Ariadna Pérez Villagómez

Expediente 500/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
500/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Ariadna Pérez Villagómez
  • Diario Oficial de la Federación

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 500/2020-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el nueve de julio de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 500/2020-IV, promovido por ROSA MARÍA VILLAGÓMEZ ÁVILA y ARIADNA PÉREZ VILLAGÓMEZ, por derecho propio y en representación de su menor hijo de iniciales I. M. G. P.; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el diecisiete de julio de dos mil veinte, ante el Secretario de Guardia y recibida ese día en este órgano jurisdiccional, ROSA MARÍA VILLAGÓMEZ ÁVILA y ARIADNA PÉREZ VILLAGÓMEZ, por derecho propio, así como esta última en representación de su menor hijo de iniciales I. M. G. P., solicitaron la protección de la Justicia Federal contra actos de la SECRETARÍA DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciocho de julio de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitaron los respectivos informes justificados y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; sin embargo, se declaró no ser procedente decretar la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa. Por lo que inconforme con esa determinación, se interpuso recurso de queja, mismo que le tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cuál mediante ejecutoria de veintitrés de julio del año próximo pasado, dictada en el recurso de queja 60/2020 de su estadística, resolvió infundado el recurso indicado. Seguida la secuela procesal, la autoridad responsable Hospital de la Mujer Unidad Administrativa de Servicios de Salud Morelos, interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, en el que se desecharon las pruebas que fueron ofrecidas, recurso que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, y por ejecutoria emitida en sesión de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en autos del recurso de queja materia administrativa 170/2020, lo declaró infundado. Finalmente, previo diferimiento realizado y atento a que, en proveído de ocho de marzo del año en curso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, en relación con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante la contingencia por el virus COVID19, se levantó la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, por lo que se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se les atribuyen los actos reclamados. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que el acto reclamado es el siguiente: De la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal, la violación al derecho a la salud por disponer la reanudación de las actividades sin que se haya mitigado la dispersión y transmisión del virus SARS-Cov2, así como la inconstitucionalidad del Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el catorce de mayo de dos mil veinte. Del Sindicato Nacional de Trabajadores ISSSTE (SNTISSSTE), sección XXII, Servicios de Salud Morelos y Hospital de la Mujer, las omisiones que alega consisten en no garantizar la medida diferenciada de suspensión de la asistencia a su centro de trabajo de la quejosa ARIADNA PÉREZ VILLAGÓMEZ, sin que se vean afectadas ninguna de sus prestaciones laborales, su vida y su salud tanto por cuanto hace por ella misma, como en su carácter de garante o cohabitante de los diversos quejosos, ROSA MARÍA VILLAGÓMEZ ÁVILA progenitora de la nombrada, y del menor de iniciales I.M.P.G., hijo de la primera, ya que cohabitan con la mencionada, desatendiendo el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo del dos mil veinte, así como lo dispuesto por el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas. La omisión de implementar estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral, al no observar los lineamientos establecidos en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, desatendiendo los principios que denominó como de predilección de la salud y la vida, y de solidaridad y no discriminación; y el no vigilar la correcta implementación de todas las medidas en el centro de trabajo de ARIADNA PÉREZ VILLAGÓMEZ para tales efectos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados De la anterior precisión de actos reclamados, se obtiene que no existen actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables Diario Oficial de la Federación; secretario de Salud del Estado de Morelos; y Periódico oficial "Tierra y Libertad", pues además que en el respectivo ámbito de sus funciones no les fue reprochado actuar u omisión alguna de manera directa, éstas negaron la existencia de actos que violentaran derechos humanos en perjuicio de las quejosas. Observando que no existen medios de prueba que demuestren lo contrario o en su caso desvirtúen las inexistencias referidas; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de las autoridades responsables antes indicadas. Por otra parte en relación a los actos reprochados a las autoridades responsables Sindicato Nacional de Trabajadores ISSSTE (SNTISSSTE), sección XXII, Servicios de Salud Morelos y Hospital de la Mujer, de igual manera debe decirse que no se encuentra acreditada la existencia de los actos que se les reclaman, no obstante tratarse de omisiones y que por ende a ellas les corresponde acreditar haber desplegado las conductas cuya inacción se les atribuye, en el particular se concluye que no está corroborado que éstas tuvieran que conducirse en la forma y términos que se refieren las quejosas. Ello es así, pues aún al considerar que la impetrante ARIADNA PÉREZ VILLAGÓMEZ como trabajadora de la salud, no así los restantes quejosos, cuenta con el atributo o posibilidad de acceder al otorgamiento de alguna licencia para ausentarse del trabajo tanto por motivos personales como de salud; sin embargo para que dicha facultad pueda ser reprochable, es requisito indispensable acreditar que se formuló dicha petición o en su caso estar acreditado que las mencionadas autoridades responsables tenían conocimiento de algún motivo para autorizar la licencia, para en su caso determinar si tenía la obligación o no de otorgarla. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se demostró la existencia de la omisión reclamada a las responsables, así como a la diversa Hospital de la Mujer al no acreditarse que, a la fecha de presentación de la demanda, tuvieran la obligación de otorgar la licencia con goce de sueldo referida por la parte quejosa por existir petición expresa en ese sentido o a virtud de alguna condición especial que la ubicara con el carácter de sujeto vulnerable, como a continuación se expondrá. En ese sentido, es necesario establecer que el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2" publicado en el Diario Oficial de la Federación, en su artículo primero, fracción V, se lee lo siguiente: "ARTÍCULO PRIMERO. Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: [.] El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar; [.]" Tal disposición es de observancia obligatoria y determinan el resguardo domiciliario de las personas vulnerables, con independencia de si su actividad laboral se considera esencial o no. También prevén un catálogo de personas consideradas vulnerables, como lo son las personas mayores de sesenta años, en estado de embarazo o puerperio inmediato; con diagnóstico de hipertensión arterial; diabetes mellitus; enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas; inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática; lupus, cáncer, obesidad o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico entre otros. Por lo tanto, es inconcuso que las autoridades señaladas como responsables tienen la obligación de acatar dichos acuerdos, es decir, ordenar el resguardo domiciliario inclusive con goce de sueldo, de las personas catalogadas como vulnerables. En el caso, la parte impetrante se duele en esencia de la omisión por parte de las autoridades responsables de aplicar en su favor dichas medidas sanitarias, esencialmente al negarle el derecho de evitar la asistencia a su centro de trabajo con goce de sueldo; no obstante, refiere ser madre de un menor y cohabitar con su progenitora que es adulto mayor, quienes refiere ARIADNA PÉREZ VILLAGÓMEZ se encuentran en el supuesto de ser personas vulnerables con riesgo a desarrollar enfermedad grave. Precisado lo anterior, en el caso no existe evidencia de la omisión reclamada a éstas. Se estima lo anterior, dado que no existe constancia en autos de la que se desprenda que ARIADNA PÉREZ VILLAGÓMEZ haya hecho del conocimiento de las autoridades responsables que ella se encuentran en alguno de las hipótesis de personas vulnerables para que éstas a su vez determinaran si se encuentran constreñidas a ordenar el resguardo domiciliario de ARIADNA PÉREZ VILLAGÓMEZ en acatamiento a los acuerdos ya referidos. No obra constancia o manifestación por parte de la amparista de que haya solicitado a las autoridades responsables un permiso o licencia médica con goce de sueldo al ubicarse en alguna de las hipótesis de salud de los acuerdos ya referidos. Tampoco obra constancia médica en autos con la que se corrobore que ARIADNA PÉREZ VILLAGÓMEZ es una persona vulnerable de acuerdo al catálogo previsto en los acuerdos citados a lo largo de esta sentencia. Sin que se soslaye que la nombrada acuda al amparo a la par de ROSA MARÍA VILLAGÓMEZ ÁVILA y en representación de su menor hijo de iniciales I. M. G. P, habida cuenta que en relación a éstos ARIADNA PÉREZ VILLAGÓMEZ no acreditó, aún indiciariamente, que las autoridades responsables se encontraran obligadas a actuar en la forma que lo pretende, en la medida que la única que sostenía una relación de trabajo era la nombrada PÉREZ VILLAGÓMEZ. Lo anterior, permite sostener que si bien es cierto existe obligación por parte tanto del sector público como privado de acatar los acuerdos sanitarios referidos en la presente resolución, en razón de la emergencia sanitaria que vive el País, empero para que se actualice la omisión reclamada, se debe identificar si existe o no la obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de verificar si legalmente está obligada la autoridad a actuar en la forma pretendida. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 196080, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 53, del rubro siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." Precisado lo anterior, resulta inconcuso que como refieren las autoridades responsables, no existe evidencia en autos con la que se pudiera acreditar que las autoridades responsables incurrieron en la omisión de dar cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte; como tampoco al Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el catorce de mayo de dos mil veinte. Esto en razón de que no se acreditó en autos que la parte quejosa encuadre en el supuesto de la normatividad aludida como persona vulnerable, ni que en el caso haya elevado alguna solicitud de licencia con goce de sueldo por dicho motivo, por lo tanto, las autoridades responsables no tenían la obligación de aplicar a ARIADNA PÉREZ VILLAGÓMEZ, los supuestos previstos en éstos, en especificó evitar la asistencia a su centro de trabajo con goce de sueldo, ya que no demostró ni acreditó que las responsables tenían conocimiento que se ubicaba en los supuestos de los acuerdos en materia de salud ya referidos en la presente sentencia, de ahí la inexistencia de las omisiones reclamadas a las autoridades responsables. En tales condiciones, ante la inexistencia de la omisión reclamada, debe sobreseerse en el juicio de conformidad con el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados al Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Diario Oficial de la Federación y a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal. Es cierto el acto reclamado a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado. Lo anterior se afirma atendiendo que la existencia de los Acuerdos a ella reclamados no están sujetas a prueba, en virtud de que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo y catorce de mayo, ambos de dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de ésta última. Apoya lo anterior, la Tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, número sesenta y cinco, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia 2ª./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos sesenta, del Tomo XII, agosto del año dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro indica: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. " QUINTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar lo que invoca la autoridad responsable. En ese sentido, este juzgador advierte que la parte quejosa reclama a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal, el acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el catorce de mayo de dos mil veinte. En el caso se observa que al combatirse dicho acuerdo con motivo de su sola expedición, y que el mismo se combate como una norma general, pues en el particular no se reprocha su concretización en la esfera jurídica de los quejosos, a más que como se indicó los actos que se reclamaban a las diversas autoridades además de tratarse de omisivos, los mismos resultaron inexistentes, en el particular ello conduce a verificar la procedencia del presente juicio de amparo en relación al acto indicado a la luz de la regla general a que se refiere el artículo 17 fracción I de la ley de la materia. Por tanto, se determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 17 y 18 de dicho ordenamiento, toda vez que la parte quejosa no ejerció la acción constitucional dentro del plazo de treinta días a partir del día en que entró en vigor el acuerdo reclamado. Para demostrar lo anterior, es menester citar la porción normativa que establece la causa de improcedencia de estudio que literalmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De dicho numeral se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales cuando no se promueva dentro de los plazos previstos en la ley de Amparo. Y en ese sentido, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (lo resaltado es propio) Asimismo, conviene tener presente el contenido del artículo primero transitorio del Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la federación del catorce de mayo de dos mil veinte. "PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta en tanto se declare terminada la contingencia que la originó.." Ahora bien, tomando en consideración la forma en que la justiciable reclama el referido decreto; se tiene que el cómputo es como sigue: Fecha de publicación. Catorce de mayo de dos mil veinte Fecha en que entró en vigor la norma general. Quince de mayo de dos mil veinte Plazo de 30 días para presentar demanda de amparo Quince de mayo al veinticinco de junio de dos mil veinte. (sin contar los días inhábiles que mediaron entre ellos) Fecha de presentación de la demanda de amparo. Diecisiete de julio de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 26/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro: 196391, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 26/98, Página: 461, se rubro siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 95/2005 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 328, número de registro 177265, de rubro siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN. Asimismo, es aplicable la tesis aislada P. CIX/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, Diciembre de 1998, Página 251, número de registro 194893, de rubro siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR De lo anterior se advierte que el cómputo para instar la demanda de amparo en contra de los efectos del Acuerdo reclamado feneció en exceso puesto que la demanda de que se trata fue presentada hasta el diecisiete de julio de dos mil veinte, entonces no fue instada de forma oportuna Por lo que resulta patente que su presentación se hizo fuera del plazo legal correspondiente, es decir, fue una vez que había fenecido el término legal de treinta días previsto en el precepto 17 del cuerpo legal en cita. En ese orden de ideas, tal conducta jurídicamente revela improcedencia del juicio de amparo; consecuentemente, ello hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa a través de este medio constitucional. Cabe señalar que ello no significa que se tenga por consentida la norma general que combate por así disponerlo el artículo 61 de la Ley de Amparo en su fracción XIV, segundo párrafo, dado que ello acontecerá si tampoco se promueve el amparo contra el primer acto en el que se concretice la norma. El criterio jurisprudencial en cita se localiza en la página 201, Tomo I, Parte SCJN, Octava Época del Apéndice de 1995, cuya voz y texto son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORANEAMENTE EN RELACION CON EL TERMINO DE 30 DIAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACION." En mérito de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo en relación al acto materia de este considerando con fundamento en el ordinal 63 fracción V de la ley de la materia. Por lo antes expuesto y fundado; se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ROSA MARÍA VILLAGÓMEZ ÁVILA y ARIADNA PÉREZ VILLAGÓMEZ, por derecho propio y en representación de su menor hijo de iniciales I. M. G. P., contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Fernando Cobos González, que autoriza y da fe, hasta hoy nueve de julio de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron. FCG Se hace constar que esta foja es parte última de la resolución dictada el nueve de julio de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 500/2020-IV.Conste. nueve de julio de dos mil veintiuno

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, toda vez que ha trascurrido el término de tres días hábiles otorgado a las partes por auto de once de septiembre de dos mil veinte, para señalar constancias con el objeto de integrar el testimonio para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable Hospital de la Mujer Unidad Administrativa de Servicios de Salud Morelos, se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, que es cierto el acto impugnado, ya que por auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se dictó el acuerdo recurrido por la autoridad responsable. En ese sentido, acorde a lo dispuesto por el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo del Judicatura Federal, en lo concerniente a que todos los envíos de expedientes de un órgano jurisdiccional a otro se harán de forma electrónica, salvo que el remitente estime necesario que el órgano destinatario cuenta con las constancias físicas. En esas condiciones, remítase por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el original y copia del escrito de queja, para la substanciación del referido recurso. Atento a lo anterior, efectúese la remisión vía interconexión del aludido expediente para la sustanciación del recurso referido al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, que le corresponda conocer del recurso de queja. Se instruye al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, para que habilite la consulta del expediente electrónico al Tribunal de Alzada. En caso de requerir las constancias físicas, como lo indica el referido Acuerdo General, se indica a la Superioridad de la manera más atenta que deberá solicitarlas a este juzgado federal. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a los que haya lugar el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable rinde su informe justificado, sin que por el momento esté juzgado federal realice mayor pronunciamiento al respecto, hasta en tanto se reanude el procedimiento del presente juicio, ello en atención a que mediante diverso acuerdo de once de septiembre de dos mil veinte, se dio trámite al recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable Hospital de la Mujer Unidad Administrativa de Servicios de Salud Morelos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

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