Arely Cruz Ramirez

Expediente 705/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
705/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Arely Cruz Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito signado por quejosa *************************, a través del cual solicita la devolución ********De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágasele la devolución de los documentos que exhibió la promovente en el escrito inicial de demanda, previo cotejo, toma de razón y recibo que quede en autos; en el entendido de que el solicitante deberá acudir en el local que ocupa este órganos jurisdiccional, en el horario de atención al público es decir, de las 9:30 a las 14:30, pues en caso contrario, no será posible efectuar de manera oportuna dicha entrega. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de diez de agosto de dos mil veintitrés. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en términos de lo establecido en el Capítulo Cuarto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es conservable ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Quinto, artículo 17, fracción III, inciso a), y por consiguiente, en el Capítulo Octavo artículo 25, concerniente a la digitalización de expedientes. Se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Supervisión de registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure le permanente actualización y veracidad de la información, estará cargo de la persona Secretaria de trámite del Juzgado asignada al presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. En atención a ello, dese vista a la parte quejosa con dichas constancias; lo anterior para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que en el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, deberá realizar las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto del Actuario adscrito. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del Despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/3965/20223 de tres de julio de dos mil veintitrés, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. Nmtg.

  4. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 705/2023-II-B, promovido por ********************, por conducto de su apoderada legal; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veinticuatro de mayo del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el día siguiente en este órgano jurisdiccional, Arely Cruz Ramirez, por conducto de su apoderada legal solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de un acto de solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de un acto del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veinticinco de mayo del año actual, se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse las conductas omisivas de autoridad que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 01/564/19. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado (promoción con folio 10198). Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se destaca el auto emitido el cinco de septiembre de dos mil veintidós en el juicio natural por el cual la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos para el dictado de laudo, sin que a la fecha de promoción del juicio constitucional (veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés), haya emitido dicha resolución. Constancias que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. La autoridad responsable aduce que no existe un agravio personal, material y directo en la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 1, del artículo 5 y el numeral 6 de la Ley de Amparo. Dicho argumento debe desestimarse, pues está estrechamente relacionado con el fondo del asunto. Lo sustentado en este considerando se apoya en la jurisprudencia P./J. 135/2001, con número de registro 187973, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Con independencia de lo anterior, esta juzgadora no advierte que opere alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio del concepto de violación. En suplencia de la queja, resultan esencialmente fundados los argumentos contenidos en el concepto de violación, los cuales son suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Lo anterior ha sido determinado así, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, número de registro 171257, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". De esos principios destaca el relativo a justicia pronta el cual se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos establecidos legalmente. Ahora bien, para sustentar lo fundado de los conceptos de violación es oportuno reproducir los artículos 115, 116, 117 y 119 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, los cuales norman el procedimiento laboral en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: "Articulo 115. El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores. Artículo 116. A la demanda y a la contestación se acompañarán las pruebas en que se funden y los documentos que acrediten la personalidad. Artículo 117. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que reciba la demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia a que hace referencia el artículo 115, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a los que se haya recibido la demanda. En el mismo acuerdo ordenará se notifique personalmente a las partes con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda. En la notificación se apercibirá al demandado que si no concurriere a la audiencia, se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. Artículo 119. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje apreciará en conciencia las pruebas que le presenten las partes, sin sujetarse a reglas fijas para su actuación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo la consideración en que funda su decisión. El Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda". Como se observa, el procedimiento laboral ante el citado Tribunal Estatal es claro y breve, ya que el juicio se inicia con la demanda, la contestación se hace en igual forma, y en una sola audiencia, previa conciliación, se da contestación a la demanda, se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y se dicta el laudo correspondiente; procedimiento y resolución que deberá efectuarse en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda. En el caso, el término referido para la tramitación y conclusión del juicio laboral del cual emana la omisión reclamada ha transcurrido en exceso sin que a la fecha se haya emitido el laudo respectivo. Lo anterior, pues de lo relatado por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, así como de las constancias que adjuntó al informe justificado la autoridad responsable, se advierte la parte actora -aquí quejosa- inició el juicio laboral en el año dos mil diecinueve, posteriormente, mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo. Así, se concluye que desde el referido auto emitido por el cual ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo y a la fecha de emisión de esta sentencia, aún no se ha emitido dicha resolución; lo cual transgrede el numeral 17 constitucional que establece como características de la impartición de justicia, la gratuidad, prontitud y expeditez; violación directa que es considerada de ejecución irreparable y trasciende a los derechos de la parte quejosa. La Ley del Servicio Civil prevé actuaciones establecidas para el trámite y resolución de los juicios laborales y el Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa presentó la demanda veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés; en ese sentido, a la instauración del juicio de amparo, había una demora sin que la responsable se pronunciara respecto al dictado del laudo en el juicio laboral de origen, toda vez que desde el cinco de septiembre del año pasado, el Tribunal responsable turnó el expediente laboral en cita para elaborar el proyecto de laudo de ley, sin que a la presentación de la demanda de amparo se haya pronunciado al respecto, dejando inactivo el juicio. Lo anterior actualiza una abierta dilación en el juicio laboral de origen, toda vez que de la fecha que se turnó el expediente para elaboración del laudo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se ha elaborado aquél pese a haber transcurrido casi ocho meses y actualmente no se resuelve el juicio de origen por lo que excede el término máximo de seis meses; esto es, el trámite y resolución del juicio de origen ha superado el plazo legal máximo para su conclusión. Por tanto, para resarcir la violación, la autoridad debe cumplir lo que la norma exige, esto es, dictar el laudo respectivo. En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. SEXTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la autoridad responsable: Con libertad de jurisdicción, dicte de inmediato el laudo en el juicio laboral de origen. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), con registro digital 2005150, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)". Por tanto, la sentencia tiene por efecto que el Tribunal dicte el laudo correspondiente, con independencia de su sentido; a más que presumir que incurrirá en actos de omisión posteriores, implica desconocer la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. No se soslaya haber celebrado la audiencia constitucional sin que transcurriera enteramente el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas en relación al informe rendido por la autoridad responsable; pues el sentido de esta sentencia, no le causa afectación alguna a las partes. Es aplicable en lo conducente, la tesis I.5o.P.28 K (10a.), del rubro siguiente: "INFORMES JUSTIFICADOS. LA AUTORIDAD DE AMPARO NO DEBE OMITIR DAR VISTA A LA QUEJOSA CON AQUÉLLOS POR EL PLAZO DE OCHO DÍAS A PESAR DE QUE SE HUBIERA NEGADO EL ACTO RECLAMADO, NI SIQUIERA BAJO EL PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL". Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones quinta y sexta de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Sergio Arturo Godínez Vega, Secretario que autoriza y da fe.

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