Arcelia Toledo Lopez
Expediente 111/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 111/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Arcelia Toledo Lopez
- ARCELIA TOLEDO LOPEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que en el expediente principal del que emana este incidente de suspensión, con esta fecha se dictó un auto en el que se ordenó el archivo del juicio de amparo, asimismo, que se negó la suspensión provisional y definitiva; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c) del artículo 21 del citado Acuerdo General. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 111/2022, promovido por ***, en contra del acto y autoridades que más adelante se precisará. ANTECEDENTES: Mediante escrito de veintiuno de julio del dos mil veintiuno, y recibido en esa misma fecha en la Oficialía de Partes del H. Ayuntamiento de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, los quejosos solicitaron por escrito al presidente Municipal y director de protección Civil de Cuilapam de Guerrrero, Oaxaca, se tomaran medidas urgentes y necesarias para salvaguardar su integridad y patrimonio, toda vez que son vecinos de la Colonia Ojo de Agua (parte alta), perteneciente al Municipio de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca y colindan con el bien inmueble propiedad de ***, el cual tiene las siguientes coordenadas ***; inmueble que fue sujeto a trabajos de corte y extracción de materiales pétreos, causándoles una afectación como colindantes, debido a que refieren, el material que fue cortado ha dañado el ángulo natural del talud, por tratarse en su mayoría de un material limo arenoso, por causa de dichos trabajos y al no respetar el ángulo de estabilidad del citado material, se les sigue causando daños, además que con la pérdida de humedad del material y corte, el problema puede causar daños mayores de consideración, poniendo en riesgo la seguridad de sus inmuebles, así como la integridad de ellos, aunado a que en temporada de lluvias se ha seguido desplomando dicho talud. Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades en comento a la referida petición, decidieron promover juicio de amparo, mismo que dio origen a esta demanda. R E S U L T A N D O: La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 111/2022 y fue admitida el uno de febrero del año en curso. La parte quejosa denunció la violación del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA: Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una omisión, por lo que a prevención compete su conocimiento. SEGUNDO FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO: El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que de lo que realmente se duele, es la omisión por parte de las responsables para contestarles y notificarles la respuesta recaída a la petición que hicieron mediante escrito de veintiuno de julio del dos mil veintiuno. Tal precisión se realiza acorde a lo establecido en la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.- Al rendir su informe justificado el presidente municipal y el director de protección civil del Ayuntamiento de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, negaron la existencia del acto que se les atribuyó, manifestando que el tres de febrero del año en curso dieron respuesta a la petición de la quejosa; sin embargo en la fecha en que se presentó la demanda origen de este expediente, esto es, el treinta uno de enero, sí existía el acto reclamado por la quejosa, pues, aún no se había dictado el acuerdo respectivo y menos se había hecho de su conocimiento dicha determinación, lo que aconteció el dieciséis de febrero siguiente; por ende, dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierta la omisión reclamada. CUARTO. ESTUDIO DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo del asunto planteado, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público, que debe examinarse de oficio, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie sobreviene la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la citada Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de derechos fundamentales, cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Dicha causal de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye la inacción reclamada, de forma total e incondicional; de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que, la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ha dejado de existir por la acción de la autoridad, pues, el efecto del amparo tratándose de este tipo de actos omisivos, será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Como se precisó, Arcelia Toledo López, Marcelina Villanueva Antonio, Juana Alicia Cifuentes Guzmán, Máximo Kasim Camacho Cruz y Pedro Díaz Vásquez, reclamaron la omisión de las responsables para contestarles y notificarles la respuesta recaída a la petición que hicieron mediante escrito de veintiuno de julio del dos mil veintiuno En respuesta a lo solicitado en el referido ocurso, el presidente municipal y el director de protección civil del Ayuntamiento de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, mediante acuerdo de tres de febrero de dos mil veintidós, dieron contestación a la petición hecha por los quejosos en el citado escrito, previniéndolos para que precisaran unos datos sobre los inmuebles y requiriéndoles acreditaran su legitimación; asimismo les notificó su contenido el dieciséis de febrero siguiente. Por ende, se concluye que en la especie cesaron total e incondicionalmente los efectos del acto combatido, ya que lo pretendido en esencia por la parte agraviada al promover el juicio de amparo, era que las responsables emitieran el acuerdo correspondiente a su petición; lo que aconteció el tres de febrero de dos mil veintidós y que se les hizo saber durante el trámite de este juicio de amparo; luego, es inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De modo que, al sobrevenir la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Cabe destacar que el sobreseimiento del asunto, impide el estudio de los conceptos de violación, conforme a lo dispuesto en las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por *** contra el acto reclamado al presidente Municipal y director de protección Civil de Cuilapam de Guerrrero, Oaxaca. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados que rinden el director de protección civil del Municipio de Cuilapam, Oaxaca y el presidente municipal de esa población; con su contenido, dése vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por exhibida la documental que acompañan a sus informes de cuenta; sin perjuicio de relacionarla en la etapa probatoria de la audiencia constitucional. Notifíquese.
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