a lo previsto por los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está en posibilidades de emitir citatorios a cualquier persona, con la excepción que los mismos preceptos establecen. Asimismo, en este punto debe destacarse que una vez terminada la diligencia, el citado podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar su carpeta de investigación, misma que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, la representación social ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una carpeta de investigación, por sí misma, -se considera- no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial. Al respecto, el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la contradicción de tesis 1/2018, esencialmente sostuvo que el juicio de amparo indirecto no era procedente contra una citación emitida por el agente del Ministerio Público en una averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contenía apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asistiera a la cita. Ello, porque -señaló- contra las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, el amparo era improcedente; y si bien esa regla admitía excepciones, -precisó- ello sería cuando se afectaren -o existiera la posibilidad de que se afectaren- derechos sustantivos de los gobernados. Ahora bien, este juzgado considera que no es obstáculo para concluir lo anterior, que el agente del ministerio público pueda influir en la decisión del gobernado, a través de un apercibimiento en el sentido de hacer efectiva alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no asistir. Ciertamente, -en su momento- la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia número 4/2011 el diez de agosto de dos mil once, determinó que la comparecencia ante el agente del ministerio público lograda por medio de una orden de localización, búsqueda y presentación, si bien no tenía como propósito lograr su detención, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habría de sujetarse el buscado, limitaba temporalmente su derecho a la libertad. Lo último, según explicó, porque una vez cumplida, ésta finalizaría al momento en el que el Agente del Ministerio Público desahogara la diligencia que motivó su presencia y es, hasta ese momento y de no existir causa legal que lo impidiera, que el presentado podía retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por ende, -concluyó- que era evidente que sí afectaba la libertad deambulatoria de la persona involucrada. Sin embargo, debe decirse que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cambiado su postura sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de que solo tengan el efecto de citar a una persona para el desahogo de una diligencia. Ciertamente, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, sostuvo que la cita a la audiencia inicial para formulación de la imputación (en el nuevo sistema de justicia penal), no afectaba la libertad de la persona citada, pues -afirmó- constituía un acto mediante el cual el juez le comunicaba que requería su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará la investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva. De forma que, -precisó- la orden de aprehensión con la que apercibía al investigado en la hipótesis de no comparecer, no era inminente, pues dependía de hechos futuros e inciertos, como son su inasistencia, su falta injustificada y en la eventual solicitud del fiscal para que el juez ordenara su captura. Lo anterior, orilló a que dicha sala del Máximo Tribunal del País abandonara el criterio plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), en donde se estableció, en su momento, que el juicio de amparo indirecto era procedente contra el auto que ordenaba la citación del investigado a la audiencia de formulación de la imputación, por estimar que el apercibimiento de orden de aprehensión que contenía, transgredía el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria, porque colocaba al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el hecho de no acudir. Por tanto, el nuevo criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sostenido por el Pleno en Materia Penal de este circuito, permiten arribar a la conclusión de que la cita a una diligencia de carácter ministerial emitida por la representación social dentro de una carpeta de investigación, incluso con apercibimiento de imposición de alguna medida de apremio conforme al Código Nacional, no afecta a la libertad personal del quejoso ni su deambulatoria. Lo anterior, porque, en todo caso, la posibilidad de hacer efectivo un apercibimiento estaría sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta. La primera, la inasistencia del citado; la segunda, que no existiera justificación de tal inasistencia; y, la tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público emitiera la determinación respectiva. De ahí la actualización de la causal de improcedencia señalada. 2. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee este sumario constitucional por cuanto a los citatorios contenidos en los oficios UNAI-IGUA-992/2020, UNAI-IGUA-993/2020, UNAI-IGUA-994/2020 y UNAI-IGUA-996/2020 de veintidós de septiembre de dos mil veinte -respectivamente-, derivados de la carpeta de investigación FED/GRO/IGUA/0000857/2020, del índice del fiscal responsable. Atento a lo considerado, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra de los aludidos citatorios, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide un pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 63, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Esta sentencia no se ocupa de la autoridad que se tuvo por inexistente, en términos del considerando tercero de esta resolución. Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Ariel Viñas Zenteno, Lucio Villerías Rivera y Sotero Mendoza Martínez, contra los actos, autoridades y por los motivos precisados en los considerandos segundo, cuarto, Apartado A, y sexto de esta sentencia. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a los quejosos; y, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público del Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Visto, intégrese a las presentes actuaciones el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación, Iguala en el Estado de Guerrero, Manuel María Mortero Verdejo, por conducto de su representante, mediante el cual, en cumplimiento al auto de diecinueve de noviembre pasado, remite copia cotejada de todo lo actuado en la carpeta de investigación FED/GRO/IGUA/0000857/2020 de su índice. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas de su parte las documentales que anexa a su oficio de cuenta, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno. Finalmente, afecto de que las partes se impongan del contenido de este auto, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se difiere anticipadamente, señalándose las diez horas con cincuenta y seis minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte, para su celebración. Notifíquese por lista a las partes.
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