Araceli Briseño López
Expediente 517/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 517/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/07/2022
Partes del expediente
- Araceli Briseño López
Actuaciones
- Principal
Que feneció el término para interponer recurso de queja en contra del auto de trece de julio de dos mil veintidós, ya que se notificó personalmente a la parte quejosa el catorce de julio del mismo año, notificación que surtió efectos al día hábil siguiente en que fue hecha; por lo que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del dieciocho al veintidós de julio de la presente anualidad, con exclusión de los correspondientes días inhábiles. Doy fe.Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes, en Tijuana, Baja California, veinticinco de julio de dos mil veintidós María Elizabeth Reyes Moreno Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en TijuanaEl veinticinco de julio de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de trece de julio de dos mil veintidós; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente, el licenciado Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por la licenciada María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Araceli Briseño López, de propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Tecate, Baja California y de otras autoridades; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 517/2022-C. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, en el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, en atención a las siguientes consideraciones: Es menester destacar lo establecido por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, mismo que literalmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre que sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien de la certificación secretarial de cuenta se advierte que la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 516/2022, promovida por Araceli Briseño López, fue presentada en la fecha que a continuación se precisa: JUICIO DE AMPARO FECHA Y HORARIO DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 516/2022 Trece horas con dieciséis minutos del doce de julio de dos mil veintidós. De igual forma, como se anticipó, en la referida demanda que dio origen al juicio de amparo 516/2022-B, se señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Juez de Primera Instancia Penal, del Partido Judicial de Tecate, Baja California. Juez de Control del Partido Judicial de Tecate, Baja California. Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali. Director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Subprocuraduría de Zona con sede en Mexicali. Comandante de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona con sede en Mexicali por sí o por conducto de los Elementos a su digno Cargo o mando. Subprocurador de Justicia del Estado de Baja California de la Ciudad de Tijuana. Director de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Zona con sede en Tijuana. Comandante de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona, con sede en Tijuana por sí o por conducto de los elementos a su digno cargo o mando. Subprocurador de Justicia del Estado de Baja California de la Ciudad de Ensenada. Directora de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Zona con sede en Ensenada. Comandante Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona con sede en Ensenada por sí o por conducto de los elementos a su digno cargo o mando. Subprocurador de Zona con sede en Tecate. Comandante de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona con sede en Tecate por sí o por conducto de los elementos a su digno cargo o mando. Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la ciudad de Tecate, B.C. por sí o por conducto de los elementos a su digno cargo o mando. Director, Comandante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal por sí o por conducto de los elementos a su digno cargo o mando, con sede en Tecate. Subprocurador de Zona con sede en Playas de Rosarito. Director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos con sede en Playas de Rosarito, Baja California. Comandante de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona con sede en Playas de Rosarito, Baja California, por sí o por conducto de los elementos a su digno cargo o mando. Director de Seguridad Pública Estatal con sede en Mexicali, Baja California, Comandantes por sí o por conducto de los elementos a su digno cargo o mando de la Policía Estatal Preventiva. Director de Seguridad Pública Estatal con sede en Tijuana, Baja California, Comandantes por sí o por conducto de los elementos a su digno cargo o mando de la Policía Estatal Preventiva. Director de Seguridad Pública Estatal con sede en Ensenada, Baja California, Comandantes por sí o por conducto de los elementos a su digno cargo o mando de la Policía Estatal Preventiva. A quienes reclamó: "De la Autoridad Responsable Ordenadora, les reclamo la ilegal Orden de Aprehensión girada a la Autoridad Ejecutora, para que priven a la suscrita de mi libertad personal, orden de aprehensión que no cumple con los requisitos que señalan el Código Penal y de Procedimientos Penales vigentes en nuestro Estado, además de que no está debidamente fundada ni motivada dicha orden girada en mi contra." Por tanto, con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que como quedó evidenciado, los actos aquí reclamados, consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución, atribuidos a las autoridades señaladas como responsables Juez de Primera Instancia Penal, del Partido Judicial de Tecate, Baja California y otras autoridades, son materia del diverso juicio de amparo 516/202-B, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades responsables; por ende, es evidente que este órgano jurisdiccional está legalmente imposibilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos que se pretenden reclamar en el presente asunto. Ya que al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, se pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en "varios juicios" se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución, así como en el caso acontece en relación con el diverso juicio de amparo 516/2022-B, del índice de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página tres mil veintinueve, tomo dos, libro sesenta y tres, de febrero de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala (énfasis añadido): "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACT"UALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Así, de acuerdo a los razonamientos expuestos con anterioridad, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo por las razones ya expuestas; lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. Sin que pase desapercibido para esta Juzgadora el hecho de que la aquí quejosa en su capítulo de antecedentes del escrito de demanda registrada con el número de juicio 516/2022-B y la que se atiende, en los respectivos capítulos que denominó como de antecedentes precise distintos domicilios en cada una, virtud que la ejecución de la orden privativa de libertad como requisito es el nombre y apellidos de la persona que se pretende detener, la causa penal instruida por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, previsto y sancionado en el ordenamiento sustantivo aplicable; el juez que la pronunció en su caso y la fecha en que se expidió, de ahí que sea innecesario realizar mayor pronunciamiento al respecto. Domicilio y autorizado Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a César Manuel Salas Osuna y Elisa Gabriela Salas González, toda vez que sí cuentan con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Héctor Villegas Arce y Rosa del Pilar Salas Osuna, toda vez que no cuentan con cédula registrada. Asimismo, se tiene a la quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009 Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito En Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargada del Despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por licencia autorizada del Titular, quien actúa ante la licenciada María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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