Areli Guadalupe Torres Sánchez

Expediente 2852/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2852/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Areli Guadalupe Torres Sánchez
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la resolución dictada por este Juzgado Federal el veinte de enero del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito presentado en línea por ********************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa; mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto a las pruebas ofrecidas en el incidente por exceso o defectos en el cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada. En virtud de lo anterior, como se aprecia en proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se reservó acordar lo conducente respecto a los demás medios de prueba ofertados en el mencionado incidente, hasta en tanto el perito en materia forestal ******************** y el perito en materia de cartografía ******************** protestaran el cargo conferido, o bien transcurriera el término concedido para ello; lo cual ya aconteció, por lo que, con fundamento en el artículo 1194 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa a cargo de ********************y ********************. Ahora bien, a fin de perfeccionar el desahogo de la referida probanza, con fundamento en el último párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, con entrega del interrogatorio sobre el cual deberá versar dicha probanza; a efecto de que, de estimarlo necesario formulen repreguntas al momento de verificarse la audiencia constitucional, y toda vez que el quejoso no manifiesta imposibilidad alguna para presentar a los citados testigos ante este juzgado para el desahogo de dicha probanza, quedará a su cargo en el momento procesal oportuno la presentación de los testigos de mérito, quienes deberán comparecer con documento oficial que los identifique, con el apercibimiento a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por desierta la referida probanza. Ahora bien, atendiendo a la solicitud realizada por la parte quejosa de designar interprete acreditado o certificado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en virtud de que los testigos antes mencionados son indígenas hablantes de la lengua maya Tzeltal; y a efecto de que pueda llevarse a cabo el desahogo de la prueba testimonial, gírese atento oficio al Delegado Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin que proporcione un intérprete que asista a los testigos ********************y ********************; apercibido que de no cumplir con lo anterior o no informar el impedimento legal que tenga para cumplir, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable con registro digital 165134, correspondiente a la Novena Época, Materias Común, Tesis: XV.4o.11 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, página 2930, de rubro y texto que se citan a continuación: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA POR HECHO SUPERVENIENTE. EN EL INCIDENTE DE MODIFICACIÓN RELATIVO PUEDE OFRECERSE LA PRUEBA TESTIMONIAL (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). El artículo 131 de la Ley de Amparo regula el procedimiento del incidente de suspensión de los actos reclamados, dentro del cual pueden ofrecerse como pruebas la documental o de inspección ocular, y también la testimonial cuando se trate de actos a que se refiere el diverso 17. Esa enunciación taxativa en cuanto a los medios de convicción admitidos dentro del procedimiento de referencia, tiene como finalidad proporcionar celeridad y unidad en la celebración de la audiencia incidental, ya que el objeto de la medida cautelar es paralizar los efectos y consecuencias del acto de autoridad reclamado, evitándose su consumación en detrimento de los derechos del gobernado, lo cual no puede retardarse con motivo del ofrecimiento de pruebas ya que su desahogo podría implicar que no se resolviera la suspensión con la celeridad requerida. Por su parte, el numeral 140 de la legislación en análisis dispone: "Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, el Juez de Distrito puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento.". De lo anterior se advierte la existencia implícita del incidente de modificación a la suspensión por hecho superveniente, sin embargo, al no encontrarse debidamente reglamentado en la invocada legislación, es necesario aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2o. de la ley de la materia, ordenamiento que en sus artículos 358 al 364 establece el procedimiento a seguir en los incidentes que no tienen señalada una tramitación especial y, específicamente, el 361 indica que todas las disposiciones sobre prueba en el juicio le serán aplicables en lo que no se opongan a lo preceptuado en ese título, con la sola modificación de que las pruebas pericial y testimonial se ofrecerán dentro de los primeros tres días del término probatorio y, por su parte, los numerales 93 y 94 de este ordenamiento establecen que la ley reconoce como medios de prueba a los testigos y, salvo disposición contraria, lo previsto en ese capítulo le será aplicable a toda clase de negocios. En consecuencia, si el incidente de modificación a la suspensión por hecho superveniente debe tramitarse en los términos y condiciones que se prevén en el citado código adjetivo, dado que la Ley de Amparo no establece una regulación exhaustiva al respecto, es inconcuso que las partes pueden ofrecer los medios de prueba a que se refieren los artículos 93, 94 y 361, incluida la testimonial, a fin de acreditar sus afirmaciones, por lo que la limitación contenida en el señalado artículo 131 no puede ser aplicable de manera extensiva al incidente de modificación a la suspensión definitiva por hecho superveniente, al ser posterior a la audiencia en que se resuelve sobre la medida cautelar de los actos reclamados y, lógicamente, por promoverse como consecuencia de lo último resuelto." En consecuencia, una vez que sea designado el interprete a que se hace referencia en el párrafo que antecede se pronunciara sobre la fecha y hora de desahogo para que sean presentados por el oferente de la misma. Ahora bien, por lo que respecta a la prueba que señala como hechos notorios contenidos en la página oficial de la cual proporciona la liga en su escrito de ofrecimiento, referente al catálogo de ferrocarriles en el Estado de Campeche, de confomidad con los artículos 143 de la Ley de Amparo, se admite la misma y se tienen por desahogadas por su propia naturaleza, como una prueba documental, de conformidad con lo establecido la Jurisprudencia localizable con número de registro digital 2022595, Décima Época, Materia Común, tesis P./J. 18/2020 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, página 5, de rubro y texto que se citan a continuación: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LAS VIDEOGRABACIONES CONTENIDAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y, POR TANTO, PUEDEN SER OFRECIDAS POR LAS PARTES EN AQUÉL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron en forma contradictoria en torno a si una videograbación se debe considerar como prueba documental para efectos del incidente de suspensión en el juicio de amparo y, en consecuencia, si procede su admisión como medio probatorio. Criterio jurídico: Las videograbaciones constituyen una prueba documental, pues independientemente del soporte en el que consten y se aporten al incidente de suspensión, cuentan con la capacidad de registrar datos de interés procesal y, además, pueden desahogarse por su propia naturaleza y sin necesidad de una diligencia especial, siempre que el juzgador cuente con el equipo necesario para su reproducción y, de no ser así, el oferente de la prueba lo aporte. Justificación: Esta interpretación resulta acorde con los artículos 1o. y 14 de la Constitución General, al ser más protectora del debido proceso, entre cuyas formalidades esenciales que lo conforman está la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. En este sentido, el artículo 143 de la Ley de Amparo establece que en el incidente de suspensión únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial y, tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de ese ordenamiento, la prueba testimonial. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el avance de las tecnologías de la información supone un importante cambio en el ámbito judicial lo que, desde luego, incide en la fase probatoria de un procedimiento; de ahí que para determinar la naturaleza de una videograbación se debe partir de que, jurídicamente, un documento es cualquier instrumento con capacidad para registrar datos o información, donde lo principal es su capacidad de registro y, lo secundario, el soporte en el que aparece recogido dicho objeto. Además, si el legislador federal hizo énfasis en la finalidad protectora de la suspensión, e incluso facultó al órgano jurisdiccional para solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere convenientes para resolver sobre la suspensión definitiva, válidamente se puede concluir que las partes pueden ofrecer una videograbación contenida en un medio electrónico como prueba documental en el incidente de suspensión para que el juzgador pueda obtener certeza sobre hechos relevantes y, de ser el caso, otorgarle cierto valor probatorio, siempre que ello no comprometa la celeridad que debe imperar en dicho incidente. Al respecto, no pasa inadvertido que, dependiendo del soporte en el que se ofrezca la prueba en cuestión, se requiere un medio técnico para su reproducción; sin embargo, ello no amerita una diligencia especial que retrase la impartición de justicia, sino únicamente que el juzgador cuente con el equipo necesario para su reproducción y, de no ser así, podrá aportarlo el oferente de la prueba." Finalmente, en cuanto a la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa, resérvese acordar lo relativo en el momento procesal oportuno. Notifíquese personalmente a las partes, haciendo entrega de copia de escrito de ofrecimiento de pruebas. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que a la presente fecha se encuentra transcurriendo el término concedido a las autoridades señaladas como responsables en este asunto, para que rindan sus respectivos informes justificados solicitados por este Juzgado Federal; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las once horas del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés....Por otra parte, se agrega a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el alegato ministerial 34/2023, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se niegue el amparo y protección de la justicia federal, o en su caso, se sobresea en el presente juicio de amparo y se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente asunto. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones vertidas en el oficio de mérito, para ser tomadas en cuenta en la audiencia constitucional. Finalmente, como lo solicita la representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Titular de la Delegación Yucatán del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado con el que atiende el requerimiento que este Juzgado Federal le formuló y designa al licenciado Erik Jiménez Contreras, Asesor Jurídico Federal adscrito a dicha dependencia, como persona que puede representar legalmente al menor de edad con identidad reservada. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se previene al nombrado asesor para que dentro del término de tres días que al efecto se le concede, rinda protesta de la encomienda que le ha sido asignada. Notifíquese y personalmente al Asesor Jurídico Erik Jiménez Contreras. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

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