Arely Olvera Bahena
Expediente 772/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 772/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Arely Olvera Bahena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
...Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Arely Olvera Bahena y Dulce María Vázquez Barrera, por su propio derecho, contra la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de reconsideración del expediente TJA/3ªS/124/2021, que reclamaron de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy seis de noviembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la Subprocurador Fiscal de Asuntos Estatales, en representación del Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexan las autoridades responsables a su oficio de cuenta, así como por ofrecidas las pruebas de instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Se tienen por formuladas las causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer la autoridad oficiante, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone. Correo electrónico y número telefónico Ahora bien, por cuanto al correo electrónico y número telefónico que se proporciona, se tienen como medios de comunicación en lo referente a este asunto, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. Acceso al expediente electrónico Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, a través de los usuarios que se propone, siempre y cuando se encuentren registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, de donde se desprende que por auto de siete de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, relativas a las pensiones concedidas a las quejosa, por tanto, esta autoridad considera necesario dar vista personal con dichas documentales para que manifiesten lo que a su derecho corresponda; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 772/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. ********************, por propio derecho y en su carácter de Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos y ********************, por propio derecho y en su carácter de Juez Cívico del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Autoridades responsablesActos reclamadosOrdenadora ( Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos; La resolución de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por medio de la cual confirma el auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, a través del cual se impone una multa de veinte Unidades de Medida y Actualización. Ejecutoras ( Actuario adscrito a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos; y ( Dirección General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Morelos: La ejecución de la multa impuesta en el auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de seis de junio de dos mil veintitrés, este juzgado federal proveyó sobre la suspensión provisional, solicitó a la autoridad responsable su informe previo y señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Las autoridades responsables antes citadas, al rendir sus respectivos informes previos aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman SEGUNDO. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 128 y 138, fracción I, de la Ley de la Materia, se niega la suspensión definitiva por lo que hace a la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por medio de la cual confirma el auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, a través del cual se impone una multa de veinte Unidades de Medida y Actualización, toda vez que la misma ya fue emitida, por ende, reviste el carácter de acto consumado contra la cual resulta improcedente conceder la providencia cautelar solicitada. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia 12, de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917- 2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". TERCERO. Requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo: I. Interés suspensional. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará siempre que la solicite quien es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto u omisión reclamados violan los derechos humanos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ocasionando con ello una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés suspensional, se refiere a la titularidad de los derechos que le asisten a la parte quejosa, por lo que para suspender la ejecución de los actos a que se refiere, es necesario que acredite aún de modo indiciario o presuntivo, el interés suspensional con el que afirma contar, ya que no basta la sola presentación de la demanda para que dicha medida sea concedida, sino que es necesario acreditar que pudiera resultar lesionado con algún daño inminente e irreparable que se ocasione con la ejecución del acto reclamado. Por otro lado, el Máximo Tribunal del país resolvió que, la connotación "de manera indiciaria", implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviada, además, de que pueda inferir que, efectivamente, la ejecución del acto reclamado le causará daño. En la especie, la parte quejosa solicitó la concesión de la medida cautelar, manifestando, bajo protesta de decir verdad, ser parte dentro del juicio de origen, ********************, lo cual crea convicción de manera indiciaria en este Juzgado para demostrar el interés suspensional de la parte quejosa, que afecta en su esfera jurídica el acto reclamado. II. Orden público e interés social. Por otra parte, respecto a la solicitud de la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público e interés social, ya que de concederse la suspensión no se continuará el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; ni se continuará la producción o el comercio de narcóticos; ni se permitirá la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; ni se permitirá el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; ni se impedirá la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; ni se impedirá la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; ni se permitirá el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; ni se afectarán intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; ni se impedirá el pago de alimentos; ni se permitirá el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se incumplirá con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de la Ley de Amparo; ni se incumplirá con las Normas Oficiales Mexicanas; ni se afectará la producción nacional; ni se impedirán o interrumpirán los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; ni se impedirá la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, finalmente, no se impedirá u obstaculizará al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido de que, en términos generales, se contravienen disposiciones de orden público e interés social, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Tal requisito, se ha dicho, está inmerso en el artículo 128 de la Ley de Amparo, específicamente en su fracción II, en tanto que el diverso numeral 129 del mismo ordenamiento prevé una serie de supuestos en los que, invariablemente, se afectará el interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales, el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar (hipótesis enunciativas); de ahí que, en los demás casos, tendrá la libertad de ponderar su otorgamiento; sin embargo, excepcionalmente podrá concederse la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos por el citado artículo si, a juicio del órgano jurisdiccional, con la negativa de la medida suspensional puede causarse mayor afectación al interés social. En ese orden de ideas, reunidos los requisitos legales, a efecto de asegurar una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y la cabal restitución de los derechos humanos que estima violados la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128, 129, 131 y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a favor de ******************** y ********************, para el único efecto siguiente: ( Se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que las autoridades responsables no ejecuten la multa ordenada por auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************. Lo anterior, hasta en tanto reciba la notificación de la ejecutoria de la sentencia definitiva que se dicte en el expediente principal del presente juicio de amparo. Requisitos de efectividad de la suspensión Atento lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, esta suspensión surtirá efectos "si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables". Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 148/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 365, del Tomo XXII, de Diciembre de 2005, en Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva" También, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J.138/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 445, del Tomo XXVIII, Octubre de 2008, en Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual a la letra estatuye: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." Asimismo, tiene aplicación al caso la tesis del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, marzo de dos mil seis, página dos mil cuarenta y ocho, cuyo rubro y texto dice literalmente: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. DADO QUE NO GENERAN RECARGOS, LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, SÓLO DEBE COMPRENDER EL INTERÉS FISCAL, QUE EQUIVALE AL MONTO DE LA MULTA. En la inteligencia de que las multas por infracción a las normas administrativas federales no tienen el carácter de contribuciones, sino el de aprovechamientos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, es dable considerar que la suspensión otorgada en un juicio de garantías contra su cobro, ha de regirse en cuanto a los requisitos de efectividad conforme a lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Amparo, por lo que deben garantizarse los daños y perjuicios que con esa medida cautelar puedan causarse al tercero perjudicado, que en este caso sólo puede ser el Estado, ya que al ser el interesado en el cobro de la multa, es el único que podría resentirlos en caso de que el quejoso no obtenga sentencia favorable en el juicio constitucional. Además, esos daños y perjuicios sólo deben comprender el interés fiscal, equivalente al monto de la sanción impuesta, en atención a que de lo preceptuado en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del citado código tributario federal, se desprende que las multas no fiscales no generan recargos." En el entendido de que la presente medida suspensiva no surtirá efectos si las consecuencias del acto reclamado ya fueron ejecutadas, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles, pues de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios, tampoco surtirá efectos si dicha orden emana de una ejecutoria de amparo, de diversas autoridades de las señaladas como responsables o de un acto diverso al reclamado. Esta sede constitucional hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito, según dispone el precepto legal 262 de la Ley de Amparo, antisocial que si se llegare a consumar, de inmediato serán consignadas para el ejercicio de la acción penal en su contra. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, por propio derecho y en su carácter de Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos y ********************, por propio derecho y en su carácter de Juez Cívico del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos; respecto de los actos precisados en los resultando primero y segundo, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************, por propio derecho y en su carácter de Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos y ********************, por propio derecho y en su carácter de Juez Cívico del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos; respecto de los actos precisados en los resultando primero y segundo, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos primero y tercero de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Erik Calderón Ocampo, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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