ARIEL VEGA DIAZ y Otros.

Expediente 85/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 26 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
85/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • Ariel Vega Diaz
  • ARIEL VEGA DIAZ y Otros.
  • Jorge Vega Diaz
  • JORGE VEGA DIAZ y Otros.
  • Gobernador del Estado de Baja California Norte- Mexicali

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos para que obre como lealmente corresponda el oficio que envía el Secretario General de Acuerdos Interino del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, a través del cual se le tiene acusando recibo del oficio con el que se le comunicó que la sentencia emitida en el presente juicio causó ejecutoria. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de septiembre de dos mi veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. Por tanto, deberá de procederse a su depuración una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de tomos de pruebas. Finalmente, devuélvase al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, tres tomos de pruebas. Notifíquese; personalmente a los quejosos o a sus defensores públicos.

  3. Principal

    hago constar que en cumplimiento al proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se practica la notificación de la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós y el proveído de diecinueve de octubre de este año, al quejoso Ariel Vega Díaz, en el juicio de amparo 85/2021-I, por medio de lista de estrados, que en síntesis dicen:"R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******, en favor de *****y ****, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los diversos considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente." "Tijuana, Baja California, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Imposibilidad actuarial. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario judicial para notificar la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós, al quejoso Ariel Vega Díaz, toda vez que al constituirse en las instalaciones del Centro de Reinserción Social "El Hongo", en Tecate, Baja California, le fue informado que el citado impetrante fue puesto en libertad el cuatro de febrero de dos mil veintidós. Por otra parte, de autos no se advierte un diverso domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizarle por lista la notificación la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós, del presente acuerdo y los subsecuentes, aun las de carácter personal, en términos del numeral 26, fracción III de la ley de la materia. Notifíquese por medio de lista al quejoso Ariel Vega Díaz."

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de dos de marzo de dos mil veintidós, y remite copia certificada de las constancias ahí requeridas; por tanto, con el contenido de dichas documentales, dese vista a las partes en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis I.5o.C.2K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 594, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Pruebas documentales. Dichas constancias se toman como pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable, y con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente a los quejosos o a sus defensores

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