Arcelia Guadalupe Pérez Alvarado
Expediente 609/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 27 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 609/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 25/07/2019
Partes del expediente
- Arcelia Guadalupe Pérez Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EL VEINTINUEVE DE JULIO ACTUAL, EN EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:"Ensenada, Baja California, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieren realizado manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el diez de junio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa Arcelia Guadalupe Pérez Alvarado, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables juez Mixto de Primera Instancia de San Quintín, Baja California y actuaria adscrita a dicho, todas con residencia en dicho poblado, para el efecto siguiente: ? Deje insubsistente la notificación de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, realizada a la aquí quejosa mediante cédula de notificación, relativa al proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho dictado en el juicio de controversias del orden familiar 85/2017; y como consecuencia el proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 85/2017, en el que hizo efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho y le impuso a la quejosa como medida de apremio una multa por la cantidad de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización y sus consecuencias. Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables juez Mixto de Primera Instancia de San Quintín, Baja California. En acatamiento a ello, por oficio recibido en este juzgado el doce de julio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable juez Mixto de Primera Instancia de San Quintín, Baja California, remitió copia certificada del proveído que dictó el once de julio de dos mil diecinueve, en el que ordenó dejar insubsistente la notificación de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho y el proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho ambas del juicio de controversias del orden familiar 85/2017 de su índice. Por lo cual, en proveído de quince de julio de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes con dicha documental por el término de tres días hábiles para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubiesen hecho manifestación al respecto. A la probanza antes relacionada, se le confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. En las relatadas condiciones, quien suscribe determina que la autoridad responsable juez Mixto de Primera Instancia de San Quintín, Baja California, dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró que dejó insubsistente la notificación de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho y el proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Ahora bien, dado que en el asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo."
- Incidental
Ensenada, Baja California, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Vista; la certificación secretarial que antecede y toda vez que en esta misma fecha se dictó un proveído en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos incidentales, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el mismo, ordenando el archivo de aquél expediente como asunto totalmente concluido; y al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos de los artículos Décimo Primero, Vigésimo, fracción II y último párrafo, y Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual, el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCION III DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO VICENTE TRINIDAD GARCIA VALDEZ, EL AUTO DE VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIENUVE, QUE DICE: "Ensenada, Baja California, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieren realizado manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el diez de junio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa Arcelia Guadalupe Pérez Alvarado, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables juez Mixto de Primera Instancia de San Quintín, Baja California y actuaria adscrita a dicho, todas con residencia en dicho poblado, para el efecto siguiente: ? Deje insubsistente la notificación de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, realizada a la aquí quejosa mediante cédula de notificación, relativa al proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho dictado en el juicio de controversias del orden familiar 85/2017; y como consecuencia el proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 85/2017, en el que hizo efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho y le impuso a la quejosa como medida de apremio una multa por la cantidad de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización y sus consecuencias. Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables juez Mixto de Primera Instancia de San Quintín, Baja California. En acatamiento a ello, por oficio recibido en este juzgado el doce de julio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable juez Mixto de Primera Instancia de San Quintín, Baja California, remitió copia certificada del proveído que dictó el once de julio de dos mil diecinueve, en el que ordenó dejar insubsistente la notificación de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho y el proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho ambas del juicio de controversias del orden familiar 85/2017 de su índice. Por lo cual, en proveído de quince de julio de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes con dicha documental por el término de tres días hábiles para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubiesen hecho manifestación al respecto. A la probanza antes relacionada, se le confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. En las relatadas condiciones, quien suscribe determina que la autoridad responsable juez Mixto de Primera Instancia de San Quintín, Baja California, dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró que dejó insubsistente la notificación de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho y el proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Ahora bien, dado que en el asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo."
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