Ariane Azucena Dzul Can

Expediente 414/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
414/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Ariane Azucena Dzul Can

Actuaciones

  1. Principal

    III-Agréguese al presente juicio de amparo el primer oficio de cuenta firmado por el encargado del despacho de la Delegación Quintana Roo del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en el acuerdo de dos de junio del año en curso, manifiesta que designó a la licenciada Gloria del Rosario Galaz Cetina, asesora jurídica federal adscrita a la referida delegación, a fin de que funja como representante especial de la niña quejosa y que la protesta de ley se realice por medios electrónicos. Por otra parte, intégrese a este expediente el segundo oficio de cuenta firmado por la licenciada Gloria del Rosario Galaz Cetina, asesora Jurídica Federal designada por el Instituto de la Defensoría Pública, para que funja como asesora jurídica de la niña quejosa, mediante el cual con motivo de tal designación se le tiene aceptando el cargo y protestando su leal y fiel desempeño. De igual forma, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las oficinas del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, ubicado en el recinto que alberga en esta misma instancia judicial, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Brisa del Mar Villalobos García, Carmina Gutiérrez Mena, Víctor Núñez Vega y Miguel Ángel Ortega Muñoz, toda vez que tiene registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito, en tanto que en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo a Rene Humberto Domínguez Loca, Isaías Loyola Garza, María Teresa Zapata Samos, Veronica Manola Kira Mena Rosado, Carlos Alberto Yam Rodriguez, Lesly Pamela Patiño Luna, Pamela Johana Ascencio Sánchez, Victor Alfonso López Zamora y Brenda Maleni Zurita Hernández. Asimismo, con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los nombrados autorizados de la asesora jurídica el empleo de aparatos propios para la obtención documental por medio de imágenes de las actuaciones que integren el expediente para la disponibilidad de su reproducción. Ahora, toda vez que la ocursante solicita consultar vía electrónica el expediente en que se actúa; al respecto, previa búsqueda en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advirtió que la usuaria "GGALAZC", se encuentra registrada en la Unidad de Certificación del Conejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario de la asesora jurídica para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, hágase del conocimiento al analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, para que en términos del referido acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. También señala correo electrónico y número telefónico, para efecto de realizarle notificaciones no procesales del presente expediente, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2(COVID-19). Finalmente, en cuanto a las diversas constancias que solicita, se hace de su conocimiento que puede visualizarlas vía electrónica en el expediente en que se actúa. En consecuencia, dada la etapa procesal en la que se encuentra el presente asunto, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la niña quejosa y en virtud del interés superior de la misma, notifíquese este acuerdo por conducto de cualquiera de los autorizados señalados en el oficio que se provee, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista y personalmente a cualquiera de los autorizados que señaló la asesora jurídica.

  2. Incidental

    III-Con las dos copias de la demanda y acuerdo admisorio, como está ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo 414/2022-III-B, de donde deriva este incidente de suspensión, promovido por Ariana Azucena Dzul Can, por su propio derecho y en representación de su hija, contra los actos que reclama de la juez Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y otra autoridad; por tanto, con fundamento en los artículos 125, 128 último párrafo, 130, 131, 136 párrafo primero y 138 de la Ley de Amparo, se forma y tramita por cuerda separada y por duplicado este incidente de suspensión. Con fundamento en el diverso numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las autoridades responsables que deberán rendir por duplicado y dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este acuerdo; apercibidas que de no cumplir, se les impondrá una multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 138 fracción II, de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia incidental se fijan las nueve horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil veintidós, la cual, si las características del objeto del presente asunto lo permiten, conforme a los artículos 25 y 26 , del referido Acuerdo General, en relación con el numeral 28 del diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se podría celebrar mediante el uso de videoconferencias. Para los efectos de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que de ser su voluntad comparecer al desahogo de la audiencia, deberán comunicarlo a este juzgado con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración de la misma, a fin de que se tomen las medidas correspondientes para llevar a cabo su verificativo por videoconferencia a través de los medios tecnológicos correspondientes; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto se llevará a cabo la aludida audiencia sin la presencia de las partes. Asimismo, desde este momento se hace la precisión de que no habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp ?Cir=54&Exp=2, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". En términos de lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, en relación con el 157, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados materia del incidente de suspensión, consisten en: -La sentencia interlocutoria de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, relativa a la modificación de pensión alimenticia provisional, emitida en el expediente 369/2020, de índice del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Sobre el particular, debe decirse, que para estar en aptitud de resolver sobre la suspensión provisional del acto reclamado, debe tenerse en cuenta la naturaleza del mismo, el cual, en la especie, se trata de un acto consumado que se atribuye a las autoridades responsables, por lo que es improcedente conceder la suspensión provisional peticionada, pues proceder de manera distinta implicaría otorgarle efectos restitutorios plenos a la suspensión provisional, los cuales son propios de la sentencia de fondo que se emita en el cuaderno de amparo del que deriva este incidente. Tiene apoyo lo anterior en el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Tomo 60, diciembre de 1992, Tesis: II.3o. J/37 del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 51, cuyo rubro y texto son: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo.". En otro orden, respecto a los efectos y consecuencias que derivan del acto reclamado y que se traducen en la ejecución del decremento de pensión alimenticia en perjuicio de la hija de la promovente, debe tenerse en cuenta la naturaleza del mismo, el cual es susceptible de suspenderse, toda vez que se trata de un acto positivo de autoridad, que conlleva una ejecución material inacabada, en virtud de que requiere de otra que lo materialice, pero para que se conceda la medida cautelar solicitada, deben satisfacerse los requisitos de procedencia que se prevén en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la soliciten la agraviada, donde queda inmerso el concepto de demostración de la titularidad del derecho en controversia, para lo cual basta que se pruebe de manera indiciaria ese derecho, en atención a que la suspensión provisional del acto reclamado se equipara a una medida cautelar, cuya finalidad es preservar las cosas en el estado que se encuentran al momento de concederse. En la especie se considera colmado este requisito en virtud de que la quejosa es parte del juicio de origen de donde emana la resolución reclamada, lo que por el momento resulta suficiente para demostrar la afectación a su esfera jurídica. Asimismo, resulta pertinente establecer que el artículo 129 de la Ley de Amparo establece una serie de supuestos, en los que invariablemente se causaría afectación al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; máxime que conforme al ordinal 138 de la Ley de Amparo, el juzgador debe realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Sobre la apariencia del buen derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que se trata de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, esto es, en tratándose de la suspensión del acto reclamado, dicho requisito implica que para la concesión de la medida basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso de modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el fondo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia P./J 15/96, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Abril de 1996, Materia Común, Tesis: P./J. 15/96, página 16, de rubro y texto que se citan a continuación: "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." De este modo, para determinar la procedencia de la suspensión, el juzgador debe ponderar la estimación que obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En efecto, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita "... deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público.". Bajo esa premisa, para conceder la suspensión de los actos reclamados, el juzgador debe realizar un estudio de los aspectos: 1) preliminares; 2) esenciales; y, 3) legales; análisis que tendrá que abordar sucesivamente. En lo atinente a los aspectos preliminares, se analizará: a) la existencia del acto reclamado; y, b) su naturaleza, esto es, si de acuerdo a ella es susceptible de ser suspendido. En cuanto a los requisitos esenciales, el juzgador deberá realizar un examen sobre la probabilidad y verosimilitud del derecho solicitado, así como sus consecuencias; en esta etapa, debe considerarse que la decisión sobre el otorgamiento de una medida cautelar implica el estudio de los elementos fundamentales de ésta, consistentes en la apariencia del buen derecho y en el daño específico que genera la demora en la decisión de fondo del asunto. Por último, tendrá que determinarse la pertinencia de la medida en orden al nivel de afectación respecto de la colectividad. No pasa inadvertido que un último aspecto que tendrá que abordarse, será el relativo a los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a terceros, en cuyo caso, para que surta efectos la medida suspensional, deberá garantizarse (requisito de eficacia) en alguna de las formas que la ley señala. Lo anterior, encuentra sustento en la fracción X, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 138 de la Ley de Amparo, que establecen que para conceder la suspensión deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, de la no afectación del interés social y del peligro en la demora, lo que lleva consigo realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima el promovente le asiste, con la finalidad de mantener viva la materia del asunto y evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, si con ello no se lesiona el orden público. En el caso particular se estiman satisfechos ambos aspectos, pues la condicionante de apariencia del buen derecho, está satisfecha indiciariamente en este juicio de amparo por las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte promovente del amparo, de las que se advierte que reclama la sentencia interlocutoria de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, relativa a la modificación de pensión alimenticia provisional, emitida en el expediente 369/2020, de índice del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. De tal manera, que por el momento al tratarse de la suspensión provisional y no contar con mayores datos que los expresados en el escrito inicial de demanda, en apariencia del buen derecho, se estima que el acto reclamado pudiera causarle a la niña quejosa un perjuicio en sus derechos fundamentales, por lo que hasta el momento se acreditan el interés suspensional que tiene en relación con el acto reclamado. Lo antes considerado guarda congruencia con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, acaecidas el diez de junio de dos mil once, en específico lo dispuesto en el texto del artículo 1o. constitucional, en relación con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por virtud de las cuales constituye una obligación de los juzgadores asegurarse de que los gobernados puedan tener un real y efectivo acceso a la justicia, en específico al juicio de amparo, por ser éste el medio de impugnación extraordinario que existe en nuestro país para amparar a las personas contra actos que violen sus derechos humanos reconocidos por la Constitución, la ley o cualquier tratado internacional del que México sea parte; razón por la cual constituye una obligación del juzgador el dirigir el proceso de tal forma que no haya dilaciones o entorpecimientos indebidos que conduzcan a la impunidad. De igual forma se considera colmado el segundo de los indicados elementos, es decir, el peligro en la demora, pues la autoridad responsable al ejecutar el decremento de la pensión alimenticia, puede traer como consecuencia un perjuicio irreparable en la subsistencia de la parte quejosa, por el menoscabo de los alimentos, ello, en claro detrimento de los intereses de la niña. Tiene apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia por contradicción 2a./J.5/93, visible en la página doce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, agosto de mil novecientos noventa y tres, que a la letra establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo.". II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Igualmente se estima cubierto este requisito de procedencia de la medida cautelar que se peticiona, en virtud de que el acto que se reclama, incide básicamente sobre intereses particulares de la parte promovente. Establecida la procedencia de esta medida cautelar, por encontrarse reunidos los requisitos del precepto legal invocado y con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional peticionada, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que actualmente se encuentran, esto es, para que no se ejecute la resolución reclamada de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, relativa a la modificación de pensión alimenticia provisional, emitida en el expediente 369/2020, ordenó el decremento de la pensión alimenticia que se otorga a la niña quejosa, siempre y cuando ello no haya acontecido; ello, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la suspensión definitiva que se dicte en el presente cuaderno incidental. Lo anterior, toda vez que los alimentos son de orden público, porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario y, constituyen un derecho establecido por la ley, que nace de la filiación, lo cual hasta este momento con los datos proporcionados en el escrito de demanda, el acto reclamado podría causarle a la niña perjuicios de imposible reparación; por tanto, siempre prevalece la necesidad inherente a la subsistencia de la acreedora alimentista, así también, debe atenderse no solo al estado de necesidad de la misma, sino al riesgo en que se pone al dejar de cubrirle esas necesidades. Sustenta la presente determinación, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis C.11 C (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Página 1970, Décima Época, Materias Común y Civil, (registro digital: 2000677), que dice: "SUSPENSIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA LA DISMINUCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA. Procede conceder la suspensión respecto de una sentencia definitiva dictada en una controversia de alimentos que ordene disminuir el monto de la pensión, si de las consideraciones se advierte que existen elementos para estimar que se pone en riesgo la satisfacción de todos y cada uno de los rubros a que hace referencia el artículo 308 del Código Civil para el Distrito Federal. Por tanto, no necesariamente debe presentarse una situación extrema en la que se ponga en peligro la subsistencia de un acreedor alimentario para otorgar la medida, ya que se debe atender a cada caso concreto en función de los elementos de prueba que existan para determinar si es razonable y objetivo reducir el monto de la pensión. En todo caso, el efecto de la suspensión implica que el menor debe continuar con el goce de la pensión alimenticia que mejor garantice la satisfacción de sus necesidades, mientras se resuelve sobre ese aspecto, porque frente al efecto formal que tiene el dictado de una sentencia de segundo grado debe prevalecer la observancia de los principios de solidaridad y de garantía de la subsistencia del menor que necesita alimentos. ''. [Lo subrayado no es de origen, es propio] Asimismo, por analogía y en lo conducente, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis C.25 C (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, Página 1765, Décima Época, Materias Común y Civil, (registro digital: 2001063), que dice: "ALIMENTOS. PROCEDE NEGAR LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA AL DEUDOR ALIMENTISTA PAGAR UNA CANTIDAD DETERMINADA, CUANDO NO PRODUCE SOBRE LOS MENORES DAÑOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN. Cuando existen pruebas documentales que demuestran que el deudor alimentista está cumpliendo con su obligación alimentaria, al órgano jurisdiccional corresponde hacer una ponderación en el sentido de si la cantidad líquida es suficiente para satisfacer las necesidades alimentistas de sus acreedores. En ese contexto, para evitar la ejecución de la resolución que consiste en que se obligue al deudor alimentista a pagar determinada cantidad por concepto de alimentos debe tenerse en cuenta cuál es la consecuencia directa, inmediata y material que conlleva la ejecución del acto reclamado que fijó la cantidad por concepto de alimentos, y cuál sería el efecto de negar la suspensión o concederla para que tal resolución no se ejecute, sobre la base de que el sentido de la medida atenderá a privilegiar el interés superior de los menores, por tanto, si la ejecución del acto reclamado no produce sobre los menores daños de difícil reparación, sino que se satisfacen sus necesidades alimentarias la suspensión debe negarse, es decir, no procede conceder la suspensión para que la resolución no se ejecute, porque de esa manera lisa y llana se impediría que los menores recibieran la cantidad fijada por concepto de pensión alimenticia para satisfacer sus necesidades." También, la Jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), que resolvió la Contradicción de Tesis 36/2018, publicada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Página 14, Décima Época, Materia Constitucional, (registro digital: 2019200), que estipula: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo.". Sin que haya lugar a fijar garantía alguna para que surta sus efectos la suspensión concedida, dada la naturaleza de los actos reclamados, pues los alimentos constituyen el medio económico por el que se protege la subsistencia del acreedor alimentario y si éste es un niño, es claro que no se puede comprometer tal afectación al otorgamiento de una garantía, cuando existe la presunción fundada de la necesidad de la niña quejosa, de tal prestación económica para su subsistencia. Por identidad jurídica, se cita el criterio del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 2452, (registro digital: 170169), que dice: "SUSPENSIÓN. TRATÁNDOSE DE ALIMENTOS PARA MENORES, SU EFECTIVIDAD NO SIEMPRE DEBE SUJETARSE AL OTORGAMIENTO DE UNA FIANZA. Los alimentos son de orden público, dado que tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario y además, constituye una obligación prevista en la ley común el que los padres den alimentos a los hijos, en los casos y condiciones que fija esta última. Por esta razón, si en la sentencia definitiva se absolvió al demandado en el juicio natural, al pago de alimentos y, como consecuencia de ello se ordenó dejar sin efectos la pensión provisional que se había fijado a favor de su hijo menor de edad, esa determinación, al concederse la suspensión, no surte efectos hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías correspondiente. Además, dicha suspensión debe surtir efectos sin necesidad de otorgamiento de fianza, pues como los alimentos constituyen el medio económico por el que se protege la subsistencia del acreedor alimentario y si éste es un niño, es claro que no se puede comprometer tal afectación al otorgamiento de una caución, cuando existe la presunción fundada de la necesidad por parte del menor de edad, de tal prestación económica para su subsistencia. Ello aunado a que, en aras de tal interés jurídico, la legislación civil del Estado de Jalisco no contempla el derecho por parte del deudor alimentario a reclamar la restitución de los alimentos otorgados, lo que tiene por sustento la necesidad de proporcionar al niño una protección especial, de conformidad con lo expresado en la Declaración de Ginebra, y en la Declaración de los Derechos del Niño. Lo anterior, deberá hacerlo el juzgador, en lo conducente, en observancia de la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, página 354, bajo el rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL JUEZ DEBE VALORAR EN CADA CASO SI PROCEDE OTORGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE, A FIN DE SALVAGUARDAR LA SUBSISTENCIA TANTO DEL ACREEDOR COMO DEL DEUDOR ALIMENTARIO."; esto es, también deberá tomar en cuenta la propia subsistencia del deudor alimentario.". De conformidad con lo establecido en los artículos 143 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que adjuntó la parte quejosa a su escrito aclaratorio de demanda, la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarla nuevamente al momento de celebrarse la audiencia incidental correspondiente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este incidente de suspensión. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes.

  3. Principal

    III-Agréguese el escrito de cuenta signado por Ariane Azucena Dzul Can, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento que se le formuló por acuerdo de treinta de mayo del año en curso; en consecuencia, se deja sin efecto el apercibimiento decretado en el referido acuerdo. En tal virtud, con la demanda de amparo y escrito aclaratorio de cuenta, se tiene a Ariana Azucena Dzul Can, por su propio derecho y en representación de su hija, solicitando el amparo y protección de la juez Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y otra autoridad. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata, y se ordena dar la intervención que compete al fiscal de la federación adscrito, entregándole copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio. Ahora, en atención a lo solicitado por el agente del ministerio público de la federación adscrito a este juzgado, con el oficio 47/2022, de veinticinco de marzo de dos mi veintidós, que se acordó en el cuaderno de varios de la sección de amparo de este órgano jurisdiccional, se autoriza el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, al referido representante social. En ese sentido, toda vez que del módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el fiscal de la Federación adscrito, se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal con el usuario sergio.villadadelapiedra; con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se ordena la vinculación de la cuenta "sergio.villadadelapiedra", al presente juicio de amparo, a efecto de que el representante social de la federación, se encuentre en aptitud de atender la adscripción a este juzgado federal. Por tanto, hágase del conocimiento al analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Con fundamento en el precepto 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese el incidente de suspensión que solicita la parte quejosa. INFORME JUSTIFICADO Pídase informes justificados a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por escrito o por medios magnéticos dentro del término de quince días, según lo señala el precepto 117 de la ley de la materia; además, con sustento en el párrafo cuarto del numeral citado en el párrafo precedente, requiéraseles a la autoridades responsables para que al rendir sus informes justificados y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, se sirva remitir copias certificadas, legibles y completas de las constancias y actuaciones que se encuentren vinculadas al mismo. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 63, fracciones IV y V, 64 y 251, del ordenamiento legal invocado, requiéraseles para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa por la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), que equivale a treinta unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós. Igualmente, se requieren a las autoridades señaladas como responsables para que al momento de rendir sus informes justificados, manifiesten si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata, promovió algún medio ordinario de defensa en contra de los actos reclamados, o bien, diverso juicio de amparo en el procedimiento de origen, en el entendido, que de no hacerlo se le hará efectivo el apercibimiento citado en el presente auto. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las diez con cuarenta minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual conforme a los artículos 25 y 26, del referido Acuerdo General, en relación con el numeral 28 del diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se podría celebrar mediante el uso de videoconferencias. Para los efectos de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que de ser su voluntad comparecer al desahogo de la audiencia, deberán comunicarlo a este juzgado con tres días de anticipación a la celebración de la misma, a fin de que se tomen las medidas correspondientes para llevar a cabo su verificativo por videoconferencia a través de los medios tecnológicos correspondientes; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto se llevará a cabo la aludida audiencia sin la presencia de las partes. Ahora, teniendo en cuenta que constituye un hecho evidente que la pandemia por el virus SARS-CoV-2(COVID-19), subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales no se realiza en un contexto de "normalidad" y por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector de la labor jurisdiccional; por tanto, de conformidad con los artículos 22, 28, 29, 30 y 31 del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, tomando en consideración la situación de contingencia actual, al inicio precisada, que ha obligado a restringir el acceso a las instalaciones de este juzgado federal, transiten hacia la actuación desde el "Portal de Servicios en Línea" y utilicen oportunamente las herramientas tecnológicas dispuestas para ello, lo anterior para que se continúe la tramitación del caso mediante el esquema del juicio "en línea". Para tales efectos, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónica y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. No habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet on el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le corresponde el carácter de tercero interesado a Luis Fernando Fuentes Vargas; por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), y 116, del ordenamiento legal invocado, se ordena emplazarlo en el domicilio proporcionado en el escrito de demanda, debiendo entregarle copia simple del mismo y del escrito aclaratorio para que se imponga de su contenido, indicándole que con tal carácter puede comparecer al presente juicio si así lo estima conveniente para hacer valer sus derechos, así como, para que de estimarlo, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones en este asunto. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que adjunta la parte quejosa a su escrito aclaratorio de demanda, sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta para ser tomada en consideración y ser valorada conforme a derecho en la audiencia constitucional correspondiente. Ahora, toda vez que la promovente adjuntó a su escrito de aclaratorio de demanda a manera de prueba, una documental consistente en el acta de nacimiento electrónica número 1340, verificada a través del código QR; en aplicación extensiva del párrafo tercero, del artículo 75 de la Ley de Amparo, de oficio, se ordena la compulsa de dicho documento, con las copias que al efecto exhibió para formar los autos incidentales; lo anterior, con el fin de que dichas pruebas documentales tengan el valor que les corresponda al momento de resolver dicho incidente. Asimismo, en razón de que en el presente asunto existen conflictos de intereses entre los padres en relación con la niña quejosa. En consecuencia, gírese atento oficio vía correo institucional al delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Cancún, Quintana Roo, con copia certificada de la demanda de amparo y el presente acuerdo, para el efecto de que se sirva nombrar un asesor jurídico, con la finalidad de establecer que la niña cuente con un representante especializado en derecho que la represente en el juicio constitucional en que se actúa, a efecto de hacer efectiva su tutela y que se provea un patrocinio judicial adecuado para ella, quien con dicho carácter quedará autorizado desde el momento de su designación, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para intervenir en este juicio en su representación. En tal virtud proceda la actuaria adscrita a remitir el oficio con transcripción de este acuerdo al correo institucional ifdpqr@correo.cjf.gob.mx, glose la constancia de envío y solicite el acuse de recibo. Notifíquese por lista a la parte quejosa, personalmente al tercero interesado Luis Fernando Fuentes Vargas y al agente del ministerio público de la federación adscrito y por oficio a las autoridades correspondientes.

  4. Principal

    III-Con la demanda de amparo de cuenta se tiene a Ariane Azucena Dzul Can, por su propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuye al juez Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo y otra autoridad. En consecuencia, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 414/2022-III-B. Por otra parte, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama la sentencia interlocutoria de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, relativa a la modificación de la pensión alimenticia provisional, emitida en el expediente 369/2020, del índice del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; sin embargo, al promover el presente juicio de amparo omitió manifestar si igual lo acciona en nombre de su hija, pues en el apartado de su demanda de amparo correspondiente a los conceptos de violación se alegan violaciones a los derechos de ésta última, en específico a los de subsistencia. En ese sentido, es menester destacar que la fracción I, del numeral 108 de la Ley de Amparo, impone a la parte peticionaria del juicio, la obligación de determinar con claridad y precisión si la demanda se promueve por derecho propio, o en representación de alguna persona diversa, caso último en que debe acreditar debidamente su legal representación, a fin de que el juzgador de amparo, se encuentre en aptitud de proveer en forma adecuada. Lo anterior, porque, al poder verse inmiscuidos derechos fundamentales de personas menores de edad, se está ante la obligación de analizar la demanda en su integridad, acorde con el interés superior de la niñez, procurando hacer respetar los derechos fundamentales de éstos, en estricto a apego a los lineamientos que para tales efectos fueron elaborados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que están plasmados en el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes. Sustenta lo anterior, el criterio número IV.2o.A.2 K (10a.) emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Décima Época, visible en el Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página 1926, cuyo rubro y texto señalan: "MENORES DE EDAD. LOS JUZGADORES QUE CONOZCAN DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA POR O EN NOMBRE DE AQUÉLLOS, DEBEN ANALIZARLA ACORDE CON SU INTERÉS SUPERIOR, PROCURANDO INTEGRAR DE OFICIO LOS ASPECTOS DEFICIENTES DE LA RECLAMACIÓN Y ERRADICANDO TODO FORMALISMO QUE LLEVE A REALIZAR PREVENCIONES EXCESIVAS O INJUSTIFICADAS QUE CONDICIONEN SU ADMISIÓN. Del análisis armónico de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y el punto 16 del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se colige que los menores de edad, como sector de la población reconocido especialmente vulnerable y cuya protección incumbe a la sociedad en su conjunto, deben acceder en forma plena a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que los proteja contra actos que violen sus derechos fundamentales. Los órganos jurisdiccionales, además, habrán de garantizar su máxima protección en el proceso, eliminando todo formalismo procesal y adecuando los procedimientos a las capacidades de los niños, niñas o adolescentes. En consecuencia, los juzgadores que conozcan del amparo deben analizar la demanda presentada por o en nombre de menores de edad, con especial sensibilidad, procurando integrar de oficio los aspectos deficientes de la reclamación y erradicando todo formalismo que lleve a prevenciones excesivas o injustificadas que condicionen su admisión. Basta entonces que en el contexto de la reclamación, aparezca que los datos o elementos proporcionados son suficientes para estructurar, aunque sea de manera incipiente la litis constitucional para proveer sobre la admisión de la demanda, pues el ámbito protector que envuelve a los menores de edad, justifica que el juzgador, inclusive, integre el procedimiento en el que habrán de dilucidarse y esclarecerse sus verdaderas pretensiones, así como los actos realmente emitidos por las autoridades que originalmente aparecen señaladas como responsables o que posteriormente se incorporen a la litis, por así disponerlo oficiosamente el Juez instructor.". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108 fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que, dentro del término de cinco días legalmente computados, por escrito desahogue los siguientes puntos: Aclare, si el presente juicio de amparo lo promueve únicamente por su propio derecho, o también, a nombre y representación de su hija; y, En caso de promoverlo también a nombre y representación de su hija, deberá acreditar con documento fehaciente dicho parentesco. Hágase saber a la parte promovente, que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda y anexos que en su caso exhiba, para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma; en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a las nuevas disposiciones de la actual legislación de la materia, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.". Por lo anterior, se apercibe a la parte promovente, que de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado marcado con el inciso a), dentro del término que se le concede, se admitirá la demanda de amparo únicamente por su propio derecho. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a José Guillermo Torres Torres y Abraham Torres Tello, por haber acreditado el registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito, y en términos restringidos de dicho numeral a Leydi Araceli Tello Oliva, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano