Argel Ivan Tamayo Sansores

Expediente 816/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
816/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Argel Ivan Tamayo Sansores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    NOT. ELECT Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído dictado en este juicio el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo por el que se SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente asunto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado el proveído señalado en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó el auto de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que el mismo sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a la autoridad señalada como responsable, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en este asunto, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; debiendo remitir al archivo de este juzgado por separado los cuadernos del incidente de suspensión respectivos. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. De igual manera, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, PUES SE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito vía electrónica, mediante el uso de la FIREL de José Desiderio Salazar Díaz, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, con el que realiza diversas manifestaciones en relación con el auto dictado el veinticuatro de los corrientes y solicita se le requiera a la autoridad señalada como responsable acredite haber girado los oficios correspondientes al levantamiento del embargo de diversas cuentas bancarias del aquí quejoso. Ahora bien, en atención a lo anterior, dígasele al ocursante que no ha lugar a acordar favorable a lo que solicita, en virtud de que la determinación dictada el veinticinco de los corrientes por este órgano jurisdiccional fue un sobreseimiento fuera de audiencia, por lo cual no se emitieron efectos que implicaran concesión de amparo alguna, en la cual se le obligara a la autoridad a actuar en determinado sentido. Por lo que quedan a salvo sus derechos, para solicitar directamente ante la autoridad correspondiente lo que considere adecuado a sus intereses legales. Notifíquese.

  3. Principal

    NOT.ELECT Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a este expediente el oficio que remite el Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Motul, Yucatán, así como el anexo que al mismo acompaña, mediante el cual rinde su informe justificado e informa que el nueve de mayo del año en curso dejó sin efectos el emplazamiento realizado en el juicio ejecutivo mercantil 979/2021, y en consecuencia, todo lo actuado en el mismo. Lo que acredita dicha autoridad con las constancias conducentes que acompañó a su oficio de cuenta; mismas documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Por tanto, de las constancias que remitió la autoridad oficiante que hoy se agregan a los autos, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del Tomo VII, febrero de 1998, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, desde el auto de admisión, se estableció que la parte quejosa reclamó del Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán y actuario adscrito: El ilegal emplazamiento realizado en el juicio ejecutivo mercantil 979/2021 promovido en su contra, y en consecuencia, todo lo actuado en el mismo. Sin embargo, de las constancias que anexó el Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, a su misiva de cuenta, se advierte que en fecha nueve de los corrientes dictó un acuerdo en el juicio ejecutivo mercantil 979/2021, del índice de la autoridad responsable; en el que ordenó dejar sin efectos el emplazamiento realizado en el juicio ejecutivo mercantil 979/2021 y en consecuencia, todo lo actuado en el mismo. Lo que aconteció durante la sustanciación del presente juicio, ya que la demanda de amparo fue presentada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Ciertamente, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable, se advierte que mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, declaró la nulidad del traslado, emplazamiento, notificación y requerimiento de pago que se realizaron en diligencia de seis de enero de dos mil veintidós, así como todas las actuaciones dictadas con posterioridad, por lo que dejó sin efectos el embargo que se había realizado en las cuentas bancarias de Argel Iván Tamayo Sansores. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario del amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuatro minutos del dos de junio de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar y por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese; personalmente a las partes y cúmplase.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que hasta la presente fecha la autoridad responsable foránea: 1. JUEZ DE GARANTÍA DEL DISTRITO JUDICIAL DE RAYÓN, CON SEDE EN EL MINERAL DE OCAMPO, CHIHUAHUA. No ha rendido su informe previo, ni obra en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio por el que se le solicitó. Por tal motivo, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la referida audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que el domicilio de dicha autoridad se ubica fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Por otro lado, a fin de evitar mayores dilaciones en la impartición de justicia, requiérase nuevamente a la aludida autoridad responsable JUEZ DE GARANTÍA DEL DISTRITO JUDICIAL DE RAYÓN, CON SEDE EN EL MINERAL DE OCAMPO, CHIHUAHUA, para que dentro del término de tres días hábiles, computados a partir de su notificación, rinda su informe previo. Para lo cual reenvíensele el oficio 17838 de catorce de julio de dos mil veintiuno, así como copia de la demanda de amparo, a fin de que se encuentren en aptitud de rendir el correspondiente informe de ley. Se apercibe a la responsable que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Notifíquese y cúmplase.

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