Arely Guadalupe Cruz Chale

Expediente 806/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
806/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • Arely Guadalupe Cruz Chale

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el quince de junio de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 806/2021-I-A, promovido por ********************, por propio derecho y en representación de su hija menor, de iniciales ********************; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció ********************, por propio derecho y en representación de su hija menor, de iniciales ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado turno vespertino, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Con posterioridad al cumplimiento de una prevención, mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar al tercero interesado y dar a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, la intervención legal que le compete. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 55 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclamó: La denegación de justicia, ante la omisión de dar contestación al escrito presentado el treinta y uno de marzo de este año, en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama de la juez responsable, pues aunque lo negó en su informe justificado, en él hace manifestaciones que evidencian su existencia. Cobra aplicación el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que anexó a su informe la autoridad responsable, se advierte que mediante proveído de veinte de mayo del año en curso, acordó lo legamente correspondiente con el escrito de la parte aquí quejosa, dándole trámite al recurso de apelación que interpuso en contra de la sentencia dictada en el expediente de origen; acuerdo que fue debidamente notificado el veintiuno siguiente, por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán; lo que acreditó dicha autoridad con las constancias que anexó a su informe de ley. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Actos de autoridad que acontecieron durante la sustanciación del presente juicio de amparo, tomando en consideración que la demanda de amparo fue presentada el once de mayo de dos mil veintiuno; lo que actualiza a plenitud la causal de improcedencia invocada. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria de amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho y en representación de su hija menor, de iniciales ********************, en contra del acto que reclamó de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado turno vespertino, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el telegrama de ***Perito en Materia de Delitos Ambientales adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México. Y, en atención a su contenido, ténganse nuevamente por vertidas las manifestaciones que expone en relación con la rendición del dictamen pericial correspondiente que deberá hacer en su momento. En otro aspecto, la perito propone como fechas para llevar a cabo la visita a la granja de la tercero interesada y realizar la diligencia de campo relativa, las fechas comprendientes del dieciséis al veinte de agosto de dos mil veintiuno; las cuales se consideran adecuadas, por lo que se acepta la propuesta en este sentido, debiendo hacer esto del conocimiento de la empresa tercero interesada a fin de que en las fechas antes citadas permita el acceso a sus instalaciones a ***Perito en Materia de Delitos Ambientales adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, quien funge como perito oficial por parte de este juzgado en este juicio de amparo. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se impondrá a dicha parte tercero interesada, una multa de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) que equivale a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Tal como lo solicita la experta oficiante, hágase lo anterior de su conocimiento mediante oficio que se le remita, a fin de que pueda gestionar lo relativo a su traslado y protección personal que ha mencionado en sus promociones previas y que se le ha indicado que debe realizar por conducto de la institución a la que pertenece. En relación a que en fecha dieciséis de agosto del año en curso pretende realizar una visita a este Juzgado, se le indica que deberá gestionar ello mediante la obtención de un código QR, a fin de que pueda consultar e imponerse del expediente físico y recabar los datos que considere pertinentes para elaborar su estudio. Finalmente, respecto al plazo para rendir el dictamen, indíquesele que el mismo empezará a contar a partir del día siguiente al en que concluya su visita a la granja de la tercero interesada, subsistiendo el apercibimiento que se le realizó al momento de aceptar y protestar el cargo. Notifíquese; personalmente a la parte tercero interesada y por oficio a la perito MONSERRAT ***.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: glósese a este cuaderno de antecedentes el oficio MI/PL/SSGA/VIII BIS/5456/2021 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, derivado del incidente de inejecución de sentencia 39/2020, recibido vía MINTERSCJN, advirtiéndose de la comunicación de mérito que el trece de mayo de dos mil veintiuno, la citada Superioridad acordó lo siguiente: "Agréguese para que surta los efectos legales a que haya lugar la documentación remitida a través del MINTER-SCJN detallada en la cuenta, mediante la cual el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, hace del conocimiento de este Alto Tribunal que: "...agréguese a este cuaderno de antecedentes el oficio TTSEM/MPISRíA.-554/2021, del Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, por Ministerio de Ley, en ausencia de su Titular, y anexo que acompaña, mediante el cual informa lo siguiente:--- 'Que el día 28 de abril del año 2021, se recibió en este Tribunal, memorial suscrito por los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, por el cual nos informan que el día 28 de mayo de 2021 realizarán una sesión de Cabildo en la cual se tomarán las medidas conducentes para lograr el pago liso y llano del expediente al rubro mencionado, por lo cual, el 29 de abril, este Tribunal dictó un acuerdo ordenándole a dicho Cabildo, que en el término de 03 días hábiles, posteriores a la celebración de la sesión en comento, acrediten ante esta Autoridad los resultados de la misma, acuerdo que ya fue debidamente notificado a la quejosa; tal y como se acredita con las constancias que se le envían en un legajo debidamente certificado, lo que se le informa para los fines legales que correspondan.'.--- En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, para que una vez que fenezca el término otorgado al CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL HUNUCMÁ, YUCA YÁN, informe a este Juzgado el acuerdo que dicte, tendiente al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este asunto, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal..."; en consecuencia, con fundamento en el artículo 14, fracción II, párrafo primero, parte primera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación téngase al Juzgado de Distrito del conocimiento informando a este Alto Tribunal el estado del cumplimiento de la ejecutoria materia del presente expediente, y solicítese nuevamente al mencionado órgano jurisdiccional que informe a este Alto Tribunal si la sentencia de amparo ha quedado debidamente cumplida. Al efecto, hágase del conocimiento de la referida Superioridad, a través del MINTERSCJN, a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, que al día de hoy, las autoridades correspondientes no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, través del MINTERSCJN, a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014.

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