Areli García Zaragoza

Expediente 51/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
51/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
22/08/2019

Partes del expediente

  • Areli García Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 51/2019-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 51/2019, promovido por ARELI GARCÍA ZARAGOZA. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el once de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y recibido el catorce de enero siguiente en este Juzgado de Distrito, ARELI GARCÍA ZARAGOZA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de CFE Suministrador de Servicios Básicos; de la Superintendente Comercial del Suministrador de Servicios Básicos y del Verificador de la CFE Suministrador de Servicios Básicos División, todos de la División Centro-Sur Zona Comercial Cuautla. SEGUNDO. En auto de quince de enero de dos mil diecinueve, se desechó la demanda; inconforme con la determinación, la parte quejosa promovió recurso de queja que fue del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el expediente 37/2019, el cual, por sesión de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve lo declaró fundado, al considerar que no era notoria ni manifiesta la causal de improcedencia, en virtud de que se estaría privando a la quejosa de su derecho de instar el juicio de amparo, sin perjuicio de sobreseer en el juicio si del estudio de la sentencia dictada en la audiencia constitucional así lo imponía legalmente. Por consiguiente, el nueve de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, por lo que se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, señalándose fecha y hora para la audiencia constitucional la que inicio en términos del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, fracción XVIII, menciona que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos ejercerán jurisdicción en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; lugar en donde radican las autoridades emisoras del acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que el acto que se reclama en esta instancia constitucional, se trata de: El oficio de notificación del ajuste número 9990/2018 fechado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, signado por la Encargada Superintendencia Comercial Suministro Básico Área Comercial Cuautla de CFE Suministrador de Servicios Básicos. Lo anterior, no obstante que la quejosa señaló en su demanda de amparo como actos reclamados diversas omisiones, puesto que todas ellas se refieren a violaciones que considera se cometieron en el procedimiento de verificación que culminó en el oficio antes precisado, incluso, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver la queja 37/2019, señaló que este juzgado había omitido analizar los antecedentes del acto consistente en la solicitud de pago de ajuste a la facturación 9990/2018 por el periodo comprendido del veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis al veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, por la cantidad de $43,558.00 (cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Se presume cierto el acto reclamado a las autoridades responsables pues fueron omisas en rendir sus informes justificados, lo anterior con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, pues no obstante que se encontraban debidamente notificadas del auto por el que se requirió sus informes con justificación no lo hicieron, como se advierte de las piezas postales que obran a foja 79. Aunado a ello, su existencia se encuentra corroborada con el original del oficio de notificación del ajuste número 9990/2018 fechado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, signado por la Encargada Superintendencia Comercial Suministro Básico Área Comercial Cuautla de CFE Suministrador de Servicios Básicos, que anexó el quejoso a su demanda de amparo, al que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que a continuación se transcriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, en el artículo 1o, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5o, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Con base en lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamada no provenga de una autoridad, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto, pues aun cuando se aduzca una violación a derechos humanos, la eficacia horizontal de estos puede analizarse en vías ordinarias para conflictos entre particulares. Al respecto, debe decirse que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo es la que, con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico, emitiendo actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. De ahí que una autoridad para efectos del amparo es la que -teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas-, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. También el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que: "los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad", esto es, para determinar que un particular deba ser llamado al juicio de amparo como autoridad responsable, debe examinarse el tipo de acto que realiza, esto es, sí realiza un acto equivalente a uno de autoridad, entonces se le considerara como autoridad responsable, pero si sus actos, no reúnen dichas características, no pueden ser llamados con tal carácter. Ahora bien, del oficio de notificación del ajuste número 9990/2018 fechado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, signado por la Encargada Superintendencia Comercial Suministro Básico Área Comercial Cuautla de CFE Suministrador de Servicios Básicos, se advierte que fue emitido en un procedimiento en el cual, dicha encargada actuó en un plano de igualdad con motivo del contrato de adhesión que media entre ellos por la prestación del servicio de energía eléctrica. Esto es así, porque conforme a la demanda de amparo y las constancias que obran en autos se aprecia que en la revisión realizada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, con hora de inicio a la 1:22, Joel I. Tapia Lorzo, de la Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Centro Sur, Zona de Distribución Cuautla, encontró servicio en el domicilio ubicado en calle Miguel Hidalgo sin número de la localidad de Felipe Neri en el municipio de Tlalnepantla, Morelos, sin haber celebrado contrato, pues realizó la revisión y encontró el medidor M988HV, con código F122, código de lote 18 LN, sello de conexión PIZA648818 y sello dejado 118MAH8668, que es una tienda directa "sin medd", con un refrigerador tipo vitrina de cremería, un refrigerador de Coca de tres puertas y un refrigerador pequeño. De dicha acta se aprecia que se asentó el nombre del usuario enterado "Areli García Z." así como una rúbrica ilegible, esto es, fue atendida por la quejosa pues aparece tanto su nombre como su firma. Posteriormente, conforme a lo expresado por la impetrante en su demanda de amparo, el ocho de octubre de dos mil dieciocho, celebró contrato de suministro de energía eléctrica con CFE Suministrador de Servicios Básicos, quien le asignó el Registro Móvil de Usuario (RMU) 62535 18-10-08, GAZA-851204 005 CFE, con número de servicio 296181001484 y número de medidor M988HV, lo que acreditó con su recibo de pago correspondiente al periodo facturado del nueve al diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, que efectivamente contiene dichos datos y el nombre de GARCÍA ZARAGOZA ARELI, con domicilio en Miguel Hidalgo sin número Felipe Neri, Tlalnepantla C.P. 62535. El Jefe de Oficina de Integración de Consumos de la Zona de Distribución Cuautla, emitió el formato de autorización de cálculo de consumo y demanda facturada, con número de ajuste 9990/2018 a nombre de ARELI GARCÍA ZARAGOZA, con RPU 296181001484, en el que aparece: "(.) I. ANTECEDENTES: 1) FECHA(S) DE REVISIÓN(ES) VERIFICACIÓN(ES): 09 OCT 2018 2) RESULTADO DE LA(S) VERIFICACION(ES): UI03 3) CONSTANCIA(S) DE REVISIÓN(ES) VERIFICACIÓN(ES) DE FECHA(S): 4) PERIODO DE AJUSTE A LA FACTURACIÓN: 28 SEP 2016 AL 28 SEP 2018 5) ENERGÍA KWH: 10613 6) FECHA DE ENVÍO DE MCS A GC: 09 OCT 2018 DE GC A SUMINISTRADOR: _ II. ANÁLlSIS 7) EL FACTOR DE AJUSTE CONSIDERADO ES: 0.00 8) PERIODO DE AJUSTE DETERMINÓ EN BASE A: SE ENCONTRÓ TIENDA DIRECTA SIN MEDIDOR 1 REFI TIPO VITRINA DE CR EMERIA 1 REF DE COCA DE 3 PUERTAS Y UN REFR PEQUE 28/10/18 SE ENCONTRÓ UNA CARGA DE 15.9 AMP III. CONCLUSIONES: 9) EL AJUSTE ES: PROCEDENTE ( ) IMPROCEDENTE ( ) 10) EXISTEN LAS EVIDENCIAS REQUERIDAS: SI ( ) NO( ) 11) LA NOTIFICACIÓN DEL AJUSTE ES: OPORTUNA ( ) EXTEMPORÁNEA ( ) COMENTARIOS ADICIONALES:____________________ (.)" (Sic) Con base en ello, se emitió el acto reclamado con data del veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dirigido a la quejosa ARELI GARCÍA ZARAGOZA, y signado por Lilian Erazo Mendieta, Encargada Superintendencia Comercial, Suministro Básico, Área Cuautla de la CFE Suministrador de Servicios Básicos, señalando lo siguiente: ".El 10/9/2018 la CFE realizó una verificación al equipo de medición instalado en su servicio de energía eléctrica contratado, con esta empresa suministradora, a nombre de GARCÍA ZARAGOZA ARELI. En esta revisión se encontró una anomalía consistente en UI03, misma que quedó asentada en la constancia número 9990/2017. Una vez analizada la anomalía detectada y sus efectos en la registración del equipo de medición conectado en su centro de carga y considerando sus manifestaciones realizadas al momento de la verificación y transcurrido el plazo para su ofrecimiento de pruebas, de conformidad con los artículos 110, 113, 114, del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica; la empresa distribuidora de electricidad, determinó a través del cálculo de ajuste 9990/2017, de fecha 10/9/2018 un ajuste a su facturación por 10613 (kilowatt-horas), que debieron facturarse dentro del periodo de consumo anormal, comprendidos del 9/28/2016 al 9/28/2018 a los cuales se le aplicaron las cuotas de la tarifa 2 vigentes en dicho periodo, correspondiente a su servicio contratado, arrojando un monto de $43558.00 (Cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y ocho pesos 00/100) por consumo de energía eléctrica no facturada ni pagada, que se desglosa en los siguientes conceptos: (transcribe cuadro) Por lo anteriormente descrito, mucho le agradeceremos que en un plazo de DOS DÍAS contados a partir del día siguiente a que reciba, el presente escrito; se presente en las nuestras oficinas ubicadas en Av. Apizaco esq. La Pascual, Col. Buenavista, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a.m. a 14:00 p.m. horas, con la finalidad de cubrir el adeudo por el importe arriba indicado y/o para revisar las opciones de pago que se le pueden ofrecer. Normatividad aplicable: Artículo 165, fracción VI de la Ley de la Industria Eléctrica.." (Sic) De todo lo anterior, se advierte que si bien la verificación comprende el periodo del veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis al veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, sin embargo, el acto reclamado propiamente y el procedimiento que le dio origen, se realizaron una vez que la quejosa tenía una relación contractual con CFE Suministrador de Servicios Básicos, pues el contrato fue celebrado el ocho de octubre de dos mil dieciocho mientras que la verificación sucedió el nueve de octubre de dos mil dieciocho y la emisión del acto reclamado acaeció hasta el veintidós de octubre siguiente. Por todo ello, la emisión del acto reclamado se dio una vez que existía una relación de igualdad entre la Comisión Federal de Electricidad y la quejosa con base en un contrato de adhesión que las partes suscribieron el ocho de octubre de dos mil dieciocho, ya que así lo afirmó la quejosa en su demanda de amparo y porque del aviso-recibo de energía eléctrica que anexó a ésta, se corrobora que el periodo facturado comprende del nueve al diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Cabe precisar que el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad, a través de la revisión a las redes generales de distribución que se llevó a cabo el veintiocho de septiembre de dos mi dieciocho, haya encontrado en el domicilio sito en calle Miguel Hidalgo sin número de la localidad de Felipe Neri en el municipio de Tlalnepantla, Morelos, una tienda con energía eléctrica, con el medidor M988HV, con código F122, código de lote 18 LN, sello de conexión PIZA648818 y sello dejado 118MAH8668, sin haber celebrado contrato con dicha empresa; dicha actuación se dio con anterioridad al inicio del procedimiento de verificación, por lo que dicho acto no forma parte de aquél, aún más porque no se aprecia que el acta de verificación del que derivó el ajuste de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se realizara con anterioridad al nueve de octubre de ese año, es decir, antes de la firma del contrato. Por lo que si bien dicho acto de revisión fue ejecutado con anterioridad a la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica entre la Comisión Federal de Electricidad y la quejosa, no fue emitido dentro del procedimiento de verificación, pues este se inició el nueve de octubre de dos mil dieciocho, es decir, un día después de la vigencia del contrato. Ahora bien, toda vez que el acto reclamado y el procedimiento de verificación, se realizaron una vez que existía un contrato entre la quejosa y la empresa que otorga el servicio de energía eléctrica, debemos analizar la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, ya que tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que el acto reclamado en el presente juicio no es de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Carta Magna establece una serie de garantías para proteger Derechos Fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Como premisa fundamental para apoyar tal consideración, debe tenerse en cuenta que, por regla general, la Comisión Federal de Electricidad, no puede ser considerada como autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que sus actos normalmente derivan de la relación contractual inherente a la prestación del servicio de energía eléctrica, siendo considerados dentro de un plano de coordinación; sin que incluso la determinación de corte de energía eléctrica, pueda ser considerada, por esa sola circunstancia, un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. A partir de esas ideas, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la promovente acude en su carácter de usuaria del servicio de suministro de energía eléctrica, a reclamar actos relacionados con ese servicio que se atribuyen a la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de empresa productiva del Estado, la cual actúa como particular en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica y por ende, sus actos se rigen conforme a la legislación mercantil. De tal manera que el presente juicio de amparo resulta improcedente, puesto que deriva de una relación de coordinación entre la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable. Para corroborar lo anterior, debe destacarse que al resolver la contradicción de tesis 250/2017, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente: "Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: Art. 75. La ley reputa actos de comercio: (.) V. Las empresas de abastecimientos y suministros; (.) XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. Art. 1,049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4°, 75 y 76, se deriven de los actos comerciales. Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." En ese sentido, actualmente subsiste el criterio de que el servicio de suministro energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad es un acto comercial que se ubica en el ámbito del derecho mercantil, ya que precisamente su contrato se ubica dentro de dicha naturaleza jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 156/2017, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL." Entonces, se tiene que si los actos reclamados se relacionan con la prestación de dicho servicio de suministro de energía proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, a partir de la relación comercial entre la parte promovente con dicha empresa productiva del estado, dichos actos no pueden considerarse provenientes de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues con independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos relacionados o que deriven de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica -como el señalado como reclamado- deben considerarse de naturaleza mercantil. En ese sentido, resulta aplicable el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.1o.A.132 A (10a.), que lleva por rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGÍA Y LA LEY VIGENTE DE DICHO ORGANISMO DEJARON SIN CONTENIDO JURÍDICO LAS TESIS AISLADAS 2a. CVI/2014 (10a.) Y 2a. CVII/2014 (10a.), QUE ESTABLECÍAN QUE SUS ACTOS ERAN IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS JUICIOS DE NULIDAD Y DE AMPARO, POR LO QUE NO PUEDEN SER TOMADAS EN CUENTA COMO ORIENTADORAS". Así las cosas, cuando la Comisión Federal de Electricidad emite actos u omisiones con motivo de la prestación de suministro de energía eléctrica, no actúa en una relación jurídica de supra a subordinación, es decir, no actúa con imperio imponiendo su voluntad en forma directa y unilateral, creando, modificando o extinguiendo por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los particulares. En el contexto apuntado, en tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Esto es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluidos los requerimientos de pago, ajustes, el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Máxime que tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte cobre lo adeudado, siendo por regla general, que los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con su obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades; por lo que, resulta inconcuso, que los actos que reclama de la autoridad responsable no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de supra a subordinación y que por tanto se atribuya como acto de autoridad. De lo que se tiene, que el acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad señalado como responsable no se encuentra revestido de imperio frente al particular en términos del artículo 5 fracción II, de la Ley de Amparo vigente, porque carece de las características de unilateralidad propias de un acto de autoridad. Lo anterior no genera que la relación de coordinación se transforme en una relación de supra a subordinación, sino en una relación contractual y si lo que se pretende es que se declare esa falta de cumplimiento, es el juez ordinario el que tiene la jurisdicción para decidirlo, y no el juez de amparo, considerando que no se trata de un acto de autoridad. Por tanto, en contra del acto reclamado y las omisiones combatidas la quejosa debe hacer valer el medio de impugnación ordinario procedente, al cual debe atenderse en casos como el que se analiza. A más, que como ya quedo apuntado, la Comisión Federal de Electricidad tutela una actividad cuyo objetivo es garantizar el servicio de energía eléctrica a cambio de una contraprestación en un sistema de libre competencia, de ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, se advierte que el acto reclamado y las omisiones que la parte quejosa precisa se dieron en el procedimiento de verificación, derivan de actos realizados en términos del contrato, por tanto, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.30/2018 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 336, Tomo I, Enero de 2018, Décima Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL." De igual forma, la tesis (IV Región)1o.7 C (10a.), pronunciada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1471, Tomo II, Julio de 2018, Décima Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SI QUIEN RECIBE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OBJETA LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR SUS EMPLEADOS SIN PARTICIPACIÓN DE ÉSTE EN LAS INSPECCIONES Y/O VISITAS DE VERIFICACIÓN CON BASE EN LOS CUALES SE REALIZAN AJUSTES EN LA FACTURACIÓN DEL CONSUMO, LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO A SU VERACIDAD CORRESPONDE A AQUÉLLA." Sin que obste a lo anterior, la tesis que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, citó en la queja 37/2019, del rubro: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AJUSTE, REQUERIMIENTO DE PAGO Y CORTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DERIVADO DE LA PRÁCTICA DE UNA VERIFICACIÓN EFECTUADA POR DICHA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, SON ACTOS DE PARTICULAR EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En virtud de que el propio Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión 296/2017, en sesión de once de octubre de dos mil dieciocho, se apartó del criterio sostenido en esta tesis, para considerar, ahora, que aquellos actos invocados en la demanda de amparo indirecto no pueden estimarse provenientes de un particular que actúa como autoridad, ni de autoridad misma, al resultar innegable que el aviso de verificación, su práctica, resultado y consecuencias, no tienen más origen que el de la suscripción del contrato de prestación del servicio de energía eléctrica, ello en atención a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 156/2017 (10a.). Así las cosas, toda vez que el acto señalado como reclamado no puede ser considerado como proveniente de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, todos de la Ley de Amparo; razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, procede sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO 51/2019-I, promovido por ARELI GARCÍA ZARAGOZA, por los motivos expuestos en el último considerando. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hasta hoy treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en que las labores de este Juzgado Federal lo permitieron.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Centro Sur, mediante el cual remite las constancias solicitadas mediante auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve; agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes; dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, tomando en cuenta que las autoridades responsables COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DIVISIÓN CENTRO SUR-ZONA COMERCIAL CUAUTLA, SUPERINTENDENTE COMERCIAL DEL SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ZONA CUAUTLA Y VERIFICADOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DIVISIÓN CENTRO SUR-ZONA COMERCIAL CUAUTLA, no rindieron su informe justificado; por tanto, toda vez que el suscrito Juzgador está obligado a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para la resolución del asunto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere a las citadas autoridades, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, a efecto de que remita a éste juzgado copia certificada, completa y legible de las constancias relativas al acto reclamado, esto es, el expediente formado con motivo del ajuste de facturación número 9990/2018 del usuario, aquí quejosa Areli García Zaragoza. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el quince de mayo actual, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

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