Arcemio Zurita Vázquez

Expediente 794/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
794/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Arcemio Zurita Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó y se concedió la suspensión definitiva solicitada; y que en este incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que se negó y se concedió la suspensión definitiva, de conformidad a los criterios de valoración a que Alude el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales en relación con lo dispuesto por el capítulo 5, artículo 17, fracción III, inciso b), el presente asunto es conservable. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su trasferencia. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con veinte minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Rodrigo Courtois Yannini, junto con el Secretario Gamaliel Sánchez Cruz, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 794/2023, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés, donde se proveyó sobre la admisión de la demanda; y, (iii) los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Por otra parte, el secretario da cuenta al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca con el sobre cerrado que devuelve ESTAFETA. Acto continuo, el Juez acuerda: se tienen por efectuada la relación de constancias que antecede, realizada por el secretario de este juzgado, para los efectos legales conducentes. Asimismo, agréguese a los autos sin mayor proveído el sobre cerrado que devuelve Estafeta, que contiene el oficio 16015 dirigido al Subprocurador Regional de la Mixteca en Huajuapan de León, Oaxaca, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, toda vez que fue señalado como autoridad ejecutora de un acto cuya existencia negaron las autoridades ordenadoras. Período Probatorio: Abierto este período, el Secretario hace constar que las partes no ofrecieron pruebas, se cierra este período para pasar al de alegatos. Período de alegatos: Abierto este período, el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: vista la certificación secretarial que antecede términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos, por no haberlo ejercido. Consecuentemente, como no existen diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia constitucional y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 794/2023, promovido por ****, en contra de los actos reclamados de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso ****, señala que las autoridades responsables ordenadoras dictaron en su contra diversos mandamientos de aprehensión, de detención o de presentación sin justificación alguna, los cuales afirma que pretenden materializar los diversos entes públicos que designa como responsables ejecutoras. En consideración del disidente las actuaciones que combate vulneran en su perjuicio sus derechos fundamentales. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ****, por propio derecho, presentó demanda de amparo el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados el contenido en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés se admitió a trámite; se registró bajo el número 794/2023; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se otorgó intervención conducente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridades residentes en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso concreto, del contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate los actos siguientes: De los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca y del Juez de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca: La orden de aprehensión dictada en su contra. Del Vicefiscal Regional de la Mixteca del Distrito Judicial de Huajuapan de León y del Agente del Ministerio Público dependiente de la Fiscalía General de la República, adscrito a Huajuapan de León, Oaxaca: la orden de detención o de presentación. Del Subprocurador Regional de la Mixteca en Huajuapan de León, Oaxaca, Comandante Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones, destacamentado en Huajuapan de león, Oaxaca, Comandante Local de la Agencia Estatal De Investigaciones, destacamentado En Huajuapan de León, Oaxaca, Comandantes del Primer y Segundo turno de la Policía Municipal de Huajuapan de León, Oaxaca, Comandante de la Policía Vial Estatal de la Región Mixteca, destacamentado en Huajuapan de León, Oaxaca, Comandantes del Primer y Segundo turno de la Policía Municipal de Mariscala de Juárez, Oaxaca y el Comandante de la Policía Federal Ministerial, destacamentado en Huajuapan de León, Oaxaca. La ejecución material de dichos actos. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, porque al rendir sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones, como se advierte del cuadro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. Niega. Juez de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca. Niega. Vicefiscal Regional de la Mixteca del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca. Niega. Agente del Ministerio Público dependiente de la Fiscalía General de la República, adscrito a Huajuapan de León, Oaxaca. Niega. Comandante Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones, destacamentado en Huajuapan de león, Oaxaca. Niega. Comandante Local de la Agencia Estatal De Investigaciones, destacamentado En Huajuapan de León, Oaxaca. Niega. Comandante de la Policía Vial Estatal de la Región Mixteca, destacamentado en Huajuapan de León, Oaxaca. Niega. Comandante de la Policía Federal Ministerial, destacamentado en Huajuapan de León, Oaxaca. Niega Por otro lado, los entes responsables Subprocurador Regional de la Mixteca en Huajuapan de León, Oaxaca, dependiente de la Fiscalía General de Oaxaca, Comandantes del Primer y Segundo turno de la Policía Municipal de Huajuapan de León, Oaxaca, y Comandantes del Primer y Segundo turno de la Policía Municipal de Mariscala de Juárez, Oaxaca, no rindieron sus informes justificados; sin embargo, al estar señaladas como autoridades ejecutoras de los actos cuya existencia negaron las diversas responsables ordenadoras, es factible sostener que no existen los actos ejecutivos que se les atribuyen. Por otro lado, debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que estos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2.J/308, emitido por el Segundo Tribunal Colegido del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 210769, de rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriores precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Seminario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. VI. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, el suscrito determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables, por los argumentos que se esgrimen en el apartado V de este fallo. Notifíquese.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos sin mayor proveído el sobre cerrado que devuelve el Jefe de Correos de México, con sede en Oaxaca, que contiene el oficio 16029, dirigido al Subprocurador Regional de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, con la anotación "mal destinatado"; toda vez que el pasado veintiuno de agosto se resolvió este incidente de suspensión. Notifíquese.

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