Ariadna Iris Moreno Santana
Expediente 258/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/04/2019
Partes del expediente
- Ariadna Iris Moreno Santana
Actuaciones
- Principal
MESA III La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 20 a 22), en la que se sobreseyó este asunto fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicha auto a ha causado estado para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que 1. El presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
MESA III Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, mediante el cual rinde su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que anexa y describe el Junta responsable en el ocurso que se provee. En otro contexto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, de las que se advierte que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado La omisión de la responsable, de dictar el laudo correspondiente dentro del expediente laboral J5/252/2018 En ese sentido, la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, al rendir el informe justificado que se provee, aceptó la existencia del acto reclamado, de igual forma, remitió copia certificada del laudo de veintiuno de marzo del año en curso dictado en el juicio laboral J.5/252/2018, a las cuales se les otorga valor probatorio, en términos de los dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." De lo anterior, se colige que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos de la dilación procesal controvertida. Esto es así, porque el numeral y la fracción en comento, establecen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". En efecto, de una interpretación sistemática de la norma legal citada, se deduce que dicha causal de improcedencia se puede actualizar mediante dos supuestos a saber Por revocación o, Sustitución procesal. Es así, ya que de la norma transcrita se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo u omisivos, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Lo anterior porque el juicio de garantías no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es el restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaba antes de la violación. Luego, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De esta forma se destaca, que del informe rendido por la responsable, se desprende que si bien existía el acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral de origen J.5/252/2018, lo cierto es también, que el veintiuno de los cursantes dictó el laudo correspondiente. Bajo esa óptica, se observa que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la propia autoridad responsable, mediante un acto posterior, destruyó el que dio origen a este sumario, lo que constituye una situación jurídica idéntica a la que habría existido si le hubiera concedido el amparo, por lo que la omisión reclamada no puede continuar surtiendo sus efectos. Es aplicable, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, que dispone "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma brinda apoyo la diversa jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Novena Época, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196820 , que establece "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ante lo expuesto, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción XXI, de la Legislación de la Materia, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, por lo que se deja sin efecto legal alguno la hora y día fijados para la audiencia constitucional, misma que fue señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve; así como todas las medidas y determinaciones decretadas, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Cobra aplicación en el presente asunto, la tesis V.2o.45 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 2503, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Octubre de 2005, de rubro "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO AL ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Conforme a la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, para que válidamente pueda sobreseerse en el juicio, debe invocarse alguna fracción del artículo 73 de la propia ley; sin embargo, no necesariamente toda causa de improcedencia puede considerarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías que dé lugar a decretar el sobreseimiento, fuera de la audiencia constitucional, pues para ello es menester que la causa se manifieste con tal notoriedad que la haga aplicable sin ulterior comprobación de datos o elementos que la integren, porque éstos surgen a la vista y, además, se tenga la certeza absoluta de que no existe, ni puede sobrevenir, elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
MESA III Visto el oficio de cuenta suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por el cual comunica a esta Potestad Federal que no se han promovido diversos juicios de amparo dentro del juicio de origen; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del ordinal 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
MESA VI Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio certificado de la ejecutoria de doce de febrero de dos mil diecinueve, emitida en los autos del recurso de queja 218/2018, cuyo punto resolutivo dice "Único. Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por **, administrador único de la empresa **, en contra del auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 1700/2018-VI, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Toluca, que desechó la demanda de garantías." Acúsese el recibo de estilo. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y se acuerda lo siguiente Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por **, en su carácter de administrador único de la moral quejosa **, personalidad que acredita en términos del instrumento notarial veintinueve mil ciento cuarenta, pasada ante la fe del notario público número ciento sesenta y tres del otrora Distrito Federal (ahora Ciudad de México), contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y otras autoridades. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama La resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en el recurso de inconformidad relativo a la carpeta auxiliar 397/2018, mediante la cual confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal, pronunciada el treinta y uno de julio del año en curso, en la carpeta de investigación NUC TOL/FRM/FRM/107/067816/18/04 NIC FRM/FRM/00/ 113/00024/18/04, así como su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del suscrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." ADMISIÓN. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo interpuesta por **, en su carácter de administrador único de la moral quejosa **, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y otras autoridades. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dése la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este Juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se aperture el incidente de suspensión en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 127 de la Ley de Amparo. SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115 de la legislación aplicable, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO. Pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban la notificación relativa y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, se requiere a las responsables en comento para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron como base para emitir el acto que se les atribuye, haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues, resulta indispensable que este órgano de control constitucional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso el impedimento legal que tengan para hacerlo. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados se les impondrá multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, Tomo I, en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente asunto, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento lo hagan saber así a este Juzgado de Distrito, apercibidas que en caso de ser omisas se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con el diverso precepto 251 de la ley de la materia. De igual forma, se requiere a las responsables para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, informen a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberán comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que en caso ser omisas a lo anterior, se les impondrá una multa de cincuenta a mil veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Ahora bien, resérvese acordar lo conducente al emplazamiento de los terceros interesados, así como del Ministerio Público que conoce de la carpeta administrativa de origen, hasta en tanto obren en autos los informes justificados rendidos por las responsables y las constancias de las cuales emana el acto reclamado. DENOMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso que las autoridades señaladas como responsables, no existan con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se tendrán como inexistentes y por ende no se les dirigirá comunicación procesal, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notifíquese.
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