Argeo Cruz Ordoñez

Expediente 587/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
587/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Argeo Cruz Ordoñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron como responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." En ese orden de ideas, toda vez que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de accedo a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, del estado de autos, así como la certificación secretarial que antecede, se desprende que existe en el presente asunto documentos originales glosados que exhibió la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 del referido Acuerdo General, requiérasele a efecto que comparezca a recibirlo ante este órgano jurisdiccional, dentro del término de noventa días a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído. Documento que se entregará personalmente a la parte promovente, o por conducto de la persona que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa copia y razón de su recibo se deje en autos. Además, dígase a dicha parte que la entrega de dicho documento deberá ser a través del sistema de "citas" en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; por lo que, deberá realizar la cita correspondiente a través del sistema de agendas "OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este Juzgado de Distrito. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, será destruido Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen asuntos pendientes cumplir determinación judicial alguna, ni existe billete de depósito, ni multa pendiente por hacer efectiva; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Con apoyo en el numeral 21, fracción a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes treinta días, procédase a la destrucción del presente expediente de amparo y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 21 del Acuerdo General de mérito. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente asunto. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 587/2020, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el siete de octubre de dos mil veinte, recibido en este Juzgado Federal en esa misma data, por razón de turno,********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisa a continuación: ".III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridad responsable del acto reclamado, al C. Agente de Policía de la Agencia de Policía "La Victoria", perteneciente al Municipio de San Mateo Rio Hondo, Distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Reclamo de la responsable, la omisión de dar respuesta por escrito a la petición que formule, mediante escrito de fecha 27 de mayo de 2020, mismo que fue recibido el mismo día, mediante el cual, el suscrito, denunció el aprovechamiento ilegal de madera en contra de la señora Estela Adela Ordoño Cruz; después nuevamente el 23 de agosto de 2020, volví a denunciar el aprovechamiento ilegal de madera en contra del señor Leonel Matuz Cruz, y hasta la fecha no me ha contestado." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y, manifestó esencialmente como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y admisión de la demanda. Por auto de ocho de octubre de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo bajo el número de expediente 587/2020, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el dos de agosto de dos mil veintiuno. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por tratarse de una omisión atribuida a una autoridad cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. De igual manera, se considera que en observancia a la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que la suscrita secretaria en funciones de Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, en términos de lo dispuesto en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2820/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, pues está facultada para dictar sentencia aún en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 67/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 853, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL." SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. Dado que el acto reclamado consiste en una omisión reclamada a la autoridad responsable, lo que implica un acto de no hacer, creando dicha omisión una situación permanente mientras se subsana, de ahí que puede reclamarse en cualquier tiempo sin que se pueda hablar de consentimiento, expreso ni tácito, en términos del artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo, ni por lo mismo, de extemporaneidad de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis III.5o.C.21 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página 1451, Tomo XXI, Mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS". TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Atento a lo anterior, del análisis de la demanda y de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: La omisión de dar contestación a los escritos de veintisiete de mayo y veintitrés de agosto, ambos de dos mil veinte, presentado ante la autoridad en las mismas fechas; a través de los cuales hizo del conocimiento de la autoridad responsable que los ciudadanos Estela Adela Ordoño Cruz y Leonel Matuz Cruz, estaban extrayendo ilegalmente madera, tanto en su terreno como en diverso cercano. CUARTO. Existencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan violatorios de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. En este contexto, la autoridad responsable agente Municipal de la Agencia La Victoria, San Mateo Rio Hondo, Miahuatlán, Oaxaca, por su denominación correcta, al rendir informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, se debe tener por cierto, pues de las manifestaciones vertidas en el mismo se desprende su certeza. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis publicada en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.- En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Esto es así, pues de las manifestaciones que vierte en el mismo, se aprecia que efectivamente la parte quejosa presentó ante dicha potestad un escrito, el cual informó ya fue contestado en los términos solicitados. Lo que se corrobora con las documentales remitidas por la autoridad responsable, constancias que tienen valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio el juzgador debe analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado. A efecto de evidenciar lo anterior, se estima conveniente citar la aludida norma legal, misma que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Al respecto, se estima dable señalar en primer término el significado de las palabras "cesar" y "efecto", que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Por lo que la frase "cesar los efectos" del acto reclamado, se refiere cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; en tal virtud para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. Así, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Luego, para que pueda operar o actualizarse la causa de improcedencia en estudio, es menester que el acto reclamado en el presente juicio quedara sin efecto. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones siguientes. En efecto, recuérdese que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hizo consistir en la falta de contestación a los escritos presentados el veintisiete de mayo y veintitrés de agosto, ambos de dos mil veinte, dirigidos al agente Municipal de la Agencia La Victoria, San Mateo Rio Hondo, Miahuatlán, Oaxaca, mediante los cuales le hizo del conocimiento que los ciudadanos Estela Adela Ordoño Cruz y Leonel Matuz Cruz, estaban extrayendo ilegalmente madera, tanto en su terreno como en diverso cercano Por tanto, para que opere la causa de improcedencia en comento, resulta necesario demostrar en autos que se proveyó respecto de los escritos presentados por la ahora parte quejosa y, se le hiciera de su conocimiento la respuesta. Lo cual se estima así sucedió, pues de acuerdo a las constancias enviadas por la autoridad responsable, y en atención a la petición formulada por la parte quejosa, el veintitrés de agosto de dos mil veinte, emitió un oficio mediante el cual hizo del conocimiento de la aquí parte quejosa que se señalaba fecha para que acudiera a las instalaciones de esa autoridad, para después trasladarse al predio que está en conflicto, ya que estarían presentes los ciudadanos Estela Adela Ordoño Cruz y Leonel Matuz Cruz, personas son señaladas como responsables del aprovechamiento ilegal de madera y, de esta forma darle solución a dicho conflicto, asimismo, debería traer consigo copia de documento que acredite ser propietario del predio denominado el Tepehuaje o los guayabales. Asimismo, se advierte que mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa con dichas constancias, lo cual fue notificado por medio de lista el veintiocho de enero siguiente; sin que realizara manifestación alguna no obstante encontrarse publicado en la lista de este órgano jurisdiccional, y con ello encontrándose debidamente notificada del aludido proveído. Sumado al hecho, de que las partes también se encuentran constreñidas a darle seguimiento a los juicios que tramitan, como es verificar la lista de acuerdos, para así conocer si la autoridad rindió su informe justificado y el sentido del mismo, ello para estar en facultad de desvirtuar lo manifestado y acreditado en el mismo, incluso para formular alegatos en relación de la violación de los derechos que siente fueron afectados en su esfera de derechos; máxime que incluso, la ley de la materia no establece que la notificación de la vista del informe justificado deba realizarse de manera personal. Atento lo relatado y ante la falta de controversia por la parte quejosa en cuanto la contestación emitida por la autoridad responsable, es por lo que se considera, en el caso, que cesaron los efectos de los actos reclamados en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo; y siendo esto así, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese sentido, debe señalarse que si bien es cierto del acuse de recibo del oficio de veintitrés de agosto de dos mil veinte, carece de la fecha en la cual se notificó a la parte quejosa, sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que el mismo existe a partir del veinte de enero de dos mil veintiuno, fecha en la cual la autoridad responsable rindió su respectivo informe justificado. Aunado a que, la parte quejosa en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad indicó que desde la fecha de presentación de los escritos materia de la presente Litis, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la autoridad había sido omisa en dar la contestación solicitada, máxima que no obra prueba en contrario. Manifestaciones que constituyen una confesión que hace prueba plena, conforme a lo establecido por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, de contenido: "AMPARO, CONFESION EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa." En tales condiciones, es claro que al haberse dado respuesta a la solicitud de la parte quejosa por parte de la autoridad responsable, situación que durante el presente juicio de constitucional, se hizo del conocimiento de la parte quejosa, y al no haber realizado manifestación alguna, se tiene que han cesado los efectos del acto impugnado. Lo anterior se considera así, pues la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando con motivo de una actuación posterior por parte de la propia autoridad responsable, todos sus efectos desaparecen o son destruidos en forma total e incondicionalmente como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto reclamado no hubiera existido. Sirve de apoyo a la anterior consideración por su contenido jurídico, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, en materia común, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, correspondiente a la Novena Época y sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro es "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, lo procedente sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En razón del sentido del presente fallo, no procede analizar los conceptos de violación; de acuerdo con la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Además, no representa obstáculo a la determinación adoptada, el que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, puesto que la admisión de mérito no constituye un impedimento al actualizarse alguna causa directa de sobreseimiento, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 544, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA". Finalmente, se autoriza al Secretario y/o actuario judicial a firmar los oficios que deriven del presente proveído. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, respecto del acto reclamado, por los motivos expuestos en el considerando último del presente fallo. Notifíquese personalmente; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 564/2021 que remite el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por el que devuelve debidamente diligenciado el despacho 87/2021, del índice de este Juzgado. En consecuencia, dése de baja y háganse las anotaciones de Ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, toda vez que el juicio de amparo en que se actúa se encuentra con audiencia celebrada, se ordena formar un expedientillo a fin de que sea agregado el escrito de cuenta. Luego, se ordena poner a disposición el cuadernillo de mérito para la formulación del proyecto, en caso que su contenido sea susceptible de tomarse en cuenta, debiendo glosarse al expediente después de que se dicte la sentencia, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio sin número signado por el Agente de Policía de la Victoria, San Mateo, Rio Hondo, Muahuatlán, Oaxaca; mediante el cual, en atención a los requerimientos de quince de febrero, seis de mayo y catorce de junio del año en curso; hace del conocimiento medularmente, que se encuentra imposibilitado para cumplir con lo solicitado, toda vez que no encontró acta alguna que demuestre que el quejoso Argeo Cruz Ordoñez, haya comparecido ante dicha autoridad responsable, el veinticinco de agosto de dos mil veinte; por tanto, se deja sin efectos los apercibimientos decretados en autos; lo anterior, para los efectos legales conducentes. En tales condiciones, dese vista a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional, proveerá lo que en derecho corresponda. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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