Arely Abigail Aguilar García
Expediente 1770/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1770/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Arely Abigail Aguilar García
Actuaciones
- Principal
AVISO-PARTE QUEJOSA. Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Reinaldo Baltazar Canul Pérez, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el último párrafo del artículo 88 de la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación del presente proveído exhiba ante este Juzgado Federal cuatro copias más de su escrito de expresión de agravios, toda vez que sólo exhibió el original y tres copias, cuando debió de presentar siete copias, cuatro para las autoridades responsables, una para el agente del Ministerio Público Federal adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito y dos para la parte tercero interesada; previniéndola que de no cumplir con tal requisito en el plazo fijado, se tendrá por no interpuesto el citado recurso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO-QUEJOSO. Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Arely Abigail Aguilar García, contra los actos que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado y otra autoridad, la cual fue exhibida con cinco copias y sin anexos. Se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1770/2023-I. Ahora bien, del contenido del escrito de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la ley de amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, los actos reclamados en este juicio, lo constituyen: La determinación de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en el expedientillo 432/2023, que confirmó el diverso acuerdo de veintiocho de agosto del año en curso, dictado por el Fiscal Investigador de la Agencia Vigésimo Novena del Ministerio Público, en el que determinó dejar insubsistente el proveído de once de julio del presente año, y se declaró incompetente para conocer de la carpeta de investigación 29/358/2020, declinándola a favor de su homólogo del estado de Coahuila. En ese orden de ideas, se estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." (Énfasis añadido) Conforme al precepto señalado en segundo término, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Precisado lo anterior, se advierte que en el caso particular, la resolución aquí reclamada aún no define la cuestión competencial, pues si bien es verdad que el Agente del Ministerio Público responsable consideró declinar su competencia a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, con residencia en Monclova, lo que se confirmó; no obstante, esa declaración está sujeta a que esta última, como autoridad declinada, la acepte, pues únicamente hasta ese momento podría estimarse que existe verdaderamente una "determinación" sobre la declinación de competencia. Tiene aplicación la Jurisprudencia P./J.17/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo I, Libro 21, Agosto de 2015, Registro IUS 2009721, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dispone lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En esas circunstancias, se considera que la determinación combatida no constituye un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio del quejoso, en virtud de que es un planteamiento de incompetencia en el cual la autoridad a favor de quien se declinó la competencia no ha determinado si la acepta o no; ; por ende, resulta claro que es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable, pues no se sabe si el sentido en que se resuelva vaya a causar un perjuicio al quejoso. Por lo tanto, si el acto reclamado por el quejoso no "determina" la cuestión competencial, es decir, no implica que el asunto se resuelva en una jurisdicción diversa de la planteada en un inicio, no puede estimarse que el juicio sea procedente en los términos del artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, con lo que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia IX.2o.J/9 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 1190, Tomo XX, Diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice lo siguiente: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto." En consecuencia y por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Arely Abigail Aguilar García, contra los actos que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado y otra autoridad, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario. (...) Notifíquese personalmente a la parte quejosa. (...)
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