Arael Hernández Serrano
Expediente 1058/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1058/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Arael Hernández Serrano
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Magistrado Presidente y Representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista a las partes. Con el contenido del informe y anexo de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante, ofreciendo la prueba documental publica, consistente en algunas constancias que integran el expediente laboral 421/2011-A, de su índice, la cual se admite y se desahoga por su propia y especial naturaleza, misma que será relacionada en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte, que el promovente en su libelo de amparo reclamó lo siguiente: La omisión de acordar su escrito de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 421/2011-A, del índice de la responsable. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Magistrado Presidente y Representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, refirió que el acto reclamado no es cierto, toda vez que el diez de julio de dos mil veintitrés -antes de la presentación de la demanda de amparo indirecto- dictó el acuerdo correspondiente dentro del expediente 421/2011-A, de su índice, respecto del acto reclamado por el quejoso. Lo que acreditó con las copias certificadas del expediente 421/2011-A, de su índice, que remitió como justificación de sus actos, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Lo anterior, pone de manifiesto que al momento de la presentación de la demanda de amparo -uno de agosto de dos mil veintitrés - no existía el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la omisión de dictar el acuerdo correspondiente, respecto a la petición formulada mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente 421/2011-A, de su índice; de ahí que no se puede considerar que la responsable ha sido omisa en su emisión. Resulta pertinente destacar que la interpretación sistemática de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo, revela que el juicio de garantías es procedente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador de amparo debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia respecto del caso concreto y, eventualmente, del fondo del asunto. Tal como lo corrobora la tesis aislada CXLVII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439 del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007 de rubro y texto: ... Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, no podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea en el amparo. Al respecto, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado; sin embargo, de las constancias que remitió el Magistrado Presidente y Representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Cobra aplicación la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 49/2017 (10a.), con número de Registro Digital 2015699, cuyo contenido se reproduce a continuación: ... Como puede verse, durante el trámite del juicio de amparo indirecto, cuando rinden los informes justificados las autoridades responsables, debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones. Tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que de las constancias que remitió el Magistrado Presidente y Representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, Ley de Amparo, ya que de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado, pues como puede apreciarse, la falta la omisión de darme trámite a los incidentes de nulidad de juicio concluido, de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda. Asimismo, independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. Lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa manera, si la omisión de dictar el acuerdo correspondiente, respecto a la petición formulada mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente 421/2011-A, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en su emisión constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se dictó en la misma data el acuerdo correspondiente, es evidente que la omisión reclamada es inexistente pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo relativa -uno de agosto de dos mil veintitrés-, no existía la referida omisión reclamada, circunstancia que resulta suficiente para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, ya que la existencia del acto debe acreditarse respecto a la fecha de presentación de la demanda. Corrobora lo anterior la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, XIII.1o.P.T.4 K (10a.), cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado". De igual manera, la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, I.16o.T.7 K (10a.), de rubro y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional". En tal virtud, al haberse acreditado la inexistencia del acto reclamado consistente en la omisión del Magistrado Presidente y Representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de dictar el acuerdo correspondiente, respecto a la petición formulada mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente 421/2011-A, de su índice, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Efectivo apercibimiento a terceros interesados Por otra parte, visto el estado procesal de las presentes actuaciones y en atención a la certificación de cuenta, de los que se advierte que el tercero interesado ********************no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, en el sentido de señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de la fecha en que quedara notificado del proveído en comento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia y toda vez que el tercero interesado de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquensele la presente y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dos de agosto de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, promoviendo por su propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1058/2023-III. Se admite demanda de amparo. En atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; los que estima violatorios en su perjuicio del artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, mismo que deberá rendir dentro del término de quince días legalmente computados y requiérasele para que dentro del término concedido, remita copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se le otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Causas de sobreseimiento. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente juicio a la mencionada representante social por vía electrónica, a través del usuario precisado en los oficios que fueron recibidos y acordados en el cuaderno de varios 2/2023, de este Juzgado de Distrito, así también, se tiene informando el correo electrónico a fin de entablar comunicación no procesal. Terceros interesados. Ahora, conforme a lo establecido en el artículo 5° fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, se tienen como terceros interesados a: ******************** Se ordena emplazar. En consecuencia, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este Juzgado para que se constituya en el domicilio ante señalado, a efecto de que con copia simple de la demanda, auto admisorio y del presente acuerdo, emplace a juicio al tercero interesado de referencia; asimismo, le haga saber la fecha de la audiencia constitucional y el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene, debiendo requerirle para que en el mismo acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le hará mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III de la Ley de Amparo: y Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Ayuntamiento Municipal de Chiautempan, Tlaxcala. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, gírese oficio correspondiente a fin de emplazarlas a juicio, corriéndoles traslado con copia de la demanda de amparo, auto de radicación y el presente proveído, asimismo comuníqueseles el derecho que tiene de apersonarse al presente asunto si a su interés conviene. Por otra parte, resérvese proveer lo relativo a la existencia de diversos terceros interesados, hasta que conste en autos el expediente generador del acto reclamado. Autorizados para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, como lo solicita se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a ******************** por así solicitarlo expresamente. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; vía electrónica al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado y personalmente al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv
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