Araceli Rossini Fernández

Expediente 524/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
524/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Araceli Rossini Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    R E S U L T A N ******************** O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de ********************istrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el día hábil siguiente, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades cuya denominación correcta a continuación se señalan: Autoridades responsables Juez Interina del Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. Actos reclamados "1.- ********************e las autoridades responsables ordenadoras (sic), se reclama el contenido de la sentencia dictada en autos del juicio ventilado a mis espaldas por el actor, de quien, bajo protesta de decir verdad, desconozco su identidad, y que de llegar a ejecutar la mencionada sentencia sobre el inmueble donde quien suscribe soy propietaria de buena fe, me causaría daños de difícil e imposible reparación. 2.- ********************e la autoridad responsable ejecutora, se reclama la ejecución de los actos que reclamo de las ordenadoras, en especial, la falta de emplazamiento que pretenda hacer en perjuicio de quien suscribe respecto del inmueble del cual soy propietaria. ********************e dichas autoridades reclamo las consecuencias legales derivadas de los actos que reclamo, pues se traducen en la afectación de mi esfera jurídica, habida cuenta que se ha seguido en mi contra un procedimiento sin que me hayan llamado a juicio a efecto de hacer valer mis derechos como propietaria, dejándome en un estado de absoluta indefensión." Segundo. ********************erechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de las autoridades responsables, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión de demanda y trámite del juicio. Previa prevención, por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo y se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se tuvo apersonándose al presente juicio al tercero interesado ********************; y, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. C O N S I ******************** E R A N ******************** O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado ********************ecimoquinto de ********************istrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de ********************istrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el ********************iario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse actos que tienen ejecución en la circunscripción territorial en la que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUN********************O. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos reclamados que se desprende del análisis integral de la demanda y su escrito aclaratorio, consisten en lo siguiente: El emplazamiento de la quejosa en el juicio especial hipotecario ********************, del índice de la Juez responsable, y en vía de consecuencia, todo lo actuado con posterioridad, así como sus consecuencias. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Interina del Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que constituye una confesión con pleno valor probatorio atento a lo previsto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 830, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, página 830, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICA********************O AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, la responsable Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, manifestó adherirse al informe justificado rendido por la Juez responsable, por lo que igualmente se tienen por ciertos los actos que se le reclaman. Lo que se corrobora con las documentales que adjuntó a su informe justificado la Juez natural, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el juicio especial hipotecario ********************, de su índice, de las que se desprende que en ejecución de sentencia, se ordenó la adjudicación del bien inmueble materia de la litis constitucional, así como su desocupación de forma voluntaria y entrega de la posesión física y material a favor de ********************, aquí tercero interesado. Medio de convicción que adquiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que fue expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetado en su autenticidad. Valoración que se robustece con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "********************OCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO ********************E, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida, se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCE********************ENCIA, CAUSALES ********************E. EN EL JUICIO ********************E AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el particular, el tercero interesado ********************, refirió que el presente juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no acreditó que los actos reclamados afecten su interés jurídico o legítimo, ya que no demostró de manera fehaciente, con documento idóneo, que cuenta con algún derecho de propiedad o posesión sobre el bien inmueble que defiende, y por ende, que debió llamársele a la controversia de origen. Al respecto, se estima fundada la causa de improcedencia invocada por el tercero interesado, por las siguientes consideraciones. Para dilucidar lo anterior, conviene precisar el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y el 5º, fracción I, cuarto párrafo, de dicho ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa...". En primer término, con relación a la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio constitucional no procederá contra los actos de autoridad que de ninguna manera vulneren el interés jurídico del gobernado, de lo que se deduce que el interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El acto de autoridad debe incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. Por su parte, el segundo de los numerales transcritos, hace una distinción entre la existencia de un interés legítimo y un interés jurídico; sin embargo, la figura del interés legítimo se encuentra excluida tratándose de actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dado que desde la reforma constitucional en materia de amparo se consideró que en estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal, que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener. Por tanto, se advierte que la exigibilidad del interés jurídico subsiste cuando se reclamen actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como acontece en el presente juicio, ya que dicho interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, que se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad y le ocasiona un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Ahora bien, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, ya que este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ésta; en otras palabras, el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Con relación a este último punto, el artículo 14 constitucional dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Conforme a lo dispuesto por este precepto constitucional, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho que resulte afectado sin los derechos de audiencia y defensa que en él se consagran; sin embargo, para que prospere la acción de amparo, esa afectación debe demostrarse fehacientemente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones. Por tanto, el interés jurídico debe ser plenamente demostrado en el transcurso del juicio de amparo, con el fin de que la autoridad esté en aptitud de entrar al estudio de lo planteado por la parte quejosa, pues de lo contrario y en atención a la misma causa de improcedencia que establece la fracción XII en comento, el juicio resultaría improcedente. Así, el interés jurídico podrá ser demostrado en el desarrollo del proceso, a través de los medios de convicción idóneos que lo acrediten, de forma tal que no exista duda de que la persona que comparece sea la titular del derecho que se dice afectado, criterio que ha sido ampliamente reiterado por los tribunales federales de nuestro país. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, Octubre de 1994, página 17, Materia Común, Octava Época, con registro digital: 206338, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍ********************ICO, AFECTACIÓN ********************EL. ********************EBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Lo anterior se considera así, atento a que en casos como en el particular, en el que una persona defiende el derecho de audiencia y por ende pretende su llamamiento al juicio, conlleva la finalidad de defender los derechos que alega tiene sobre alguna cuestión que es materia de conflicto en el juicio natural. Es decir, por regla general una persona ajena a la relación procesal natural carece del interés jurídico para solicitar ser llamado a juicio, a menos que ostente un derecho subjetivo o interés jurídico. Ahora bien, en el caso concreto la quejosa ********************, por propio derecho acude a esta instancia constitucional ostentándose como persona tercera extraña por equiparación, es decir, como parte demandada en el juicio especial hipotecario ********************, del índice del Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, bajo el argumento de que no fue debidamente emplazada en el mismo. Ante ello, en principio cabe señalar que una persona extraña por equiparación, se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado y no es llamado o se le emplazó incorrectamente, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. En tanto que la persona extraña típica o en estricto sentido se identifica como la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en este supuesto se ubica el particular que no es parte en el juicio, esto es, no es ni formal ni materialmente actor o demandado, pero que sufre un perjuicio en el dictado de la sentencia o resolución, o en la ejecución de ésta, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa. Así, con base en lo anterior, y luego de imponerse de las constancias del juicio de origen, es posible advertir que a la quejosa le reviste el carácter de tercero extraña típica o stricto sensu, no así por equiparación, pues contrario a lo que refiere, dicho asunto fue promovido por ********************, en contra de la diversa persona de nombre ********************, a quien se le reclamaron diversas prestaciones, es decir, la aquí impetrante no figura como parte en sentido material (actor?demandado). Lo que es relevante destacar, pues a efecto de acreditar su interés jurídico, la quejosa debe demostrar de manera fehaciente, con documento idóneo, que cuenta con algún derecho de propiedad o posesión sobre el bien inmueble que acude a defender en esta instancia constitucional. ********************ilucidado lo anterior, conviene señalar que en el juicio de origen se dictó sentencia condenatoria en contra de ********************, la cual causó ejecutoria por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho; luego, ante la rebeldía del demandado de las cantidades objeto de la condena, por acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés, el ahora actor ******************** ?en su carácter de cesionario de los derechos litigiosos del juicio de origen? se adjudicó el bien inmueble materia de litis constitucional, y en diverso proveído de nueve de mayo del año en curso, se concedió al demandado el término de cinco días para la desocupación de forma voluntaria y entrega de la posesión física y material al actor del bien inmueble adjudicado. Juicio respecto del cual la promovente en su demanda de amparo afirma se tramitó sin haber sido oída ni vencida, a pesar de que cuenta con un derecho de propiedad sobre el inmueble afecto, derivado de que sobre el mismo se encuentra tramitando un juicio de prescripción positiva de mala fe, con el número de expediente ********************, del índice del Juzgado Quinto Civil de esta ciudad, ya que dice ha poseído dicho inmueble desde el diez de marzo de dos mil siete. Al respecto, este órgano jurisdiccional debe analizar si efectivamente le asiste tal carácter para estimar la actualización de la transgresión a su derecho fundamental de audiencia previa. Por lo que dicho estudio estará orientado a verificar si en el caso se cumplen los requisitos que actualizan la hipótesis en que aduce se encuentra la parte quejosa, los cuales a saber son: a) Que no haya figurado como parte en sentido material dentro del juicio o procedimiento de origen; b) Que no obstante de no haber sido parte, sufra afectaciones en su esfera de derechos durante la secuela procesal o en su ejecución; c) Que desconozca el expediente o las actuaciones practicadas en el mismo; d) Que no contó con la posibilidad de ser oída para oponer defensas. El primer requisito se considera colmado, ya que efectivamente la parte quejosa es tercera extraña típica o en estricto sentido al procedimiento de origen del cual derivan los actos reclamados, según se desprende de las constancias remitidas por la Juez responsable en apoyo a su informe justificado (las cuales fueron valoradas con anterioridad), ello por los motivos expuestos en párrafos precedentes, a los que esta juzgadora se remite en obvio de repeticiones innecesarias. No obstante, en cuanto a la segunda de las exigencias precisadas, esta autoridad estima que no se encuentra satisfecha, ya que la parte quejosa en su calidad de persona tercera extraña típica en la controversia de origen, debió acreditar durante la tramitación de este juicio constitucional que con la sustanciación del procedimiento natural se le causó una afectación a su interés jurídico, que a su vez hiciera necesario su llamamiento dentro del mismo para la defensa de sus derechos o, en su caso, que no se le afectara su derecho de posesión por no tener relación alguna con lo controvertido en el juicio de origen; sin embargo, ello no fue probado por la peticionaria del amparo. En efecto, la quejosa no aportó prueba idónea para justificar que es propietaria del inmueble a que alude en su demanda, por lo que no se encontraba en aptitud de acudir a la defensa del mismo, ya que para ello resultaba necesario que acompañara un título de fecha cierta, de manera que produzca la convicción de que tiene derecho a poseer y detentar el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; empero, tal carga procesal no fue colmada por la peticionaria del amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, las documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, consistentes en: 1. Copia certificada de la hoja de inscripción preventiva expedida por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, de la demanda de prescripción positiva interpuesta por la aquí quejosa ********************, a efecto de que se le declare por sentencia judicial como propietaria del bien inmueble identificado como Unidad ********************, Condominio ********************, ********************, ubicado en el lote 1********************, de la manzana ********************, fraccionamiento ********************, colonia ********************, delegación ********************, en esta ciudad. 2. Copia certificada del certificado de inscripción expedido por la citada oficina registral, respecto del bien inmueble materia de litis, a nombre de ********************, con folio real ********************. 3. Copia certificada de la inscripción ante el aludido Registro, del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, celebrado el dos de agosto de dos mil seis, entre la moral ********************, en su carácter de acreedora, y ********************, como deudor, en relación con el citado bien inmueble. Medios de prueba que merecen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, hayan sido objetados en su autenticidad. Sin embargo, tales documentales son insuficientes para acreditar el interés jurídico de la quejosa con base en los siguientes razonamientos. Primeramente, por lo que hace a la documental consistente en la orden de inscripción de demanda en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, ésta se refiere a un juicio iniciado por la quejosa, en el cual pretende se le declare como propietaria del inmueble identificado como Unidad ********************, Condominio ********************, ********************, ubicado en el lote 1********************, de la manzana ********************, fraccionamiento ********************, colonia ********************, delegación ********************, en esta ciudad, del cual dice no contar con un título justo, sino que su posesión es de mala fe, ya que entró a poseer el domicilio desde el diez de marzo de dos mil siete, el cual se encontraba desocupado, abandonado y sin ventanas ni puertas. En efecto, debe resaltarse que es obligación de la quejosa comprobar que tiene un derecho subjetivo a su favor y que ha sufrido un agravio en éste, lo que puede realizar a través de un documento de fecha cierta en el que conste el acto jurídico que le proporcione el derecho fundamental que aduce le fue afectado por la autoridad responsable o en su caso con alguna declaratoria de alguna autoridad jurisdiccional competente en el que establezca que se ha convertido en propietaria del inmueble. No obstante, mientras no se emita sentencia en la que realice dicha declaratoria, la accionante del juicio de prescripción positiva únicamente cuenta con una expectativa de derecho, en el sentido de que, no cuenta con un derecho sobre el inmueble, sino que está a la espera de que se resuelva el juicio de prescripción positiva que la declare propietaria del predio, y en el caso concreto, la parte quejosa no demostró que ya exista dicha sentencia y que con motivo de ella se haya convertido en propietaria del inmueble identificado como Unidad ********************, Condominio ********************, ********************, ubicado en el lote 1********************, de la manzana ********************, fraccionamiento ********************, colonia ********************, delegación ********************, en esta ciudad. Por tanto, se considera que si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no existía una sentencia firme que declare que había procedido la prescripción positiva respecto del inmueble que defiende, en consecuencia, se estima que no acredita su interés jurídico para demandar la protección constitucional contra la afectación a las prerrogativas aducidas respecto del inmueble citado. Luego, por lo que hace a las diversas documentales identificadas con los números "2" y "3", debe decirse que tampoco favorecen las pretensiones de la quejosa a propósito de acreditar su interés jurídico. Lo que se afirma, en tanto que dichos documentos no tienen por objeto constituir un derecho a favor de la parte quejosa, sino en todo caso, son útiles para demostrar que la propiedad del aludido bien inmueble se le transmitió a ********************, con motivo de haber celebrado un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, con la moral ********************. En tal virtud, si los medios de prueba ofertados por la parte quejosa no son suficientes para demostrar que contaba con un derecho constituido respecto del inmueble que dice tiene en posesión y si el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclame, resulta indiscutible que no acreditó fehacientemente el interés jurídico para reclamar las violaciones que señala en su escrito de demanda, por lo que se surte la causal de improcedencia examinada. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio en términos de la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. QUINTO. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 524/2023-B, promovido por ********************, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero, y por las razones expuestas en esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la parte quejosa, por acuerdo de catorce de julio de dos mil veintitrés, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con cincuenta minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, encargada del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas del artículo 161 del citado ordenamiento, por vacaciones de la Titular autorizadas mediante oficio CCJ/ST/3169/2023, quien actúa ante Gerardo Castillo Riedel, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. LLDVG/GCR/ilde.*.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el tercero interesado ********************, y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos de su intención, así como objetando las pruebas documentales anunciadas por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, únicamente en cuanto a su alcance y valor probatorio, lo que se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. Acceso a expediente electrónico. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente asunto. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "********************", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Capítulo de pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene anunciando como pruebas de su intención la documental que refiere, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; lo anterior, sin perjuicio de ser relacionadas al celebrar la audiencia constitucional respectiva. Por último, en cuanto a su petición en el sentido de que se proceda a dar vista a la representación social con la conducta posiblemente delictuosa de la parte quejosa, en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que ésta afirmó hechos falsos en el escrito inicial de demanda, dígasele que este órgano jurisdiccional se reserva a realizar lo propio, hasta en tanto se tengan suficientes elementos objetivos que demuestren la posible comisión del antijurídico ahí previsto; sin embargo, hágasele del conocimiento que quedan a salvo sus derechos para presentar la denuncia relativa ante la autoridad competente. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, encargada del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas del artículo 161 del citado ordenamiento, por vacaciones de la Titular autorizadas mediante oficio CCJ/ST/3169/2023, quien actúa ante Gerardo Castillo Riedel, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. LLDVG/GCR/ansn

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Jueza Interina del Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México y la Secretaria Actuaria de su adscripción; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se le tiene a la citada Juez responsable anunciando como pruebas de su intención las documentales que adjunta, sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Por otra parte, del contenido de las referidas constancias, se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado a ********************. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de tres de julio dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el escrito signado por ********************, sin embargo, se reservó proveer lo conducente, hasta en tanto obraran los informes justificados requeridos a las autoridades responsables, y de ellos se advirtiera la existencia de algún tercero interesado, lo cual ya aconteció. En consecuencia, visto el escrito signado por el tercero interesado ********************, registrado con número de folio 8555, y atento a su contenido, téngasele apersonándose al presente juicio de amparo, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. De igual forma, téngase como autorizados de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a********************, ********************, ********************, ******************** y ********************; asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito que se atiende. Además, se tiene como medio de comunicación no procesal el correo electrónico y número telefónico que proporciona, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Ahora, por lo que hace a su petición en el sentido de que se le corra traslado con copia del escrito inicial de demanda, dígasele que la misma queda a su disposición en las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, a fin de salvaguardar los intereses de la parte quejosa, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, désele vista por el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto a los actos que hizo referencia la autoridad responsable en su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis XVII.1o.C.T.41 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, Décima Época, con número de "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO EL QUEJOSO OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN, AFIRMA QUE NO TUVO POSIBILIDAD MATERIAL DE CONOCER EL CONTENIDO DEL O LOS ACTOS RECLAMADOS, Y DE ÁQUEL SE ADVIERTAN DATOS NO CONOCIDOS POR ÉSTE, PROCEDE NOTIFICAR SU RECEPCIÓN PERSONALMENTE Y APLICAR EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/99-PL, evidenció, entre otras cosas, que si en el momento en que la autoridad responsable rindiera su informe justificado, aparecían datos no conocidos por el quejoso, procedía la ampliación de la demanda, la cual podía recaer sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación. Por otra parte, el numeral 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo señala el arbitrio que el legislador otorgó al Juez para el efecto de ordenar que una notificación se realice personalmente, cuyo objeto es que las resoluciones de trascendencia sean del conocimiento directo de las partes, con el fin de brindar oportunidad para que hagan valer las defensas que procedan o, en su caso, actúen acorde con lo ordenado en la determinación judicial; esto, se concatena con el objetivo primordial del diverso 117, en cuanto a dar vista a los interesados con el contenido del informe justificado, para que se impongan de las razones y fundamentos que la autoridad responsable estima pertinentes invocar para sostener, ya sea la improcedencia del juicio respectivo, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Ahora bien, cuando en la demanda de amparo el quejoso, ostentándose como tercero extraño a juicio por equiparación, afirma su imposibilidad material para conocer el contenido del o los actos reclamados; expresa su intención de ampliar sus motivos de disenso cuando, a través del informe mencionado, sea sabedor de tales aspectos; en el asunto rija el principio de estricto derecho; y del informe justificado se adviertan datos no conocidos por aquél, dadas las circunstancias específicas imperantes, en la especie, siguiendo como pauta fundamental las directrices jurídicas brindadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se justifica mandar notificar la recepción del informe personalmente y dar igual tratamiento al supuesto en comento -datos no conocidos-, que a aquel que en cuanto a actos nuevos (que guarden estrecha relación con los reclamados) dispone el numeral 111 de la ley de la materia, con la finalidad de no dejar inaudita a la discordante ante el especial panorama planteado; propósito que en cierta medida subyace también en lo prescrito en el numeral citado. Sin que sea obstáculo que la parte agraviada debe estar al pendiente de la sustanciación del juicio, pues debe privilegiarse que aquélla no quede en estado de indefensión; también porque deviene preponderante que el resolutor se encuentre en aptitud de dilucidar la litis en su integridad, en aras de una completa impartición de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la ampliación de la demanda tiene como finalidad incluir debidamente las pretensiones del quejoso." Apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, se seguirá el trámite del presente juicio de amparo en los términos inicialmente planteados. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

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