Areceli Hernández Sierra
Expediente 103/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Areceli Hernández Sierra
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de veintisiete de enero del dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del once al diecisiete de febrero ambos de dos mil veintidós; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en su demanda de amparo, se ordena notificarle personalmente el presente proveído, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la promovente o la persona autorizada para tales efectos deberá generar su cita a partir del diez de agosto de dos mil veinte en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el miscrositio "Agenda OJ". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En Morelia, Michoacán, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós, señaladas para la audiencia incidental dentro del cuaderno de suspensión relativo al juicio de amparo 515/2020-V, en audiencia de derecho el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión del licenciado Crispín Ernesto Gamboa Mendoza, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrarla vía remota sin asistencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Enseguida, con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, el Secretario hizo relación de constancias que obran en autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de la demanda de garantías y los informes rendidos por las autoridades responsables; a lo que se acuerda. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con los exhibidos por la quejosa en su escrito inicial de demanda. A continuación, se abre la etapa de alegatos y el Secretario, hace constar que ninguna de las partes los formuló. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 515/2020-V, promovido por PAULINA GUADALUPE VEGA MARTÍNEZ por propio derecho y en cuanto representante legal de su menor hija de iniciales C.V.V.V, contra actos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad; C O N S I D E R A N D O: I. El quejoso en sus escritos de demanda señaló como autoridades y actos reclamados, en su orden: "... AUTORIDADES RESPONSABLES: Como autoridades responsables señalo las siguientes, ORDENADORAS: Manifiesto que hasta el momento desconozco del nombre y existencia de autoridad responsable ordenadora. EJECUTORAS: Desde este momento señalo a, La Institución Bancaria: BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. La Comisión Nacionales Bancaria y de Valores. ACTOS RECLAMADOS.- De las Autoridades responsables señaladas como Ejecutoras, les reclamo: El indebido bloqueo y/o aseguramiento de un cuenta bancaria propiedad de la suscrita, registrada bajo el número 2976958842 de la Institución BBVA BANCOMER S.A. fuera de todo proceso legal y sin que medie una orden judicial que esté debidamente fundada y motivada, y que la misma haya seguido los lineamientos procesales aplicables al caso para decretar aseguramiento alguno. Donde se me hubiese notificado y además se hubiese respetado mi derecho de audiencia. La flagrante violación a los derechos de mi menor hija de seguridad jurídica y de alimentos, así como mis derechos de propietaria y poseedora de la cuenta bancaria registrada bajo el número 2976958842 de la Institución BBVA BANCOMER S.A. mediante la inminente desposesión que pretende efectuar la ordenadora y que la ejecutora realizo respecto de la cuenta bancaria de mi propiedad, así como la flagrante perturbación de la legitima posesión en el ejercicio de mis derechos de propietaria de tal cuenta. De las autoridades señaladas como EJECUTORAS les reclamo: El haber cumplimentado lo ordenado por las ordenadoras de Manera indebida e inconstitucionalmente, sin que se hubiesen seguido las formalidades legales del procedimiento y mediante las cuales, se me dé la oportunidad de ser oída y vencida en juicio, ya sea dentro de una Averiguación previa penal o de un juicio, pues como lo acredito con la impresión digital original del estado de cuenta bancario la suscrita soy propietaria de la cuenta bancaria número 2976958842 de la Institución BBVA BANCOMER S.A. de la cual me privan de mis derechos de propiedad y posesión, sin que exista una orden de aseguramiento legal, en la que pudiera haber quedado demostrado de forma fundada y motivada su aseguramiento y que este implicara el bloqueo de dicha cuenta de mi propiedad y patrimonio. En la inteligencia de que esto lo señalo y lo afirmo, porque nunca he cometido delito alguno que merezca aseguramiento de mis bienes cuenta bancaria- por ende todo lo actuado, por esas autoridades responsables, deviene ilegal y fuera de todo procedimiento legal o debido, toda vez que la suscrita en mi calidad de propietaria nunca he realizado conducta alguna que amerite la retención o bloqueo de la cuenta bancaria de mi propiedad señalada con antelación, de tal forma, que al privarme así de manera inconstitucional de mi cuenta se perturban mis derechos de propiedad y posesión trasgrediendo mis derechos constitucionales. Por lo que los actos que reclamo, son violatorios de mis garantías individuales; ello es así, porque como lo digo. la suscrita no ha cometido conducta alguna para que las autoridades ejecutoras hubiesen realizado el bloqueo de la cuenta bancaria de mi propiedad, asimismo manifiesto que no existe orden debidamente fundada y motivada en la que se hubiese decretado el bloqueo o aseguramiento de la cuenta bancaria de mi propiedad, pues al efecto debo puntualizar, que al pretender tener acceso a la cuenta bancaria de mi propiedad, fui informada de manera verbal de dicho bloqueo y aseguramiento por parte de las ejecutoras so (sic) pretexto que recibieron un oficio de la comisión nacional bancaria y de valores, en el que ordenaba su bloqueo y aseguramiento, en cumplimiento de un supuesto oficio jurídico, es por ello, que ante la ausencia, de una orden debidamente fundada y motivada, en el que se hubiese seguido un proceso en mi contra en el que hubiese sido juzgada y sancionada, y que como consecuencia de ello se decretara el bloqueo y aseguramiento de algún bien de mi propiedad, en especial de la cuenta bancaria de mi propiedad, siendo ello por lo que reitero que estos actos que reclamo son inconstitucionales e ilegales toda vez que las autoridades que señalo con antelación están perturbando a la suscrita mis derechos de propiedad y posesión respecto de la cuenta bancaria de mi propiedad sin que exista mandamiento legalmente fundado y motivado.". II. Fijación de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa los actos reclamados en el juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental. Así la parte quejosa reclama: De BBVA BANCOMER Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, en Zamora, Michoacán, y de la Comisión Nacionales Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México: - La ejecución del embargo ordenado sobre la cuenta bancaria número 2976958842, registrada ante la Institución BBVA BANCOMER S.A, de la parte quejosa. III. Conviene señalar que para determinar la procedencia de la suspensión, de acuerdo con la técnica jurídica, debe estudiarse primeramente la certeza de los actos reclamados o los efectos o consecuencias combatidos; enseguida, si la naturaleza de dichos actos permite su paralización; después, si se satisfacen los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo; por último, si es necesaria la exigencia de alguna garantía ante la existencia de terceros interesados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 199, volúmenes 181-186, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, TÉCNICA QUE DEBE SEGUIRSE EN EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse, por su orden, las siguientes cuestiones: a) Si son ciertos los actos reclamados o los efectos y consecuencias combatidos (premisa). b) Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). c) Si se satisfacen las exigencias previstas por el numeral 124 de la Ley de Amparo (requisitos legales); y d) Si es necesaria la exigencia de alguna garantía, por la existencia de terceros interesados (requisitos de efectividad)." IV. La autoridad responsable BBVA BANCOMER Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, en Zamora, Michoacán, manifestó que es cierto el acto que la parte quejosa le reclama. Por su parte la autoridad responsable Comisión Nacionales Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, negó la existencia del acto de ejecución a ella atribuido, sin embargo dicha negativa se desvirtúa, en razón a que de las constancias que adjuntó la institución bancaria citada en el párrafo que antecede, se advierte la participación de la citada Comisión en la ejecución del acto reclamado, pues al efecto emitió el oficio 214-1-3677203/2020, a efecto de que se realizara el embargo en la cuenta bancaría de la parte quejosa; de ahí que, también debe tenerse por cierto el acto reclamado a dicha autoridad responsable. V. Los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo establecen en su orden: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.". En el caso concreto, la peticionaria de amparo solicitó expresamente en su escrito de demanda, la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito a que alude el numeral 128 en cita. Por lo que ve a la fracción II del artículo 128 en comento, también se actualiza, en razón a que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan. Ahora bien, el interés suspensional de la quejosa se acredita con las constancias que adjuntó a su escrito de demanda, específicamente el estado de cuenta relativo a la cuenta número 2976958842, aperturada en la sucursal "6724 SUC. 5 DE MAYO", ubicada en Avenida 5 de Mayo Sur, número 540, colonia Jardines de Catedral, en Zamora, Michoacán, de la institución bancaria denominada BBVA BANCOMER, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, y que obra en los cuadernos incidentales en que se actúa. Cabe destacar que, la finalidad de la medida suspensional es preservar la materia del asunto e impedir que por el solo transcurso del tiempo se produzca perjuicios de imposible reparación a la parte quejosa, y es el caso de que con el bloqueo e inmovilización de los recursos acumulados en la cuenta bancaria conlleva una afectación directa a las quejosas porque éstos pueden estar para su subsistencia y manutención, lo que, presumiblemente, no podrán realizar durante el lapso que persista la medida, además que de la demanda de amparo no se puede desprender algún elemento objetivo del cual pudiera conocerse el origen del bloqueo o congelamiento de la cuenta bancaria, que la parte quejosa manifiesta desconocer. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 128, 130, 135, 138 y 139 de la Ley de Amparo, se CONCEDE a la quejosa PAULINA GUADALUPE VEGA MARTINEZ, así como a la menor C.V.V.V, la suspensión definitiva de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, consistentes en el bloqueo o aseguramiento de una cuenta bancaria 2976958842, aperturada en la sucursal "6724 SUC. 5 DE MAYO", ubicada en Avenida 5 de Mayo Sur, número 540, colonia Jardines de Catedral, en Zamora, Michoacán, de la institución bancaria denominada BBVA BANCOMER, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER; esto es, para que puedan disponer de los numerarios depositados en ella, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo a que pertenecen los presentes cuadernos incidentales; la cual únicamente surtirá efectos respecto de los actos existentes a la fecha de presentación de la demanda, pues, estimar lo contrario, se estaría extendiendo su alcance a actos que no forman parte del juicio de amparo de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.15o.A.88 A, visible en la página 1702, Tomo XXVI, correspondiente al mes de Diciembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CUENTAS BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO PROCEDE PARA EL EFECTO DE QUE SE PERMITA AL QUEJOSO EL LIBRE MANEJO DE AQUÉLLAS, SIEMPRE QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DE UN CRÉDITO FISCAL LÍQUIDO Y EXIGIBLE. Conforme a los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora en que descansa toda medida cautelar, es posible que ante un acto de autoridad que impide el ejercicio de un derecho y que al prolongarse en el tiempo puede causar un daño irreparable al quejoso, de estar acreditados esos presupuestos y, previamente, también los previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional conceda la medida con efectos positivos, esto es, para que se permita el libre ejercicio del derecho que se paralizó con el acto, lo que implica un adelanto provisional de los efectos de una hipotética concesión del amparo, sin perjuicio que de negarse la protección constitucional, la autoridad pueda continuar ejecutando el acto hasta su total cumplimiento. Sobre tales premisas, cuando en el juicio de garantías se reclama el embargo precautorio o aseguramiento de cuentas bancarias, sin que esté demostrada la existencia de un crédito fiscal líquido y exigible, reunidos los presupuestos mencionados resulta procedente que se otorgue la medida cautelar con efectos positivos que se traducen en el levantamiento del impedimento para manejar libremente las cuentas y, así, permitir la disposición de sus cantidades y valores, dado que en ese evento no es posible evidenciar un daño económico específico para la autoridad y, en cambio, de conservarse esa situación, se causarían al quejoso daños de imposible reparación, pues sin estar acreditado que es el titular de una deuda tributaria líquida y exigible que amerite la observancia de una medida de aseguramiento o embargo de bienes, sufriría la restricción temporal del libre ejercicio de su patrimonio, lo que no se le resarciría ni mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, por haberse ya consumado irremediablemente los efectos temporales del acto de autoridad. En este sentido, la concesión de la suspensión sólo para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren (medida cautelar negativa), esto es, para que tampoco la autoridad pueda disponer de las cantidades y valores de las cuentas, además de que toleraría que se prolongara el daño en el derecho del quejoso, sería ociosa e inútil, ya que de cualquier manera, la facultad de la autoridad para disponer de los valores de las cuentas únicamente podría nacer de un crédito fiscal líquido y exigible cuya existencia en ese caso no está demostrada". Asimismo, dicha medida cautelar no surtiría efectos, si la cuenta bancaria no pertenece a la promovente del amparo; si el indebido bloqueo y/o aseguramiento de la cuenta bancaria defendida fue emitidas por autoridades diversas a las señaladas como responsables; tampoco, si deriva de la orden dictada dentro de una averiguación previa instruida en el Ministerio Público de la Federación o en el de alguna de las entidades federativas de la República Mexicana, de autoridades diversas a las señaladas como responsables; o bien, de la orden dictada por un Juez del orden penal, ya sea federal o de las citadas entidades federativas, o porque la cuenta bancaria señalada sea producto de la comisión de actos delictivos o esté relacionada con la comisión de los mismos, o bien, esté relacionada con los actos materia de la averiguación previa o del proceso penal respectivo, o porque la inmovilización o congelamiento de dicha cuenta tenga por objeto el garantizar la reparación del daño, dentro de la averiguación previa o proceso penal correspondiente y finalmente, si la orden no fue emitida de manera verbal. De igual forma, debe señalarse que la medida cautelar dejará de surtir sus efectos, si la orden de embargo y/o inmovilización y/o congelamiento de la cuenta bancaria defendida y su ejecución, se emitió en cumplimiento de una obligación contraída con el gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueran reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado Mexicano. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 2ª/J.87/2019 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación visible en la página 1537, II, Decima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.A consideración de esta Segunda Sala, atendiendo a una ponderación del interés social, la no contravención a disposiciones de orden público así como al principio de apariencia del buen derecho, en el juicio de amparo es posible otorgar la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, en su caso dicha suspensión provisional se concederá de manera condicionada, esto es, no surtirá efectos si el bloqueo se emitió a partir del supuesto válido que fue reconocido jurisprudencialmente por esta Segunda Sala, consistente en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Al tratarse de un supuesto excepcional, dicha autoridad habrá de contar con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral. Lo anterior no implica que al momento de dictarse la suspensión provisional la autoridad deba acreditar tal escenario, en tanto podrá no ordenar el levantamiento del bloqueo, pero tendrá la carga procesal de exhibir en el informe previo la documentación fehaciente de que está en el supuesto de excepción para el dictado de la suspensión definitiva." Finalmente, debe señalarse que en caso de que los actos reclamados derivaran de uno o varios créditos fiscales determinados a la parte quejosa, la efectividad de la medida cautelar concedida se encontrará sujeta a que se haya constituido o se constituya la garantía del importe a que asciendan dichos créditos, incluyendo accesorios, actualizaciones, multas y recargos; cantidad que podrá garantizar ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, en los términos previstos por el artículo 135 de la Ley de Amparo; y que, una vez garantizado dicho depósito ante la autoridad correspondiente, el quejoso deberá acreditarlo fehacientemente ante ella, con la constancia que expida la autoridad ante la cual realice la garantía correspondiente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se CONCEDE a PAULINA GUADALUPE VEGA MARTÍNEZ por propio derecho y en cuanto representante legal de su menor hija de iniciales C.V.V.V, la suspensión definitiva que solicita, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente interlocutoria. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Subdirector de Control y Supervisión del Organismo Desconcentrado denominado "SuperISSSTE", con sede en esta ciudad y otra autoridad; atento a ella, se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 103/2022-III. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, para los efectos del juicio de amparo, que autoridades responsables eran todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho que estén en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar, en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de garantías, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Lo anterior se encuentra en los razonamientos que integran la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en la siguiente jurisprudencia: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Ahora bien, del análisis del texto del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo vigente, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo previamente aludido que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional la que, con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establecen en la tesis jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuaciones del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. Ahora bien, a fin de determinar cuándo un acto es emitido por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se deben precisar los tres tipos de relaciones que existen entre las autoridades y los particulares, a saber: a) Relaciones de coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) Relaciones de supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) Relaciones de supraordinación: Son las que surgen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el imperativo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Del contenido de los artículos transcritos y de la precisión de las relaciones que surgen entre las autoridades y los particulares, se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en éste se reclamen provengan de un acto de autoridad y que además afecten los derechos fundamentales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí, que aquellos actos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, aun cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. En la especie, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: ".el Oficio 031/2022 de fecha 10 de Enero del año 2022 dos mil veintidós; mediante el cual el Subdirector de Control y Supervisión LAE. JUAN MANUEL REBOLLO ROSAS; me comunica que a partir del 01 primero de febrero del año 2022 dos mil veintidós; se me reubica a la Unidad de Venta número 166 "Celaya Guanajuato"; ubicada en Abilaro Tezozómoc, Esquina Avenida Joaquín García, Colonia Independencia FOVISSSTE C.P. 38010, en la Ciudad de Celaya Guanajuato. Lo anterior, se estima vulnera mis derechos humanos fundamentales a un trabajo digno y al mínimo vital que garantice a una remuneración adecuada, un nivel de vida, una habitación, una alimentación, un transporte y salud digna; tanto para mí como para toda mi familia; en términos de los derechos fundaméntales citados tutelados en los artículos 10, 40, 50 y 123 de Constitucional Federal.". En esta tesitura, el contexto expuesto pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque en la especie, dicho Subdirector de Control y Supervisión del Organismo Desconcentrado denominado "SuperISSSTE", con sede en esta ciudad, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral, esto, es, se está ante la presencia de un acto de particulares, si se atiende a que el oficio 031/2022, de diez de enero de dos mil veintidós, signado por el Subdirector responsable, a través del cual hace del conocimiento de la parte quejosa su reubicación a partir del uno de febrero próximo, a la Unidad de Venta número 166 "Celaya Guanajuato"; ubicada en Abilaro Tezozómoc, Esquina Avenida Joaquín García, colonia Independencia Fovissste C.P. 38010, en la ciudad de Celaya Guanajuato, lo emitió en su calidad de patrón de la promovente, virtud a ello, es claro que se trata de un problema entre el trabajador y el "patrón", el cual, en todo caso, sería susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante el Tribunal laboral competente. Atento a lo anterior, así como a las notas distintivas establecidas por el Máximo Tribunal del País, en el caso que nos ocupa, no se configura una afectación susceptible de someterse al análisis constitucional, en tanto que los actos reclamados carecen de los requisitos necesarios para ser considerados actos de autoridad, virtud a que éstos derivan de una relación laboral entre la quejosa y las autoridades responsables, ya que la peticionaria de amparo, en su calidad de trabajadora, reclama a las autoridades responsables en su calidad de patrones, la decisión de reubicarla o cambiarla de adscripción, por ello al tratarse de un acto que deriva de una relación obrero-patronal, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que las cuestiones de las que se adolece la parte quejosa, tienen su origen en la mencionada relación de trabajo entre particulares, donde las partes se encuentran en un plano de igualdad por ser de naturaleza contractual. En esa tesitura, es inconcuso que dicha actuación no puede considerarse como acto de autoridad, pues aún y cuando afectan la situación de la quejosa, no es un acto emitido en plano de supra o subordinación, por lo que en todo caso, la quejosa debe acudir a reclamar esa actuación ante el órgano competente encargado de dirimir controversias de orden laboral, suscitadas entre patrón y trabajador, porque se trata de una relación de coordinación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s) Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación". Así también, por identidad jurídica sustancial, la diversa jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1639, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ***, autorizando para tal efecto a ***, quien podrá imponerse de los autos pero no gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, en tanto acredite estar legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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