Argelia Galicia Márquez y Otros.
Expediente 962/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/07/2023
Partes del expediente
- Argelia Galicia Márquez y Otros.
- Argelia Galicia Márquez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de julio de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que, la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veintiuno de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. En consecuencia, como no existe más por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir el expediente en que se actúa al archivo de este juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 20, fracción IV, del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, serán destruidos. Una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por * y por - , por propio derecho, contra actos del Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, Almoloya de Juárez, México y otra autoridad. REGISTRO. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 962/2023-II. ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el traslado de su hermano Alberto Galicia Márquez, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, Almoloya de Juárez, México, Estado de México, a diverso centro penitenciario." Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juzgado de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quisieron impugnar las promoventes y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Expuesto lo anterior, este juzgador advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 6°, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: Los preceptos legales en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". Así, es preciso puntualizar que, el segundo precepto legal invocado establece las bases de la capacidad legal dentro del juicio de amparo, en relación con el quejoso o promovente de la acción constitucional; es decir, la parte a quien perjudique la ley o acto de autoridad reclamado. Del numeral de referencia, se advierte la existencia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, conocido como el de instancia de parte agraviada, que implica que la acción de amparo sólo puede ser ejercitada por la persona que vea afectada su esfera jurídica con motivo de la emisión o ejecución de un acto de autoridad, que considere lesiona sus derechos fundamentales. En efecto, la legitimación ad causam se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Lugo entonces, si en el caso en estudio, las promoventes del amparo comparecen por su propio derecho, para impugnar el traslado de su hermano Alberto Galicia Márquez, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, Almoloya de Juárez, México, Estado de México, a diverso centro penitenciario; es inconcuso, que no están legitimadas para acudir al juicio de amparo por derecho propio, atento a que los actos reclamados afectan la esfera jurídica del interno Alberto Galicia Márquez, pues es a quien aducen se pretende trasladar del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, México a diverso centro de reclusión; por lo tanto, sería él quien, en su caso, estaría facultado para hacer valer los medios de impugnación a su alcance en contra de dicha determinación. Por tanto, la circunstancia de que las quejosas acudan a la vía constitucional por derecho propio revela que carecen de legitimación para promover este juicio de amparo, porque los actos que pretende impugnar no inciden en su esfera jurídica, sino en la de la aludida persona física Alberto Galicia Márquez. De ese modo, se colige que las quejosas no ostentan la titularidad de algún derecho que se vea afectado por los actos reclamados. Es aplicable la jurisprudencia 2ª /J 75/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos cincuenta y uno, del tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable". En consecuencia, al actualizarse, de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en los artículos 61, fracciones XXIII, con relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Argelia Galicia Márquez y por Felipa Galicia Márquez, contra actos del Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, Almoloya de Juárez, México y otra autoridad. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar horas y días inhábiles para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a la parte quejosa para que, continúe la tramitación del asunto, a través del portal de "juicio en línea", para tal efecto, deberá ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a efecto de que obtengan su firma electrónica. REPRESENTANTE COMÚN. En uso de la facultad conferida a este juzgado de Distrito por el ordinal 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Argelia Galicia Márquez, sin perjuicio de que con posterioridad los promoventes realicen la designación respectiva. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de su representante común.
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