Aracelly Alejandra de Jesus Noh Avila
Expediente 314/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Aracelly Alejandra de Jesus Noh Avila
Actuaciones
- Principal
Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo directo 971/2021, del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por Aracelly Alejandra de Jesús Noh Ávila, así como el anexo relativo al incidente de nulidad de notificaciones, relativo al juicio extraordinario hipotecario 492/2015; de lo que se toma conocimiento para los fines legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el acuerdo mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido.Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse Por parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Finalmente, y toda vez que ya que no existe razón legal para que continúe en estos autos los originales del juicio de amparo directo 971/2021, del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por Aracelly Alejandra de Jesús Noh Ávila, así como el anexo relativo al incidente de nulidad de notificaciones, relativo al juicio extraordinario hipotecario 492/2015, consistente en un tomo, el cual fue exhibido por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto a su oficio de mérito; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, y solicítese a dicha autoridad que acuse el recibo correspondiente.NOTIFÍQUESE.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, que contiene insertos los autos de seis de enero de dos mil veintidós y dieciocho de enero del año en curso, en el que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, y al cual anexa los autos originales del juicio de amparo directo 971/2021, de su índice, promovido por Aracelly Alejandra de Jesús Noh Ávila, así como el anexo relativo al incidente de nulidad de notificaciones, relativo al juicio extraordinario hipotecario 492/2015, del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Y por cuanto dicho cuerpo colegiado, mediante resolución dictada el seis de enero de dos mil veintidós, misma que adquirió firmeza el dieciocho de enero siguiente, resolvió carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata; con fundamentoen los artículos 107, fracción IV, 45 de la Ley de Amparo y el numeral 49 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto en comento; comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, de la lectura de dicha demanda, previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veintiuno, emitido por la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente 495/2015, con motivo de la resolución del incidente de nulidad de notificaciones, y las actuaciones posteriores a dicha resolución; así como la ejecución de la resolución en comento por parte del Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Al respecto, este órgano de control constitucional estima que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veintiuno, emitido por la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente 495/2015, con motivo de la resolución del incidente de nulidad de notificaciones, pues en su contra procedía el recurso de apelación, tal como lo indica el artículo 485 del referido Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, el cual señala que admitido el incidente, se citará a las partes a una audiencia que deberá verificarse dentro de los cinco días siguientes, concurran o no los interesados, ahí se recibirán las pruebas, los alegatos de las partes y se dictará la resolución correspondiente, la cual será apelable. Como se anunció, se actualiza la aludida causal de improcedencia, pues en contra de la citada resolución interlocutoria reclamada, la quejosa estuvo en aptitud de interponer el medio de impugnación establecido en el citado Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, esto es, el recurso de apelación contemplado en los artículos del 369 al 382, tal como lo indica el invocado artículo 485 del referido Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, lo cual no aconteció en la especie. Ciertamente, para corroborar lo anterior se transcribe el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo citada: "(.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la transcripción anterior se desprende, que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso efectivo o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone: "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." El precepto citado establece en particular que el recurso efectivo implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. En ese sentido, uno de los aspectos que garantizan la efectividad de los medios de defensa previstos por las leyes, es que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan resolver la controversia. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos efectivos, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados. En sustento de lo argumentado, es dable citar el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), visible en la página 536, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados". Por ende, el Juzgador tiene la obligación de realizar la interpretación en sentido estricto a la norma aplicable, y no debe soslayar los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los recursos; mismos presupuestos que resultan ser previos al estudio de fondo, pues esto también garantiza la tutela judicial efectiva, al crear una situación de seguridad jurídica respecto de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida, caso que en la especie acontece de manera inexacta por parte del quejoso. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño (que no ostenta, pues no reclama la falta de emplazamiento al juicio de origen), de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Ahora bien, del capítulo de antecedentes del acto reclamado se advierte, que la quejosa no agotó los recursos que otorga el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, esto es en concreto, el recurso de apelación contemplado en los artículos del 369 al 382, de la legislación adjetiva local, ya que dicho medio de impugnación resulta procedente ante la naturaleza jurídica de la resolución impugnada, la cual es susceptible de ser recurrida con el objeto de que se revise, y pueda ser revocada, modificada o, en su caso, confirmada. Por tal motivo, como se indicó en líneas precedentes, en contra del acto reclamado la quejosa debió promovente antes de acudir a este juicio de amparo, el medio de defensa establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Toda vez que de la lectura del artículo 485, del referido Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, el legislador estatal implementó un medio de impugnación para recurrir las resoluciones interlocutorias que se emitan en los juicios civiles, en el caso, ante el tribunal de alzada (apelación). En esa tesitura, como se aprecia, la parte quejosa no hizo valer el medio de impugnación aplicable al acto reclamado, antes de acudir a este juicio de amparo; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Bajo las anteriores consideraciones, y aunado a que la promovente no hizo valer en la vía idónea el medio de impugnación correspondiente, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, al no ser el acto reclamado en este juicio susceptible de análisis por esta vía, en virtud que respecto del mismo previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé. Ahora, debe decirse que en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni el quejoso es persona extraña al procedimiento, sino que es parte demandada en el mismo, como él mismo lo reconoce en la demanda de garantías, máxime que ella fue la que promovió el incidente de nulidad de actuaciones, de cuya resolución se duele en este juicio de amparo, aunado al hecho que no está reclamando la falta del emplazamiento al mismo. En ese orden de ideas, es inconcuso que en contra del acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veintiuno, emitido por la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente495/2015, con motivo de la resolución del incidente de nulidad de notificaciones, y las actuaciones posteriores a dicha resolución; así como la ejecución de la resolución en comento por parte del Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, procedía el medio de defensa que otorga el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual, previamente debió interponerse el recurso que la ley de la materia prevé, actualizándose así, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que impone en consecuencia, desechar de plano la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, página 259, que señala lo siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo". Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en la demanda de amparo, y como sus autorizados a las personas señaladas expresamente, con las atribuciones conferidas; asimismo, téngase como medio alternativo de comunicación con la parte quejosa, el correo electrónico que proporciona. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.??????????????? Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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