Ariel Ortiz Reyes

Expediente 792/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
792/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
17/09/2019

Partes del expediente

  • Ariel Ortiz Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 792/2019-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la Sala Auxiliar del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos del I al VI; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase...

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón asentada por la Actuaria de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar de manera personal a la parte tercero interesada JOSÉ CARLOS DE LA SIERRA BARKER, COMO NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DE CUAUTLA, MORELOS, la resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, por los motivos que expone; atento a lo anterior, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que practique la notificación del acuerdo de mérito a la parte tercero interesada, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 792/2019-IV, promovido por ARIEL ORTIZ REYES en su carácter de albacea de la sucesión de FRANCISCO ORTIZ DUARTE; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, ARIEL ORTIZ REYES en su carácter de albacea de la sucesión de FRANCISCO ORTIZ DUARTE, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, los que hizo consistir en la resolución emitida el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil 718/2018-14 y su ejecución. SEGUNDO. Previo desahogo de prevención por auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez Octavo de Distrito admitió a trámite la demanda, fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, ordenó dar la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción (fojas 43 a 52). Por acuerdos de dieciocho de febrero y ocho de abril, ambos, de dos mil diecinueve, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Carlos Ortiz Reyes y José Carlos de la Sierra Barker, lo cual se llevó a cabo en diligencias de diecinueve de febrero y catorce de mayo de dos mil diecinueve. TERCERO.- Por acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, se declaró legalmente incompetente por razón de turno y declinó la competencia a favor de este Juzgado de Distrito, remitiendo el juicio de amparo 1915/2018 y sus anexos, dejando sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional. CUARTO.- Por acuerdo de doce de junio de dos mil diecinueve, se asumió el conocimiento del presente juicio de amparo registrándolo con el número 792/2019-IV, se homologaron las actuaciones practicadas, se comunicó la radicación del juicio a las partes y se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se les atribuyen los actos reclamados. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la resolución emitida el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil 718/2018-14, toda vez que así lo manifestó al rendir el informe justificado (foja 59). Al respecto, la Sala responsable exhibió copia certificada de las constancias que integran el toca civil 718/2018-14 (anexo II), de la que se advierte la existencia del acto reclamado; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De igual forma, son ciertos los actos de ejecución reclamados al Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, toda vez que así lo manifestó en el informe justificado (fojas 79). TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia por ser una cuestión oficiosa en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. El tercero interesado Carlos Ortiz Reyes argumentó que en el presente juicio de actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución reclamada no afecta el interés jurídico del quejoso. Se desestima la causal de improcedencia invocada, en virtud de que la argumentación en que está sustentada se encuentra íntimamente relacionada con el fondo del asunto, pues es necesario analizar la constitucionalidad de la resolución impugnada a efecto de determinar si causa afectación a la esfera jurídica del quejoso. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 187973, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página 5 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Al no haberse hecho valer por las partes ni advertirse de oficio alguna otra causal de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación. SEGUNDO.- Los conceptos de violación por una parte son infundados y, por otra, fundados pero inoperantes, por los motivos que se explicarán más adelante, sin que en el particular sea procedente suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo, de conformidad con el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 436/2018. Sentado lo anterior, se estima necesario señalar los antecedentes de la resolución impugnada: I.- El once de junio de dos mil dieciséis, Carlos Ortiz Reyes, demandó a Ariel Ortiz Reyes en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Francisco Ortiz Duarte y a José Juan de la Sierra Gutiérrez, Notario Público Número Dos del Sexto Distrito Notarial en el Estado de Morelos, la nulidad absoluta de testamento (fojas 5 a 14 anexo VI). II.- Previo desahogo de prevención por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, ordenándose emplazar a los demandados (fojas 105 a 106 anexo VI). III.- Mediante escrito presentado el doce de octubre de dos mil dieciséis, Ariel Ortiz Reyes en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Francisco Ortiz Duarte, dio contestación a la demanda entablada en su contra (fojas 115 a 123 anexo VI). IV.- Por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, el Juez responsable dio vista a la parte actora con la razón del Actuario de su adscripción en la que hizo constar que no fue posible el emplazamiento de José Juan de la Sierra Gutiérrez, Notario Público Número Dos del Sexto Distrito Notarial en el Estado de Morelos, en virtud de que a partir del mes de diciembre de dos mil dieciséis el Titular de la referida Notaría Pública es José Carlos de la Sierra Baker (fojas 200 anexo VI). V.- Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, el actor Carlos Ortiz Reyes, solicitó se realizara la notificación a José Carlos de la Sierra Baker, en su carácter de nuevo titular de la Notaría Pública Número Dos del Sexto Distrito Notarial en el Estado de Morelos. VI.- Por acuerdo de dos de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó emplazar a José Carlos de la Sierra Baker, en su carácter de titular de la Notaría Pública Número Dos del Sexto Distrito Notarial en el Estado de Morelos. VII.- Por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo a José Carlos de la Sierra Baker, Notario Público Número Dos del Sexto Distrito Notarial en el Estado de Morelos por perdido el derecho a contestar la demanda, y se acusó su rebeldía (fojas 268 anexo VI). VIII.- Se continuó con la substanciación del juicio y el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se declaró que Carlos Ortiz Reyes, carece de legitimación para promover el juicio (fojas 586 a 590 anexo VI). IX.- Inconforme con dicha determinación la parte actora Carlos Ortiz Reyes, interpuso recurso de apelación (fojas 593 anexo VI) X.- Del referido recurso de apelación le correspondió conocer a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que por resolución emitida el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en el toca civil 718/2018-14, ordenó la reposición del procedimiento dejando sin efecto exclusivamente: a) El auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho por el que se turnaron los autos para dictar sentencia definitiva. b) La sentencia de dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Ordenando que la Juez de Primera Instancia dé cumplimiento al acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se ordenó emplazar a José Juan de la Sierra Gutiérrez, quien intervino como Notario Público Número Dos del Sexto Distrito Notarial en el Estado de Morelos en el otorgamiento del testamento impugnado, a efecto de que se pronuncie con relación a los hechos que se le atribuyen en el escrito inicial, y de los que dio fe e hizo constar en el documento público cuestionado y hecho lo anterior se ordene la prosecución del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva (fojas 63 a 69 anexo II). Precisados loS antecedentes del acto reclamado, se procede al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa: 1.- El impetrante argumentó que la Sala responsable no tomó en consideración que el artículo 106 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, establece que los Notarios que reciban un protocolo, lo reciben con todas y cada una de las actuaciones y expedientes judiciales que existan en el mismo; además, de conformidad con el artículo 86 de la ley invocada, cuando un notario sustituye a otro tiene la obligación de responder por las actuaciones del protocolo del antecesor, por lo que contrario a lo manifestado por la Sala responsable, fue legal que el licenciado José Carlos de la Sierra Baker, en su calidad de nuevo Notario Público Número Dos de la ciudad de Cuautla, fuera emplazado y produjera contestación, sin que ello implique una violación a los derechos del licenciado José Juan de la Sierra Gutiérrez, Notario emisor del testamento sujeto a nulidad. Son infundados los sintetizados argumentos, dado que en el caso la nulidad del testamento materia de la litis en el juicio natural trasciende de las actuaciones asentadas en el protocolo y en los expedientes que fueron trasferidos del Notario demandado al nuevo titular, es decir, lo cuestionado en el juicio no versa sobre la información asentada en el protocolo o archivos de la notaria, sino guarda estrecha relación la actuación del Notario. En efecto la acción de nulidad del testamento ejercida por el actor que a su vez resulta ser el sustento o motivo que originó el dictado del fallo combatido, esencialmente sustentó que el testador no era dueño de su voluntad, porque había perdido facultades para valerse por sí mismo, debido a sus padecimientos de salud y por ello no se encontraba en condiciones físicas ni mentales apropiadas para realizar su testamento; por ello demandó, además de la sucesión de Francisco Ortiz Duarte, a José Juan de la Sierra Gutiérrez, en su carácter de Notario Público Número Dos del Sexto Distrito Notarial en el Estado de Morelos, que fue quien protocolizó el testamento cuya validez se demanda. Por tanto, no resulta violatorio de los derechos humanos del quejoso la determinación de la Sala responsable en el sentido de que José Juan de la Sierra Gutiérrez, en su carácter de notario al ser quien presenció y se percató a través de sus sentidos y de manera personal de todas las solemnidades al momento de redactar el testamento debía ser llamado de manera personal, por lo que la Juez de Primera Instancia estaba obligada a ordenar su emplazamiento ya que José Juan de la Sierra Gutiérrez fue quien ejerciendo la fe pública hizo constar que el testador se encontraba en su cabal juicio y libre de toda coacción al momento de expresar su voluntad; por tanto, la resolución por la que se ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que se emplace a José Juan de la Sierra Gutiérrez, no causa perjuicio a los derechos del quejoso, sino en su caso, abona a la seguridad jurídica de su pretención al buscar el dictado de un fallo a plenitud, de ahí lo infundado sus argumentos. 2.- Por otra parte, argumenta el quejoso que incluso cuando se demanda la nulidad de un acto jurídico contenido en el instrumento notarial, es innecesario llamar al fedatario ya que la nulidad que se llegara a declarar no afectaría a sus intereses jurídicos, de manera que no existe razón para ordenar reponer el procedimiento de conformidad con la jurisprudencia P./J. 21/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 181707, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia(s): Civil, página: 97 del rubro: "NOTARIO. TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA CUANDO EN UN JUICIO SE DEMANDA LA NULIDAD, POR VICIOS FORMALES, DE UN INSTRUMENTO AUTORIZADO POR ÉL." Es infundado el sintetizado argumento dado que la jurisprudencia citada establece dos hipótesis: a) Cuando se demanda la nulidad de un instrumento notarial por vicios formales, el notario que lo autorizó tiene legitimación pasiva, por lo que debe llamársele a juicio ya que la resolución que llegara a dictarse pudiera ocasionarle consecuencias jurídicas adversas de acuerdo con las normas que rigen su actuación. b) Cuando lo que se demanda es la nulidad del acto jurídico contenido en el instrumento notarial, es innecesario llamar a juicio al fedatario público, ya que la nulidad que llegara a declararse no afectaría sus intereses jurídicos, en tanto que los vicios a aquél atribuidos no emanan de su actuación. En el caso, está actualizada la primera de las hipótesis mencionadas dado que la nulidad del testamento como se precisó en los párrafos que anteceden descansa en vicios formales en la actuación del Notario que protocolizó el testamento impugnado al argumentar que éste incumplió con sus obligaciones ya que soslayó que el autor del testamento no se encontraba en pleno goce y uso de sus facultades para hacerlo, por lo que contrariamente a lo señalado por el quejoso, legalmente debe llamarse a juicio a dicho Notario; en virtud de que la acción, como se dijo, descansa en una actuación propia y personal del fedatario.. 3.- Por otra parte argumenta el quejoso que la Sala responsable en el último párrafo del considerando tercero de la resolución reclamada citó los artículos 105, 106, 530 550 "y demás aplicables del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos"; sin embargo, el procedimiento se rige por el Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, por lo que estima que la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada ni motivada. Es fundado pero inoperante el sintetizado concepto de violación por lo siguiente. Es fundado porque como lo refiere la parte quejosa la autoridad responsable invocó diversos artículo del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, siendo que el procedimiento se rige por el Código Procesal Familiar de esta Entidad Federativa; sin embargo es inoperante, dado que el error en la fundamentación de la resolución reclamada, no vulnera ningún derecho sustantivo del quejoso, pues la cita de los preceptos no está referida al fondo del asunto, sino a disposiciones procesales relativas la forma de las resoluciones de segunda instancia. En efecto los artículos 105 y 106 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos se refieren a la claridad, precisión, congruencia y exhaustividad de las sentencias y a las reglas para la redacción de las sentencias. Asimismo, los artículos 530 y 550 del ordenamiento legal invocado se refieren a la finalidad de la apelación y a los requisitos de la sentencia de segunda instancia. Por tanto, la cita de dichos preceptos dada su naturaleza adjetiva no vulneran los derechos sustantivos del quejoso. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que tratándose de la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, ésta se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso; lo cual, en lo conducente, está satisfecho en la resolución reclamada. La jurisprudencia de la Primera Sala invocada corresponde a la Novena Época, registro 176546, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia Común, página 162 del rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En particular como se indicó en la naturaleza de la nulidad demandada que requería el llamamiento a juicio de todos los intervinientes en el acto jurídico consideraciones que fueron calificadas de acertadas al dar contestación al primer concepto de violación. En consecuencia, al resultar infundados y fundados pero inoperantes los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclamaron del Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, al no reclamarse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ARIEL ORTIZ REYES en su carácter de albacea de la sucesión de FRANCISCO ORTIZ DUARTE, contra la resolución emitida el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil 718/2018-14, reclamada a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, cuya ejecución se atribuyó al Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual, en atención a lo ordenado por auto de dieciocho de julio del año en curso, remite copia certificada de las constancias solicitadas del juicio de amparo 51/2019-I promovido por Ariel Ortiz Reyes, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Francisco Ortiz Duarte, de su índice; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

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