Arcedalia Ponce González

Expediente 1114/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1114/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
02/09/2019

Partes del expediente

  • Arcedalia Ponce González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, el dieciséis de agosto del año en curso, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada (fojas 88 a 90), manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en los presentes autos (fojas 57 a 71), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para efectos de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte gestionante del amparo lo previsto en el numeral 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley, asimismo, para que se le devolviera la cantidad de $7,086.24 (siete mil ochenta y seis pesos con veinticuatro centavos moneda nacional), que resulta lo pagado por concepto de las contribuciones erogadas por la parte amparista y sin la cantidad de $290.00 (doscientos noventa pesos moneda nacional), así como de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que correspondes a la cuota fijas mínimas de las contribuciones adicionales a que está obligada la contribuyente. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, en el mes de agosto de dos mil diecinueve, se efectúo la entrega de la cantidad actualizada a la parte quejosa, mientras que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, por lo que el periodo de actualización comprende dicho lapso, sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual inmediato anterior al período involucrado, tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecinueve fue de 103.687 y para el mes de marzo de dos mil diecinueve de 103.476 . De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.002039120182458. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $7,100.68 (siete mil cien pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacional). Ante ello, a través del oficio recibido el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve (fojas 88 a 90), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, informó que en cumplimiento al fallo protector concedido entregó a la parte quejosa la cantidad de $7,100.69 (siete mil cien pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, al restar a la cantidad de previa mención la diversa correspondiente al remanente a devolver, se aprecia que la autoridad responsable devolvió de más a la parte quejosa la cantidad de $0.01 (cero punto cero un centavo moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de más, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    *** TEPIC, NAYARIT, TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la constancia que antecede, de la que se desprende que *******, en su carácter de perito oficial, quien previa identificación y ante la presencia judicial manifestó ratificar en cada una de sus partes el escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el uno del actual mes y año, a través del cual emitió su correspondiente dictamen. En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes, del peritaje en mención, a efecto de que si lo desean, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, dentro del término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. *****

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tienen por recibidos los escritos de cuenta presentados por **, a través del cual comparece a juicio en su carácter de apoderado de la quejosa María Eugenia Ramírez Muñoz, y solicita copias de constancias que obran en el expediente; luego, toda vez que acredita la personalidad con la que se ostenta con la copia certificada del instrumento público doscientos sesenta y tres que acompaña; por lo tanto, se le tiene reconocido el carácter con el que comparece. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en su numeral 2, se autoriza la expedición de las copias que indica a su costa, previa toma de razón y constancia que de su entrega deje en autos el promovente. **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el escrito signado por el quejoso ********************, por el cual manifiesta que está de acuerdo en el sentido de que ya no se realice trámite alguno para pensionarlo, ya que es su deseo seguir laborando como servidor público, por lo que solicita se tenga por cumplida la sentencia de amparo y se archive el presente juicio constitucional 842/2018. Luego, del estado de autos se advierte que mediante resolución terminada de engrosar en el presente sumario de amparo el seis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 102 a 114), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.] Las autoridades responsables desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido de los artículos 19, 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. De igual forma, al haberse declarado la inconstitucionalidad de la norma, la concesión del amparo se hace extensiva al acto de aplicación de la misma, por tanto, la responsable ejecutora denominada Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, deberán dejar insubsistente el oficio ******************** y deberá emitir uno nuevo en el cual dé un trato igual al gobernado a aquel que señalan los preceptos reclamados para el caso de las mujeres; además, deberá ordenar las diligencias conducentes y en su caso formular los requerimientos necesarios, con el objeto de que dentro del plazo de treinta días, que establece el artículo 60 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales para que en su oportunidad, realice la actividad que le corresponde en la elaboración del proyecto de dictamen así como en la convocatoria que debe hacer para su discusión y resolución respectivas, todo ello, en el ámbito competencial que le asiste conforme al arábigo 10 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a pronunciarse en determinado sentido. Por su parte el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, dentro del ámbito de su competencia legal, debe realizar en el mismo plazo (treinta días), la actividad que le corresponde para que, con plenitud de jurisdicción, conceda o niegue la pensión solicitada por el justiciable, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el dispositivo 8º, fracción IV, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, hecho lo anterior, se notifique en breve término al quejoso, por conducto de quien legalmente corresponda, la resolución que adopte respecto a la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada, toda vez que la presente resolución no tiene el efecto de vincularla a formular dictamen en determinado sentido [.]". Inconforme con dicha resolución, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit interpuso recurso de revisión contra la misma (foja 126). Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante ejecutoria de siete de mayo del año actual, dentro del amparo en revisión número 816/2018 (fojas 152 a 162), desechó por improcedente el medio de impugnación interpuesto, por lo que quedó firme la sentencia recurrida. Luego, a través del oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal el veinticuatro de mayo del año en curso (fojas 173 y 174), la autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, rindió informe en relación al cumplimiento al fallo protector, del que se advertía que hacía del conocimiento de la parte quejosa que se desincorporaba de su esfera jurídica los preceptos que fueron declarados inconstitucionales; asimismo, que se dejaba insubsistente el oficio ******************** de fecha abril de dos mil dieciocho y que iniciarían los trámites correspondientes a su pensión. Posteriormente, el veintiséis de junio de la citada anualidad, el directo agraviado ********************, hizo del conocimiento que en esa misma data había presentado un escrito ante la autoridad responsable, a través del cual desistía de su solicitud de pensión por edad y tiempo de servicio, en virtud de que ya no era su deseo que se llevara a cabo los trámites de su pensión (fojas 176 y 177); circunstancia anterior que informó la responsable mediante libelo exhibido el tres de julio de la presente anualidad (foja 181). Por ende, se le dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera y toda vez que con el escrito que hoy se provee, a través del cual manifiesta que es su deseo seguir laborando como servidor público, por lo que solicita se tenga por cumplida la sentencia de amparo. Consecuentemente, la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados, motivo por el cual debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado sin materia. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, por analogía, la tesis número III.4o.T.17 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, libro 64, marzo de mil dos mil diecinueve, página dos mil seiscientos setenta y seis, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.",...". Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del precepto 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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