Arcelia Patricia Jimenez Brizuela
Expediente 27/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 55 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 55
- Última actuación
- 07/04/2022
Partes del expediente
- Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California
- Maricela Cazares Solis
- GABRIEL CASTRO GARCIA y Otros.
- Arcelia Patricia Jimenez Brizuela
- Jorge Reyes Govea
- JORGE REYES GOVEA y Otros.
- Maria Irina Medina Inzunza
- ARCELIA PATRICIA JIMENEZ BRIZUELA y Otros.
- MARICELA CAZARES SOLIS y Otros.
- MAIRA VIRGINIA ESTAVILLO YAÑEZ y Otros.
- Gabriel Castro Garcia
- MARIA IRINA MEDINA INZUNZA y Otros.
- SOFIA TISCAREÑO HERNANDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 55.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los escritos signados por los autorizados de la parte quejosa y la moral tercero interesada, respectivamente, mediante los cuales desahogan la vista otorgada en proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, y realizan las manifestaciones que a su parte corresponden respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables; lo que se tomará en consideración más adelante. Certificación. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento del fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver con base en los elementos que obran en el expediente. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la ejecutoria dictada por el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California en sesión ordinaria de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a Arcelia Patricia Jiménez Brizuela, Jorge Reyes Govea, María Irina Medina Inzunza, Maira Virginia Estavillo Yáñez, Gabriel Castro García, Maricela Cázares Solís, Biridiana Ruvalcaba García, Sofía Tiscareño Hernández, Lucía Guadalupe García Aldana y Juan Andrés López Barreras, contra los actos que reclamaron del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, y de otras autoridades para lo siguiente: De manera que, se estima debe concederse el amparo a los quejosos, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas esferas de competencia dejen sin efectos la licencia de construcción con número ZC2017A1172 y dictamen de factibilidad contenido en el oficio 1,738,286 del expediente 1469/2017, de uso de suelo, ambos para una estación de carburación en relación con el predio identificado con la clave catastral GY022001. Hecho lo cual, den intervención a los quejosos aquí recurrentes, en el procedimiento administrativo de solicitud de uso de suelo correspondiente, a efecto de que hagan valer lo que en su derecho convenga. Acciones realizadas para cumplir la sentencia. Por su parte, la delegada de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, mediante oficio registrado con el folio 5215, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para acreditarlo, remitió copia certificada de la determinación de siete de marzo de dos mil veintidós, a través de la cual dejó sin efectos el dictamen de factibilidad de uso de suelo, emitido dentro del expediente 1469/2017, con número de folio 1,738,286, para uso especial de una estación de carburación de gas, a favor de Cecilia Barone de Castellanos, así como la licencia de construcción número ZC2017A1172 de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, a favor de Cecilia Barone de Castellanos y/o la moral Es Blue Propane, Sociedad Anónima de Capital Variable, para la referida estación. Asimismo, ordenó dar intervención a Arcelia Patricia Jiménez, en su carácter de representante común de los quejosos, en el procedimiento administrativo de Solicitud de Uso de Suelo 1469/2017, de su índice. Determinación que se notificó personalmente el quince de marzo de dos mil veintidós, por conducto de su autorizado. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a los lineamientos ordenados en la ejecutoria de amparo, en razón de que a través de la determinación de siete de marzo de dos mil veintidós, se realizó lo siguiente: 1. Se dejó sin efectos el dictamen de factibilidad de uso de suelo, emitido dentro del expediente 1469/2017, con número de folio 1,738,286, para uso especial de una estación de carburación de gas, a favor de Cecilia Barone de Castellanos, 2. De igual manera, se dejó sin efectos la licencia de construcción número ZC2017A1172 de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, a favor de Cecilia Barone de Castellanos y/o la moral Es Blue Propane, Sociedad Anónima de Capital Variable, para la referida estación; 3. Ordenó dar intervención a Arcelia Patricia Jiménez, en su carácter de representante común de los quejosos, en el procedimiento administrativo de Solicitud de Uso de Suelo 1469/2017, de su índice; y, 4. Dicha determinación fue notificada personalmente el quince de marzo de dos mil veintidós, por conducto de su autorizado. En atención a lo expuesto, en contraste con los efectos del fallo, se puede concluir que las responsables cumplieron con el mismo, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Manifestaciones. Sin que obste a lo anterior las manifestaciones realizadas por los autorizados de la parte quejosa y la moral tercera interesada, en sus escritos de cuenta, en las que exponen lo siguiente. Parte quejosa. El autorizado de la parte quejosa, sustancialmente sostiene que debe declararse no cumplida la ejecutoria de amparo toda vez que las autoridades responsables no deben limitarse a dejar sin efectos el dictamen de factibilidad de uso de suelo, así como la licencia de construcción relacionadas a los actos que por esta vía se reclamaron, sino que deben informar tal determinación a las diversas autoridades federales que pudieron haber tomado en consideración tales autorizaciones para emitir otro tipo de permisos. Lo manifestado por la parte quejosa, deviene infundado dado que, la concesión del amparo fue para restituir el derecho de audiencia de los quejosos, esto es, que las autoridades responsables dejaran sin efectos la licencia y dictamen de factibilidad de uso de suelo, a efecto, de que los promoventes del amparo fueran llamados al procedimiento administrativo de origen. Efectos que son los siguientes: Dejar sin efectos la licencia de construcción con número ZC2017A1172 y dictamen de factibilidad contenido en el oficio 1,738,286 del expediente 1469/2017, de uso de suelo, ambos para una estación de carburación en relación con el predio identificado con la clave catastral GY022001. Dar intervención a los quejosos en el procedimiento administrativo de solicitud de uso de suelo correspondiente, a efecto de que hicieran valer lo que en su derecho convenga. De ahí que, se reitera, los efectos del amparo únicamente fueron para proteger la garantía de audiencia de los quejosos al procedimiento administrativo de origen. Moral tercera interesada. Por parte, el autorizado de la moral tercera interesada, manifiesta que debe decretarse la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, toda vez que la parte quejosa debe probar en el procedimiento administrativo de origen la existencia de la peligrosidad y el riesgo en la salud que aduce en el escrito que presentó ante la autoridad responsable el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en el que se limitó a manifestar que no es su voluntad otorgar consentimiento o anuencia favorable para la emisión de algún dictamen de uso de suelo favorable, licencia de construcción, entre otros, para la instalación de la estación de carburación, planta de almacenamiento y/o distribución de gas L.P., en el domicilio ubicado en calle Loma Dorada número 19191, colonia Loma Dorada, en esta ciudad. Asimismo, refiere el representante de la tercera interesada, que con motivo de que le fue concedida la protección constitucional en el juicio de amparo 1043/2019 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, contra el acto reclamado al Ayuntamiento de Tijuana, consistente en la aplicación del acuerdo de cabildo de uno de noviembre de dos mil dieciséis, en el que aprobó suspender temporalmente a través de una moratoria, la expedición de autorizaciones en materia de usos de suelo que impliquen la instalación y operatividad de estaciones de carburación de gas licuado en esta ciudad, es por lo que considera que debe declararse la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que se estarían afectando los derechos adquiridos al ya contar su representada con las autorizaciones de uso de suelo. En ese sentido, se hace del conocimiento del autorizado de la moral tercera interesada, que no se puede decretar la imposibilidad material y jurídica para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo toda vez que -se reitera-, tal como se advierte de los párrafos precedentes, las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a todos los efectos para los cuales se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión. Efectos en los que no se establecen los requisitos que deban seguir, ninguna de las partes en el controvertido administrativo de origen; en el entendido que todos los actos jurídicos que pretendan hacer valer en el mismo, no forman parte del fallo protector. Por otra parte, con la concesión del amparo en el presente juicio de amparo, no se afectan los derechos que aduce tiene adquiridos la tercera interesada, tampoco se interfiere, en su caso, con la concesión del diverso juicio de amparo que refiere le fue concedida para que no se aplique la moratoria de expedición de autorizaciones en materia de usos de suelo, ello es así, porque los efectos decretados por el Tribunal Colegiado que conoció del recurso de revisión interpuesto por los quejosos, fueron únicamente a efecto de tutelar la garantía de audiencia de los promoventes del juicio de amparo en el procedimiento administrativo de origen. De ahí que las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa y tercera interesada, no son suficientes para variar el sentido de lo determinado en párrafos anteriores. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo hágase su depuración, debiéndose conservar únicamente las determinaciones por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de documentos. Finalmente, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos, junto con el expediente, de conformidad con lo señalado en el artículo 21 del mencionado Acuerdo General. Devolución de garantía. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que obran los billetes de depósito N 659990 y N 660011, valiosos por las cantidades de $100,000.00 pesos (cien mil pesos moneda nacional) y $150,000.00 pesos (ciento cincuenta mil pesos moneda nacional), respectivamente, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, sumando la cantidad de $250,000.00 pesos (doscientos cincuenta mil pesos 00/100, moneda nacional), con los cuales la parte quejosa garantizó la cantidad fijada para que siga surtiendo efectos la suspensión definitiva que se le concedió en resolución de seis de febrero de dos mil diecinueve; y toda vez que en párrafos precedentes se ordenó el archivo definitivo de este expediente, se ordena la devolución de dicho billetes de depósito exhibidos por la parte quejosa, en virtud que es innecesaria su retención. Por lo tanto, requiérase a la parte quejosa, para que comparezca ante este juzgado en días y horas hábiles, debidamente identificada, a fin de que se le haga la entrega de los billetes de depósito de referencia, se apercibe que de no hacerlo, dentro del plazo de dos años, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, éstos prescribirán a favor del fisco federal. Devolución de tomos de pruebas. Finalmente, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, devuélvanse los tomos de pruebas que remitió la autoridad responsable con su informe justificado. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la delegada de las autoridades responsables, mediante el cual, se le tiene informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto, y al efecto remite las constancias con las que acredita su dicho. Vista con cumplimiento. En consecuencia, con el contenido del referido oficio y anexos, y con el resto de las constancias que obran en autos, dese vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Se recibe ejecutoria. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, al que acompaña lo siguiente: El cuaderno original del presente juicio de amparo en dos tomos; Dos tomos de pruebas; y, Testimonio de la resolución relativa al amparo en revisión administrativo 347/2021. En consecuencia, estese a lo resuelto por el referido tribunal, el cual determinó lo siguiente: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia recurrida, por las razones expuestas en el quinto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se revoca la resolución dictada el ocho de junio de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 27/2019 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana. (sic) TERCERO. La justicia de la unión ampara y protege a Arcelia Patricia Jiménez Brizuela, Jorge Reyes Govea, María Irina Medina Inzunza, Maira Virginia Estavillo Yáñez, Gabriel Castro García, Maricela Cázares Solís, Biridiana Ruvalcaba García, Sofía Tiscareño Hernández, Lucía Guadalupe Gardía Aldana y Juan Andrés López Barreras, por las razones y para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. (sic)" Acuse, anotaciones y cuaderno de antecedentes. Consecuentemente, acúsese recibo de estilo a la superioridad y háganse las anotaciones conducentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, glósese a los autos las actuaciones que no obran en este expediente y que se encuentran anexas al cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo del recurso de revisión. Ahora, en la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 347/2021, del índice del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, se otorgó el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa en los siguientes términos: "[.] De manera que, se estima debe concederse el amparo a los quejosos, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas esferas de competencia dejen sin efectos la licencia de construcción con número ZC2017A1172 y dictamen de factibilidad contenido en el oficio 1,738,286 del expediente 1469/2017, de uso de suelo, ambos para una estación de carburación en relación con el predio identificado con la clave catastral GY022001. Hecho lo cual, den intervención a los quejosos aquí recurrentes, en el procedimiento administrativo de solicitud de uso de suelo correspondiente, a efecto de que hagan valer lo que en su derecho convenga." En atención a ello, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, den cumplimiento al fallo protector, remitiéndoles para ello copia de la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no acatar lo antes precisado, esto es, de no informar, ni remitir las constancias conducentes, o bien, de no informar el impedimento legal que tengan para ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la precitada ley, le será impuesta multa de cien días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, tomo I, noviembre de dos mil catorce, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, registro 2007918, que señala (énfasis añadido): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades responsables, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Director General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Ciudad de México, mediante el cual informa que para tramitar el pago de honorarios del perito oficial designado en autos, es necesario que en la estimación de honorarios, se desglosen las actividades realizadas para la elaboración del dictamen, especificando las horas empleadas, así como que se precise el monto de los honorarios en Unidades de Medida de Actualización, y su equivalente en moneda nacional. En consecuencia, con copia del oficio que se atiende, requiérase vía correo electrónico al perito oficial José Felipe Sánchez Minero, a fin de que dé cumplimiento con lo solicitado por el Director General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Ciudad de México, y una vez que se cuente con lo anterior, remítase a la brevedad posible a la autoridad oficiante. Notifíquese.
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