Arely Martínez Leyva
Expediente 364/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 28 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 364/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Arely Martínez Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".. OCTAVO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal a Arely Martínez Leyva, para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que sea notificado del acuerdo por el que esta resolución cause ejecutoria, Jesús J. Valencia Valencia, Juez de Control de Primera Instancia del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos realice lo siguiente: 1. Sin dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de tres de marzo de dos mil veintidós, emita la versión escrita correspondiente, la cual deberá contener las consideraciones por las cuales determinó procedente vincular a proceso a la parte quejosa, sin exceder el alcance del emitido oralmente. En el entendido de que deberá expresar todos los requisitos formales conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de garantizar certeza y seguridad jurídica a la parte quejosa. 2. Ordene notificar la resolución anterior, de manera inmediata a la parte quejosa. Para ello, deberá indicar que esa determinación surte sus efectos en el momento en que se emitió. Los efectos de este fallo se hacen extensivos a la Directora del Centro Penitenciario Femenil en Atlacholoaya, Morelos, en virtud de que los actos que se le atribuyeron no se reclamaron por vicios propios...". Resolución concesoria del amparo que causó ejecutoria mediante proveído del catorce de junio de dos mil veintitrés. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control, del Único Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, mediante oficio 04508/23, del tres de julio de dos mil veintitrés, remite copia certificada de la versión escrita de la resolución de vinculación a proceso emitida el tres de marzo del dos mil veintidós, en la causa penal JCC/146/2022, instruida a José Albert Barrales Rodríguez y Arely Martínez Leyva, a quienes se atribuye la probable comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de la víctima Roberto Mauricio Barranco Aguilar; adjuntando las constancias relativas de la notificación efectuada a la imputada, aquí quejosa, de la resolución de referencia, el tres de julio de esta anualidad. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable sin dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de tres de marzo de dos mil veintidós, emita la versión escrita correspondiente, la cual deberá contener las consideraciones por las cuales la autoridad judicial determinó vincular a proceso a la inculpada, aquí quejosa, sin exceder el alcance del emitido oralmente y en consecuencia, deberá notificar la resolución de forma inmediata a la quejosa, debiendo indicar que esa determinación surte efectos en el momento que se emitió. En ese sentido, este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte y acreditó haber emitido en la causa penal JCC/146/2022, la versión escrita de la resolución en la que la autoridad judicial determinó vincular a proceso a la inculpada, aquí quejosa, sin exceder el alcance del emitido oralmente, con fecha tres de marzo de dos mil veintidós; y, haber cumplido con la formalidad procesal de notificar dicha determinación a la quejosa; habida cuenta, que hace la indicación particularmente a los imputados, que se trata de una determinación apelable y cuentan con tres días para recurrirla ante el Tribunal de Alzada y si consideran violentados alguno de sus derechos fundamentales. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. En relación al incidente de suspensión: Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citado y con fundamento en el artículo 19 fracción II inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser destruido en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables; además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 fracción II inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 17 fracción III inciso b), del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es conservable, toda vez que la suspensión provisional y definitiva se determinó concederlas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Guillermo Ortega Castillo, Juez de Primera Instancia de Control, del único Distrito Judicial Especializado en Materia Penal Adversarial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, mediante el cual remite la versión escrita del auto de vinculación a proceso de tres de marzo de dos mil veintidós, así como la notificación realizada a la parte quejosa de dicha determinación. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de junio de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberá informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citado y con fundamento en el artículo 19 fracción II inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado; y en el caso del original del incidente, deberá guardarse. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado del incidente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables; además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19 fracción II inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, conservación, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 17 fracción III inciso b), del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es conservable, toda vez que la suspensión definitiva de la demanda inicial se determinó concederla. Por último, vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el autorizado de la quejosa, Mario Alberto Tamayo García, en donde hace diversas manifestaciones, en virtud de lo anterior, dígasele que se esté a lo acordado con antelación. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime Cesar Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial levantada en autos, en la cual, el fedatario adscrito a éste Órgano Jurisdiccional, hace constar su imposibilidad legal para notificar la resolución de veintiocho de marzo del año actual, dictada en el juicio de amparo en el que se actúa, al tercero interesado ********************, causahabiente en la causa penal ********************; en consecuencia de lo anterior, y con fundamento en lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación a la parte tercero interesada de dicha sentencia, del presente proveído y las subsecuentes, se efectúen por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, toda vez que no obstante de encontrarse debidamente emplazada al presente juicio, hasta la fecha no se ha apersonado y en consecuencia no ha señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de Jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO B.P.B.I. CAUSAHABIENTE EN LA CAUSA PENAL JCC/146/2022 LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIITRÉS EN LA QUE SE DETEMRINÓ LO SGUIENTE: VISTO, para resolver el juicio de amparo 364/2022, promovido por ******************** contra actos de Jesús J. Valencia Valencia, Juez de Control de Primera Instancia del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el estado de Morelos, y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Jesús J. Valencia Valencia, Juez de Control de Primera Instancia del Único Distrito Judicial del estado de Morelos ".el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO dictado en mi contra el día 03 tres de marzo del año 2022 dos mil veintidós, dentro de la causa penal número ********************.". Director del CERESO Femenil de Reinserción Social en Atlacholoaya, Morelos SEGUNDO. El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 364/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez que se emplazó a las partes tercero interesadas, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad del juicio de amparo indirecto. La demanda de amparo fue presentada oportunamente, en virtud de que el plazo previsto para tal efecto transcurrió conforme a lo siguiente: Acto reclamado Notificación Surte efectos Plazo para promover la demanda de amparo Días inhábiles Auto de vinculación a proceso de tres de marzo de dos mil veintidós 03 de marzo de 2022 04 de marzo de 2022 07 al 28 de marzo de 2022 12, 13, 19, 20, 21, 26 y 27 de marzo de 2022 Con base en el recuadro anterior, si la demanda de amparo indirecto fue presentada el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Morelos, es indudable que fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama de Jesús J. Valencia Valencia, Juez de Control de Primera Instancia del Único Distrito Judicial del estado de Morelos y de la Directora del Centro Penitenciario Femenil en Atlacholoaya, Morelos: El auto de vinculación a proceso dictado el tres de marzo de dos mil veintidós, en la causa penal ********************, y su ejecución. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Luis Guillermo Ortega Castillo, Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio del estado de Morelos, en su informe justificado, aceptó el acto reclamado, consistente en la emisión del auto de vinculación a proceso dictado el tres de marzo de dos mil veintidós, en la causa penal ********************, por su homólogo Jesús J. Valencia Valencia, Juez de Control de Primera Instancia del Único Distrito Judicial del estado de Morelos. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de la causa penal de origen, las cuales fueron remitidas como complemento al informe justificado, así como con el disco versátil digital (DVD), que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. En relación con la apreciación de las videograbaciones de las audiencias celebradas en los procedimientos penales de corte acusatorio y oral, se le otorga el tratamiento de una prueba documental pública que no requiere de una audiencia especial para su desahogo en términos de la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Por su parte, la Directora del Centro Penitenciario Femenil con sede en Atlacholoaya, Morelos, se adhirió al informe justificado que rinda el juez responsable. En ese sentido, debe tenerse por cierto el acto reclamado a la mencionada, pues de las copias certificadas de la causa penal ********************, se desprende que la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Penitenciario Femenil con sede en Atlacholoaya, Morelos. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se hace constar que las partes no invocaron alguna causa de improcedencia, además de que quien resuelve tampoco advierte que se surtan los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias que obran en autos, se desprenden los siguientes antecedentes a la emisión de la resolución que se impugna: 1. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación ********************, la agente del ministerio público adscrita a la Unidad de Homicidios de la Región Oriente de la Fiscalía General del estado de Morelos, solicitó una audiencia privada para la emisión de una orden de aprehensión en contra de ******************** y ******************** -aquí quejosa- por el delito de homicidio calificado en agravio de ********************. 2. Por acuerdo de la misma fecha, Adolfo González López, Juez de Primera Instancia Especializado en Control del Único Distrito Judicial del estado de Morelos, con sede en Cuautla, registró la causa con el número ********************, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia privada en la que se resolvería sobre la petición de fiscalía. 3. En audiencia privada de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el juez responsable emitió la orden de aprehensión solicitada en contra de ******************** y ******************** -aquí quejosa- por el delito de homicidio calificado en agravio de ********************. 4. En la misma fecha, el agente de investigación criminal adscrito al Grupo Ayala Zona Oriente de la Fiscalía General del estado de Morelos, en cumplimiento a la orden de aprehensión obsequiada, puso a disposición del juez de control a la quejosa ********************. 5. El veintiséis de febrero de dos mil veintidós tuvo verificativo la audiencia inicial en la cual la fiscalía formuló imputación en contra de ******************** y ********************, por el delito de homicidio calificado en agravio de ********************. Los imputados se reservaron su derecho a declarar y se acogieron al plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se señalaron las ocho horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil veintidós para que tuviera lugar la audiencia de vinculación a proceso. Asimismo, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. 6. El tres de marzo de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia en la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra de ******************** y ********************, por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108 y 126, fracción II, inciso c, del Código Penal para el estado de Morelos, en perjuicio de ********************. Dicho auto constituye el acto reclamado en el presente juicio. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que se actualiza una violación de naturaleza formal que causó un agravio a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que no se cuenta con la versión escrita de la audiencia de vinculación a proceso, lo que implicó una transgresión a las formalidades del procedimiento. Para un mejor entendimiento de este asunto es importante acudir al contenido de los artículos 52, 56 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen lo siguiente: "Artículo 52. Disposiciones comunes Los actos procedimentales que deban ser resueltos por el Órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción que prevea este Código. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella". "Artículo 56. Presencia del imputado en las audiencias Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de quien o quienes integren el Órgano jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso, salvo disposición en contrario. El imputado no podrá retirarse de la audiencia sin autorización del Órgano jurisdiccional. El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona y ocupará un asiento a lado de su defensor. Sólo en casos excepcionales podrán disponerse medidas de seguridad que impliquen su confinamiento en un cubículo aislado en la sala de audiencia, cuando ello sea una medida indispensable para salvaguardar la integridad física de los intervinientes en la audiencia. Si el imputado se rehúsa a permanecer en la audiencia, será custodiado en una sala próxima, desde la que pueda seguir la audiencia, y representado para todos los efectos por su Defensor. Cuando sea necesario para el desarrollo de la audiencia, se le hará comparecer para la realización de actos particulares en los cuales su presencia resulte imprescindible". Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: [.] IV. La de vinculación a proceso; [.] En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario". De los artículos anteriores se advierte que los actos procedimentales serán resueltos en audiencia, las cuales se llevarán en presencia de las partes. Asimismo, se prevé que la autoridad judicial dictará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Para ello, se dispuso que determinadas resoluciones deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre las cuales se encuentra la de vinculación a proceso. Se dispuso que la resolución escrita no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. En el presente asunto, de las constancias remitidas por el juez responsable, consistentes en copia certificada de diversas actuaciones que obran en la causa penal ********************, no se acredita que se hubiere emitido la versión escrita del auto de vinculación a proceso dictado en contra de la aquí quejosa. No pasa inadvertida la constancia de tres de marzo de dos mil veintidós, en la cual se hizo constar que: En esa fecha tuvo lugar la audiencia de vinculación a proceso, en la cual comparecieron la agente del ministerio público, la asesora jurídica pública, el defensor particular de ********************, la defensora pública de ********************, así como los imputados. Se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los imputados ******************** y ********************. Se decretó el plazo de dos meses para la investigación complementaria, el cual fenecería el tres de mayo del mismo año. Subsiste la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, dicha constancia no puede ser considerada como la versión escrita del auto de vinculación a proceso, ya que no contiene los motivos y fundamentos que sirvieron de sustento para dictar la vinculación a proceso que se reclama. En ese sentido, es insuficiente para tener por cumplidos los requisitos que establece el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior en el entendido que resulta esencial la versión escrita para garantizar a la parte quejosa, la posibilidad de imponerse de su contenido de manera fácil, con el propósito de que pueda ejercer su derecho a la defensa mediante la estrategia jurídica que considere pertinente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.II.P. J/11 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, que dice lo siguiente: "LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 34/2017 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO JUSTIFICA LA FALTA DE ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN ESCRITA DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO QUE SE EMITE CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de diversos recursos de revisión, sostuvieron un criterio distinto con relación a si la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).", es aplicable para determinar si la versión escrita del auto de vinculación a proceso debe constar en papel o bien, se subsana con el registro de video grabación. Criterio jurídico: Este Pleno en Materia Penal del Segundo considera que la jurisprudencia de que se trata, no justifica la falta de la emisión de la pieza escrita (papel) del auto de vinculación a proceso que se emite conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Se afirma lo anterior, porque el criterio jurisprudencial interpretó legislaciones del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas que no prevén que deba constar por escrito la vinculación a proceso decretada oralmente; lo que es diferente a lo que establece el párrafo segundo, fracción IV, del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde de forma expresa e inequívoca, establece que la vinculación a proceso es una determinación que debe constar por escrito al margen de su emisión oral; por ende, desde un punto de vista de mera observancia a la legalidad, basta la existencia de tal disposición para que la autoridad jurisdiccional no la pueda pasar por alto, de donde deviene la inaplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), que tuvo génesis en códigos (actualmente abrogados) que no disponían que la vinculación a proceso debía constar por escrito". Ante la inexistencia de la versión escrita del auto de vinculación a proceso combatido, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para los efectos que se detallarán en el considerando siguiente. OCTAVO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal a ********************, para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que sea notificado del acuerdo por el que esta resolución cause ejecutoria, Jesús J. Valencia Valencia, Juez de Control de Primera Instancia del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el estado de Morelos realice lo siguiente: 1. Sin dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de tres de marzo de dos mil veintidós, emita la versión escrita correspondiente, la cual deberá contener las consideraciones por las cuales determinó procedente vincular a proceso a la parte quejosa, sin exceder el alcance del emitido oralmente. En el entendido de que deberá expresar todos los requisitos formales conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de garantizar certeza y seguridad jurídica a la parte quejosa. 2. Ordene notificar la resolución anterior, de manera inmediata a la parte quejosa. Para ello, deberá indicar que esa determinación surte sus efectos en el momento en que se emitió. Los efectos de este fallo se hacen extensivos a la Directora del Centro Penitenciario Femenil en Atlacholoaya, Morelos, en virtud de que los actos que se le atribuyeron no se reclamaron por vicios propios. Por lo expuesto, se R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando tercero, por los motivos y para los efectos establecidos en los considerandos séptimo y octavo de este fallo. Notifíquese por lista y a las partes conforme a lo siguiente Parte Notificación Quejosa Personalmente Autoridades responsables Por oficio Agente del ministerio público federal adscrito a este juzgado Personalmente Tercero interesado Personalmente Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos de Homicidios de la Fiscalía Región Oriente dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos; en su carácter de tercero interesado Por oficio Así lo resolvió y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, con la asistencia de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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