Arcadio Gilberto Macias Torrentera
Expediente 919/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Arcadio Gilberto Macias Torrentera
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 919/2023. Puebla, Puebla, once de septiembre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado admite recurso de queja. A los autos el oficio del secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; por el cual informa que mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, el magistrado presidente del citado tribunal acusa recibo e informa admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el cual quedó radicado bajo el número de expediente 206/2023. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 919/2023.. Puebla, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Visto el ocurso signado por el quejoso ++++++++++++++++, a través del cual interpone recurso de queja y formula agravios contra el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en el que fue desechada la solicitud de tutela constitucional. Por ello, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso "e)", 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Además, señala como las constancias que deberán remitirse al tribunal de alzada para la sustanciación de dicho recurso, todas y cada una de las actuaciones que obran en el expediente en que se promueve. Por lo anterior, es innecesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso) pues además el recurrente resulta ser la única parte en el presente juicio, dado el desechamiento de la demanda. Remisión del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del escrito donde obran los agravios, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano encargado de substanciar el citado recurso de queja. Ahora, toda vez que el recurso fue interpuesto a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, desde este momento se procederá a vincular el expediente electrónico con la superioridad, para su resolución, por lo que resultará innecesario remitir copias certificadas de los autos que integran el presente asunto, pues tendrá acceso a todas ellas, a través del expediente electrónico. Por lo tanto, se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano". Informe de la queja. Entonces, con motivo de todo lo anterior, en este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Sin suspensión del procedimiento. Se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Notificación por lista. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para la parte quejosa, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Notifíquese; por oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 919/2023-VII.. Puebla, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe el oficio 24012/2023, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por el cual comunica el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo 1467/2023, de su índice, en el que determinó carecer de competencia legal, por cuestión de materia, para conocer de la demanda de amparo promovida por Arcadio Gilberto Macías Torrentera, contra actos de la Directora del Centro Penitenciario de la Ciudad de Puebla. Por tal motivo, al indicado oficio se anexaron las constancias originales del expediente de amparo de referencia. En consecuencia, se ordena acusar recibo de las enunciadas constancias. Por tanto, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la referida demanda de amparo. Ahora, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Se exhorta a las partes para que transiten a la modalidad de "juicio en línea". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Desechamiento de la demanda. El artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Así se obtiene de la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . En el presente caso, se examinó de manera integral la demanda y se detectó que el promovente señaló textualmente como acto reclamado: ".conculcar el Derecho Humano a la defensa adecuada al obstaculizar y no permitirme asistir jurídicamente a mi Defendido Mariano Sánchez Ramos, el no permitirme la comunicación que debo tener con mi defendido para asistirlo debidamente, dejando inerme al implicado frente al acto de la autoridad penitenciaria. No respetar la Garantía Fundamental de defensa adecuada al obstruir en su materialización el negar el Derecho a entrevistarme en privado, interfiriendo y obstaculiza mi participación efectiva como asesor y al no satisfacer las condiciones que posibilitan la defensa adecuada de mi defendido. Como el impedirme ejercer mi profesión de Abogado al prohibírseme que se me dé el acceso por parte de los custodios que se encuentran en el cubículo en donde atiende a través de las ventanillas que están para registrarse y poder acceder al área de locutorios de dicho lugar, sin fundar ni motivar dicho proceder. Al haber demorado, retrasado y obstaculizado mi acceso al área de locutorios para entrevistarme con mi cliente que se encuentra ingresado en dicho lugar, que ello obedece a una medida reglamentaria por falta de capacidad suficiente por parte de los custodios que se tiene que encargar de revisar mi cédula Profesional, mi designación de defensor particular, registrarme, entregarme el gafete de identificación y darme el acceso. Que solamente se me dio y dé acceso al área de locutorios por un trabajador del departamento jurídico de dicho penal, el cual tarda demasiado tiempo en llegar a revisar mi cédula profesional y el documento con el que acredité estar designado como defensor particular de mi cliente, más de media hora, lo cual aconteció el día treinta de julio de dos mil veintitrés." En ese tenor, de una lectura integral a la demanda de amparo, se observa que lo que adolece el quejoso es el siguiente acto reclamado: ? Que no se la haya permitido el acceso al Centro Penitenciario de la Ciudad de Puebla por parte de los custodios, pues el acceso a dicho centro es evaluado y, en su momento aprobado, por personal del departamento jurídico de éste, en razón de que el personal de seguridad, carece de la capacidad y el conocimiento para poder tomar esa decisión. Definitividad. Establecido lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX3 , de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad Para demostrar la afirmación previa, se acude a los numerales 584 , 116, fracción III y 117, fracción IV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque estos disponen que las personas privadas de su libertad y aquéllas legitimadas en dicha ley, pueden formular controversias ante el Juez de Ejecución, con el fin de controvertir los actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento o, como en el presenta caso, las relacionadas con el ingreso a los centros penitenciarios. Asimismo, conforme a los artículos 116, fracción III y 117, fracción IV 5 , de la legislación citada, cuando esas controversias recaigan sobre cualquier derecho de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; por lo que los defensores privados -como en el caso sucede- deben acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su controversia. En cuyo caso, el citado Juez de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Así es, porque el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia presenta las siguientes características: El promovente de la petición acudirá directamente ante el Juez para plantearle su controversia. Hasta en tanto se resuelva la controversia en definitiva, el Juez de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el Juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada el Juez reparará la afectación. Del mismo modo, tal controversia establece la posibilidad de que el promovente interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el Juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Contra la resolución emitida por el Juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. ? Si el Juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El Juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Entonces, como se ve, cuando un defensor, ya sea público o privado reclame actos inherentes sobre cualquier derecho de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues dicho procedimiento judicial cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los defensores públicos o privados, se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus derechos relativos a la solicitud de ingresar a un determinado Centro penitenciario como defensores públicos o privados. Sobre todo porque otorga al Juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado. Y es ahí, justo en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Condicionante que el mecanismo judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento, sí cumple, pues, como ya quedó explicado con antelación, si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Es decir, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, se insiste, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de los defensores públicos o privados sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde dichos defensores podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué los actos que están reclamando atentan contra su derecho a ingresar a un centro de reinserción social. Otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al defensor respectivo, ordene el cese inmediato del acto reclamado, es decir, la suspensión del acto reclamado. En esa virtud, es evidente que los defensores públicos o privados, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes al ingreso a un centro penitenciario, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. No solo porque la suspensión que prevé tenga los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, sino porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su controversia se desahogara y tramitara en la misma audiencia en la cual la haga valer, es decir, con mayor celeridad. En ese contexto normativo, y tomando en consideración que precisamente el acto reclamado es la hecho de que no se la haya permitido el acceso al Centro Penitenciario de la Ciudad de Puebla por parte de los custodios, pues el acceso a dicho centro es evaluado y, en su momento aprobado, por personal del departamento jurídico de éste, en razón de que el personal de seguridad, carece de la capacidad y el conocimiento para poder tomar esa decisión, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, la parte quejosa debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, relacionado con el diverso 61, fracción XX, de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En particular, la que opera con el principio de definitividad, pues dichos actos debe impugnarlos a través del medio judicial mencionado con antelación. Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en las fracciones XX del artículo 61, en relación con el diverso 3 de la Ley de Amparo. Anotaciones Internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notificaciones electrónicas. De conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el nombre de usuario +++++++++++++++++", para recibir notificaciones electrónicas, en la inteligencia de que dicha facultad implica, a su vez, la posibilidad de consultar el expediente electrónico. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera electrónica a la parte quejosa y cúmplase
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