Arely Alonso Lujan
Expediente 116/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 116/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Arely Alonso Lujan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
(AVISO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de la quejosa, por el que solicita la devolución del billete de depósito exhibido para garantizar la suspensión provisional del acto reclamado; y toda vez que de las constancias que integran el sumario se advierte que en interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se resolvió la suspensión definitiva y al dejar de surtir efectos la suspensión provisional, hace innecesaria la retención de dicha garantía en este Juzgado Federal. En consecuencia, como lo solicita la promovente, devuélvase única y exclusivamente a la quejosa ARELY ALONSO LUJAN, el billete de depósito N 873504, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100, moneda nacional), previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; en el entendido de que transcurrido el plazo de dos años que establece el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, sin que comparezca a recibir dicho billete, se procederá a hacerlo efectivo a favor del erario federal. Se precisa a la quejosa que la devolución de dicho billete de depósito será únicamente los días jueves y viernes dentro del periodo de guardia alta de este juzgado federal, que comprende del veinticuatro al treinta de mayo de la presente anualidad y del catorce al veintisiete de junio de dos mil veintiuno; esto, en virtud del personal reducido que acude de manera presencial en un horario limitado por un lapso de seis horas a este órgano jurisdiccional en dicho periodo. En el entendido de que para poder ingresar de manera física al órgano jurisdiccional y recibir la devolución de los documentos solicitados, deberá generar una cita mediante la obtención del Código QR, a través del procedimiento automatizado disponible en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en dicho portal del micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales" de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 , cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Incidental
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de la quejosa, por el que solicita la devolución del billete de depósito exhibido para garantizar la suspensión provisional del acto reclamado; y toda vez que de las constancias que integran el sumario se advierte que en interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se resolvió la suspensión definitiva y al dejar de surtir efectos la suspensión provisional, hace innecesaria la retención de dicha garantía en este Juzgado Federal. En consecuencia, como lo solicita la promovente, devuélvase única y exclusivamente a la quejosa ARELY ALONSO LUJAN, el billete de depósito N 873504, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100, moneda nacional), previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; en el entendido de que transcurrido el plazo de dos años que establece el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, sin que comparezca a recibir dicho billete, se procederá a hacerlo efectivo a favor del erario federal. Se precisa a la quejosa que la devolución de dicho billete de depósito será únicamente los días jueves y viernes dentro del periodo de guardia alta de este juzgado federal, que comprende del veinticuatro al treinta de mayo de la presente anualidad y del catorce al veintisiete de junio de dos mil veintiuno; esto, en virtud del personal reducido que acude de manera presencial en un horario limitado por un lapso de seis horas a este órgano jurisdiccional en dicho periodo. En el entendido de que para poder ingresar de manera física al órgano jurisdiccional y recibir la devolución de los documentos solicitados, deberá generar una cita mediante la obtención del Código QR, a través del procedimiento automatizado disponible en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en dicho portal del micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales" de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 , cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se procede a proveer en los siguientes términos: Previamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de la parte quejosa, descartando las imprecisiones que generen oscuridad y confusión, se advierte que la quejosa ARELY ALONSO LUJAN mediante escrito de demanda presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno. señaló como acto reclamado el siguiente: La orden de aprehensión girada en su contra por la Juez Primero de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 109/2016, como probable responsable de la comisión del delito de Robo Simple cometido en agravio del patrimonio de la Negociación denominada Coppel, Sociedad Anónima de Capital Variable; y su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 192097 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, página 32 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Al respecto, al rendir sus respectivos informes justificados las autoridades responsables refirieron lo siguiente: a) La Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado. b) El Policía Ministerial Encargado de la Jefatura y la Jueza Primero de Primera Instancia, ambos con residencia en esta ciudad, admitieron la existencia del acto reclamado. Sobre el particular, la Jueza Primero de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, refirió lo siguiente: "[...] Ello es así, dado que al rendir su informe de ley, precisó que en el Juzgado Primero de Primera Instancia con residencia en esta ciudad, se encuentra radicada la causa penal 109/2016, que se instruye en contra de la quejosa ARELY ALONSO LUJAN como presunta responsable del delito de ROBO SIMPLE cometido en agravio de la negociación denominada "COOPEL S.A. DE C.V.", toda vez que el Agente Cuarto del Ministerio Publico Investigador, Encargado de la Agencia del Ministerio Publico Especializada en Delitos Patrimoniales contra el Comercio, mediante pliego de consignación 04, de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, recibida el veintinueve del mismo mes y año, solicitó al Juzgado Primero Menor de esta ciudad, citar a ARELY ALONSO LUJAN, la cual se encontraba gozando de la libertad condicional bajo caución, para que compareciera a declarar en forma preparatoria, y en caso de no comparecer y hacer caso omiso con apego al artículo 354 del Código de Procedimientos Penales Vigente en la época de los hechos, revocar su libertad caucional y en consecuencia girar la correspondiente orden de aprehensión, dejando a disposición de ese juzgado, la cantidad de $2,490.70 (dos mil cuatrocientos setenta y un pesos 70/100 M.N), los cuales fueron depositados de la manera siguiente: billete de depósito 490057, bueno por $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N) por concepto de fianza y billete 490058 bueno por $490.70 (cuatrocientos noventa pesos 70/100 M.N), por concepto de posible sanción pecuniaria. En auto de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se dio entrada al pliego consignatorio y se señalaron las trece horas del dos de marzo del mismo año a efecto de que compareciera la indiciada ARELY ALONSO LUJAN, por lo que se instruyó su citación en el domicilio que señaló la indiciada en sede ministerial, el ubicado en calle Desiderio Pavón, número ochocientos cinco de la colonia Las Vegas de esta ciudad, sin embargo no se localizó tal domicilio ya que al constituirse y preguntar por el número ochocientos cinco, una persona quien manifestó llamarse Yolanda García, informó que ella vive en el domicilio marcado con el numero setecientos siete, y la calle solo llega hasta ese número. Por tal motivo, se giraron los oficios 295 de uno de marzo de dos mil dieciséis, y 382 de dieciocho de abril del mismo año, al Comandante de la Policía Ministerial del Estado, a efecto de que investigara el domicilio correcto de Arely Arcadeo Gómez o Arely Alonso Lujan, que mediante oficio PM/1316/2016 de uno de junio de dos mil dieciséis, se informó que no fue posible localizar el domicilio de la persona referida. Ya que la numeración no llega a la proporcionada en actuaciones. En virtud de lo anterior, en auto de dos de junio de dos mil dieciséis, el extinto Juzgado Primero Menor de esta ciudad, revocó su libertad bajo caución y se hizo efectiva la misma, procediéndose a girar orden de aprehensión en contra de la multimencionada Arely Arcadeo Gómez o Arely Alonso Lujan, la cual se comunicó con oficio 511 de la misma fecha y recibida el diez de junio de dos mil dieciséis. En nueve de agosto de dos mil dieciséis, en razón de la circular 21 de siete de julio del mismo año, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, en donde determinó el Consejo de la Judicatura que cambian de denominación y competencia los Juzgados Primero y Segundo Menores de este Distrito Judicial, para constituirse en los Juzgados Sexto y Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, respectivamente y ordenan de manera inmediata la remisión de las causas penales a cargo del Juzgado Primero Menor de este Distrito Judicial a este Primero de Primera Instancia de este Distrito Judicial, por lo que este Juzgado absorbió la causa penal 4/2016 del extinto Juzgado Primero Menor y la radicó con el número 109/2016 de nuestro índice, lo que se comunicó a la fiscalía adscrita, mediante oficio 2305 el nueve de agosto, recibida el quince de agosto de dos mil dieciséis. (.) Asimismo le comunico a usted, que en fecha veinticinco de marzo del presente año se dictó auto de Sobreseimiento a favor de Arely Arcadeo Gómez o Arely Alonso Lujan, el cual le fue comunicado mediante oficio 617/2021." Asimismo, por oficio 617/2021 de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la Jueza Primero de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, hizo del conocimiento que al resolver la situación jurídica de la quejosa, mediante resolución de esa propia fecha, dictó auto de sobreseimiento a favor de la quejosa Arely Arcadeo Gómez o Arely Alonso Lujan, como probable responsable del delito de Robo Simple cometido en agravio del patrimonio de la Negociación denominada Coppel, Sociedad Anónima de Capital Variable, al haber prescrito la acción persecutoria; remitiendo copia certificada de dicha resolución, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- En esta fecha y estando dentro del término constitucional de las setenta y dos horas, se dicta el correspondiente AUTO DE SOBRESEIMIENTO a favor de ARELI ARCADEO GÓMEZ O ARELY ALONSO LUJÁN, como probable responsable de delito de ROBO SIMPLE, cometido en agravio del PATRIMONIO DE LA NEGOCIACIÓN DENOMINADA COPPEL, S.A. DE C.V., al haber prescrito la acción persecutoria, según circunstancias que registran los autos; en consecuencia; SEGUNDO.- Gírese a favor de ARELI ARCADEO GÓMEZ O ARELY ALONSO LUJÁN, la boleta de Inmediata Libertad comunicándolo al Director del CERESO de esta ciudad, en lugar de la libertad bajo efectos de la suspensión provisional que venía gozando, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, única y exclusivamente por cuanto hace al delito, y agraviado a que esta causa se contrae. TERCERO.- Notifíquese (.)" Documental, cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. c) Mediante escrito presentado catorce de abril de dos mil veintiuno, el autorizado de la parte quejosa, solicitó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, al existir un cambio de situación jurídica. Ahora bien, cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber; porque se encuentra previsto en la fracción I, inciso d), del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual revela que el sobreseimiento del juicio de garantías, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del juicio de garantías, lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, la improcedencia en los juicios de amparo es de orden público, lo que entraña que las causales de improcedencia establecidas en la Ley, en la Constitución Federal y en la jurisprudencia, impiden que el juez de amparo estudie el asunto planteado en la demanda de amparo, porque de hacerlo se afectarían los intereses fundamentales de la sociedad. Ello es así, pues se erigen como obstáculos insuperables que deben ser examinados previamente y si, en su caso, son operantes, implican la improcedencia del juicio. Por su parte, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" De la transcripción anterior, se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. El cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un juicio compuesto por diversas etapas procesales, que guardan relación entre sí, pero que son autónomas e independientes unas con otras; se presenta cuando habiéndose cumplimentado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. En relación con la mencionada causa de inejercitabilidad de la acción de amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 143/2006, al interpretar la fracción X de la Ley de Amparo abrogada (actualmente 61, fracción XVII, de la norma vigente), estableció que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre estas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso. Lo anterior se plasmó en la jurisprudencia que se reproduce a continuación: "Registro digital: 171841 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 95/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50 Tipo: Jurisprudencia CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Lo que se reiteró en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 169410 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 17/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." De modo que, el cambio de situación jurídica se actualiza cuando en el juicio de amparo se reclama un acto de autoridad de naturaleza procesal, emitido dentro de un procedimiento judicial o uno administrativo seguido en forma de juicio, respecto del cual no es posible decidir sobre su constitucionalidad sin afectar el estado de cosas provocado por un acto nuevo y posterior, también procesal, que sustituye como rector de la situación jurídica del quejoso, al inicialmente reclamado. En el caso, se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado la orden de aprehensión girada en su contra; sin embargo, la Juez Primero de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, informó que mediante resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictó auto de sobreseimiento a favor de la quejosa Arely Arcadeo Gómez o Arely Alonso Lujan, como probable responsable del delito de Robo Simple cometido en agravio del patrimonio de la Negociación denominada Coppel, Sociedad Anónima de Capital Variable, al haber prescrito la acción persecutoria dentro de la causa penal 109/2016; de lo que se sigue que dicho auto fue dictado con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el doce de marzo de dos mil veintiuno. En consecuencia, al no poder decidirse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados de mérito, sin afectar la nueva situación jurídica del peticionario, es incuestionable que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones reclamadas respecto de aquéllos, ya que tales determinaciones quedaron sustituidas jurídica y procesalmente por la nueva situación jurídica. En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que procede en la especie es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Dicho sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados por la quejosa de las autoridades responsables ejecutoras, en tanto que no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia de los reclamados a la autoridad ordenadora, conforme a la tesis siguiente: "Registro digital: 324978 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXVI, página 4721 Tipo: Aislada ACTOS DE EJECUCION. La concesión del amparo contra los actos de la autoridad ordenadora, debe hacerse extensiva a los actos de ejecución, ya que éstos participan del mismo vicio de inconstitucionalidad de los que le dieron origen." En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno al sobreseimiento del presente juico, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y dígasele que dichas manifestaciones serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo.
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