Argel Alberto Caballero Betancourt
Expediente 276/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Argel Alberto Caballero Betancourt
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98, en relación con 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso Argel Alberto Caballero Betancourt, mediante el cual cumple con la prevención que le fue realizada en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, y al efecto precisa que el acto reclamado en su demanda de amparo lo constituye la anotación marginal que obra al calce del acta de matrimonio que le fue suscrita el veinticinco de enero de dos mil veintidós, por el Director del Registro Civil del Estado. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio que ahora se provee, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Esta juzgadora advierte que en el caso, respecto del acto reclamado antes precisado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. El citado precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]." Esencialmente, la norma transcrita consagra la infracción a la inobservancia del principio constitucional de definitividad que rige en el juicio de amparo. De acuerdo con tal principio, el juicio resulta improcedente si antes de promoverlo no se interpuso el recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, aun cuando la parte interesada no lo hubiera hecho valer oportunamente. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establezca para impugnarlo de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, el amparo resulta improcedente. Indiscutiblemente, ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de control constitucional como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados. En efecto, el juicio de amparo representa una figura jurídica instituida para frenar los abusos y arbitrariedades de las autoridades, toda vez que su código de valoración es la Constitución General de la República, que expresa la más pura voluntad del pueblo sobre sus propias reglas de gobierno y, en específico, el catálogo de derechos mínimos e irreductibles de todo individuo. Es así que tal medio de control constitucional no puede ser empleado como un simple recurso más para combatir cualquier acto de autoridad, sino sólo aquellos que ya no puedan ser atacados ordinariamente. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio en comento responde a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, intentando que su promoción y la consecuente activación del mecanismo de control constitucional encargado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando la conducta de la autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. De la narrativa realizada por la parte quejosa en los antecedentes de su demanda de amparo, se advierte que, el veinticinco de enero de dos mil veintidós, le fue expedida un acta de matrimonio a su nombre y el de su difunta esposa, en donde consta una anotación marginal relativa a un diverso matrimonio de quien, a su dicho, se trata de una diversa persona del sexo masculino distinta a él. Ahora, contra dicha anotación marginal que aquí se reclama existe medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el cual se encuentra previsto en la propia Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán. Los numerales que prevén el medio de defensa en cuestión son los siguientes: De la Rectificación de Actas Procedencia de la rectificación de actas Artículo 105.- Las rectificaciones de actas proceden para: I.- Cambiar algún nombre u otra circunstancia, ya sea esencial o accidental, y II.- Subsanar vicios o errores, sin alterar ni cambiar la esencia del acto consignado en las mismas. Personas que tienen derecho a solicitar la rectificación Artículo 106.- Tienen derecho a solicitar la rectificación de un acta, en los casos a que se refiere el artículo anterior: I.- Las personas de cuyo estado civil se trate; II.- Las personas que se mencionen en el acta y tengan relación con el estado civil de alguno; (.) Acuerdo de procedencia o improcedencia de la rectificación Artículo 107.- El Director emitirá el acuerdo de procedencia o improcedencia de la rectificación solicitada con base en la información que aporten los interesados. Recurso administrativo de revisión Artículo 108.- Procede el recurso administrativo de revisión previsto en la Ley de la materia contra el acuerdo a que se refiere el artículo anterior. De la transcripción anterior se advierte que a través de la solicitud de rectificación de actas se permite cambiar algún nombre u otra circunstancia, ya sea esencial o accidental o subsanar vicios o errores, sin alterar ni cambiar la esencia del acto consignado en las mismas. Esta solicitud podrá ser realizada en su caso por la persona de cuyo estado civil se trate ante el Director del Registro Civil, quien emitirá el acuerdo de procedencia o improcedencia de la rectificación solicitada con base en la información que aporten los interesados. Así, se advierte que a través de la solicitud en cuestión es posible obtener el resultado que ahora se busca con la promoción de este juicio de amparo, e incluso, en caso de no obtener una resolución favorable por parte del Director aquí señalado como responsable, es posible combatir esa negativa a través del recurso administrativo de revisión previsto en la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán. Bajo esa tesitura, el acto reclamado consistente en la anotación marginal asentada en el acta de matrimonio expedida el veinticinco de enero de dos mil veintidós por el Director del Registro Civil del Estado, carece de definitividad para los efectos de este proceso de control constitucional, toda vez que previo al amparo debió solicitarse la rectificación correspondiente y, en caso de no obtener un resultado favorable, contra dicha determinación debió agotarse el recurso administrativo de revisión. Ahora bien, se aprecia que el recurso ordinario aludido, no se encuentra en el supuesto de que sea optativo, pues el artículo 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establecen que previamente a la promoción del juicio de amparo es necesario agotar los medios de defensa legales siempre que ley que los prevea reúna las condiciones siguientes: Que suspenda los efectos del acto reclamado Que dicha suspensión tenga los mismos alcances que la Ley de Amparo. Que no exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Que no prevea un plazo mayor que el establecido por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. En el caso, el recurso administrativo de revisión de referencia, cumple con dichas condiciones, pues como se advierte del artículo 131 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, en dicho medio de defensa se prevé el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado, y para tal efecto únicamente exige que su interposición lo solicite el recurrente, que sea procedente y que el acto impugnado no ocasione daño y perjuicio al interés social o con ella se contravengan disposiciones de orden público. Por tanto, es válido concluir que el aludido recurso no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad. Al respecto se cita por analofgía la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada Ley Orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, del análisis de la demanda y del acto reclamado, este órgano jurisdiccional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que: 1. No se alega que el acto carezca de fundamentación. En la demanda se alega que carece de debida fundamentación y motivación, lo que es diverso a la ausencia de fundamentación a que se refiere la excepción citada. Además, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, este Juzgado de Distrito estima que no se puede exigir que tengan una fundamentación como si se tratara de un acto de autoridad que creara, modificara o extinguiera situaciones jurídicas sobre la esfera de derecho. En efecto, el acto de expedición de un acta de matrimonio sólo tiene efecto declarativo y no constitutivo de derechos, pues los derechos y obligaciones civiles respectivos no derivan del acta respectiva sino de la resolución judicial que les dio origen; de ahí que no pueda exigirse una fundamentación concreta cada que se realiza una certificación al respecto y por tal motivo no puede estimarse que el acto reclamado carezca de fundamentación en sí mismo. Máxime que del anexo exhibido con la demanda de amparo se aprecia que el acta reclamada se encuentra fundada en la Ley del Registro Civil del Estado. 2. No se alegan violaciones directas a la Constitución. De la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa realiza argumentos que controvierten la legalidad de la actuación de la autoridad responsable en ejercicio de su función registral, por lo que a través de dichos argumentos trata de evidenciar que el acto reclamado contraviene la Ley del Registro Civil del Estado, que incide, como consecuencia, sobre los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso legal, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por ende, se trata de violaciones indirectas. Lo anterior implica que no se surte la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En dicha norma se utiliza la palabra "sólo" como un adverbio de modo que significa "únicamente". De hecho así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que lleva por rubro: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. Por lo que si en el caso se hacen valer violaciones directas e indirectas de forma simultánea, no se actualiza la causa de improcedencia bajo análisis. 3. El recurso no está previsto en un reglamento. El medio de defensa de referencia está previsto en una ley formal y materialmente, siendo esta la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán y la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, y no en un reglamento. Finalmente, es importante destacar que aun en el supuesto de que se considerara que el acto reclamado es de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo debe hacerse hincapié en que actualmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pero que este medio de defensa extraordinario es procedente, una vez que los quejosos han agotado los medios ordinarios de defensa que se establecen en la ley que rige al acto reclamado; es decir, que la irreparabilidad y la definitividad son dos supuestos distintos, independientes entre sí. Así se estableció en la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), que lleva por rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". En conclusión, no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. En esas condiciones, al existir un medio de defensa ordinario para combatir el acto reclamado, y este no exija más que ley de amparo y no se encuentra entre los supuesto de excepción; en tal virtud, es que actualiza la causa de improcedencia invocada, de manera manifiesta e indudable; y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por el quejoso Argel Alberto Caballero Betancourt. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio signado por el Magistrado Instructor de la Primera Ponencia de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y anexo que acompañó, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado, remite copia certificada del expediente 440/21- 16-01-1 de su índice; así mismo, ábrase un tomo anexo con dichas constancias, las que quedarán en esta secretaría para consulta de las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con dichas constancias por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas de este acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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