Argelia Sagaon González

Expediente 140/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
140/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Argelia Sagaon González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de trece de mayo de dos mil diecinueve (fojas 292 y 293), se concedió a la quejosa el plazo de noventa días naturales a efecto de que compareciera a este juzgado federal a recoger diversos documentos que exhibió en el presente sumario Constitucional, esto, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que en caso de no comparecer en el término fijado dichos documentos serían destruidos con el presente expediente. En consecuencia, toda vez que ha fenecido el plazo otorgado mediante el proveído de referencia, sin que la parte quejosa acudiera a este órgano jurisdiccional para los fines citados con antelación, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, los documentos exhibidos serán destruidos con el presente expediente. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Argelia Sagaon González, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, se advierte que en el presente juicio existen documentos exhibidos por la parte quejosa; por tanto, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger la documentación que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, una vez que el presente cuaderno de amparo se encuentre debidamente integrado, se acordará lo conducente al archivo del mismo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la copia certificada del oficio SEADS/460/2019, de diez de abril de dos mil diecinueve, se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el licenciado Marco Antonio Vignola Conde quedó adscrito a este órgano jurisdiccional como Juez de Distrito a partir del uno de mayo del presente año, lo cual debe enterarse a las partes procesales para que estén en aptitud de ejercer el derecho de recusación a que alude el artículo 52 de la Ley de Amparo, además de evitar la reposición del procedimiento en perjuicio de una administración de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por la quejosa Argelia Sagaon González, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 257 a 261). Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, en el caso particular, de acuerdo con el escrito inicial de demanda de amparo, el acto que aquí reclama la parte promovente del amparo consiste en: "LA AUDIENCIA DE REMATE QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 07 DE MAYO DEL 2019 TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLVER EL AMPARO DIRECTO PRESENTADO ANTE LA JUNTA ESPECIAL No 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO CON SEDE EN CIUDAD VALLES, RELATIVO A LA PREFERENCIA DE CREDITO QUE FUE TURNADO AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE 1052/2018." En caso el particular, es pertinente precisar que la parte quejosa instaura el presente controvertido constitucional ostentándose con la calidad de tercera extraña al juicio laboral de origen, por lo que se puntualiza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reiterado que no puede tenerse con el carácter de tercero extraño a quien promueve el juicio de amparo por el simple hecho de ostentarse con tal carácter y reclamar la falta de emplazamiento o llamamiento a juicio, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través de los recursos que prevé la legislación que rige el proceso. Ahora bien, aplicando ese mismo criterio de manera analógica, si la persona que promueve el juicio de amparo indirecto ostentándose como tercera extraña al procedimiento en ejecución de laudo, reclama no haber sido llamada al mismo en su carácter de acreedora del bien inmueble objeto de remate y sin embargo, de las constancias relativas se advierte que tuvo conocimiento de las transgresiones que reclama antes de que se fijara fecha para la audiencia de remate y, por vía de consecuencia, antes de que sea emitida la resolución respectiva que lo apruebe o desapruebe, aunado a que en el juicio de origen se le reconoció el carácter de acreedora del bien objeto del remate; ello, trae como consecuencia que no pueda considerársele como tercera extraña al juicio, al estar en plena posibilidad de interponer los recursos ordinarios o medios de defensa que la legislación procesal común establece en contra de los actos reclamados, y en su caso, alegar tales violaciones que se den durante esa fase del procedimiento, al interponer el recurso correspondiente contra la resolución de remate que llegue a emitirse. Por consiguiente, este órgano constitucional estima que la parte quejosa no tiene la calidad de tercero extraño al juicio de origen, pues de las constancias que obran en el juicio laboral 1242/2017, del índice de la Junta responsable, se advierte que tuvo conocimiento del referido juicio, al haber sido informada que los bienes embargados en el Juicio Ejecutivo Mercantil 892/2013 en contra de Luisa Maribel Salas Zurita, están afectos al pago preferente del crédito laboral de Juan Carlos Hernández Rubio -parte actora en el referido juicio laboral-, por lo que no le asiste el carácter de tercera extraña a éste, ya que la hoy quejosa, como se dice en párrafos que anteceden compareció al juicio de origen, en el que realizó diversas actuaciones. Asimismo, se le reconoció el carácter de acreedora respecto del bien inmueble materia ahí de remate y ordenó su llamamiento al citado procedimiento de origen; aunado a que, como ya se dijo, aún no se ha llevado a cabo la diligencia de remate respectiva, por lo que aún está en condiciones de comparecer a ese procedimiento a defenderse. En tal sentido, respecto el acto consistente en la audiencia de remate fijada para el siete de mayo del año que transcurre, en el juicio del cual emanan los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, inciso c) del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, aplicado el inciso en sentido contrario. De ahí que, si la determinación impugnada tiende directamente a ejecutar la sentencia de origen, entonces no aplica la jurisprudencia de excepción invocada. Lo anterior, aunado a que, respecto al acuerdo en el que se haya fijado la fecha y hora para la celebración de la audiencia de remate, se patentiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". Tal precepto regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo precepto y en la jurisprudencia. Del texto de esta fracción se desprende el reconocimiento de que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. En el caso, como ya se precisó, la parte promovente reclama el la audiencia de remate del bien inmueble identificado como lote número veinte, letra "A" ubicado en calle Colón, número trecientos quince del Fraccionamiento "Avante Valles Uno" (módulo FOVISSSTE), de esta Ciudad, fijada para el siete de mayo del año que transcurre, en el juicio del cual emanan los actos reclamados, del índice de la Junta responsable. De lo anterior, se llega al conocimiento que la fecha fijada para el siete de mayo del año, para que se lleve a cabo la audiencia de remate, fue dictada en la etapa de ejecución del laudo relativo al juicio laboral de origen, en donde previamente a la promoción del presente juicio de amparo, la parte impetrante tenía expedito su derecho para impugnar en la vía ordinaria la violación aquí alegada, pues contra la determinación que haya fijado la referida fecha y hora, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." De la anterior transcripción, se aprecia que en contra el auto reclamado procede el recurso de revisión laboral, previamente a la promoción del juicio de amparo, esto considerando que la intención del legislador al establecer el medio de impugnación previsto en el referido precepto legal, no fue limitar su procedencia a las determinaciones que tienden a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el presidente de la Junta laboral en o durante el procedimiento de ejecución. En ese sentido, es inconcuso que el acto reclamado por la parte quejosa, encuadra dentro de aquellas que se consideran necesarias para la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849, de la Ley Federal del Trabajo y del cual es competente para su tramitación la propia autoridad que señaló como responsable antes de acudir a esta instancia constitucional. De tal manera, que al prever la Ley Federal del Trabajo, un recurso el cual procede previo a la interposición del juicio de amparo, es evidente que el acto aquí reclamado puede ser impugnado a través del mismo. Sin que en el particular se actualice alguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: 1. El auto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. El proveído reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. La parte quejosa no tiene la calidad de tercera extraña, por las consideraciones anteriormente señaladas y que nos remitimos a efecto de evitar repeticiones innecesarias. 4. En el caso, la procedencia del recurso de revisión laboral, no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Así pues, como se vio y en virtud de que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que debió promoverse el recurso de revisión laboral antes de acudir a la instancia constitucional. En consecuencia, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara que opera la causal de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, además de que se cuenta con todos los elementos para llegar a esa determinación; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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