Aracely Aldana Vázquez
Expediente 875/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Aracely Aldana Vázquez
- La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud de que por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintiuno que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. En consecuencia, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico las constancias remitidas mediante oficio J-VI-64/2022, por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de las que se advierte que la citada autoridad responsable, mediante auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, reconoció la personería de..., en cuanto apoderada jurídica de la quejosa..., así como que por diverso auto de cinco de noviembre de la misma anualidad, tuvo a la citada quejosa (parte actora dentro del juicio laboral 4B-2232/2018), por desistiéndose lisa y llanamente de la demanda y acciones intentadas en contra de todos y cada uno de los demandados en el citado juicio de origen, sin que se reservara acción ni derecho alguno que reclamarles en lo presente o futuro en contra de alguno de ellos, ordenando además el archivo de dicho expediente como totalmente concluido. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Ello es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." . De los presentes autos se advierte que mediante auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por Aracely Aldana Vázquez, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: ".a) LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE HACE MÁS DE DOS AÑOS, EL ESPEDIENTE 4-B 2232/2018, NO SE HA REALIZADO ACUERDO ALGUNO POR LO QUE HAY UNA ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. b) Y COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA OMISIÓN DE ACORDAR LA PROMOCIÓN DE REVOCACIÓN DE MANDATO DENTRO DEL EXPEDIENTE 4-B 2232/2018, YA QUE DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SE PRESENTÓ LA MISMA SIN OBTENER RESPUESTA, POR LO TANTO, HAY UNA CLARA DILACIÓN PROCESAL...". Ahora bien, de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, acompañó en copias certificadas a su informe de ley, así como al oficio J-VI-64/2022, se desprende que mediante auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, reconoció la personería de..., en cuanto apoderada jurídica de la quejosa..., así como que por diverso auto de cinco de noviembre de la misma anualidad, tuvo a la citada quejosa (parte actora dentro del juicio laboral 4B-2232/2018), por desistiéndose lisa y llanamente de la demanda y acciones intentadas en contra de todos y cada uno de los demandados en el citado juicio de origen, sin que se reservara acción ni derecho alguno que reclamarles en lo presente o futuro en contra de alguno de ellos, ordenando además el archivo de dicho expediente como totalmente, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado, la paralización total del procedimiento y como consecuencia la omisión de acordarlo relativo al escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, también lo es que la Junta responsable, el veintitrés de septiembre siguiente, acordó lo condúcete al citado ocurso, revocando el poder otorgado por la quejosa..., para ahora reconocer la personería de Sagrario Barriga Ruiz, dentro del juicio laboral 4B-2232/2018, aunado a que en proveído de cinco de noviembre siguiente, se tuvo a la citada pare trabajadora aquí quejosa, desistiéndose de la demanda que dio origen al citado juicio laboral, en razón de que le fueron cubiertas todas y cada una de las prestaciones reclamadas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico las constancias remitidas mediante oficio J-VI-64/2022, por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de las que se advierte que la citada autoridad responsable, mediante auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, reconoció la personería de..., en cuanto apoderada jurídica de la quejosa..., así como que por diverso auto de cinco de noviembre de la misma anualidad, tuvo a la citada quejosa (parte actora dentro del juicio laboral 4B-2232/2018), por desistiéndose lisa y llanamente de la demanda y acciones intentadas en contra de todos y cada uno de los demandados en el citado juicio de origen, sin que se reservara acción ni derecho alguno que reclamarles en lo presente o futuro en contra de alguno de ellos, ordenando además el archivo de dicho expediente como totalmente concluido. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Ello es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." . De los presentes autos se advierte que mediante auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por Aracely Aldana Vázquez, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: ".a) LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE HACE MÁS DE DOS AÑOS, EL ESPEDIENTE 4-B 2232/2018, NO SE HA REALIZADO ACUERDO ALGUNO POR LO QUE HAY UNA ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. b) Y COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA OMISIÓN DE ACORDAR LA PROMOCIÓN DE REVOCACIÓN DE MANDATO DENTRO DEL EXPEDIENTE 4-B 2232/2018, YA QUE DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SE PRESENTÓ LA MISMA SIN OBTENER RESPUESTA, POR LO TANTO, HAY UNA CLARA DILACIÓN PROCESAL...". Ahora bien, de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, acompañó en copias certificadas a su informe de ley, así como al oficio J-VI-64/2022, se desprende que mediante auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, reconoció la personería de..., en cuanto apoderada jurídica de la quejosa..., así como que por diverso auto de cinco de noviembre de la misma anualidad, tuvo a la citada quejosa (parte actora dentro del juicio laboral 4B-2232/2018), por desistiéndose lisa y llanamente de la demanda y acciones intentadas en contra de todos y cada uno de los demandados en el citado juicio de origen, sin que se reservara acción ni derecho alguno que reclamarles en lo presente o futuro en contra de alguno de ellos, ordenando además el archivo de dicho expediente como totalmente, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado, la paralización total del procedimiento y como consecuencia la omisión de acordarlo relativo al escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, también lo es que la Junta responsable, el veintitrés de septiembre siguiente, acordó lo condúcete al citado ocurso, revocando el poder otorgado por la quejosa..., para ahora reconocer la personería de Sagrario Barriga Ruiz, dentro del juicio laboral 4B-2232/2018, aunado a que en proveído de cinco de noviembre siguiente, se tuvo a la citada pare trabajadora aquí quejosa, desistiéndose de la demanda que dio origen al citado juicio laboral, en razón de que le fueron cubiertas todas y cada una de las prestaciones reclamadas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, informó que la parte quejosa en el presente juicio de amparo se desistió de la demanda de origen por lo que ordenó el archivo del mismo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase de nueva cuenta a la Junta responsable, para que dentro del término del termino de tres días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, se sirva remitir todas y cada una de las constancias que integran el juicio de origen; bajo apercibimiento que de hacer caso omiso, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, al momento de realizarse la conducta sancionada, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 244 de la Ley de la materia. En tales condiciones, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Notifíquese.
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