Ariane Azucena Dzul Can

Expediente 1040/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1040/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Ariane Azucena Dzul Can

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de cuenta, firmada por Ariane Azucena Dzul Can, Abraham Torres Tello y Jorge Alberto Ávila Garrido, solicitan el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclaman del juez de Control del estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunal del Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Formación del expediente Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico1 . Anotaciones y registro en el libro electrónico En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes 1 De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se trata de los siguientes: I. Copias de traslado. II. Hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan. III. Copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Los cuadernos auxiliares podrán consultarse físicamente por las partes en los órganos jurisdiccionales con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas quedará al arbitrio de la juzgadora o juzgador, pudiéndose, en su caso, incluir una certificación en el expediente electrónico que dé cuenta de éstas e incluya una fotografía o imagen del objeto en cuestión. Los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar los anexos. Las OCC, conforme lo permita su carga de trabajo, podrán auxiliar en la digitalización de anexos previo a su turno. En casos excepcionales, el personal de la mesa de trabajo a la que se haya turnado el asunto podrá solicitar el auxilio de la administración de cada edificio para contar con el apoyo de las jornadas de digitalización. rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo2 , se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número 1040/2023-IV-B. Admisión Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata. Intervención del agente del Ministerio Público de la adscripción y acceso al expediente electrónico Con fundamento en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y córrase traslado con copia simple de la demanda de amparo. Ahora, en atención a lo solicitado por la agente del ministerio público de la federación adscrita a este juzgado, con el oficio 04/2023, de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, que se acordó en el cuaderno de varios de la sección de amparo de este órgano jurisdiccional, se autoriza el acceso al expediente 2 Artículo 99. Los libros de control solo serán electrónicos y para uso exclusivo de los órganos jurisdiccionales, así como del Consejo, y su manejo deberá realizarse estrictamente por el personal de los mismos, sin que por ningún motivo puedan ser consultados por abogados postulantes, ni público en general. Los órganos jurisdiccionales deberán llevar libros electrónicos de registro, a través del módulo "Libros de control" del SISE y SIGE, según corresponda. Artículo 99 Bis. Los libros de control electrónicos contendrán los campos, rubros y columnas que prevé este Acuerdo, y los que, en su caso, se estimen necesarios en virtud de la creación de nuevos órganos jurisdiccionales auxiliares o especializados y de la implementación de nuevas técnicas en informática. El llenado de los libros electrónicos se realizará en forma automática mediante la captura de los datos correspondientes en el SISE y el SIGE. Artículo 104. El libro de juicios de amparo constará de tres apartados que serán: Demanda, Suspensión de plano o definitiva y Expediente principal, los cuales contendrán columnas con diversos rubros. Artículo 105. ... I. a IX. ... X. Desechamiento o por no presentada: se utilizará en los casos siguientes: Cuando se haya dictado acuerdo de prevención y éste no se haya cumplido, se anotará la expresión "por no presentada" y la fecha del auto que así lo declare; o bien la expresión "desechada" ya sea que se deseche la demanda en la forma prevenida por el artículo 112 o en términos de lo dispuesto por el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo; en el último de estos casos, la anotación se hará aun cuando alguna prevención ya hubiese sido cumplida; y XI. ... Artículo 107. ... I. a III. ... IV Observaciones: deberán anotarse los datos relativos al supuesto en que se hubiera admitido la demanda y con motivo del recurso de queja, el tribunal Colegiado revocara el auto admisorio; si la o el juez se declara impedido para conocer del expediente; si el asunto se acumula a un juicio radicado ante otra u otro juez de Distrito; si al que se tramita en el juzgado se acumula otro diverso; si en la sentencia que se pronuncie en el recurso de revisión que se promueva en contra de la resolución dictada, se ordena la reposición del procedimiento, supuesto en el cual no debe ser considerado como un nuevo ingreso, sino que debe volverse a las columnas que le correspondan en su registro inicial. electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a la referida representante social. En ese sentido, toda vez que del módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que la fiscal de la Federación adscrita, se encuentra registrada en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal con el usuario "REBECA.RAMOS"; con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se ordena la vinculación de la cuenta "REBECA.RAMOS", al presente juicio de amparo, a efecto de que la representante social de la federación, se encuentre en aptitud de atender la adscripción a este juzgado federal y ser notificada por ese mismo conducto. Por tanto, hágase del conocimiento al oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico adscrito a este juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Apertura de cuaderno único del incidente de suspensión Con fundamento en el precepto 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese el incidente de suspensión que solicita el quejoso; en consecuencia, con copia de la demanda de amparo, en términos del artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo3 , se ordena la apertura del cuaderno único de la medida cautelar. Solicitud de informe justificado Pídase informe justificado a la autoridad responsables, que deberá rendirlo preferentemente por medios electrónicos, a la brevedad posible y máximo dentro del término de quince días, según lo señala el precepto 117 de la ley de la materia. Además, con sustento en el párrafo quinto del artículo 117 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, se sirva remitir copias certificadas legibles y completas de las constancias y actuaciones que se encuentren vinculadas a los mismos. Apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe correspondiente. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 63, fracciones IV y V, 64 y 251, del ordenamiento legal invocado, requiéraseles para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le 3 Artículo 264. En el juicio de amparo indirecto, por regla general, no será necesaria la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. impondrá una multa por la cantidad $3,112.2 [tres mil ciento doce pesos 02/100 moneda nacional], que equivale a treinta unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 [ciento tres pesos 74/100 moneda nacional], valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización [UMA] correspondiente al año dos mil veintitrés. Igualmente, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata, promovió algún medio ordinario de defensa en contra de acto reclamado, o bien, diverso juicio de amparo en el procedimiento de origen, en el entendido, que de no hacerlo se le hará efectivo el apercibimiento citado en el presente auto. En el entendido que, no habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Atendiendo al contenido del artículo 17, tercer párrafo constitucional, el cual privilegia la solución de conflictos frente a formalismos procedimentales; asimismo, al principio de adaptación tecnológica cuyo fin es impulsar el uso de medios electrónicos y servicios digitales para fortalecer la Estrategia de Transformación Digital del Consejo de la Judicatura Federal, contemplando en el artículo 251, inciso g), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se insta a la autoridad responsable al uso de medios electrónicos, servicios digitales y la tramitación electrónica que garantice que se provean los elementos requeridos por el marco jurídico aplicable. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con cuarenta minutos del tres de enero de dos mil veinticuatro, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual conforme los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se podría celebrar mediante el uso de videoconferencias. Para los efectos de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que de ser su voluntad comparecer al desahogo de la audiencia, deberán comunicarlo a este juzgado con tres días de anticipación a la celebración de la misma, a fin de que se tomen las medidas correspondientes para llevar a cabo su verificativo por videoconferencia a través de los medios tecnológicos correspondientes; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto se llevará a cabo la aludida audiencia sin la presencia de las partes. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. Ahora, para efectos de que las personas justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", se les hace del conocimiento a las partes que el manual de uso actualizado se encuentra disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Así, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo Ahora, en términos del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes de este asunto, se les hace del conocimiento que este juzgado federal adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: - Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. - Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. - La única excepción a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; - Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y - Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. Notifíquese por lista al quejoso y vía electrónica al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; así como por oficio a la autoridad señalada como responsable.

  2. Incidental

    IV-Formación de los autos incidentales Con una copia de la demanda, como está ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo 1040/2023-IV-B, de donde deriva este incidente de suspensión, promovido por Ariane Azucena Dzul Can, Abraham Torres Tello y Jorge Alberto Ávila Garrido solicitan el amparo y protección de la justicia federal, contra actos que reclaman del juez de Control del estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunal del Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Con fundamento en los artículos 125, 128, último párrafo, 130, 131, 136, párrafo primero, y 138 de la Ley de Amparo, y en términos del artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se forma y tramita por cuerda separada el cuaderno único de la medida cautelar. En el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, aquellos recepcionados de forma electrónica no se incorporarán al expediente físico. Al respecto, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Informe previo Con apoyo en el diverso numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase informe previo a la autoridad responsable, que deberá rendir preferentemente por medios electrónicos y dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes a la notificación de este acuerdo; apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 [diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional], que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $103.71 [ciento tres pesos 71/100 moneda nacional], valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización [UMA] correspondiente al año dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo, sanción económica que también les será aplicada en el caso de que no rinda sus informe correspondiente. Atendiendo al contenido del artículo 17, tercer párrafo constitucional, el cual privilegia la solución de conflictos frente a formalismos procedimentales; asimismo, al principio de adaptación tecnológica cuyo fin es impulsar el uso de medios electrónicos y servicios digitales para fortalecer la Estrategia de Transformación Digital del Consejo de la Judicatura Federal, contemplando en el artículo 251, inciso g), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se insta a la autoridad responsable al uso de medios electrónicos, servicios digitales y la tramitación electrónica que garantice que se provean los elementos requeridos por el marco jurídico aplicable. Audiencia incidental Con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 138 fracción II, de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia incidental se fijan las nueve horas con cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés; la cual conforme los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se podría celebrar mediante el uso de videoconferencias. Para los efectos de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que de ser su voluntad comparecer al desahogo de la audiencia, deberán comunicarlo a este juzgado con tres días de anticipación a la celebración de la misma, a fin de que se tomen las medidas correspondientes para llevar a cabo su verificativo por videoconferencia a través de los medios tecnológicos correspondientes; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto se llevará a cabo la aludida audiencia sin la presencia de las partes. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. Ahora, para efectos de que las personas justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", se les hace del conocimiento a las partes que el manual de uso actualizado se encuentra disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Así, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, en términos del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes de este asunto, se les hace del conocimiento que este juzgado federal adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: - Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. - Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. - La única excepción a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; - Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y - Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. Acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal En estricto acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico consistentes en el impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica, así como protección de los derechos humanos, contemplados en el artículo 251 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. Mientras que, en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se digitalizaran las constancias e incorporaran al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Con lo anterior, se precisa que bajo ninguna circunstancia este juzgado federal obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Además, en términos del artículo 257, del citado Acuerdo General, se procurará utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente: - Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y - Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se procurarán practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Inclusión y accesibilidad En términos del artículo 261, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispondrá para tal efecto, los cuales se destinarán a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de las instalaciones del este órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Precisión del acto reclamado. Jurisprudencialmente se ha establecido que para fijar los actos en materia de amparo debe realizarse una interpretación integral de la demanda; asimismo, que al analizar los alcances de la intención del promovente no deben atenderse los calificativos o enunciación que se haga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Bajo ese contexto, de la lectura integral de la demanda, de conformidad con el artículo 146, fracción I, en relación con el 157, de la Ley de Amparo, se advierte como actos reclamados los siguientes: - El auto de vinculación de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés en la carpeta administrativa 614/2022, contra Ariane Azucena Dzul Can, Abraham Torres Tello y Jorge Alberto Ávila Garrido, como probable responsables del hecho que la ley señala como delito de fraude procesal y uso de documento falso. Pronunciamiento sobre la suspensión. Para efectuar un análisis respecto de la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, conforme a los artículos 107, fracción X, Constitucional, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, deben colmarse los requisitos siguientes: 1. Petición de parte. 2. Existencia del acto reclamado. 3. Naturaleza del acto reclamado. 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo. 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." En cuanto a la actualización de dichos requisitos, se precisa lo siguiente: El primero [1], relativo a la petición de parte. En el particular, se colma el requisito previsto en la fracción I, del artículo 128, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, expresamente solicitó la suspensión provisional del acto que en esta vía controvierte. El segundo [2]; concerniente a la existencia del acto reclamado, sobre lo cual, debe tenerse por satisfecho, en atención a las manifestaciones expuestas por los quejosos bajo protesta de decir verdad, de modo que hasta esta etapa procesal se tiene la certidumbre de la existencia de los actos reclamados. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J 5/93 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación, Octava Época, agosto de 1993, de rubro "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO". El tercero [3], respecto de la naturaleza del acto combatido, consistente en el auto de vinculación de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés en la carpeta administrativa 614/2022, contra Ariane Azucena Dzul Can, Abraham Torres Tello y Jorge Alberto Ávila Garrido, como probable responsables del hecho que la ley señala como delito de fraude procesal y uso de documento falso, emitida por el juez de Control del Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, debe decirse que tiene el carácter de consumado, toda vez que se agotó desde el momento de su emisión. Por lo que en su contra no resulta procedente conceder la suspensión solicitada, pues actuar de manera distinta implicaría otorgarle efectos restitutorios plenos a la suspensión provisional, el cual es propio de la sentencia de fondo que se emita en el cuaderno de amparo del que deriva este incidente. Ahora, el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que, en materia de suspensión, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria. En ese orden, los artículos 107, fracción X, constitucional y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que los justiciables sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018, en ejecutoria de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se pronunció sobre ese tema -y en lo que aquí interesa-, determinó que lo importante para que la medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensivos puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Como se observa, la naturaleza de los actos [ya sea positiva, declarativa o negativa] no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar; sin embargo, la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados. Ante esas premisas, en el caso, como se ha mencionado la parte quejosa Ariane Azucena Dzul Can, Abraham Torres Tello y Jorge Alberto Ávila Garrido, señalan como reclamación la resolución dictada el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés en la carpeta administrativa 614/2022, contra Ariane Azucena Dzul Can, Abraham Torres Tello y Jorge Alberto Ávila Garrido, en las que se decretó auto de vinculación como probable responsables del hecho que la ley señala como delito de fraude procesal y uso de documento falso, lo que implica que la ejecución del acto que se combate se ejecute de momento a momento; por tanto, los efectos y consecuencias de esas reclamaciones son de carácter positivo, es así porque se traducen en la decisión y ejecución de un hacer de las autoridades, pues implica el despliegue de actos en vía de acción tendentes a ejecutar las órdenes dictadas para lograr la ejecución de dicha determinación. Por ende, respecto de los efectos y consecuencias de tales reclamaciones sí procede la suspensión. El cuarto [4], correspondiente a que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo; se tiene por colmado, en atención a las manifestaciones expuestas por Ariane Azucena Dzul Can, Abraham Torres Tello y Jorge Alberto Ávila Garrido, las cuales efectuaron bajo protesta de decir verdad. De las cuales, medularmente, se advierte que dentro de la carpeta administrativa 614/2022, del índice del Juzgado de Control del Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, a los quejosos le reviste el carácter de imputados, y que el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, se dictó auto de vinculación contra los quejosos Ariane Azucena Dzul Can, Abraham Torres Tello y Jorge Alberto Ávila Garrido, como probables responsables de los hechos que la ley señala como delito de fraude procesal y uso de documento falso. Entonces, si para resolver la presente medida cautelar con las manifestaciones de la parte quejosa, basta para que indiciariamente se justifique su interés alegado, pues en términos de lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar aunque sea indiciariamente, que el acto combatido causan un agravio a la parte quejosa, con lo antes expuesto se tiene por colmada la exigencia que nos ocupa. Finalmente, respecto del quinto [5], consistente en la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Al respecto, resulta pertinente establecer que el artículo 129 de la Ley de Amparo establece una serie de supuestos, en los que, invariablemente se causaría afectación al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; máxime que conforme al ordinal 138 de la Ley de Amparo, debe realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Sobre la apariencia del buen derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que se trata de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, esto es, en tratándose de la suspensión del acto reclamado, dicho requisito implica que para la concesión de la medida basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso de modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el fondo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. De este modo, para determinar la procedencia de la suspensión, el juzgador debe ponderar la estimación que obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. Ahora, en cuanto a los requisitos esenciales, el juzgador deberá realizar un examen sobre la probabilidad y verosimilitud del derecho solicitado, así como sus consecuencias; en esta etapa, debe considerarse que la decisión sobre el otorgamiento de una medida cautelar implica el estudio de los elementos fundamentales de ésta, consistentes en la apariencia del buen derecho y en el daño específico que genera la demora en la decisión de fondo del asunto. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia de rubro y texto que se citan a continuación: "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." Por último, tendrá que determinarse la pertinencia de la medida en orden al nivel de afectación respecto de la colectividad. Lo anterior, encuentra sustento en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 138 de la Ley de Amparo, que establecen que para conceder la suspensión deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, de la no afectación del interés social y del peligro en la demora, lo que lleva consigo realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima el promovente le asiste, con la finalidad de mantener viva la materia del asunto y evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, si con ello no se lesiona el orden público. Precisado lo anterior, es oportuno enfatizar nuevamente, que de la demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa solicita expresamente la suspensión provisional del acto de autoridad que tilda de inconstitucional; de ahí que se infiere la intención de la apertura del incidente por parte de los quejosos, en la que solicitaron la suspensión provisional del acto combatido atribuido al juez de Control del Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, toda vez que -afirman- la autoridad responsable al dictar el auto combatido, viola en su perjuicio diversas garantías constitucionales, de las cuales destaca, la transgresión a los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 Constitucionales. En efecto, si bien es verdad que por regla general es improcedente conceder la suspensión provisional en contra de actos que tiendan a cumplir una determinación dictada por una autoridad jurisdiccional de índole penal [como lo es el auto de vinculación a proceso]; ello, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que la sociedad está interesada en que no se entorpezcan los fallos, procesos y determinaciones que establezcan la verdad legal, también lo es que, existen ciertos actos que dicha ejecución sí produciría perjuicios de difícil o imposible reparación a la parte quejosa. Aunado a ello, en el caso a estudio, debe considerarse que precisamente el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto lo es la determinación que proveyó sobre el auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, en la carpeta administrativa 614/2022, por el juez de Control del Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; lo que hace evidente que su solo dictado y ejecución, pudiera ocasionar perjuicios de difícil o imposible reparación a Ariane Azucena Dzul Can, Abraham Torres Tello y Jorge Alberto Ávila Garrido. Asimismo, se estima cubierto el segundo de los requisitos de procedencia de la medida cautelar que se peticiona, en virtud de que el acto que se reclama, incide básicamente sobre intereses particulares de la parte solicitante, como en el caso lo es, su libertad personal. Concesión de la suspensión Por lo que hace a los efectos y consecuencias del auto de vinculación, con fines de preservar viva la materia del presente juicio y evitar perjuicios que resulten de difícil o imposible reparación en la esfera jurídica de los quejosos, con fundamento en el artículo 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que el proceso penal, continúe en todas sus etapas hasta una vez concluida la etapa intermedia, momento a partir del cual deberá suspenderse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. La medida cautelar concedida surtirá efectos desde el momento en que se dicta esta determinación y hasta que se resuelva lo conducente respecto a la suspensión definitiva. Garantía Sin que por el momento sea necesario fijar garantía alguna para que surta efectos la medida cautelar decretada, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Amparo, pues el efecto de la suspensión otorgada atañe a cuestiones procesales y no se tiene referencia sobre el posible daño o perjuicio a persona alguna, máxime que los delitos por los cuales se dictaron el auto de vinculación el bien jurídico tutelado es el buen desempeño de las funciones de la administración, impartición de justicia y la confianza pública en la veracidad y la autenticidad de los documentos. Copias En relación a las copias que solicita la parte quejosa, debe decirse que atendiendo al contenido de lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Cabe precisar que, únicamente, en casos excepcionales que se requieran certificaciones de documentos electrónicos impresos, aplicará el proceso de certificación para documentos físicos, es decir, se deberá incorporar el texto de certificación y firma autógrafa correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles para el actuario. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este incidente de suspensión. Transparencia y aviso de privacidad. Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en Avenida Morelos, número 348, esquina Laguna Encantada David Gustavo Gutiérrez, Othón P. Blanco, Código Postal 77013, en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que éstos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0] con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. Asimismo, que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, por lo cual se les hace saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se les informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Instrucción al secretario encargado del trámite del asunto, actuarios judiciales, oficiales judiciales y oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] de este órgano jurisdiccional Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; asimismo, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto -quien aparece como fedatario en esta actuación- para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente electrónico y sólo aquellas recibidas de manera impresa obren el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique que la documentación recibida de forma impresa se agregue al expediente físico, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, sea digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por el personal administrativo de su mesa. 5. Para la integración física y electrónica del expediente respectivo se deberá acatar lo expresamente dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Versión publica de sentencias y resoluciones. Respecto de los expedientes judiciales que se encuentren bajo su resguardo, en términos del artículo 30, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, deberán vigilar que la realización de versiones públicas de sentencias y resoluciones respectivas, se elaboren en estricto y cabal cumplimiento a lo dispuesto en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en el sistema electrónico de gestión. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que hayan sido presentadas en formato impreso al expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. Finalmente, al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional: Deberá cumplir, con lo expresamente dispuesto por el artículo 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entre otras cosas, establece lo siguiente: - Aplicar las disposiciones respectivas para cada uno de los diversos tipos de asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. - Realizar el seguimiento y actualización de la captura de datos, de manera que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE y en los demás sistemas de gestión. - Garantizar que los campos se encuentren debidamente registrados y actualizados. En todo momento, queda a cargo del secretario -como fedataria- cerciorarse sobre la integridad del expediente electrónico. Notifíquese por lista a la parte quejosa; al agente del ministerio público de la federación adscrito, y, por oficio a la autoridad señalada como responsable. Notifíquese por lista a las partes.

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