Aracely Carmona Espinoza

Expediente 122/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
122/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Aracely Carmona Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.122/2021-6B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintiuno. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación que antecede, ha fenecido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la quejosa Aracely Carmona Mendoza, pudiera interponer recurso de queja contra el auto de doce de febrero de dos mil veintiuno, por la cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo. En virtud que en proveído de once de enero de este año se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme tal determinación, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes, según corresponda y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 122/2021 6 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. 1. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de dieciséis de febrero en curso, se advierte que al actuario adscrito a este Juzgado no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de doce de febrero de este año, por el que se desechó la demanda de amparo, toda vez que en el domicilio para recibir notificaciones que proporcionó la quejosa en su escrito de demanda, no se indicó la colonia en donde se encuentra la "***, número ***, interior ***." 1.1 Notificación por lista. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del auto de doce de febrero de este año, así como las subsecuentes que correspondan a la parte quejosa, por lista de acuerdos, hasta en tanto no designe nuevo domicilio para ello. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe. Número de expediente: 122/2021 Acuerdo: PRAL. 122/2021 6 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada el once de febrero del año en curso el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha; promovida por la quejosa ***, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 122/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); y tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tenga acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 2.1. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Se exhorta a la parte quejosa, para que, preferentemente, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); ello, con fundamento en el artículos 28 y 29, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en cuanto a su vigencia por los diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020) y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), la cual está colocada en la parte exterior de este edificio, que está operando en el turno matutino de las 9:00 a las 14:00 horas. 3. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Como se ve, la causa de improcedencia referida no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el artículo 6° de la Ley de Amparo prevé que para que una persona pueda acudir al juicio de amparo en su carácter de quejosa, se requiere que efectivamente el acto u omisión que reclama afecte sus derechos fundamentales: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. (...)". Ahora, en el caso concreto, la quejosa reclama de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca: La falta de respuesta al escrito de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, recibido en la oficialía de partes en la misma fecha. Sin embargo, como se anticipó, este juicio de amparo se torna improcedente en razón que, por ahora, la quejosa carece de interés jurídico para su promoción, pues no existe violación a sus derechos fundamentales que le produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica; por lo siguiente: El artículo 8° de la Constitución Federal dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; además, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es decir, tal precepto normativo no establece un plazo en el que las autoridades (federales, locales o municipales) deben dar contestación a las solicitudes presentadas por los gobernados, limitándose a señalar que los funcionarios o empleados públicos tienen la obligación de dar una respuesta en breve término, entendiéndose por éste, el periodo racional y justificado para estudiar y acordar la petición, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso, las cargas de trabajo de la autoridad y, además, atendiendo los términos que para ello fijen las leyes. Bajo ese tenor, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su artículo 13 señala: "Artículo 13.- Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito o por medios electrónicos, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito o por medio electrónico solicitado, en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario. A las peticiones que se realicen en lengua indígena se les dará respuesta en la misma forma, quedando a cargo del Estado la labor de traducción o interpretación". Como se aprecia, la Constitución local establece el plazo de diez días para que las autoridades del Estado de Oaxaca contesten las peticiones de los gobernados, siempre y cuando la ley de la materia no fije otro. Así, para el caso concreto, es preciso atender que el artículo 13 de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca establece que, en lo no previsto respecto de procedimientos administrativos, términos, notificaciones, pruebas, medios de impugnación y demás formalidades, se aplicarán supletoriamente en su orden, la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca; siendo que los artículos 23 y 26 de esa Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa disponen: "ARTÍCULO 23.- El administrado deberá promover lo que a sus derechos convenga ante las autoridades responsables a las que se refiere el ámbito de aplicación de la presente Ley, y la autoridad deberá respetar el derecho de petición a la que se constriñen los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pero si no lo hicieren, operará de inmediato la negativa ficta". "ARTÍCULO 26. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo para algún supuesto en particular, la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en un plazo no mayor a noventa días naturales. Transcurrido el plazo aplicable, sin que se haya dictado resolución, ésta se entenderá en sentido positivo o negativo al promovente, en términos de lo que disponga la Ley. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido negativo. En el caso de que se recurra al sentido positivo o negativo según sea el caso, por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmado el sentido de la misma". De los preceptos transcritos se desprende que la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca estatuye que la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en cuanto al ejercicio del derecho de petición en un plazo no mayor a noventa días naturales, y en este asunto la quejosa reclama de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, la falta de contestación a la solicitud de información consistente en informarle el número de concesión de taxi que tiene registrada en la dependencia; petición que formuló a través del escrito de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, presentado ante la responsable en esa misma fecha. De ahí que entre esa fecha y la de presentación de la demanda de amparo -once de febrero de dos mil veintiuno-, solo han transcurrido dieciocho de los noventa días naturales con los que cuenta la responsable para atender la solicitud formulada. Situación que se destaca, porque el artículo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca estatuye que no podrá exceder de noventa días el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda, lapso que se entiende como el que racionalmente se requiere para estudiar la petición y acordarla; de ahí que la autoridad señalada como responsable aún se encuentra dentro del plazo legal para emitir la contestación correspondiente. En esas circunstancias, por ahora, la parte quejosa no puede alegar una violación a su derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional. Por tratar sobre el particular, se invoca la jurisprudencia XIX1o5 K, visible en la página 633, tomo IV, septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de la Novena Época, cuyo texto es como sigue: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, procede desechar, de plano, la demanda de amparo promovida por ***, por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Con la precisión que la determinación adoptada no deja en estado de indefensión a la peticionaria de amparo, porque en el supuesto de que la autoridad responsable no atienda la solicitud que presentó el veinticinco de enero de dos mil veintiuno y transcurra el plazo previsto por el referido arábigo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, podrá promover de nueva cuenta el juicio constitucional, en caso de que lo estime conveniente. 4. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda; y por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Susana Raquel Jiménez Ortiz y Juan Ramírez Díaz, la primera, por no encontrarse cédula profesional a su favor que la faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciada en derecho, como se hizo constar en la certificación de cuenta, aunado a que en la demanda tampoco se señalaron datos con los que tal persona acredite su profesión de licenciada en derecho o abogada, y el segundo, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. 5. Requerimiento para establecer canales de comunicación. Se solicita a la parte quejosa que, de estimarlo conveniente, proporcione un correo electrónico o número telefónico a fin de poder entablar comunicaciones no procesales, y cuando se requiera llevar a cabo la notificación personal de alguna resolución o práctica de diligencias, se esté en posibilidad de acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma, como lo establece el párrafo segundo de la fracción I del artículo 23 del acuerdo general 21/2020 invocado. 6. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Debido a la situación de contingencia sanitaria que atraviesa el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 122/2021 6 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada el once de febrero del año en curso el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha; promovida por la quejosa ***, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 122/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); y tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tenga acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 2.1. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Se exhorta a la parte quejosa, para que, preferentemente, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); ello, con fundamento en el artículos 28 y 29, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en cuanto a su vigencia por los diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020) y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), la cual está colocada en la parte exterior de este edificio, que está operando en el turno matutino de las 9:00 a las 14:00 horas. 3. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Como se ve, la causa de improcedencia referida no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el artículo 6° de la Ley de Amparo prevé que para que una persona pueda acudir al juicio de amparo en su carácter de quejosa, se requiere que efectivamente el acto u omisión que reclama afecte sus derechos fundamentales: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. (...)". Ahora, en el caso concreto, la quejosa reclama de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca: La falta de respuesta al escrito de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, recibido en la oficialía de partes en la misma fecha. Sin embargo, como se anticipó, este juicio de amparo se torna improcedente en razón que, por ahora, la quejosa carece de interés jurídico para su promoción, pues no existe violación a sus derechos fundamentales que le produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica; por lo siguiente: El artículo 8° de la Constitución Federal dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; además, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es decir, tal precepto normativo no establece un plazo en el que las autoridades (federales, locales o municipales) deben dar contestación a las solicitudes presentadas por los gobernados, limitándose a señalar que los funcionarios o empleados públicos tienen la obligación de dar una respuesta en breve término, entendiéndose por éste, el periodo racional y justificado para estudiar y acordar la petición, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso, las cargas de trabajo de la autoridad y, además, atendiendo los términos que para ello fijen las leyes. Bajo ese tenor, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su artículo 13 señala: "Artículo 13.- Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito o por medios electrónicos, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito o por medio electrónico solicitado, en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario. A las peticiones que se realicen en lengua indígena se les dará respuesta en la misma forma, quedando a cargo del Estado la labor de traducción o interpretación". Como se aprecia, la Constitución local establece el plazo de diez días para que las autoridades del Estado de Oaxaca contesten las peticiones de los gobernados, siempre y cuando la ley de la materia no fije otro. Así, para el caso concreto, es preciso atender que el artículo 13 de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca establece que, en lo no previsto respecto de procedimientos administrativos, términos, notificaciones, pruebas, medios de impugnación y demás formalidades, se aplicarán supletoriamente en su orden, la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca; siendo que los artículos 23 y 26 de esa Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa disponen: "ARTÍCULO 23.- El administrado deberá promover lo que a sus derechos convenga ante las autoridades responsables a las que se refiere el ámbito de aplicación de la presente Ley, y la autoridad deberá respetar el derecho de petición a la que se constriñen los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pero si no lo hicieren, operará de inmediato la negativa ficta". "ARTÍCULO 26. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo para algún supuesto en particular, la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en un plazo no mayor a noventa días naturales. Transcurrido el plazo aplicable, sin que se haya dictado resolución, ésta se entenderá en sentido positivo o negativo al promovente, en términos de lo que disponga la Ley. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido negativo. En el caso de que se recurra al sentido positivo o negativo según sea el caso, por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmado el sentido de la misma". De los preceptos transcritos se desprende que la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca estatuye que la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en cuanto al ejercicio del derecho de petición en un plazo no mayor a noventa días naturales, y en este asunto la quejosa reclama de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, la falta de contestación a la solicitud de información consistente en informarle el número de concesión de taxi que tiene registrada en la dependencia; petición que formuló a través del escrito de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, presentado ante la responsable en esa misma fecha. De ahí que entre esa fecha y la de presentación de la demanda de amparo -once de febrero de dos mil veintiuno-, solo han transcurrido dieciocho de los noventa días naturales con los que cuenta la responsable para atender la solicitud formulada. Situación que se destaca, porque el artículo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca estatuye que no podrá exceder de noventa días el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda, lapso que se entiende como el que racionalmente se requiere para estudiar la petición y acordarla; de ahí que la autoridad señalada como responsable aún se encuentra dentro del plazo legal para emitir la contestación correspondiente. En esas circunstancias, por ahora, la parte quejosa no puede alegar una violación a su derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional. Por tratar sobre el particular, se invoca la jurisprudencia XIX1o5 K, visible en la página 633, tomo IV, septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de la Novena Época, cuyo texto es como sigue: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, procede desechar, de plano, la demanda de amparo promovida por ***, por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Con la precisión que la determinación adoptada no deja en estado de indefensión a la peticionaria de amparo, porque en el supuesto de que la autoridad responsable no atienda la solicitud que presentó el veinticinco de enero de dos mil veintiuno y transcurra el plazo previsto por el referido arábigo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, podrá promover de nueva cuenta el juicio constitucional, en caso de que lo estime conveniente. 4. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda; y por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Susana Raquel Jiménez Ortiz y Juan Ramírez Díaz, la primera, por no encontrarse cédula profesional a su favor que la faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciada en derecho, como se hizo constar en la certificación de cuenta, aunado a que en la demanda tampoco se señalaron datos con los que tal persona acredite su profesión de licenciada en derecho o abogada, y el segundo, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. 5. Requerimiento para establecer canales de comunicación. Se solicita a la parte quejosa que, de estimarlo conveniente, proporcione un correo electrónico o número telefónico a fin de poder entablar comunicaciones no procesales, y cuando se requiera llevar a cabo la notificación personal de alguna resolución o práctica de diligencias, se esté en posibilidad de acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma, como lo establece el párrafo segundo de la fracción I del artículo 23 del acuerdo general 21/2020 invocado. 6. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Debido a la situación de contingencia sanitaria que atraviesa el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

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