Arcelia Lorudes Cruz Martínez

Expediente 1129/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1129/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Arcelia Lorudes Cruz Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 1129/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el veintiuno de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada el veintidós siguiente a este órgano jurisdiccional, promovida por********************, por derecho propio, contra omisiones de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca; fórmese expediente con el registro 1129/2023. 2. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Se comunica a las partes procesales que, en lo conducente, la integración de este juicio de amparo se regirá por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 3. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En relación con ello, el artículo 62 de la Ley de Amparo prevé que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, la parte quejosa reclama de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca: La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para hacer cumplir en sus términos la sentencia dictada el tres de febrero de dos mil veintidós en el juicio contencioso administrativo ******************** (antes ********************). Y de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca: La omisión de acatar dicha sentencia y darle cumplir en sus términos con los efectos en ella precisados. Actos contra los cuales se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De acuerdo con los citados numerales, el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos de ejecución de sentencia y no se reclame la última resolución en la que: Se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia. Se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Se ordene el archivo definitivo del expediente. Tratándose de remates, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. Para acreditar la causa de improcedencia resulta necesario citar los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, manifestó la parte quejosa en la demanda de amparo, a saber: El treinta de octubre de dos mil veinte presentó en la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, demanda de nulidad de la resolución negativa ficta recaída a su escrito interpuesto el veintiocho de enero de dos mil veinte ante la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, mediante el cual solicitó el incremento de su pensión por jubilación. El tres de febrero de dos mil veintidós la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Graves y Segunda Sala Auxiliar, con sede en la Ciudad de México, dictó sentencia en el juicio de nulidad ******************** (antes ********************), en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada y condenó a la autoridad demandada. Posteriormente, mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés la parte quejosa interpuso queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia. En auto de treinta de agosto de este año la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Graves y Segunda Sala Auxiliar, con sede en la Ciudad de México, determinó que no había lugar a tener promovida la queja, en razón de que el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés inició, de oficio, el procedimiento previsto en el numeral 58, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contenciosos Administrativo, para que la autoridad demandada cumpla la sentencia definitiva de nulidad. Posteriormente, el expediente administrativo fue remitido a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés la parte quejosa solicitó a esa Sala Regional que requiriera a la autoridad demandada el cumplimiento íntegro de la sentencia firme y la imposición de la multa respectiva. Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés (sic) la Sala Regional hizo efectivo el apercibimiento a la autoridad demandada y le impuso multa mínima de apremio; requiriendo nuevamente el cumplimiento de la sentencia al subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, con apercibimiento de nuevas multas. De lo anterior, se advierte que aún no se ha agotado totalmente el procedimiento oficioso de ejecución establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la Sala Regional responsable -con base en lo narrado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad- ha requerido el cumplimiento de la sentencia al Instituto demandado en dos ocasiones, esto es, el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés (fecha en la cual, de oficio, la sala inició el procedimiento de ejecución), y el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés. Ello, toda vez que el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento". Conforme a la porción normativa transcrita, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme. Entonces, cumplido ese término, debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes el cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; de no hacerlo, decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, en tal caso, le impondrá una multa como medida de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario -actualmente unidad de medida de actualización-, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada, para que la obligue a cumplir, apercibiéndola con multa también. Transcurridos los plazos otorgados, lo pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente a fin de que determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Bajo esas condiciones, de los antecedentes de los actos reclamados se advierte que la Sala responsable, mediante acuerdo de veintinueve de agosto del año en curso inició, de oficio, el procedimiento previsto en el artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que la autoridad demandada dé cumplimiento a la sentencia definitiva de tres de febrero de dos mil veintidós; sin que posteriormente haya hecho efectivas diversas multas en términos del referido precepto, ni tampoco requerido al superior jerárquico para que dentro del plazo de tres días obligue al demandado a cumplir sin demora con el fallo. Y tampoco ha comunicado los hechos a la Contraloría Interna correspondiente, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario que haya incurrido en incumplimiento. Medidas de coacción establecidas en el precitado artículo 58, fracción I, que constituyen mecanismos desarrollados por el legislador para conminar a la autoridad a realizar la conducta necesaria, a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Lo que hace evidente que dicho procedimiento de ejecución no ha concluido hasta sus últimas consecuencias; además de que tampoco existe resolución alguna en la que se haya aprobado ni reconocido de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia dictado en el juicio de origen, así como tampoco la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Y no se advierte vulneración de derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada, conforme a la jurisprudencia P./J.108/2010, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". No pasa inadvertido el tiempo que puede demorar el cumplimiento de una sentencia de nulidad; sin embargo, es obligación de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa agotar todos los medios legales a su alcance, entre los que se encuentra la imposición de multas a la autoridad demandada y su superior jerárquico cuando omitan cumplir, y la vista a la Contraloría Interna. Ello, pues la procedencia del juicio de amparo indirecto, por regla general, implica que la Sala responsable concluya la etapa de ejecución, en los términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, sin satisfacer la pretensión de la parte actora, sobre el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Además, cabe señalar que, después de concluido el procedimiento oficioso, y antes de promover la demanda de amparo indirecto, contra el incumplimiento de la sentencia de nulidad procede el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es así, porque de dicho precepto legal se desprende que existe un medio de impugnación ordinario en contra de la omisión a dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala responsable antes de recurrir al amparo indirecto. Procedimiento en el que la parte afectada puede inconformarse acerca del hacer o no hacer de la autoridad demandada para proseguir con la exigencia de cumplimiento, siendo entonces que la jurisdicción ordinaria termina una vez que se agotó el recurso de queja previamente citado. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA". Consideraciones que se sostienen en los términos expuestos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en la ejecutoria emitida en el amparo en revisión ********************, en que modificó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional y sobreseyó en el juicio de amparo. De ahí que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE la demanda promovida por********************. 4. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda; y por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que refiere. 5. Medio de contacto. Se tienen por señalados dos correos electrónicos y un número telefónico que proporciona la parte quejosa como medios para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 6. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 7. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PREVIO AVISO Número de expediente: 1129/2023 Acuerdo: PRAL 1129/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el veintiuno de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada el veintidós siguiente a este órgano jurisdiccional, promovida por********************, por derecho propio, contra omisiones de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca; fórmese expediente con el registro 1129/2023. 2. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Se comunica a las partes procesales que, en lo conducente, la integración de este juicio de amparo se regirá por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 3. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En relación con ello, el artículo 62 de la Ley de Amparo prevé que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, la parte quejosa reclama de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca: La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para hacer cumplir en sus términos la sentencia dictada el tres de febrero de dos mil veintidós en el juicio contencioso administrativo ******************** (antes ********************). Y de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca: La omisión de acatar dicha sentencia y darle cumplir en sus términos con los efectos en ella precisados. Actos contra los cuales se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De acuerdo con los citados numerales, el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos de ejecución de sentencia y no se reclame la última resolución en la que: Se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia. Se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Se ordene el archivo definitivo del expediente. Tratándose de remates, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. Para acreditar la causa de improcedencia resulta necesario citar los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, manifestó la parte quejosa en la demanda de amparo, a saber: El treinta de octubre de dos mil veinte presentó en la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, demanda de nulidad de la resolución negativa ficta recaída a su escrito interpuesto el veintiocho de enero de dos mil veinte ante la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, mediante el cual solicitó el incremento de su pensión por jubilación. El tres de febrero de dos mil veintidós la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Graves y Segunda Sala Auxiliar, con sede en la Ciudad de México, dictó sentencia en el juicio de nulidad ******************** (antes ********************), en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada y condenó a la autoridad demandada. Posteriormente, mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés la parte quejosa interpuso queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia. En auto de treinta de agosto de este año la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Graves y Segunda Sala Auxiliar, con sede en la Ciudad de México, determinó que no había lugar a tener promovida la queja, en razón de que el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés inició, de oficio, el procedimiento previsto en el numeral 58, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contenciosos Administrativo, para que la autoridad demandada cumpla la sentencia definitiva de nulidad. Posteriormente, el expediente administrativo fue remitido a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés la parte quejosa solicitó a esa Sala Regional que requiriera a la autoridad demandada el cumplimiento íntegro de la sentencia firme y la imposición de la multa respectiva. Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés (sic) la Sala Regional hizo efectivo el apercibimiento a la autoridad demandada y le impuso multa mínima de apremio; requiriendo nuevamente el cumplimiento de la sentencia al subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, con apercibimiento de nuevas multas. De lo anterior, se advierte que aún no se ha agotado totalmente el procedimiento oficioso de ejecución establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la Sala Regional responsable -con base en lo narrado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad- ha requerido el cumplimiento de la sentencia al Instituto demandado en dos ocasiones, esto es, el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés (fecha en la cual, de oficio, la sala inició el procedimiento de ejecución), y el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés. Ello, toda vez que el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento". Conforme a la porción normativa transcrita, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme. Entonces, cumplido ese término, debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes el cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; de no hacerlo, decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, en tal caso, le impondrá una multa como medida de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario -actualmente unidad de medida de actualización-, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada, para que la obligue a cumplir, apercibiéndola con multa también. Transcurridos los plazos otorgados, lo pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente a fin de que determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Bajo esas condiciones, de los antecedentes de los actos reclamados se advierte que la Sala responsable, mediante acuerdo de veintinueve de agosto del año en curso inició, de oficio, el procedimiento previsto en el artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que la autoridad demandada dé cumplimiento a la sentencia definitiva de tres de febrero de dos mil veintidós; sin que posteriormente haya hecho efectivas diversas multas en términos del referido precepto, ni tampoco requerido al superior jerárquico para que dentro del plazo de tres días obligue al demandado a cumplir sin demora con el fallo. Y tampoco ha comunicado los hechos a la Contraloría Interna correspondiente, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario que haya incurrido en incumplimiento. Medidas de coacción establecidas en el precitado artículo 58, fracción I, que constituyen mecanismos desarrollados por el legislador para conminar a la autoridad a realizar la conducta necesaria, a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Lo que hace evidente que dicho procedimiento de ejecución no ha concluido hasta sus últimas consecuencias; además de que tampoco existe resolución alguna en la que se haya aprobado ni reconocido de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia dictado en el juicio de origen, así como tampoco la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Y no se advierte vulneración de derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada, conforme a la jurisprudencia P./J.108/2010, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". No pasa inadvertido el tiempo que puede demorar el cumplimiento de una sentencia de nulidad; sin embargo, es obligación de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa agotar todos los medios legales a su alcance, entre los que se encuentra la imposición de multas a la autoridad demandada y su superior jerárquico cuando omitan cumplir, y la vista a la Contraloría Interna. Ello, pues la procedencia del juicio de amparo indirecto, por regla general, implica que la Sala responsable concluya la etapa de ejecución, en los términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, sin satisfacer la pretensión de la parte actora, sobre el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Además, cabe señalar que, después de concluido el procedimiento oficioso, y antes de promover la demanda de amparo indirecto, contra el incumplimiento de la sentencia de nulidad procede el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es así, porque de dicho precepto legal se desprende que existe un medio de impugnación ordinario en contra de la omisión a dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala responsable antes de recurrir al amparo indirecto. Procedimiento en el que la parte afectada puede inconformarse acerca del hacer o no hacer de la autoridad demandada para proseguir con la exigencia de cumplimiento, siendo entonces que la jurisdicción ordinaria termina una vez que se agotó el recurso de queja previamente citado. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA". Consideraciones que se sostienen en los términos expuestos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en la ejecutoria emitida en el amparo en revisión ********************, en que modificó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional y sobreseyó en el juicio de amparo. De ahí que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE la demanda promovida por********************. 4. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda; y por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que refiere. 5. Medio de contacto. Se tienen por señalados dos correos electrónicos y un número telefónico que proporciona la parte quejosa como medios para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 6. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 7. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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