Aracely Muñoz Santillán

Expediente 1662/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1662/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
11/09/2018

Partes del expediente

  • Aracely Muñoz Santillán

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito y anexos que contiene el dictamen suscrito por ********************, perito oficial; sin embargo, el mismo no se encuentra ratificado ante fedatario público o funcionario judicial. En consecuencia, con fundamento en el ordinal 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, requiérase al diestro de referencia, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la notificación correspondiente, previa identificación y ante la presencia judicial, ratifique el contenido de su dictamen pericial, ya que resulta indispensable para la continuación del presente juicio; máxime que en la diligencia de ratificación, tal dictamen puede ser modificado parcial o totalmente por su suscriptor.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución emitida el dieciséis de julio de este año, dentro del plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, como se aprecia de la certificación que antecede; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, atendiendo al sentido de dicha sentencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido, atento a las consideraciones que le fueron expuestas en la sentencia de amparo. Sin que en el presente asunto se actualice la hipótesis contenida en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, en el sentido de requerir al superior jerárquico para que ordene a la autoridad responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que en el Acuerdo 01/2013 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, se delegan competencias y se establece el mecanismo para dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo, pues la jerarquía, poder o mando es incompatible con la función jurisdiccional porque, las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias. Apoya lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página mil trescientos setenta y ocho, libro 9, agosto de dos mil catorce, tomo II, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Se apercibe a la responsable, que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de la materia, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo que establece el ordinal 260, fracción II y 238 de la actual Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Asimismo, se le hace del conocimiento que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa procedente; de igual manera, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la citada Ley. Finalmente, se tiene por recibido el escrito en línea enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por ******************** y anexo consistente en la evidencia criptográfica del archivo magnético de la comunicación en comento. Luego, visto el ocurso aludido, previo a proveer lo que en derecho corresponda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en Vigor, por disposición expresa en su numeral 2, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días posteriores al en que surta efectos la notificación de este auto, aclare qué tipo de medio de impugnación desea promover, así como la fecha de la actuación que le causa un perjuicio, se dice lo anterior, pues por una parte, manifiesta que demanda el amparo y protección de la Justicia Federal contra las omisiones y dilaciones procesales en perjuicio de su menor hijo y solicita se le conceda la protección constitucional; por otra parte, señala que comparece a exponer incidente de incumplimiento de sentencia; y por último cita una tesis cuyo rubro se refiere a la violación a la suspensión; de ahí que, resulta necesario que especifique el objeto de su pretensión con la presentación del ocurso de que se trata a fin de proveer lo que legalmente proceda. Bajo apercibimiento que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendrán como simples alegatos.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 155 a 157), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que, por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de doce de julio del año que transcurre (foja 158), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el treinta y uno de mayo del año actual (fojas 99 a 126), se determinó, por una parte, sobreseer y, por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, en relación con los artículos 11, 12 y 13 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifiquen las normativas de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva a la quejosa la cantidad de $6,785.24 (seis mil setecientos ochenta y cinco pesos con veinticuatro centavos moneda nacional) que pagó el diecinueve de febrero de la presente anualidad, por concepto de derechos del giro de "DER.REV.FERM.DEPOSITO DE CERVEZA", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil dieciocho, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción VIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, así como los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, para que las autoridades responsables no aplicaran en el presente y ni en el futuro, tales preceptos legales; y B) Devolver a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $3.00 (tres pesos 00/100) respecto de la cantidad de $6,785.24 (seis mil setecientos ochenta y cinco pesos 24/100) que pagó, por concepto de "DER.REV.FERM.DEPOSITO DE CERVEZA", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", cantidad que debería estar debidamente actualizada. Luego, mediante auto de veintiséis de junio de la presente anualidad (foja 150 y 151), causó ejecutoria dicha determinación y, por ende, se requirió su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, a través del oficio y anexos presentados por la autoridad responsable Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas (fojas 155 a 157), informó a este juzgado federal la forma en que dió cumplimiento al fallo protector, a saber, comunicó que por medio del cheque número 0577 (foja156), por la cantidad de $6,795.91 (seis mil setecientos noventa y cinco pesos 91/100) devolvió a la parte quejosa el monto que había erogado con motivo de la aplicación de los artículos aplicados materia de reclamo que la cantidad se encontraba debidamente actualizada. Por tanto, la autoridad citada acató los extremos de la sentencia protectora toda vez que si tenemos que al monto de $6,785.24 (seis mil setecientos ochenta y cinco pesos 24/100, moneda nacional), se le resta la comisión bancaria de $3.00 (tres pesos 00/100, moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $6,782.24 (seis mil setecientos ochenta y dos pesos 24/100, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho y el nueve de julio del mismo año, se efectuó la devolución aludida mediante cheque número 0577 expedido a favor de la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero a mayo del año que transcurre. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo entre el índice para el mes de enero de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil dieciocho fue 131.508; y para el mes de mayo 131.773. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0020. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,795.80 (seis mil setecientos noventa y cinco pesos 80/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $13.56 (trece pesos 56/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $6,795.91 (seis mil setecientos noventa y cinco pesos 91/100, moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por una parte sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 511 a 514), el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de seis de julio del año en curso (foja 515), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintitrés de marzo de dos mil quince (fojas 29 a 35), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto: ".de que la responsable, emita los acuerdos correspondientes y aplique los medios de apremio a su alcance para que con prontitud y sin exceder los términos de ley, lleven a cabo la ejecución total del laudo dictado en autos del expediente laboral 214/2011, de su índice." Resolución que causó ejecutoria el quince de abril de dos mil quince (foja 35). Luego, del oficio y anexo recibidos en la oficialía de partes de este juzgado en cinco de julio de dos mil dieciocho, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, se advierte que dicha autoridad, tiene imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos, porque no existe materia para ello, toda vez que la parte quejosa el doce de abril del año en curso, celebró convenio con la parte tercera interesada Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, del que se advierte que se realizó un pago al solicitante del amparo a través de transferencia electrónica el doce de abril de dos mil dieciocho, a la cuenta bancaria 002566903743995189 por la cantidad de $ 190,000.00 (ciento noventa mil pesos 00/100 moneda nacional) de la Institución Bancaria denominada BANAMEX; asimismo, se estipuló que el quejoso renunció a la reinstalación lisa y llanamente; además, se tuvo por concluido el juicio laboral 214/2011 y se ordenó el archivo definitivo (fojas 511 a 514). Sin embargo, las constancias remitidas a este órgano jurisdiccional en cumplimiento del fallo protector, consistentes en el acuerdo de doce de abril del presente año, se observa el mismo se encuentra incompleto, por lo consiguiente, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase nuevamente a dicho ente, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, remita copia certificada del referido acuerdo, necesario para calificar el cumplimiento a la ejecutoria de mérito, o bien, informe el impedimento que tenga para realizarlo. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a ciento cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano