Arcadio Gilberto Macias Torrentera

Expediente 1007/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1007/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Arcadio Gilberto Macias Torrentera

Actuaciones

  1. Incidental

    JUICIO DE AMPARO 1007/2023-VII. Puebla, Puebla, diez de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 - en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo.. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1007/2023-VII. Puebla, Puebla, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada de manera física por *, contra actos del "agente del ministerio público adscrito a la UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LA SEGURIDAD DEL ESTADO; CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA; CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA; CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA; CONTRA LA AUTORIDAD, Y EL DELITO DE ATAQUES PELIGROSOS". En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las parte que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Debido a que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Materia del juicio. La parte quejosa señala como actos reclamados: 1) La omisión en no darle respuesta e información de la querella que dio origen a la carpeta de investigación 2) La negativa de expedirle las copias auténticas de la referida carpeta de investigación. 3) El no informarle si ya se dio cumplimiento a sus obligaciones como autoridad, previstas en los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4) La negativa de atenderlo como víctima u ofendido en esa carpeta de investigación. 5) La dilación injustificada en la integración de la carpeta de investigación FIM I/013847/2021, y la determinación de la situación jurídica del quejoso. 6) No darle seguimiento, y no allegarse de todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos, hasta concluir la formulación de imputación ante la autoridad judicial competente. 7) El no promover y dirigir la investigación, realizando las diligencias que se consideren conducentes para el esclarecimiento de los hechos, ni registrarlo en la carpeta investigación para efecto de su integración. 8) La omisión en relación con su deber de investigar el delito, incumpliendo la obligación de investigación por no realizar las diligencias y actos para el esclarecimiento de los hechos. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 1. Por lo que hace a los actos marcados en los incisos 1) a 6). Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, artículo 61, con relación con los artículos 17 y, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen:*** Respecto a los plazos legales para la presentación de la demanda de amparo, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia prevén lo siguiente:*** La interpretación lógica y sistemática de los preceptos legales invocados, permite inferir que la causa de improcedencia del juicio de amparo sustentada en el consentimiento tácito de los actos reclamados, se actualiza una vez que el quejoso, a sabiendas de su existencia, no actúa para defenderse instando la acción constitucional respectiva dentro de los términos legales preestablecidos; por lo cual, el silencio mostrado por el impetrante con respecto al acto de autoridad, implica su aceptación. Asimismo, en materia penal, la fracción IV de dicho numeral, establece como excepción en tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; casos en los cuales la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Sin embargo, una vez que se analizan los supuestos hipotéticos que como excepción a la regla general para la interposición del amparo que contempla la norma 17 de la Ley de la Materia, se puede concluir con claridad meridiana, que en el caso, no se actualiza ese supuesto excepcional, lo que conlleva a la vigencia de esa regla general. De ahí que, en la especie, la oportunidad de interposición del amparo, resulta de quince días, acorde a lo estatuido en el precepto 18 del invocado ordenamiento reglamentario. Ante ese panorama, se estima que la presentación de la presente demanda de amparo resulta extemporánea. No pasa inadvertido que la parte quejosa pretende fijar el acto reclamado en dos vertientes diferentes. La primera respecto de las siguientes omisiones: a) La omisión en no darle respuesta e información de la querella que dio origen a la carpeta de investigación. b) El no informarle si ya se dio cumplimiento a sus obligaciones como autoridad, previstas en los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) La dilación injustificada en la integración de la carpeta de investigación, y la determinación de la situación jurídica del quejoso. d) No darle seguimiento, y no allegarse de todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos, hasta concluir la formulación de imputación ante la autoridad judicial competente. Y, por otra parte, los siguientes actos negativos: e) La negativa de expedirle las copias auténticas de la referida carpeta de investigación. f)La negativa de atenderlo como víctima u ofendido en esa carpeta de investigación. Sin embargo, tanto los actos negativos como las supuestas omisiones que señala, se encuentran inmersas en la determinación de catorce de julio de dos mil veintitrés, emitido en la carpeta de investigación que la letra dice:*** Como se puede advertir, en el citado acuerdo la autoridad responsable indicó que, el ahora quejoso, no tiene el carácter de víctima u ofendido dentro de la citada indagatoria; por ende, no se acordó favorable su pretensión. Luego, en ese mismo acuerdo se indicó que la solicitud del quejoso se centró en: 1) señalar domicilio procesal; 2) la expedición de copias certificada; 3) la autorización de asesores jurídicos; 4) se informe el estado que guarda la carpeta de investigación; 5) informe si ya fue judicializada la indagatoria; y, 6) se informe en qué etapa del procedimiento penal se encuentra la investigación. Por esas razones, no puede decirse que el Ministerio Público incurrió en alguna omisión, al no informar al quejoso los puntos solicitados, sino que esta información fue negada porque aquél no tiene la calidad de víctima u ofendido dentro de la indagatoria. Ese acuerdo fue notificado, según lo manifestado por el quejoso en la demanda de amparo, el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, fecha a partir de la cual estuvo en aptitud de impugnar esa determinación a través del juicio de amparo indirecto correspondiente. Luego, el referido numeral 18, se desprende que los plazos deben ser computados de la siguiente manera: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ese acto o ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto o su ejecución. En ese sentido, del texto normativo se advierte que el legislador racional previó que bastara con que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, es decir, los supuestos previstos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, pues basta con la actualización de uno de esos supuestos (el que cronológicamente se presente primero), para su operancia. En ese orden de ideas, deviene inconcuso que transcurrieron más de quince días a que tenía derecho el quejoso para interponer la correspondiente demanda de amparo, respecto de los actos precisados; pues, como ya se dijo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o el acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Por consiguiente, la acción de derechos fundamentales fue ejercida en forma extemporánea, porque el referido plazo de quince días transcurrió del diecinueve de julio al ocho de agosto del presente año, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de julio, así como el cinco y seis de agosto del año que transcurre, porque fueron inhábiles para la promoción del juicio de amparo, en términos del numeral 19 de la ley de la materia, como se advierte de los siguientes calendarios:*** Por lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el quejoso consintió tácitamente el acto que ahora pretende reclamar, pues al momento de la presentación del escrito ante este órgano jurisdiccional ya había fenecido el plazo genérico de quince días ya aludido, esto es, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Por lo tanto, al resultar notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar la demanda de amparo por el acto reclamado abordado, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. 2. Por lo que hace a los actos marcados en los incisos 7) a 8). Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice:*** La causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se actualiza en los casos en los que el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos de la fracción I, del artículo 5 de la ley de Amparo, es decir -en este caso- cuando el quejoso, aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la referida legislación, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Hipótesis que se actualiza en el presenta caso, porque la demanda de amparo contiene datos suficientes para visualizar que el aquí quejoso, * no tiene el carácter de víctima u ofendido dentro de la carpeta de***. Por ende, el hecho de no promover y dirigir la investigación al punto de esclarecer los hechos, y las omisiones atribuidas al Ministerio Público en su deber de investigar el delito, no le afectan sus intereses jurídicos o legítimos, porque aquél no forma parte activa dentro de dicha investigación. Tanto es así que el Ministerio Público señaló que el hecho con apariencia de delito que se investiga se cometió en agravio de la administración de justicia y la sociedad, situación que el quejoso no impugnó en su momento procesal oportuno -tal y como se indicó en el apartado precedente-. Bajo ese contexto, si aquél no tiene legitimación dentro del proceso penal, en su etapa de investigación inicial, es evidente que, tampoco la tiene para acudir en vía de amparo a reclamar cuestiones inherentes a dicha investigación que no le causan un perjuicio actual y directo. De ahí que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XIV y XII, del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse las casuales de improcedencia estudiadas, en forma indudable y manifiesta. Anotación interna. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento. Domicilio electrónico para oír y recibir notificaciones y autorizados. Se tiene como medio electrónico para recibir y oír notificaciones, al usuario que señaló en su demanda de amparo. Sin embargo, no se tiene autorizado alguno en el presente juicio de amparo, porque el quejoso no lo señaló, pese a refirió tener registro de su cédula profesional número , y de una búsqueda en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo del Judicatura Federal, se advierte que corresponde al quejoso. Por lo tanto, sería una incongruencia procesal tenerlo al quejoso en ese carácter, y como autorizado en este expediente. Autorización para toma de fotografías Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; vía electrónica al quejoso, y cúmplase.

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