Ariel Márquez Contreras

Expediente 87/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 27 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
87/2018
Año
2018
Actuaciones
27
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • Ariel Márquez Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Incidental

    Visto, el contenido de la certificación secretarial que antecede se advierte que en auto de esta misma fecha, dictado en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos incidentales, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo y se ordenó su archivo definitivo; asimismo, en determinaciones de diecinueve de febrero, veintidós de marzo y trece de julio de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión de los actos reclamados por la parte quejosa; en consecuencia, se declaran sin materia las providencias decretadas en este incidente, debiendo hacer lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos de los artículos Décimo Primero, Vigésimo, fracción II y último párrafo, y Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que toda vez que en el presente expediente, por una parte se concedió la suspensión solicitada por la parte quejosa; por tanto son susceptibles de depuración, motivo por el cual, el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL CITATORIO DEJADO EL DIECIOCHO DE JULIO ACTUAL, EN EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL QUE DICE: "..Ensenada, Baja California, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Vistos, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, que remite la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por conducto de su delegado Víctor Manuel Romero Pérez, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y anexa diversas documentales a fin de acreditar el cumplimiento al fallo protector; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que en derecho convenga, transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación al cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable." Asimismo, se le informa que queda a su disposición en la secretaría de este juzgado, copia del escrito con número de registro 6312, signado por el Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y anexo consistente en el oficio número SGPES/1133/2019, firmado por el Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, quince de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por conducto de su delegada Juana Navarro Gutiérrez, mediante el cual, anexa las constancias de recibo de los cheques expedidos a favor del quejoso Ariel Márquez Contreras, con firma en original. En ese contexto, se tiene por hechas las manifestaciones relativas al cumplimiento del fallo protector, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con las constancias de cuenta y las diversas que en su caso obren en autos, en su oportunidad provéase lo conducente en relación al cabal cumplimiento del fallo protector.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, tres de julio de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Jesús Guadalupe Verduzco Imperial, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta la imposibilidad material de la quejosa para acudir a la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali. Atento a lo anterior y tomando en consideración que del contexto integral de la demanda, así como de las constancias que obran en autos se advierte que el quejoso Ariel Márquez Contreras, es una persona con domicilio en esta localidad, de la tercera edad y pensionada por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase (vía telegráfica sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria) a Javier Meza López, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir del siguiente de que sea notificado del presente proveído, acredite haber girado las instrucciones necesarias a quien corresponda a fin de que le sean entregados los títulos de crédito a la parte quejosa en las instalaciones de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California en Ensenada, o bien, en la oficina que corresponda en esta ciudad. Asimismo, dentro del mismo plazo deberá remitir a este juzgado de distrito las constancias en copia certificada con las que demuestre haber dado cumplimiento a lo anterior, a las que deberá adjuntar un desglose pormenorizado de las operaciones aritméticas que reflejaran el monto total devuelto que corresponde a las cantidades descontadas a la quejosa con motivo de la aplicación de dichos preceptos normativos, o en su defecto, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Ahora, toda vez que por auto de tres de junio del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, por conducto de su Director General Javier Meza López, a fin de que informara a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el sentido de dejar de realizar los descuentos del monto de la pensión del quejoso Ariel Márquez Contreras, por concepto de "reserva técnica (76)" y "servicios médicos (53)", previstos en los artículos 16 (129), último párrafo y 25, fracción I de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California abrogada, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo anterior, no obstante de encontrarse debidamente notificado para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos a foja -579- en consecuencia requiérasele, por última ocasión, para que dentro del plazo de tres días hábiles improrrogables, contados a partir de aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo en los términos referidos, para lo cual deberá remitir las constancias certificadas relativas a efecto de correrle traslado con una de ellas a las partes. En el entendido que subsisten los apercibimientos decretados en auto de tres de junio de dos mil diecinueve, es decir que de no realizarlo dentro del plazo otorgado para ello, se le impondrá una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días hábiles que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo.".

Quedan 23 actuaciones en este expediente

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