Aracelly del Rosario Aban Chi
Expediente 521/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Aracelly del Rosario Aban Chi
Actuaciones
- Principal
VII. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 2236, de tres de los corrientes, signado por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual acusa recibo del anexo formado con copia certificada del expediente 1021/2017 de su índice, que le fuera remitido mediante oficio 15187, de dieciséis de mayo del año en curso. CÚMPLASE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. AGC
- Principal
VII. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de veinticuatro de abril del año en curso, pronunciado en este juicio de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, devuélvase a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, las copias certificadas que contienen el juicio ejecutivo mercantil 1021/2017, que remitió, solicitándole acuse recibo de las mismas. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
VII. Visto el oficio 2174, remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, por medio del cual informa que en proveído de nueve anterior, mismo que quedó firme el veintidós siguiente, dicho Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo directo planteada por Aracelly del Rosario Abán Chi, contra el auto de seis de marzo próximo pasado, dictado por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, declinando competencia a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Yucatán, y remitiendo los anexos respectivos. En ese sentido, este órgano de control constitucional admite la competencia planteada y, por tanto, se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, acúsese el recibo correspondiente a la Superioridad y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Atendiendo a la voluminosidad de las constancias remitidas, consistentes en la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 1021/2017; con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un anexo con las constancias de mérito, el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la quejosa Aracelly del Rosario Abán Chi reclamó en su demanda de amparo, consistió en la determinación de seis de marzo de dos mil diecinueve, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 1021/2017, por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en la cual se aprobó la planilla de liquidación presentada por la parte actora. De igual forma, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Lo cual se corrobora con las constancias que anexó la responsable a su informe con justificación las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, la parte quejosa reclama la autoridad responsable, la determinación de seis de marzo de dos mil diecinueve, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 1021/2017, del índice de la Juez responsable, en la cual se aprobó la planilla de liquidación presentada por la parte actora. En ese sentido, es menester dejar asentado que el artículo 1340 del Código de Comercio vigente al inicio del controvertido de origen, a la letra dice: "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a quinientos mil pesos por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." Por tanto, se advierte que el citado juicio ejecutivo mercantil 1021/2017, es de los llamados de cuantía menor, dado el monto de $98,000.00 (Noventa y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) que por concepto de suerte principal se reclama en el mismo. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales concede la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En el precepto y fracción transcrita se consigna la improcedencia del juicio de amparo, cuando no se han agotado los recursos o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, precisamente respecto de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Asimismo, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común; mismos principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 61, fracciones XIV, XVIII y XX, y 107 de la Ley de Amparo; así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de alguno de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Expuesto lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque se ejerció el medio de control constitucional, sin colmar de forma previa, contra el acto reclamado, el principio de definitividad, que rige el juicio de amparo. Así las cosas, este Juzgador Federal conviene en que la parte quejosa, antes de instar la vía constitucional, debió agotar el principio de definitividad que rige en materia de amparo, pues en la determinación de seis de marzo de dos mil diecinueve, en la que la Juez Primero Mercantil aprobó la planilla de liquidación, es impugnable a través del medio ordinario de defensa previsto por la ley, tendente a revocar, modificar o nulificar la decisión de la Juez responsable, esto es, el recurso de revocación, previsto por los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, que resulta ser el idóneo, por ser la normatividad que rige el acto reclamado. Se afirma lo anterior, pues si bien el juicio ejecutivo mercantil de origen, cae entre los llamados de cuantía menor, los numerales 1334 y 1335 del Código de Comercio, a la letra dicen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." De lo anterior se colige que, en el caso particular, se debió agotar el recurso de revocación a que se refiere el citado arábigo 1334, pues si bien las resoluciones emitidas en juicios de cuantía menor no son apelables, sí puede pedirse la revocación de las mismas, lo cual no aconteció en la especie, como se aprecia de la demanda de amparo y de las constancias que integran el sumario de origen; y sin embargo, con dicho recurso o medio de defensa, podría la parte afectada, obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución reclamada. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por incumplimiento del principio de definitividad, al no haberse agotado previamente a la instancia constitucional, el recurso o medio de defensa que contempla el artículo 1334 del Código de Comercio, siendo que contra la determinación reclamada, no obstante fue emitida en un juicio de los denominados de cuantía menor, procedía el recurso de revocación, al no ser de las apelables, con apoyo en el numeral 1340 de ese mismo código. Por tales motivos, de conformidad a la técnica que rige el juicio de amparo, es obvio que la parte peticionaria debió agotar dicho recurso, antes de acudir al juicio de amparo, y si tal medio de impugnación no se agotó de manera previa, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que en la especie no se está en el caso de una excepción al principio de definitividad que caracteriza al juicio de amparo, ya que el medio ordinario no exige los mismos requisitos para conceder la suspensión definitiva que la Ley de la Materia señala en el artículos 128, 132 y 136, pues se toma en cuenta que acorde a lo dispuesto por los preceptos reseñados con antelación del Código de Comercio, procede el recurso de revocación, siempre que la solicite el promovente por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar; en estas condiciones, es claro que la suspensión del acto que reclama la demandante de amparo, la pudo solicitar al interponer el recurso de revocación que contempla la citada ley de la materia. Tampoco se actualiza la excepción de procedencia del juicio de amparo, respecto del acto reclamado que se analiza, prevista en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Lo anterior, pues de la simpe lectura de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa y de la propia determinación reclamada, se desprende que la responsable fundó su determinación en diversos numerales; aunado a que el recurso en cuestión está previsto en el Código de Comercio, que es la legislación aplicable en materia mercantil. Entonces, es claro que en contra de tal acto no se actualiza algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, toda vez que éste hace depender la inconstitucionalidad del acto reclamado, de violación a leyes secundarias; amén de que dicho acto puede ser modificado, revocado o nulificado; tampoco existe afectación a derechos sustantivos de la parte agraviada, pues estos no pueden ponderarse de los planteamientos que aduce en contra del acto reclamado, en virtud de que se dejaría en manos de ésta la actualización del supuesto de procedencia mencionado, pues bastaría que adujera en contra del acto reclamado una transgresión respecto de algún derecho sustantivo para que procediera el juicio de amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 59/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 157, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia(s): Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163734, de epígrafe y contexto siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que solo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión 'recurribles' fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." En tales circunstancias, se afirma que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza, en virtud que las constancias relatadas ponen de manifiesto que el auto de seis de marzo de dos mil diecinueve, por el que la Juez natural, aprobó la planilla de liquidación, al no tener la parte quejosa el carácter de tercero extraño en el juicio de donde emana el acto reclamado, era jurídicamente posible que previamente al ejercicio de la acción constitucional, interpusiera el recurso de revocación ante la propia Juez responsable, dentro de los tres días siguientes a que surtió efectos la notificación del proveído a impugnar, para que dicha determinación pudiera ser confirmada, modificada o revocada; por tanto, la parte quejosa, al promover el juicio de amparo indirecto, sin agotar previamente el recurso procedente, para que la citada autoridad estuviera en aptitud de oír las razones y resolver lo que en derecho proceda, en consecuencia, pasó por alto el principio de definitividad que rige en la materia de amparo. Se sostiene en el indicado sentido, tomando en consideración que quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional, adquiere la carga de estar al pendiente de su tramitación, vigilando su sustanciación, para así, estar al tanto de las determinaciones que en él se emitan, lo que le permitirá, en todo caso, impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, por su realización u omisión, le pudieran perjudicar. En tal virtud, si no se satisface la indicada carga procesal, aquel que pudiera verse afectado con algún proveído o actuación, al no haber recurrido oportunamente tal proceder, incumple con el principio de definitividad, en tanto no promueve los medios ordinarios de defensa o recursos que la propia ley que rige el acto reclamado prevea en su contra; sin que en ningún caso sea dable que, con posterioridad a la conclusión del indicado procedimiento, pretenda cuestionar determinaciones ocurridas durante su tramitación, esto por respeto a los principios de preclusión, consumación procesal y cosa juzgada. Máxime que el auto impugnado se resolvió con base en el numeral 1348 del Código de Comercio, el cual establece que si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el Juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Numeral anterior que prevé el recurso de apelación en contra de la resolución dictada en la planilla de liquidación, en caso de que sea de cuantía mayor y por consiguiente, si la cuantía es menor, resulta revocable, además que dicho numeral en que se fundamentó la Juez responsable no se ubica en capítulo XXVIII del Código de Comercio, que regula el trámite de las resoluciones incidentales. Luego, si la parte quejosa no se ubica en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad antes referidos, es incuestionable, que para efectos del juicio de amparo, debió de agotar primeramente el medio defensa descrito, antes de acudir a la vía constitucional. En consecuencia, y como ya se dijo, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual pudo revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin que la ley que regula ese medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para efectos de suspender el acto reclamado, y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del citado ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del epígrafe y contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que nos es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia antes analizada y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de las causales de improcedencia del juicio constitucional, las que resultan indudables, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en su escrito de demanda; y como autorizadas a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al Actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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