Ariana Jarquín Rodríguez

Expediente 569/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
569/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Ariana Jarquín Rodríguez
  • Ariana Jarquín Rodríguez y Otros.
  • Janeth Jarquín Rodríguez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de ocho de junio pasado, que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágas|e constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción y actuación a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se recibe el escrito de los quejosos ****** por medio del cual dan cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintisiete de mayo del actual, en el que precisan que los actos reclamados consisten en: a) Como acto generador: Posible citación para formulación de imputación. b) Como actos consecuentes: Auto de vinculación que pudiere llegar a dictarse. Medida cautelar de prisión privativa oficiosa que pudiere llegar a imponerse. En esta línea, se tiene de nueva cuenta a la vista la demanda de amparo y se provee: Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, este órgano jurisdiccional considera debe desecharse la demanda de amparo. Lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales refieren lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo. Respecto a la segunda de las disposiciones legales, en ésta se establece que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido; por lo que interpretado a contrario sentido, si el acto reclamado aun siendo fuera de juicio, no se traduce en un acto de imposible reparación, resulta improcedente, entendiéndose por actos de imposible reparación los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y los Tratados Internacionales; es decir que producen una afectación material a dichos derechos, por lo que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales; lo anterior, en congruencia con las reglas generales del sistema de procedencia del juicio de amparo, particularmente con aquellas relativas a la naturaleza del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa a favor del gobernado. Esto es, para que proceda la acción constitucional, no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Ahora bien, debe precisarse que la posible citación a la audiencia inicial, no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del párrafo final del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de similar contenido al numeral 170, fracción I, último párrafo de la Ley de Amparo, el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que, no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. En ese sentido, es importante anotar que la "posible" citación no se erige en sí en un acto que afecte derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo, dado precisamente que es un acto futuro de realización incierta, aunado luego a la circunstancia de que el sistema de justicia penal acusatorio adversarial, inicia con la etapa de investigación; la cual tiene como finalidad que el Ministerio Público, la policía y los peritos, recaben los datos de prueba para acreditar la realización de un hecho delictivo, así como la probable participación de un sujeto en su comisión, iniciando así la integración de la carpeta de investigación, tal y como lo dispone el 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que reza: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." Del ordenamiento en cita, se advierte que la etapa de investigación comprende dos fases: investigación inicial e investigación complementaria. En la fase de investigación inicial, el Ministerio Público recaban los datos de prueba necesarios para la formulación de la imputación, o si existe una persona detenida, los elementos necesarios para sustentar la legalidad de la detención, en esta etapa aún no se hace del conocimiento del juez la investigación, por eso se le conoce como investigación no judicializada que se sigue por la comisión de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que un sujeto haya participado en su comisión. Por otra parte, en la investigación complementaria, también conocida como investigación judicializada, el juez y el imputado conocen de la investigación, y con ello se inician las demás actuaciones procesales tales como la solicitud de la vinculación a proceso, la aplicación de medidas cautelares y el establecimiento de un plazo para culminar o cerrar la investigación. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial, en lo atinente al auto que cita al investigado para celebrar la audiencia inicial, en la cual, se formulara imputación. Por su parte, la exégesis de los artículos 309, párrafo primero y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite establecer que cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito y considera que es oportuno la intervención judicial con el objeto de resolver la situación jurídica del imputado, y únicamente en el caso de que éste no se encuentre detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al párrafo segundo del numeral 310 de la legislación en consulta. Al respecto, el numeral 141, fracción I, del Código en consulta, prevé, entre otras, como una forma de conducción al proceso, el citatorio para la audiencia inicial. Ahora, conforme al numeral 307 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales, en la audiencia inicial: Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si es que éstos no se le hubieren informado con antelación. De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención. Se formulará la imputación. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Así, la formulación de imputación, que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En ese sentido, aun y cuando el acto reclamado consiste la cita para que comparezca para la comunicación de la imputación que en su caso formulara en su contra la Fiscalía, por un hecho que la ley señala como delito; lo cierto es, que a más de lo anterior, la citación no le ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos de los quejosos, pues la orden de citación, no ocasiona alguna afectación a sus derechos sustantivos, como es el derecho a la libertad o algún otro. En efecto, el Juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al investigado, aquí parte quejosa no se le causa un perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se le irroga perjuicio alguno, pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de comparecencia o de aprehensión, en caso, de que así lo solicitare el Ministerio Público; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Así, no puede considerarse, en el caso, que el acto reclamado ocasione un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, pues ésta sólo se cristalizará hasta en tanto la autoridad judicial determine si procede librar la correspondiente orden de aprehensión en su contra, porque incluso, su libramiento, se trata de un acto futuro de realización incierta ya que el juez correspondiente pudiera llegar a negar la medida cautelar solicitada, caso en el cual, ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. Por lo que ante este panorama no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de su libertad a la parte quejosa, ya que en todo caso será hasta que la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público determine librar la correspondiente orden de comparecencia o aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Y si bien, el imputado debe comparecer transitoriamente ante el juez de control, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr que se le informe por conducto del Ministerio Público los hechos respecto de los cuales se sigue una investigación en su contra; y en su caso continuar con el desarrollo de la audiencia inicial, pero no privar de la libertad al imputado, en su caso, la citación a la audiencia inicial, no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad, pues esta seria, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de comparecencia o aprehensión. Por lo cual, considerar que la posible citación emitida por el juzgado responsable para que comparezca a efecto que se le comunique la imputación que formulara en su contra la Representación Social, por un hecho que la ley señala como delito, transgrede su derecho de libertad, implicaría que la presentación ante el juez de control o de enjuiciamiento de la víctima u ofendido, testigos, peritos o demás terceros involucrados en el proceso penal, también debe considerarse restrictiva de la libertad, lo que no puede ser así, pues lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. En tales condiciones, el acto reclamado que aquí se analiza, no es un acto que incida en la libertad personal del quejoso; lo anterior, toda vez que se trata de un acto procesal que tiene por objeto formalizar la investigación que se sigue en su contra, y lo que en su caso se resuelva en dicha audiencia, será lo que pueda generar perjuicio a la parte quejosa, misma que en su oportunidad puede de ser impugnada en la vía correspondiente de lo cual deviene igualmente inconducente el juicio de amparo respecto de los restantes actos que señala, los cuales se advierte devienen en su caso reclamados como probables en vía de consecuencia de aquél inicial de citación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 78/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, Décima Época, Diciembre de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede desechar de plano la demanda de amparo, por lo que hace al acto reclamado consistente en la citación para formulación de la imputación que en su caso, hará la Representación Social; y como vía de consecuencia, el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa que pudiere llegarse a imponer con motivo de esa citación judicial; lo anterior, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. Además, cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la Tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". Finalmente, se precisa que lo relativo al exhorto para la promoción del juicio en línea, la habilitación de días y horas inhábiles, la designación de autorizados, domicilio para recibir notificaciones, la ley de transparencia y la gratuidad del servicio, fue acordado en el auto de prevención de veintisiete de mayo del año en curso. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Crescencia Rodríguez Lorenzo, Adriana Jarquín Rodríguez, Janet Jarquín Rodríguez y Heriberto Rodríguez Chávez, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, San Francisco Tanivet, Oaxaca y otras autoridades. En este sentido, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase al primero de los nombrados como representante común de la parte quejosa, sin perjuicio que posteriormente, se designe a diversa persona. Regístrese en el libro de gobierno de éste Juzgado de Distrito, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 569/2021; fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Prevención. Ahora bien, una vez precisado lo anterior, del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: Los artículos 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará: [.]. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación". "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; [.]. IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado". En tales condiciones, previo a proveer sobre la admisión o no de la demanda que se intenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracciones IV y V y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que dentro del término de CINCO días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: 1. Aclare el acto que en específico reclama a la siguiente autoridad: - Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, San Francisco Tanivet, Oaxaca. Esto en virtud, que en el capítulo correspondiente destacó como actos reclamados: Causa penal que se inicie en su contra. Cita que haya sido emitida para comparecer ante ese órgano jurisdiccional para rendir declaración. Vinculación a proceso y medida cautelar que implique privación de su libertad, que pudieren llegar a decretarse en el procedimiento penal. Sin embargo, al narrar los antecedentes de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, refieren que dos días atrás a la suscripción de la demanda -veinticinco de mayo pasado-, se presentaron en su domicilio elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, con órdenes -al parecer- para detenerlos y privarlos de su libertad en un centro penitenciario. Así las cosas, no existe relación entre los antecedentes narrados y los actos reclamados por los quejosos, pues por una parte, hablan de una citación judicial y por otra, hablan de un acto privativo de libertad. De ahí, que resulte necesario que precisen en concreto que actos reclaman al juzgado responsable. 2. Amplié su capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, por cada uno de los actos reclamados, bajo el entendido, que deberán guardar una relación lógica entre ellos. 3 Indique si contra los actos reclamados ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, expresar qué órgano jurisdiccional conoce de dicho controvertido constitucional y el número de expediente. Ello, con la finalidad de estar en aptitud de fijar correctamente la litis constitucional y, que las partes en el presente juicio, en este caso, las autoridades responsables, tengan certeza del o los actos que constituyen el verdadero reclamo constitucional, y así lograr una impartición de justicia completa e integral, tal como lo exige el artículo 17 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo por sus consideraciones esenciales, la tesis aislada sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 393, Tomo CVIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto. "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, mandará aclararla, no sólo cuando el quejoso haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, sino también cuando en ella encuentre alguna irregularidad; cuando no se hayan expresado con precisión el acto reclamado; o cuando no se haya exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia Ley, previniendo al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades y deficiencias que deben llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; en la inteligencia que si no lo hace se tendrá por no interpuesta la demanda. Es improcedente el agravio que se haga valer en el sentido de que no se previno al quejoso se hiciera la aclaración, con apercibimiento de que en caso de no hacerla, se tendría por no interpuesta la demanda, ya que el artículo 146 de la Ley de Amparo que es el que establece el procedimiento de aclaración de la demanda, no dispone que deba hacerse al promovente de la misma, tal apercibimiento." Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con la prevención dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, en términos del artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Exhorto para la promoción de juicio en línea. Tomando en consideración que el presente asunto, fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". Domicilio y autorizados. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica, y por autorizado para tal efecto a las personas que indica, por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, respecto al número telefónico que señala, con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del mismo, únicamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Habilitación de días y horas. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." Ley de transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los preceptos 5°, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, que disponen que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad; asimismo, hágaseles saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Leonardo Morales Castillo, Secretaria Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.

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