Argelia Sagaon Gonzalez

Expediente 88/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
88/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
05/04/2019

Partes del expediente

  • Argelia Sagaon Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Argelia Sagaon González, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Argelia Sagaon González, se le tiene al ocursante dando total cumplimiento a los requerimientos formulados en proveídos de seis, ocho y trece de marzo de dos mil diecinueve (fojas 21 a 25, 30 a 33 y 39 a 43). Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión de acordar la promoción presentada el veintiséis de febrero del año en curso, ante la Junta Especial Número 1, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, relativo a la preferencia de crédito que se tramita, derivado del juicio laboral 1242/2017. Sin embargo, del escrito aclaratorio que aquí se provee, se advierte que la quejosa refiere que la autoridad señalada como responsable dio contestación a su promoción el veintisiete de febrero del año que transcurre y que además dicha determinación le fue notificada personalmente, por lo que, atento a las consideraciones antes apuntadas, se desprende que la aseveración de la parte quejosa, respecto de la certeza del acto reclamado se estima que el mismo es inexistente, en virtud de que en el libelo que aquí se provee se advierte que, contrario a lo afirmado en su escrito inicial de demanda, ya se había acordado la promoción presentada el veintiséis de febrero del año en curso, ante la Junta Especial Número 1, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, relativo a la preferencia de crédito que se tramita, derivado del juicio laboral 1242/2017; de ahí que se advierta la inexistencia del acto reclamado, puesto que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio (cinco de marzo de dos mil diecinueve), como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta Ciudad, el acto reclamado era inexistente, puesto que ya había recaído acuerdo a la petición de la promovente (veintisiete de febrero de dos mil diecinueve); por tal motivo, y en razón de que, por regla general la existencia del acto reclamado debe analizarse en atención a la fecha en que fue presentada la demanda de amparo, y no con anterioridad a ésta, pues de lo contrario este juzgador tendría que ocuparse de actos anteriores y distintos a los que dieron origen al juicio en que se actúa, por tanto se tiene que el acto aquí reclamado resulta inexistente, ya que la responsable no fue omisa en atender el escrito en mención. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, Julio de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro texto son: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese contexto, ante la inexistencia del acto reclamado y que además no se advierte que exista algún medio de convicción que acredite persista en su esfera jurídica la existencia de la omisión reclamada, de conformidad a lo previsto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se advierte que no puede ser materia de estudio. Cobra aplicación por analogía la jurisprudencia 1a./J.36/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 5, Tomo VIII, Junio de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." También, tiene aplicación, en lo conducente, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley.". En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción IV; por lo que, se desecha de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la promovente Lo proveyó y firma Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/1603/2018 de diez de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Argelia Sagaon González, mediante el cual pretende dar cumplimiento a lo requerido en proveídos de seis y ocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 21 a 25 y 30 a 33). Sin embargo, de la lectura íntegra del referido líbelo, se advierte que dicha información no da cumplimiento a la prevención que se le formuló. Lo anterior es así porque la prevención que se realizó a la parte quejosa mediante auto de seis de marzo de dos mil diecinueve fue para que: "a) Manifieste que parte representa en el juicio laboral 1242/2017 de origen, que aduce es del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, toda vez que de la demanda de amparo no se desprende si es la parte actora o demandada; así como, si es el trabajador o el patrón; y de ser este último una persona moral, acreditar la facultad para representarla, con documento idóneo. Precise si señala también como autoridad responsable al Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, y de ser el caso señale el acto que le reclama, toda vez que en el capítulo de "PRECEPTOS QUE ESTABLECEN DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS", refiere que las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, dejaron de observase por el aludido Juez; y de señalar al citado Juez, se insiste, bajo protesta d decir verdad señale los antecedentes del acto reclamado. Manifieste que acto le reclama al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, toda vez que en el capítulo de "ACTO RECLAMADO", únicamente hace mención del acto reclamado a la diversa autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí; así como los antecedentes de dicto acto. Informe el sentido de la determinación con el que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito dio contestación a su solicitud de suspensión de uno de marzo de dos mil diecinueve, dentro de los autos del juicio de amparo directo 1052/2018." Prevención que intentó desahogar mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, sin embargo, en auto de ocho del referido mes y año se le tuvo parcialmente desahogada dicha prevención, toda vez que la quejosa únicamente cumplió con los incisos b) y d). Por lo que en la última fecha mencionada en el párrafo que precede se precisó a la promovente que: "(.) en el relación al inciso a), refiere que representa en el juicio laboral 1242/2017 de origen, el carácter de "tercero interesado", ya que el trabajador es Juan Carlos Hernández Rubio y la patrona Luisa Maribel Salas Zurita, sin embargo, dicha figura jurídica no se encuentra contemplada dentro del marco legal que rige el expediente referido, ni aclara si pretende comparecer al presente juicio de amparo con el carácter de tercero extraño. Finalmente, respecto al inciso c), la promovente refiere que el acto que le reclama al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito es derivado de la resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente "PREFERENCIA DE CRÉDITO" 4/2018; no obstante, no indica en concreto cual es el acto que le reclama, pues como se apuntó únicamente menciona que deriva de la resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho; así como tampoco aclara de manera sucinta que relación tiene el citado juicio 4/2018 con los otros actos reclamados." Así las cosas, se debe hacer mención, que en el relación al inciso a), no informa si trata de comparecer al presente juicio con el carácter de tercero extraño; y, de nueva cuenta refiere que en el Juicio Laboral 1242/2017, la parte actora es el trabajador Juan Carlos Hernández Rubio y la demandada es la parte patronal Luisa Maribel Salas Zurita, y que el ostenta el carácter de "tercero interesado", sin embargo, dicha figura jurídica no se encuentra contemplada dentro del marco legal que rige el expediente referido. Ahora, respecto al inciso c), la quejosa refiere que el acto que le reclama "TAMBIEN ES DIRIGIDO" al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito y que es derivado de la resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente laboral 4/2018, relativo a la "PREFERENCIA DE CRÉDITO"; no obstante, aún no indica con precisión cual es el acto que le reclama al referido tribunal, pues como se le hizo saber en auto dictado por este Juzgado el ocho de marzo del año en curso, solamente refiere que deriva de la resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho; de la misma manera, sigue sin aclarar de la relación que guarda el juicio 4/2018 con los actos de los que se duele. Finalmente, en su escrito manifiesta que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 1052/2018, se ha reservado y a la fecha no ha emitido auto alguno, en cuanto a la solicitud de suspensión de uno de marzo de dos mil diecinueve, punto, que ya se le tuvo por cumplido en auto de ocho del mes y año en curso, además hace otras manifestaciones idénticas al escrito presentado en la oficialía de este Juzgado el siete de los corrientes, por lo que volver a acordarlas o pronunciarse sobre ellas sería caer en repeticiones innecesarias. En esa tesitura, al continuar sin desahogar los incisos a) y c), se tiene que la promovente aún no cumple en su totalidad con lo requerido; por tanto, hágase de su conocimiento que se encuentra transcurriendo el término concedido en auto de seis de marzo de dos mil diecinueve, y vigente el apercibimiento contenido en el mismo, lapso que reanudará su cómputo a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído. Apoya lo anterior la Jurisprudencia que por Contradicción de tesis 38/2003-PL. suscitada entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito visible en la Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003 Página: 133, que dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda". De igual forma, es aplicable la tesis jurisprudencial 39/2012 (10a), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha veintinueve de febrero de dos mil doce, de rubro y texto siguientes: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese personalmente a la promovente.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la promovente Argelia Sagaon González, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de seis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 21 a 25). Ahora bien, de la lectura integral al escrito aclaratorio se aprecia que con los datos aportados no es posible tener por cumplida la prevención realizada en este sumario Constitucional. En principio, debe decirse que la prevención que se realizó a la promovente fue para que: a) Manifieste que parte representa en el juicio laboral 1242/2017 de origen, que aduce es del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, toda vez que de la demanda de amparo no se desprende si es la parte actora o demandada; así como, si es el trabajador o el patrón; y de ser este último una persona moral, acreditar la facultad para representarla, con documento idóneo. Precise si señala también como autoridad responsable al Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, y de ser el caso señale el acto que le reclama, toda vez que en el capítulo de "PRECEPTOS QUE ESTABLECEN DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS", refiere que las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, dejaron de observase por el aludido Juez; y de señalar al citado Juez, se insiste, bajo protesta d decir verdad señale los antecedentes del acto reclamado. Manifieste que acto le reclama al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, toda vez que en el capítulo de "ACTO RECLAMADO", únicamente hace mención del acto reclamado a la diversa autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí; así como los antecedentes de dicto acto. Informe el sentido de la determinación con el que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito dio contestación a su solicitud de suspensión de uno de marzo de dos mil diecinueve, dentro de los autos del juicio de amparo directo 1052/2018." No obstante lo anterior, si bien la promovente manifiesta que únicamente señala como autoridades responsables a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital; asimismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta que el aludido Tribunal Colegiado dentro del expediente 1052/2018, no ha dictado acuerdo alguno en relación a la solicitud de suspensión de uno de marzo de dos mil diecinueve. De ahí que, únicamente la promovente cumpla con el inciso b) y d) de la prevención de mérito. Cabe destacar, que en el relación al inciso a), refiere que representa en el juicio laboral 1242/2017 de origen, el carácter de "tercero interesado", ya que el trabajador es Juan Carlos Hernández Rubio y la patrona Luisa Maribel Salas Zurita, sin embargo, dicha figura jurídica no se encuentra contemplada dentro del marco legal que rige el expediente referido, ni aclara si pretende comparecer al presente juicio de amparo con el carácter de tercero extraño. Finalmente, respecto al inciso c), la promovente refiere que el acto que le reclama al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito es derivado de la resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente "PREFERENCIA DE CRÉDITO" 4/2018; no obstante, no indica en concreto cual es el acto que le reclama, pues como se apuntó únicamente menciona que deriva de la resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho; así como tampoco aclara de manera sucinta que relación tiene el citado juicio 4/2018 con los otros actos reclamados. En consecuencia, al cumplir únicamente con los incisos b) y d), es dable establecer que la promovente no cumple en su totalidad con lo requerido; por tanto, hágase de su conocimiento que se encuentra transcurriendo el término concedido en auto de seis de marzo de dos mil diecinueve, y vigente el apercibimiento contenido en el mismo, lapso que reanudará su cómputo a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído. Notifíquese personalmente a la promovente.

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