Ares Meza del Ángel

Expediente 251/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
251/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Ares Meza del Ángel

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a quince de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda, sin que la parte quejosa hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. RADICACIÓNVista; la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Papantla, Veracruz, por violación a los artículos 14, 16, 17 y 22 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 251/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO El artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". El citado artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "El auto de fecha 10 de abril del año 2023 dictado dentro del expediente de medios preparatorios a juicio ********************/2022 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la Ciudad de Papantla, Veracruz, en el cual se ordena hacerme efectiva una multa consistente en 30 UMAS por la cantidad de $3,153.00 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N., esto en virtud que mediante auto de fecha 27 de marzo de esta anualidad fui requerido para proporcionar los domicilio de las siguientes personas RUBÉN LÓPEZ OLIVARES, ÁNGEL VÁZQUEZ ATZIN, RAMÓN ALBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ, MARÍA DEL ROSARIO OLARTE SANTES, MIGUEL ÁNGEL MORA MORENO, JAVIER ISAAC PÉREZ CAMPOS, VERONICA MORALES., requerimiento que la autoridad ordenadora me realiza con el fin de integral la titis consorcio pasiva del actor, dando cumplimiento el suscrito al requerimiento solicitado mediante escrito de fecha 2 de abril del año 2023 manifestando bajo protesta de decir verdad al quo que el suscrito no conozco los domicilios de las precitadas personas en virtud que no tengo relación laboral ni personal con ellos, sin embargo el juez a quo mediante auto de fecha 10 de abril del presente año manifiesta que no pasa desapercibido para el juzgado que la solidaridad entre los hospitales doctores privados es patente por la atención medica tiene como fin proteger y restaurar la salud del individuo y que cualquier acto llevado a cabo por el personal de salud es una parte integrante de una mayor que es la atención médica y que si dicha actividad fue dividida entre diversas personas e instituciones cada una de ellas será responsable solidariamente con las otras que proporcionen dicha atención; análisis lógico jurídico qu en nada se relaciona con lo requerido al suscrito y que en nada fundamenta que el suscrito tenga obligación de conocer los domicilio particulares de los médicos que intervienen en una actividad médica., porque el hoy a través del juicio de garantías combato el acto reclamado en el cual se me ordena hacer efectiva una multa arbitraria y excesiva. Así como también mediante escrito de fecha 2 de abril del presente año el suscrito interpuse recurso de queja en contra del auto de fecha 27 de marzo de esta anualidad toda vez que la actuación del juez del conocimiento se excede de sus funciones al obligar el suscrito a proporcionar datos de los cuales no tengo obligación de proporcionar y que demás no conozco, desechando mi recurso mediante el auto que combato a través de este acto reclamado supuestamente por ser un recurso notoriamente improcedente en términos del artículo 146 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Veracruz, manifestando que no cabe recurso alguno en virtud que no encontramos en medios preparatorios a juicio." En el caso se estima que se actualiza la causa de improcedencia del juicio relativa a los actos que no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sentido, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Tal proceder encuentra apoyo en la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2005313 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 2, Enero de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 175/2013 (10a.) Página: 1344 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos y preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, se precisa como acto reclamado, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el siguiente: El auto de fecha diez de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente de medios preparatorios a juicio ********************/2022 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la Ciudad de Papantla, Veracruz, en el cual se ordena hacerme efectiva una multa consistente en 30 UMAS por la cantidad de $3,153.00 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.). Sirve de apoyo a lo antes precisado, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora bien, la parte quejosa acudió directamente al juicio de amparo biinstancial que se revisa, reclamando la multa de treinta Unidades de Medida y Actualización que le impuso el juez responsable, por auto de diez de abril de dos mil veintitrés, y su ejecución; empero, no se desprende de autos que previo a promover el amparo de que se trata, el hoy inconforme haya recurrido la multa que le fue impuesta, a través del medio ordinario de defensa idóneo que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Así es, se debe concluir que el quejoso incumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que la multa que le fue impuesta en el acto reclamado, pudo ser recurrida a través del recurso de apelación, que prevé el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles, cuyo texto prevé: "Artículo 509.- El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia. (.)" Lo anterior es así, ya que conforme a la exégesis del invocado numeral, se colige que son apelables, entre otros, los autos que causan daño irreparable en la sentencia, es decir, cuando la afectación que producen no puede ser reparada, por su propia naturaleza, en la sentencia definitiva del juicio. Bajo ese contexto, es evidente que la multa que le fue decretada al quejoso en el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, era recurrible a través del recurso de apelación, precisamente porque se erige como un gravamen pecuniario de naturaleza irreparable, pues por regla general, ni siquiera el dictado de una sentencia podría tener el alcance de resarcir la imposición de la multa, dado que en ella no se reexaminan las medidas de apremio decretadas durante el trámite del procedimiento. Incluso, cabe establecer que la multa por sí misma, produce un gravamen irreparable a quien se impone, porque la afectación patrimonial derivada de esa sanción es definitiva; ya que no se puede extinguir o invalidar con el resultado de alguna actuación posterior, pues cualquiera que sea el curso del procedimiento, prevalecerá la multa y la obligatoriedad de su pago. De lo que se sigue, que el acuerdo que decreta tal sanción pecuniaria, causa un gravamen irreparable, y al ser así, es susceptible de ser apelado. Sirve de apoyo a lo anterior, por su sentido y en lo conducente, las tesis de rubro y texto siguiente: "Época: Octava Época Registro: 231402 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Civil Tesis: Página: 321 GRAVAMEN IRREPARABLE, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DE LA APELACION (IMPOSICION DE MULTAS). El gravamen irreparable a que se refiere el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, consiste en la afectación real que se ocasiona a la parte que perjudica, cuyos efectos no se pueden subsanar o invalidar por el Juez que emitió el acto procesal de que se trate, en la secuela misma del procedimiento, ni siquiera mediante las consecuencias que produzca la sentencia definitiva. Este concepto conduce a determinar que la imposición de una multa a las partes en un auto del juicio, produce un gravamen irreparable a las mismas, por cuanto a que la afectación en el patrimonio de ellas con esa sanción es definitiva, porque la obligación que allí se impone o la responsabilidad que se finca ya no se puede extinguir y menos invalidar con el resultado de ninguna actuación posterior, incluyendo a la sentencia definitiva, puesto que cualquiera que sea el sentido de ésta, prevalecerá la imposición de la multa y la obligatoriedad de su pago a cargo de la persona sancionada con ella. Por tanto, la resolución que se emita en esos términos, sí reúne tal requisito requerido para ser impugnable mediante el recurso de apelación." "Época: Novena Época Registro: 161701 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Julio de 2011 Materia(s): Común, Civil Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 2 C Página: 1957 APELACIÓN. DEBE AGOTARSE ESE RECURSO ANTES DE PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). De conformidad con los artículos 806 y 807 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, los autos son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable, es decir, cuando la afectación que provocan no puede enmendarse en la sentencia de fondo o en una resolución interlocutoria. Ahora bien, el acuerdo en el que se impone una multa en la etapa de ejecución genera un perjuicio de esa naturaleza. En efecto, tal daño no puede ser resarcido en la sentencia en tanto que ésta ya fue dictada, ni en la resolución que culmine el procedimiento ejecutivo, dado que en ella no se reexaminarán los medios de apremio impuestos a las partes. Así pues, ninguna resolución subsecuente del Juez sancionador podría extinguir o invalidar la multa. Por el contrario, cualquiera que sea el curso del procedimiento, prevalecerá la sanción pecuniaria y la obligatoriedad de su pago. Por ese motivo, el proveído que impone una multa en la fase de ejecución de sentencia tiene fuerza de definitivo y causa un gravamen irreparable, por lo que es susceptible de ser apelado. Luego, de no agotarse el recurso de apelación contra ese auto, resultará improcedente el juicio de garantías indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia regulada en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo." En tales condiciones, es inconcuso que previamente a promover el juicio de amparo indirecto contra la imposición de la multa decretada en el diez de abril de dos mil veintitrés, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación, y al no hacerlo, el juicio constitucional de mérito resulta improcedente, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. De ahí que, si el diez de abril de dos mil veintidós, el quejoso compareció a absolver posiciones en los medios preparatorios a juicio ********************/2022 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, con ello surgió de manera formal su vinculación al proceso; y en tal virtud, sí podía interponer el recurso ordinario idóneo, que en el caso sería el de apelación, contra la imposición de la multa que le fue decretada en el acto reclamado, precisamente porque dicho gravamen pecuniario se erige como una sanción por desacato a una providencia relacionada con su intervención. Siendo por esas razones, que la parte quejosa no se encuentra eximida de cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Máxime, que en la especie tampoco se surten las demás hipótesis de excepción al referido principio que contempla el precepto 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, ya que el acto reclamado (imposición de multa) no es de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; además de que no afecta la libertad del quejoso; y la procedencia del recurso de apelación contra el acto que se reclama, no requiere interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues como ya se vio, el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es claro al establecer que la apelación procede contra los autos que causan daño irreparable en la sentencia; lo que ocurre en la especie, ponderando que la multa reclamada ya no sería reparable en la sentencia del juicio de origen, que en su momento se dicte; aunado a que dicha sanción pecuniaria, por su propia naturaleza, produce un gravamen irreparable a quien se impone, porque esa afectación patrimonial es definitiva, pues no se puede extinguir o invalidar con el resultado de alguna actuación posterior, ya que cualquiera que sea el curso del procedimiento, prevalece la multa y la obligatoriedad de su pago. En razón de lo expuesto y con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por ser notoria e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. En virtud de que el impetrante del amparo señala como domicilio los estrados, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis siguiente: "Época: Novena Época Registro: 195064 Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Diciembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.22 K Página: 1067 NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa como está ordenado en el presente proveído. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

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