Ariaana Ivon Alcocer Vera

Expediente 402/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
402/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • Ariaana Ivon Alcocer Vera
  • Juez Tecero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se negó la suspensión definitiva por todos los actos reclamados; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de destrucción en un plazo de tres años. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 402/2023-IV, promovido por ARIAANA IVON ALCOCER VERA, contra los actos de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, ARIAANA IVON ALCOCER VERA, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 728/2022, relativo al procedimiento Especial de Divorcio sin causales promovido por la aquí quejosa en contra de Fernando Fernández Moguel, mediante el cual, no admitió el recurso de revocación, que interpuso contra la parte conducente del auto de diecisiete de enero del año en curso, relativo a la pensión alimenticia fijada en favor de su menor hija. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; se ordenó emplazar al tercero interesado, lo que se hizo oportunamente, tal y como se advierte en autos del presente juicio de amparo; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conoc9r y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: El acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 728/2022, relativo al procedimiento Especial de Divorcio sin causales promovido por la aquí quejosa en contra de Fernando Fernández Moguel, mediante el cual, no admitió el recurso de revocación, que interpuso contra la parte conducente del auto de diecisiete de enero del año en curso, relativo a la pensión alimenticia fijada en favor de su menor hija. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con sede en esta ciudad, porque así lo afirmó expresamente al rendir su informe con justificación. Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias relativas que obran en el juicio extraordinario hipotecario 728/2022, de su índice, que remitió como justificación de su informe y de las que se advierte el acto reclamado. La documental que por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, como ya se dijo, el acto que por esta vía reclama la parte quejosa, consiste en el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 728/2022, relativo al procedimiento Especial de Divorcio sin causales promovido por la aquí quejosa en contra de Fernando Fernández Moguel, mediante el cual, no admitió el recurso de revocación, que interpuso contra la parte conducente del auto de diecisiete de enero del año en curso, relativo a la pensión alimenticia fijada en favor de su menor hija. Así, respecto de dicho acto reclamado, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En este sentido, a fin de explicar cómo opera la causa de improcedencia anunciada, es oportuno mencionar que se han realizado exhaustivos estudios por los órganos jurisdiccionales para establecer cómo se considera actualizada, tales como el del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/95, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, páginas 31 a 71), cuyos argumentos retomó casi en su integridad la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3387/97 (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38), que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En estas resoluciones se partió del análisis gramatical de la causal de improcedencia referida, precisándose que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" connota lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En este orden de ideas y a mayor abundamiento es oportuno hacer notar que, la propia Sala ha definido el criterio en el sentido de que no es necesario que el acto reclamado sea dejado sin efectos por la autoridad responsable para que opere la improcedencia del juicio que se viene analizando, sino que basta con que sea substituida por otra resolución que derogue la que se impugna, al momento en que se emita la sentencia en el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO.El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos. En esta tesitura, es evidente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación y b) por sustitución -como en el caso acontece-. En efecto, en el primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del primer acto reclamado, porque la situación jurídica a que estaba sujeto el quejoso respecto a dicho acto reclamado, ya no está regida por éste, sino por una nueva determinación. Motivo por el que ésta determinación sustituye procesalmente el auto controvertido primigeniamente, y por ende, para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente, de ahí que, será la nueva determinación, la que podría ser materia del juicio constitucional. En efecto, se dice que se actualiza dicha causal de improcedencia, ello, toda vez que de las constancias que remitió la Jueza Tercero de Oralidad Familiar del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se dictaron diversas medidas provisionales, en el caso, se decretó en favor de la menor de edad de iniciales V.E.F.A., la cantidad de $3,000.00 (Son tres mil pesos, moneda nacional), en concepto de pensión alimenticia, de forma mensual; asimismo, se le dejó al cuidado de su progenitora, aquí quejosa, Ariaana Ivon Alcocer Vera, y que en cuanto al régimen de convivencia que debe de tener con su padre Fernando Fernández Moguel, ésta se decretó bajo la modalidad supervisada en el Centro de Convivencia Familiar del Estado, los días sábados de cada semana, en el horario comprendido de las diez a las doce horas. Inconforme con la medida provisional de alimentos, la parte quejosa, interpuso el recurso de revocación, siendo que mediante acuerdo de diez de febrero del año en curso, la Jueza responsable, determinó no admitir el recurso de que se trata, al ser notoriamente improcedente, por cuando adujo que el contenido del auto que se deseaba combatir, se trataba de medidas provisionales, mismas que podrían ser revisadas al celebrarse la audiencia preliminar. Mismo acuerdo que resulta ser el acto, que por esta vía se combate. Sin embargo, en fecha quince de mayo del año en curso, se llevó a cabo la celebración de la audiencia preliminar, en la cual, según se advierte de las constancias que remitió la Jueza responsable, en esta propia fecha, se dejó firme la medida provisional del régimen de convivencia entre la menor de iniciales V.E.F.A., y su progenitor Fernando Fernández Moguel, y se modificó la medida provisional, en concepto de pensión alimenticia, por lo que se fijó en favor de la menor, la cantidad de $8,000.00 (Ocho mil pesos, moneda nacional), en forma mensual. Siendo que en esa propia audiencia, se tuvo a los asesores jurídicos interponiendo el recurso de revocación en contra de dicha medida provisional respecto al monto de la pensión alimenticia, los cuáles se tuvieron por admitidos. Por tanto, de la anterior narrativa claramente se advierte que el acuerdo de diez de febrero del año en curso, impugnado por esta vía, fue sustituido procesalmente por la determinación de quince de mayo del año en curso, en la que se tuvo por interpuesto el recurso de revocación en contra de dicha medida provisional respecto al monto de la pensión alimenticia, que es lo que en esencia le afectaba a la quejosa. Lo anterior, da noticia de la materialización del motivo de improcedencia en estudio dado que las consecuencias jurídicas del auto primeramente combatido fueron sustituidas por la determinación en la que ya se admitió el recurso de revocación contra el nuevo monto de la pensión alimenticia fijada de manera provisional, motivo por el cual, respecto de dicho acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés, debe de sobreseerse en el presente juicio de amparo. Sólo resta decir que, atento al resultado del presente fallo, esta Juzgadora no se ocupará de los argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto reclamado; ello, de conformidad con el criterio que contiene la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, este Juzgador Federal, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por ARIAANA IVON ALCOCER VERA, contra el acto que reclamó de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 728/2022, relativo al procedimiento Especial de Divorcio sin causales promovido por la aquí quejosa en contra de Fernando Fernández Moguel, mediante el cual, no admitió el recurso de revocación, que interpuso contra la parte conducente del auto de diecisiete de enero del año en curso; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe; el día de hoy, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado permitieron su engrose. Doy Fe.

  3. Principal

    CITATORIO.- Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 402/2023-IV, promovido por ARIAANA IVON ALCOCER VERA, contra los actos de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, ARIAANA IVON ALCOCER VERA, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 728/2022, relativo al procedimiento Especial de Divorcio sin causales promovido por la aquí quejosa en contra de Fernando Fernández Moguel, mediante el cual, no admitió el recurso de revocación, que interpuso contra la parte conducente del auto de diecisiete de enero del año en curso, relativo a la pensión alimenticia fijada en favor de su menor hija. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; se ordenó emplazar al tercero interesado, lo que se hizo oportunamente, tal y como se advierte en autos del presente juicio de amparo; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conoc9r y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: El acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 728/2022, relativo al procedimiento Especial de Divorcio sin causales promovido por la aquí quejosa en contra de Fernando Fernández Moguel, mediante el cual, no admitió el recurso de revocación, que interpuso contra la parte conducente del auto de diecisiete de enero del año en curso, relativo a la pensión alimenticia fijada en favor de su menor hija. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con sede en esta ciudad, porque así lo afirmó expresamente al rendir su informe con justificación. Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias relativas que obran en el juicio extraordinario hipotecario 728/2022, de su índice, que remitió como justificación de su informe y de las que se advierte el acto reclamado. La documental que por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, como ya se dijo, el acto que por esta vía reclama la parte quejosa, consiste en el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 728/2022, relativo al procedimiento Especial de Divorcio sin causales promovido por la aquí quejosa en contra de Fernando Fernández Moguel, mediante el cual, no admitió el recurso de revocación, que interpuso contra la parte conducente del auto de diecisiete de enero del año en curso, relativo a la pensión alimenticia fijada en favor de su menor hija. Así, respecto de dicho acto reclamado, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En este sentido, a fin de explicar cómo opera la causa de improcedencia anunciada, es oportuno mencionar que se han realizado exhaustivos estudios por los órganos jurisdiccionales para establecer cómo se considera actualizada, tales como el del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/95, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, páginas 31 a 71), cuyos argumentos retomó casi en su integridad la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3387/97 (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38), que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En estas resoluciones se partió del análisis gramatical de la causal de improcedencia referida, precisándose que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" connota lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En este orden de ideas y a mayor abundamiento es oportuno hacer notar que, la propia Sala ha definido el criterio en el sentido de que no es necesario que el acto reclamado sea dejado sin efectos por la autoridad responsable para que opere la improcedencia del juicio que se viene analizando, sino que basta con que sea substituida por otra resolución que derogue la que se impugna, al momento en que se emita la sentencia en el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO.El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos. En esta tesitura, es evidente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación y b) por sustitución -como en el caso acontece-. En efecto, en el primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del primer acto reclamado, porque la situación jurídica a que estaba sujeto el quejoso respecto a dicho acto reclamado, ya no está regida por éste, sino por una nueva determinación. Motivo por el que ésta determinación sustituye procesalmente el auto controvertido primigeniamente, y por ende, para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente, de ahí que, será la nueva determinación, la que podría ser materia del juicio constitucional. En efecto, se dice que se actualiza dicha causal de improcedencia, ello, toda vez que de las constancias que remitió la Jueza Tercero de Oralidad Familiar del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se dictaron diversas medidas provisionales, en el caso, se decretó en favor de la menor de edad de iniciales V.E.F.A., la cantidad de $3,000.00 (Son tres mil pesos, moneda nacional), en concepto de pensión alimenticia, de forma mensual; asimismo, se le dejó al cuidado de su progenitora, aquí quejosa, Ariaana Ivon Alcocer Vera, y que en cuanto al régimen de convivencia que debe de tener con su padre Fernando Fernández Moguel, ésta se decretó bajo la modalidad supervisada en el Centro de Convivencia Familiar del Estado, los días sábados de cada semana, en el horario comprendido de las diez a las doce horas. Inconforme con la medida provisional de alimentos, la parte quejosa, interpuso el recurso de revocación, siendo que mediante acuerdo de diez de febrero del año en curso, la Jueza responsable, determinó no admitir el recurso de que se trata, al ser notoriamente improcedente, por cuando adujo que el contenido del auto que se deseaba combatir, se trataba de medidas provisionales, mismas que podrían ser revisadas al celebrarse la audiencia preliminar. Mismo acuerdo que resulta ser el acto, que por esta vía se combate. Sin embargo, en fecha quince de mayo del año en curso, se llevó a cabo la celebración de la audiencia preliminar, en la cual, según se advierte de las constancias que remitió la Jueza responsable, en esta propia fecha, se dejó firme la medida provisional del régimen de convivencia entre la menor de iniciales V.E.F.A., y su progenitor Fernando Fernández Moguel, y se modificó la medida provisional, en concepto de pensión alimenticia, por lo que se fijó en favor de la menor, la cantidad de $8,000.00 (Ocho mil pesos, moneda nacional), en forma mensual. Siendo que en esa propia audiencia, se tuvo a los asesores jurídicos interponiendo el recurso de revocación en contra de dicha medida provisional respecto al monto de la pensión alimenticia, los cuáles se tuvieron por admitidos. Por tanto, de la anterior narrativa claramente se advierte que el acuerdo de diez de febrero del año en curso, impugnado por esta vía, fue sustituido procesalmente por la determinación de quince de mayo del año en curso, en la que se tuvo por interpuesto el recurso de revocación en contra de dicha medida provisional respecto al monto de la pensión alimenticia, que es lo que en esencia le afectaba a la quejosa. Lo anterior, da noticia de la materialización del motivo de improcedencia en estudio dado que las consecuencias jurídicas del auto primeramente combatido fueron sustituidas por la determinación en la que ya se admitió el recurso de revocación contra el nuevo monto de la pensión alimenticia fijada de manera provisional, motivo por el cual, respecto de dicho acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés, debe de sobreseerse en el presente juicio de amparo. Sólo resta decir que, atento al resultado del presente fallo, esta Juzgadora no se ocupará de los argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto reclamado; ello, de conformidad con el criterio que contiene la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, este Juzgador Federal, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por ARIAANA IVON ALCOCER VERA, contra el acto que reclamó de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 728/2022, relativo al procedimiento Especial de Divorcio sin causales promovido por la aquí quejosa en contra de Fernando Fernández Moguel, mediante el cual, no admitió el recurso de revocación, que interpuso contra la parte conducente del auto de diecisiete de enero del año en curso; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe; el día de hoy, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado permitieron su engrose. Doy Fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, y un disco en formato DVD; mediante el cual remite la audiencia preliminar de quince de mayo del año en curso, llevada a cabo en el expediente ******************** para ser tomada en consideración al momento de emitir la sentencia en el presente juicio de amparo.Notifíquese.Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano