Arael Hernández Serrano
Expediente 873/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Arael Hernández Serrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Causa estado Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve (fojas 46 a 48), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Informe justificado Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Pruebas autoridad responsable De igual forma, se tienen por ofrecidas las pruebas de la autoridad responsable consistente en las documentales que anexa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se desahogan por su propia naturaleza y serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio Por otro lado, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase designando como delegados a las personas que señala en su oficio, y como domicilio el que indica para oír y recibir notificaciones, dado que ahí se encuentra su oficina principal, tal como lo establecen los artículos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, el acto siguiente: La omisión de acordar el escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Lo anterior, pues la parte quejosa estima que la omisión reclamada vulnera su derecho fundamental reconocido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que prevé que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que de la documental exhibida por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en apoyo a su informe justificado, se desprende que el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictó el acuerdo por el que requirió al Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, para que le informe sobre la continuación de las gestiones emprendidas para la aprobación del incremento de la asignación global de servicios personales aprobado originalmente en el expediente 421/2011-A o bien autorice el pago del laudo emitido, apercibiéndolo con imponerle una medida de apremio en caso de incumplimiento y proveyó lo relativo al escrito signado por Juan Carlos Hernández Serrano, apoderado legal de la parte actora (aquí quejosa) presentado el treinta y uno de julio del año en curso. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que al emitirse la determinación en comento, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado por la parte quejosa; sin que resulte necesario darle vista con las constancias de mérito, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE. Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintidós de octubre de dos mil diecinueve: En Apizaco, Tlaxcala, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Informe justificado Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Pruebas autoridad responsable De igual forma, se tienen por ofrecidas las pruebas de la autoridad responsable consistente en las documentales que anexa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se desahogan por su propia naturaleza y serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio Por otro lado, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase designando como delegados a las personas que señala en su oficio, y como domicilio el que indica para oír y recibir notificaciones, dado que ahí se encuentra su oficina principal, tal como lo establecen los artículos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, el acto siguiente: La omisión de acordar el escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Lo anterior, pues la parte quejosa estima que la omisión reclamada vulnera su derecho fundamental reconocido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que prevé que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que de la documental exhibida por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en apoyo a su informe justificado, se desprende que el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictó el acuerdo por el que requirió al Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, para que le informe sobre la continuación de las gestiones emprendidas para la aprobación del incremento de la asignación global de servicios personales aprobado originalmente en el expediente 421/2011-A o bien autorice el pago del laudo emitido, apercibiéndolo con imponerle una medida de apremio en caso de incumplimiento y proveyó lo relativo al escrito signado por Juan Carlos Hernández Serrano, apoderado legal de la parte actora (aquí quejosa) presentado el treinta y uno de julio del año en curso. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que al emitirse la determinación en comento, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado por la parte quejosa; sin que resulte necesario darle vista con las constancias de mérito, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE. Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el alegato ministerial 752 signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que a título de alegatos formula, las que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Solicita copias certificadas. Asimismo, respecto a la copia certificada que solicita, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2°, expídasele la misma.
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